Provinciales
El fuego borró las huellas del femicidio de Diniz Rabela en la aldea Taruma Poty
A mediados de abril pasado, el cacique Marcelo Núñez -ahora detenido- sostuvo que su pareja tenía coronavirus y que, al morir por la enfermedad, decidió quemarla y enterrarla. Ahora la autopsia no pudo determinar cómo murió la mujer.
SAN VICENTE. La causa por el esclarecimiento del femicidio de Diniz Rabela (24), ocurrido a mediados de abril pasado en la aldea mbya guaraní Taruma Poty, San Vicente, parece haber caído en un callejón sin salida.
Es que la autopsia realizada al cuerpo no pudo determinar la causa de su muerte por los efectos del fuego.
Se recordará que por el hecho está detenido como sospechoso Marcelo Núñez (36) -más conocido como Claudio-, pareja de la víctima y quien además es cacique de la aldea.
El hecho trascendió a mediados de abril a partir de una denuncia radicada por los familiares de la víctima, quienes, al saber que la joven estaba sin vida, no podían obtener mayor información en las consultas que hacían con integrantes de la aldea mbya guaraní Taruma Poty.
La víctima no era aborigen y tenía dos hijos, de 4 y 8 años, previos a su relación con Núñez. Padecía además cierto grado de retraso madurativo y hacía poco más de medio año que se había mudado a la aldea con su hijo más pequeño, mientras que el mayor de 8 quedó al cuidado de la abuela materna.
A partir de la denuncia de esta última fue que la Policía intervino en el caso y mediante las averiguaciones se pudo establecer que la joven había sido incinerada y semienterrada por su pareja, el cacique.
Tras un allanamiento con excavaciones, se encontraron restos de huesos óseos y también se encontraron en la vivienda del cacique un serrucho y varias prendas con manchas de sangre.
Lo llamativo del caso es que, desde un primer momento, el acusado aseguró que su pareja falleció “de enfermedad” y reconoció haber quemado y enterrado el cuerpo por recomendación de una médica, debido a una supuesta sospecha de que la mujer había contraído Covid-19.
En la primera ronda de testimoniales, un cacique y una integrante de otra aldea apoyaron la versión de Claudio. El primer testigo aseguró que llegó a la aldea cuando la mujer ya había fallecido, mientras que la mujer expresó que preparó el cuerpo antes de que lo incineren y “no notó nada raro”.
En su declaración inicial, Claudio, la pareja de Diniz Rabela, dijo a personal de salud que arribó a la aldea que habían incinerado el cuerpo por recomendación de una médica, ya que sospechaban que la víctima tenía coronavirus.
Ahora, la autopsia practicada sobre el cuerpo de la víctima no logró determinar la causa del deceso, lo que pone a la causa en un panorama desalentador.
El informe especificó que el cadáver presentaba fracturas de cráneo, piernas y brazos, aunque se tratan de fracturas producidas por acción del fuego, es decir que no son previas a la muerte.
Lo que sí se pudo determinar es que el deceso fue previo a la incineración del cadáver, ya que las pericias para establecer si la mujer falleció por asfixia por monóxido de carbono arrojaron resultados negativos.
Así, al estar quemado el cuerpo, no fue posible establecer rastros de violencia externa ni la causa de la muerte.
La hipótesis
El día 12 de abril, domingo de Pascuas, el cacique le pidió a un vecino que llamara a una ambulancia debido a que el pequeño de 4 años de su pareja se hallaba enfermo.
Ese mismo día, arribó al lugar una camioneta de Salud Pública, tal como declaró el ahora detenido. En este sentido, una hipótesis que se maneja por estos momentos es que Claudio solicitó la asistencia médica para establecer una coartada para encubrir el crimen, puesto que no dijo que su concubina estaba mal, sino su hijo.
“Pero el nene no tenía nada, hizo eso para después decirle a la gente de la comunidad que una médica le autorizó que quemen el cuerpo. La casa de Claudio es la primera de la aldea y sólo él sabe qué habló con la gente de Salud Pública”, comentó un vecino de una colonia cercana, según informó el diario El Territorio.
Así, Claudio le dijo a la comunidad que podían quemar el cuerpo y lo retiraron de la choza para incinerarlo.
Provinciales
Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio
Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.
La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones.
“El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.
“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.
Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.
De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, Kokuere’i II, katupyry, Mbokajaity I y Pindoty.
Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio
Provinciales
El Concejo de Oberá respaldó a los yerbateros y reclamó avances judiciales
En el marco de la sesión ordinaria realizada este martes 23 de junio, el Concejo Deliberante de Oberá dio lectura a una manifestación de apoyo al sector yerbatero denominada “Carta en Apoyo a los Productores Yerbateros”, un documento elaborado en respuesta a la compleja situación que atraviesa la actividad y a los reclamos que vienen sosteniendo los productores por precios justos para la materia prima y mejores condiciones para el desarrollo del sector.
La iniciativa fue presentada durante el espacio de “Expresiones Temáticas de la Actualidad”, uno de los segmentos de la sesión destinado al tratamiento de temas de interés social, económico y productivo. El documento lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ariel Ullón; de la vicepresidenta del cuerpo Verónica Noguera y de los concejales Marcelo Luis Sedoff, María Luisa Blum y Maximilian F. Binder, todos del bloque oficialista “Encuentro Misionero”.
En la carta, los ediles expresaron su acompañamiento a las acciones judiciales impulsadas por distintas organizaciones de productores yerbateros que solicitaron ante la Justicia Federal una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, norma que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas la de fijar precios para la materia prima.
“Queremos manifestar nuestro apoyo a quienes desempeñan sus tareas laborales dentro de este ámbito”, señala el documento, que además destaca la importancia de garantizar condiciones de equidad y sustentabilidad para una actividad que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Misiones.

