Provinciales
El fuego borró las huellas del femicidio de Diniz Rabela en la aldea Taruma Poty
A mediados de abril pasado, el cacique Marcelo Núñez -ahora detenido- sostuvo que su pareja tenía coronavirus y que, al morir por la enfermedad, decidió quemarla y enterrarla. Ahora la autopsia no pudo determinar cómo murió la mujer.
SAN VICENTE. La causa por el esclarecimiento del femicidio de Diniz Rabela (24), ocurrido a mediados de abril pasado en la aldea mbya guaraní Taruma Poty, San Vicente, parece haber caído en un callejón sin salida.
Es que la autopsia realizada al cuerpo no pudo determinar la causa de su muerte por los efectos del fuego.
Se recordará que por el hecho está detenido como sospechoso Marcelo Núñez (36) -más conocido como Claudio-, pareja de la víctima y quien además es cacique de la aldea.
El hecho trascendió a mediados de abril a partir de una denuncia radicada por los familiares de la víctima, quienes, al saber que la joven estaba sin vida, no podían obtener mayor información en las consultas que hacían con integrantes de la aldea mbya guaraní Taruma Poty.
La víctima no era aborigen y tenía dos hijos, de 4 y 8 años, previos a su relación con Núñez. Padecía además cierto grado de retraso madurativo y hacía poco más de medio año que se había mudado a la aldea con su hijo más pequeño, mientras que el mayor de 8 quedó al cuidado de la abuela materna.
A partir de la denuncia de esta última fue que la Policía intervino en el caso y mediante las averiguaciones se pudo establecer que la joven había sido incinerada y semienterrada por su pareja, el cacique.
Tras un allanamiento con excavaciones, se encontraron restos de huesos óseos y también se encontraron en la vivienda del cacique un serrucho y varias prendas con manchas de sangre.
Lo llamativo del caso es que, desde un primer momento, el acusado aseguró que su pareja falleció “de enfermedad” y reconoció haber quemado y enterrado el cuerpo por recomendación de una médica, debido a una supuesta sospecha de que la mujer había contraído Covid-19.
En la primera ronda de testimoniales, un cacique y una integrante de otra aldea apoyaron la versión de Claudio. El primer testigo aseguró que llegó a la aldea cuando la mujer ya había fallecido, mientras que la mujer expresó que preparó el cuerpo antes de que lo incineren y “no notó nada raro”.
En su declaración inicial, Claudio, la pareja de Diniz Rabela, dijo a personal de salud que arribó a la aldea que habían incinerado el cuerpo por recomendación de una médica, ya que sospechaban que la víctima tenía coronavirus.
Ahora, la autopsia practicada sobre el cuerpo de la víctima no logró determinar la causa del deceso, lo que pone a la causa en un panorama desalentador.
El informe especificó que el cadáver presentaba fracturas de cráneo, piernas y brazos, aunque se tratan de fracturas producidas por acción del fuego, es decir que no son previas a la muerte.
Lo que sí se pudo determinar es que el deceso fue previo a la incineración del cadáver, ya que las pericias para establecer si la mujer falleció por asfixia por monóxido de carbono arrojaron resultados negativos.
Así, al estar quemado el cuerpo, no fue posible establecer rastros de violencia externa ni la causa de la muerte.
La hipótesis
El día 12 de abril, domingo de Pascuas, el cacique le pidió a un vecino que llamara a una ambulancia debido a que el pequeño de 4 años de su pareja se hallaba enfermo.
Ese mismo día, arribó al lugar una camioneta de Salud Pública, tal como declaró el ahora detenido. En este sentido, una hipótesis que se maneja por estos momentos es que Claudio solicitó la asistencia médica para establecer una coartada para encubrir el crimen, puesto que no dijo que su concubina estaba mal, sino su hijo.
“Pero el nene no tenía nada, hizo eso para después decirle a la gente de la comunidad que una médica le autorizó que quemen el cuerpo. La casa de Claudio es la primera de la aldea y sólo él sabe qué habló con la gente de Salud Pública”, comentó un vecino de una colonia cercana, según informó el diario El Territorio.
Así, Claudio le dijo a la comunidad que podían quemar el cuerpo y lo retiraron de la choza para incinerarlo.
Tras suspender el servicio en Misiones hace dos años, la aerolínea Jet Smart retomará la ruta Posadas–Buenos Aires con un vuelo inaugural el próximo 1 de noviembre. Los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas.
