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El fuego borró las huellas del femicidio de Diniz Rabela en la aldea Taruma Poty

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A mediados de abril pasado, el cacique Marcelo Núñez -ahora detenido- sostuvo que su pareja tenía coronavirus y que, al morir por la enfermedad, decidió quemarla y enterrarla. Ahora la autopsia no pudo determinar cómo murió la mujer.

 

SAN VICENTE. La causa por el esclarecimiento del femicidio de Diniz Rabela (24), ocurrido a mediados de abril pasado en la aldea mbya guaraní Taruma Poty, San Vicente, parece haber caído en un callejón sin salida.

Es que la autopsia realizada al cuerpo no pudo determinar la causa de su muerte por los efectos del fuego.

Se recordará que por el hecho está detenido como sospechoso Marcelo Núñez (36) -más conocido como Claudio-, pareja de la víctima y quien además es cacique de la aldea.

El hecho trascendió a mediados de abril a partir de una denuncia radicada por los familiares de la víctima, quienes, al saber que la joven estaba sin vida, no podían obtener mayor información en las consultas que hacían con integrantes de la aldea mbya guaraní Taruma Poty.

La víctima no era aborigen y tenía dos hijos, de 4 y 8 años, previos a su relación con Núñez. Padecía además cierto grado de retraso madurativo y hacía poco más de medio año que se había mudado a la aldea con su hijo más pequeño, mientras que el mayor de 8 quedó al cuidado de la abuela materna.

A partir de la denuncia de esta última fue que la Policía intervino en el caso y mediante las averiguaciones se pudo establecer que la joven había sido incinerada y semienterrada por su pareja, el cacique.

Tras un allanamiento con excavaciones, se encontraron restos de huesos óseos y también se encontraron en la vivienda del cacique un serrucho y varias prendas con manchas de sangre.

Lo llamativo del caso es que, desde un primer momento, el acusado aseguró que su pareja falleció “de enfermedad” y reconoció haber quemado y enterrado el cuerpo por recomendación de una médica, debido a una supuesta sospecha de que la mujer había contraído Covid-19.

En la primera ronda de testimoniales, un cacique y una integrante de otra aldea apoyaron la versión de Claudio. El primer testigo aseguró que llegó a la aldea cuando la mujer ya había fallecido, mientras que la mujer expresó que preparó el cuerpo antes de que lo incineren y “no notó nada raro”.

En su declaración inicial, Claudio, la pareja de Diniz Rabela, dijo a personal de salud que arribó a la aldea que habían incinerado el cuerpo por recomendación de una médica, ya que sospechaban que la víctima tenía coronavirus. 

Ahora, la autopsia practicada sobre el cuerpo de la víctima no logró determinar la causa del deceso, lo que pone a la causa en un panorama desalentador.

El informe especificó que el cadáver presentaba fracturas de cráneo, piernas y brazos, aunque se tratan de fracturas producidas por acción del fuego, es decir que no son previas a la muerte.

Lo que sí se pudo determinar es que el deceso fue previo a la incineración del cadáver, ya que las pericias para establecer si la mujer falleció por asfixia por monóxido de carbono arrojaron resultados negativos.

Así, al estar quemado el cuerpo, no fue posible establecer rastros de violencia externa ni la causa de la muerte.

La hipótesis

El día 12 de abril, domingo de Pascuas, el cacique le pidió a un vecino que llamara a una ambulancia debido a que el pequeño de 4 años de su pareja se hallaba enfermo. 

Ese mismo día, arribó al lugar una camioneta de Salud Pública, tal como declaró el ahora detenido. En este sentido, una hipótesis que se maneja por estos momentos es que Claudio solicitó la asistencia médica para establecer una coartada para encubrir el crimen, puesto que no dijo que su concubina estaba mal, sino su hijo.

 “Pero el nene no tenía nada, hizo eso para después decirle a la gente de la comunidad que una médica le autorizó que quemen el cuerpo. La casa de Claudio es la primera de la aldea y sólo él sabe qué habló con la gente de Salud Pública”, comentó un vecino de una colonia cercana, según informó el diario El Territorio.

Así, Claudio le dijo a la comunidad que podían quemar el cuerpo y lo retiraron de la choza para incinerarlo. 

 

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Colonos de San Pedro en Posadas: “Las vidas con Arauco están en riesgo”

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Luego de la escalada de violencia que derivó en el incendio de viviendas, golpizas y detenciones el fin de semana pasado, los colonos de San Pedro que enfrentan un conflicto territorial con Arauco, viajaron esta mañana a Posadas donde presentaron una denuncia en la Jefatura de Policía y asistieron a una reunión con el titular de la Subsecretaría de Tierras, Daniel Behler.

En representación de las familias afectadas por los incendios e intentos de desalojo, estuvo presente Diego Antúnez, presidente de la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras, quien anticipó a La Voz de Misiones que durante la reunión se planteó realizar un relevamiento de familias para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno. 

“No llegamos a nada concreto, simplemente seguir trabajando. Lamentablemente sin poder volver a cultivar tranquilos por estar en el acampe”, expresó en referencia a los acampes que emplazaron semanas atrás frente a la Municipalidad de San Pedro y la comisaría local para visibilizar la situación. 

El arribo a la capital provincial en busca de respuestas se dio luego de varias semanas de tensión entre efectivos de seguridad, que responderían a la empresa Arauco, quienes ingresaron a los predios donde residen las familias , provocaron incendios, y con ello la pérdida de viviendas, plantaciones y animales de hombres y mujeres que viven de lo que producen.