El documento conto solo con la firma de los ediles Renovadores
La sesión, que comenzó a las 9 horas, contó con la presencia del histórico dirigente yerbatero Hugo Sand, acompañado por productores de la zona, el dirigente de la CTA Leandro Sánchez, el pastor de la Iglesia Luterana Fabián Paré y otros referentes sociales y productivos de Oberá.
Durante su intervención, Sand agradeció el respaldo institucional brindado por el cuerpo deliberativo y destacó que el reclamo excede a los productores. “Este acompañamiento no es solamente a la lucha de los productores, sino también a la de los trabajadores de la yerba mate”, afirmó.
El dirigente sostuvo además que la crisis que atraviesa el sector tiene un origen político. “El problema que tenemos en este momento es un problema político. Por eso celebramos que en este ámbito estemos discutiendo estos temas”, expresó.
En otro tramo de su exposición, reiteró el pedido al mentor de Encuentro Misionero, el diputado provincial Carlos Rovira, y a los representantes de los distintos espacios políticos, para que gestionen ante el Gobierno nacional la restitución de las facultades del Inym.

Hugo Sand durante su agradecimiento a los concejales acompañado por sus pares dirigentes de la CTA
“Le pedimos a Rovira, a los funcionarios oficialistas y también a los opositores que hablen con Javier Milei y solucionen esto. Ellos tienen la posibilidad de resolver el problema”, pidió.
Asimismo, reclamó una pronta actuación de la Justicia Federal en las causas promovidas por las asociaciones de productores contra el DNU 70/2023. “Que la Justicia no duerma sobre los expedientes. Hay miles de familias que están sufriendo. ¿Dónde están los jueces que deberían estar resolviendo este problema de inconstitucionalidad de un decreto que de necesidad y urgencia no tiene absolutamente nada?”, cuestionó.
Finalmente, los concejales remarcaron, en el documento expuesto, que la cuestión reviste una trascendencia institucional y colectiva que afecta a miles de familias misioneras, por lo que consideraron necesario que el Poder Judicial analice el planteo con especial atención y celeridad.
Debate sobre la yerba en Oberá: “El problema es político y el impacto, social”
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Concejales denuncian tanque con barro y cuatro días sin agua en Piray
Dos concejales del bloque Juntos Podemos denunciaron el estado “deplorable” en el que se encuentra el servicio de agua potable en Puerto Piray, ante la presencia de barro en uno de los tanques, el corte del suministro durante al menos cuatro días y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades afines y el gobierno local.
Todo comenzó en horas de la noche del pasado miércoles 17 de junio, cuando el servicio de agua fue interrumpido debido a una presunta “falla temporal”, que luego terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria y social.
“Con el correr de las horas, los vecinos agotaron las reservas almacenadas en sus tanques domiciliarios y muchos debieron recurrir a juntar agua de lluvia para poder higienizarse o realizar tareas básicas del hogar”, repudiaron los concejales a través de un comunicado.
Y alertaron: “Puerto Piray atraviesa una de las peores crisis de abastecimiento de agua de los últimos años. A pesar de contar con dos plantas potabilizadoras y de administrar un presupuesto millonario, la localidad lleva más de cuatro días consecutivos sin agua potable, dejando a cientos de familias en una situación desesperante”.
En este contexto, apuntaron contra el municipio: “Mientras miles de vecinos sobreviven sin agua potable, la Municipalidad guarda silencio y la crisis expone una grave falta de planificación”.
Escalada del conflicto
La situación alcanzó un punto crítico durante el fin de semana, cuando los concejales Elizabeth Mercado y Adrián Duarte, recorrieron los sectores afectados para constatar el estado del sistema de abastecimiento y escuchar los reclamos de los vecinos.
En el tanque de almacenamiento, desde donde se distribuye el agua a toda la localidad, hallaron una estructura completamente vacía y con más de un metro de barro acumulado en su interior, además de residuos y animales: “Una imagen que refleja el nivel de abandono y falta de mantenimiento de una infraestructura esencial para la salud pública”, consideraron.

Tanque municipal cubierto con barro en Puerto Piray
La recorrida continuó en la toma de agua sobre el río Paraná, lugar donde se realiza la captación y potabilización del recurso. Allí tampoco encontraron explicaciones ni respuestas concretas sobre cuándo se normalizará el servicio.
“Nos preocupa profundamente la nula información brindada por la Intendencia y su gabinete. Los vecinos no saben qué está ocurriendo realmente ni cuánto tiempo más deberán esperar para recuperar un servicio básico y esencial”, manifestó la concejal Mercado.
La edil también cuestionó la falta de previsión de la gestión municipal, ya que tras el recorrido constataron que una de las bombas se encontraba fuera de servicio y la situación se agravó cuando la segunda dejó de funcionar, obligando a enviar ambas a reparación.
“La crisis vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de la administración municipal. Mientras el Ejecutivo destinó cerca de 100 millones de pesos a la adquisición de camionetas, no logró garantizar el funcionamiento de un sistema que abastece de agua a toda la comunidad”, concluyeron los ediles.
Repudio vecinal
Durante la jornada del domingo, un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente al edificio municipal exigiendo soluciones urgentes. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas oficiales.
Este lunes, pese a las intensas lluvias registradas en la zona, la realidad sigue siendo la misma: “Puerto Piray continúa sin agua y sin explicaciones”, señalaron.
Quienes encabezan el reclamo sostienen que la crisis no puede atribuirse únicamente a una falla técnica, sino que “lo ocurrido deja al descubierto una combinación de falta de planificación, ausencia de mantenimiento preventivo, escasa inversión en infraestructura crítica y una preocupante falta de comunicación con la comunidad”, remarcaron.
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