En su visita realizada este lunes a la ciudad de Posadas, el country manager de Jet Smart, Gonzalo Pérez Corral, expresó su satisfacción por volver a Misiones y destacó el trabajo realizado junto al gobierno provincial para concretar el regreso de la empresa.
“Muy contentos de estar nuevamente en la Casa de Gobierno de Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Turismo José María Arrúa. Venimos a contarles sobre la apertura de la venta de los vuelos que van a conectar Buenos Aires con Posadas a partir del 1 de noviembre”, señaló.
El directivo explicó que los pasajes ya se encuentran disponibles con tarifas desde $46.300 por tramo, con impuestos y tasas incluidas, y señaló que la nueva operación ampliará las posibilidades de conexión tanto para los misioneros como para quienes viajen desde otras regiones del país.
“Agradecemos el compromiso tanto del gobernador como del ministro por su trabajo incesante para que Posadas sea nuevamente un destino de Jet Smart”, manifestó.
Mesa de trabajo
Corral fue recibido por el mandatario provincial en el marco de un encuentro de trabajo centrado en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Misiones y en los preparativos para el inicio de la nueva línea aérea de la compañía que conectará Posadas y Buenos Aires.
Durante la reunión, las autoridades repasaron el cronograma previsto para el comienzo de la nueva conexión, cuyo vuelo inaugural tendrá lugar el próximo 1 de noviembre, además de intercambiar perspectivas sobre el impacto que tendrá la incorporación de esta alternativa para el desarrollo del turismo, la actividad económica y la movilidad de los misioneros.
“Es muy importante para Misiones, porque somos una provincia turística y porque somos más de un millón y medio de misioneros. Además, Buenos Aires nos queda lejos, por lo que ampliar la cantidad de vuelos agiliza la economía en todos los sentidos. También favorece el flujo de empresas y de inversiones. Por eso, contar con una mayor conectividad aérea es algo muy positivo para toda la provincia”, remarcó Passalacqua durante la reunión.
En ese marco, el ministro Arrúa destacó que el Gobierno provincial avanza con obras en el aeropuerto de Posadas para acompañar el crecimiento de la conectividad aérea y responder a la mayor demanda de operaciones.
Finalmente, Corral sostuvo que la articulación entre el Estado y la empresa fue determinante para restablecer la operación y consideró que existe una demanda que podrá recuperarse con una mayor oferta de vuelos. “Se ve que este año hubo una disminución de pasajeros, en gran parte por la falta de oferta, pero sabemos que la demanda está y, con precios accesibles, creemos que este vuelo será un éxito”, anticipó.
En ese sentido, remarcó que el trabajo conjunto entre los sectores público y privado resulta fundamental para seguir fortaleciendo la conectividad en la provincia de Misiones. “El empuje que le ponen acá en la provincia para que nosotros lleguemos es muy importante. Ese trabajo mancomunado entre el sector público y el privado fue clave para restablecer este vuelo”, aseguró.
Corral junto a Passalacqua y Arrúa
El conflicto territorial entre la comunidad mbya Puente Quemado II y el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78 en Garuhapé, sumó un nuevo capítulo de “tensión y amenazas” esta mañana.
Según consta la denuncia pública realizada por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), este lunes el empresario arribó al predio relevado en el marco de la Ley 26.160, sobre el que exige la devolución del territorio, y ante los integrantes de la comunidad “insistió constantemente en el derecho de propiedad privada por sobre los derechos indígenas”.
A través de un comunicado, Emipa aseguró que Ruff se dirigió a los miembros de la comunidad y lanzó: “Ustedes son paraguayos” y “usurpadores”.
En un video que fue adjunto al escrito difundido en sus redes sociales, también se escucha la frase: “Vamos a seguir trabajando y si hay que empujar con máquinas, vamos a empujar con máquinas“.
Acorde al mismo comunicado, en su defensa, los mbya intentaron explicarle sobre la preexistencia y los alcances de la normativa nacional e internacional que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas, en alusión a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071 instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
Sin embargo, aseguran que “no fueron escuchados y siguieron las acusaciones”.
En pos de dar respuestas a este conflicto, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes tienen prevista una nueva mesa de diálogo esta semana para abordar la situación derivada del desalojo de familias el pasado 28 de julio.
A dicha mesa de trabajo serán convocados representantes de la Policía de Misiones, del ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete.
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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas
En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.
“No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César.
Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.
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Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.
En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78, territorio que fue relevado en el marco de la Ley 26.160.
El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.
Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña.
Entre las normativas vigentes que amparan a las comunidades se encuentran: la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT; Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
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