“Estamos en tierras que dicen ser de Arauco, pero nosotros decimos que son nuestras porque hay colonos que están hace más de doce años, algunos de mínimamente seis y se dedican a producir alimentos en las colonias Puerto Argentino I, II y III, San Juan Bosco y Las Chacritas, donde sí o sí las familias necesitan entre 5 a 15 hectáreas para los cultivos anuales, además de criar gallinas, cerdos y vacas”, añadió Antúnez.  

Además del reclamo territorial, también señalaron la falta de servicios básicos que padecen desde hace años: “Nadie tiene servicio de luz, agua y caminos. En mi zona -que es San Juan Bosco- estamos obligados a pasar por los caminos de Arauco. La municipalidad no nos hace caminos porque asegura que es propiedad privada, que no es parte del casco urbano y que él no tiene nada que ver en eso. Ahora finalmente pareciera estar más abierto al diálogo, pero por el momento seguimos sin caminos, sin luz y Arauco nunca nos mostró los papeles”.

“Como hay zonas desfavorables para la instalación de un pozo perforado, nos sugirieron una relocalización, pero son mínimamente unas 164 familias, entonces no podemos ir todos a un mismo lugar porque vamos a tener que talar árboles de vuelta y volver a hacer una chacra. Nosotros le pedimos quedarnos en la franja donde estamos, desde el empalme La Boca hasta San Juan Bosco, y a medida que necesitemos más tierra pediremos permiso para agrandar la chacra”, puntualizó sobre la reunión.

Durante el encuentro, César Fariña, quien también estuvo presente como dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), responsabilizó al gobierno por las situaciones de violencia sufridas días atrás, cuando efectivos dispararon con armas de fuego contra dos colonos, entre los que se encontraba un menor.

Las vidas con Arauco están en riesgo y yo responsabilizo al gobierno de la provincia de cualquier muerte o desaparición que pueda haber en San Pedro. Estamos muy preocupados y vamos a encargarnos de las cuestiones técnicas, pero la violencia no vamos a tolerar más”, enfatizó. 

Paralelamente, otro grupo de colonos, que residen en las colonias mencionadas, se dirigió a la Jefatura de Policía para presentar la denuncia que días atrás acercaron -sin resultados positivos- ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, correspondiente a cuatro detenciones arbitrarias y episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el último sábado. 

San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos

 

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San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos

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El conflicto territorial de colonos de San Pedro sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando, luego del incendio de viviendas de madera registrado días atrás, efectivos de la Unidad Regional XIV demoraron a cuatro hombres en sus chacras, por lo que vecinos responsabilizaron a la empresa forestal Arauco.

Según atestiguan los afectados, efectivos de seguridad que responden a la forestal “entraron a las chacras, quemaron las casas, mataron a los animales y detuvieron a los colonos ilegalmente”. Sobre ese mismo momento, ampliaron: “Fueron torturados por la Policía”.

El último viernes fue Cristian Marcelo Dos Santos quien encontró su casa quemada y las pertenencias que tenía en su chacra de Puerto Argentino 3. Según su relato, todo comenzó el martes, cuando “la Policía ingresó junto a personal de Arauco para exigir que dejara de trabajar en la chacra y sin ninguna orden judicial me amenazaron con seis meses de prisión”.

En tanto, el último sábado en horas de la tarde, cuatro colonos fueron despojados de las chacras donde se encontraban trabajando y trasladados por la fuerza a la comisaría local.

Sobre el procedimiento, uno de los vecinos del lugar expresó a través de un video difundido por la cuenta XR Misiones, que los uniformados “entraron sin ninguna orden a dispararles con armas calibre 12, los tiraron al piso boca abajo, les patearon en la espalda, pisaban en la nuca y con la escopeta siguieron disparando”. 

A lo que añadieron: “Dispararon a un menor de 16 años, hijo de Juan Ramón Ostapiuck, y lo secuestraron hasta las 12 de la noche mientras al padre le pegaban por preguntar por su hijo”.

En la mañana del domingo la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras se acercó a la comisaría para exigir la liberación de Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón, quienes finalmente fueron liberados. 

Sin embargo, aseguran que estos episodios “se repiten” diariamente, por lo que solicitaron respuestas por parte de las autoridades competentes, así como también “a todos los organismos de Derechos Humanos que intercedan en situaciones como esta”. 

En la mañana de este lunes, uno de los vecinos que residen en la colonia San Juan Bosco, presentó ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, la denuncia correspondiente sobre las detenciones y los episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el sábado.

Colonos tras su liberación en la comisaría de San Pedro.

 

Antecedentes

Este conflicto territorial en San Pedro sumó varias semanas de creciente conflictividad en las colonias rurales. El 19 de agosto, fue detenido el colono Ángel Rivero, quien también se encontraba trabajando en su chacra al momento de la captura. 

Por su parte, las organizaciones que acompañan a las familias denunciaron que el hecho se produjo en el marco de una causa por presunta usurpación. En ese momento, los vecinos decidieron realizar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro para pedir la liberación de Rivero.

También se vieron afectadas las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita y San Juan Bosco, entre otros parajes desde donde denunciaron una sucesión de procedimientos policiales y situaciones de violencia que podría alcanzar a unas 300 familias.

Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro

 

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Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú

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Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.

Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.

El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.

Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.

De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.

Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.

A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. 

 

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño

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