Provinciales
Eldorado: presentan nuevo proyecto de alcohol cero tras veto de ordenanza
A fines de diciembre, el Honorable Concejo Deliberante de Eldorado aprobó una ordenanza de alcohol cero al volante.
Sin embargo, la resolución fue vetada por el Ejecutivo porque el documento omitía pasos fundamentales para su correcta aplicación.
Para que la normativa vetada sea aplicada correctamente y no genere controversias, debía derogar la adhesión a la ley nacional de tolerancia 0,5 de alcohol en sangre al volante para los conductores. Por ello, si ambas resoluciones estaban vigentes en la ciudad, podría generar conflictos legales.
Finalmente, el Departamento Ejecutivo Municipal presentó un nuevo proyecto de ordenanza, donde primeramente deroga la adhesión de la comuna a la ley provincial 29, la cual a su vez adhiere a las leyes nacionales 24.449 y 26.363, que establecen un límite del porcentual del alcohol en sangre permitido para conducir superior al grado 0,0.
Asimismo, el proyecto, en su artículo segundo, establece que todo conductor debe someterse a las “pruebas destinadas a determinar su alcoholemia, su estado de intoxicación alcohólica o por drogas, para conducir”.
Mientras que, en su artículo tercero, la normativa sostiene que en caso de que la prueba al conductor arroje un resultado superior de 0 milímetros de alcohol en sangre, los agentes de tránsito labrarán un acta de infracción y detendrá al “conductor hasta tanto se concluya con el procedimiento y se procederá al secuestro del vehículo preventivo del que será puesto en resguardo a disposición del Juzgado Municipal de Faltas en el corralón vehicular”.
Además, en el artículo seis del proyecto, se detalla las consecuencias que tendrá el conductor que su test de alcoholemia arroje un resultado mayor a 0.
La normativa que será analizada por los ediles establece que, si en la prueba del test de alcoholemia arroja un número superior a 0,0, el ciudadano no puede conducir.
Además, si el conductor se niega a realizar el examen, se presume un estado de alcoholemia positiva. En tanto, la persona que arroje un resultado de entre 0,1 y 0,5 será sancionado con una multa de doscientos 200 a 1.000 unidades fijas de acuerdo al Art. 84 de la Ley Nacional 24.449 y el Decreto 437/11.
También se reglamenta que el conductor que arroje un resultado mayor a 0,5 en el test de alcoholemia será sancionado de acuerdo a lo establecido por el régimen de penalidades previsto en las citadas normas.
En caso de que el resultado de la prueba sea inferior a 0, los agentes de tránsito deberán realizar una segunda prueba luego de 15 minutos. Si el resultado vuelve a ser inferior a lo establecido, el procedimiento quedará sin efecto.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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