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El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

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El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada.

Pero esta situación no es nueva para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada. El mercado del oro verde estuvo once años sin regulación alguna del Estado, lo que provocó que el sector primario se hundiera en una profunda crisis que estalló en 2002 con una histórica movilización conocida popularmente como “El Tractorazo”.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

Tractores en las rutas y fuera de las chacras.

La Comisión Reguladora

Durante poco más de medio siglo, la actividad estuvo bajo la vigilancia de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), el organismo que nació en 1935 ante la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera que se desató como consecuencia de políticas impulsadas para la colonización agrícola en lo que, por ese entonces, era el Territorio Nacional de Misiones.

La Crym se encargó de controlar la cantidad de yerba mate producida en las plantaciones de Misiones, por lo que la implantación y cosecha del cultivo requerían de la autorización expresa de la comisión. Durante su funcionamiento, ahuyentó el peligro de sobreproducción, además de garantizar precios mínimos de compra por parte de los molinos a los productores.

Para comienzos de los años ochenta y debido a que las medidas implementadas por la Comisión Reguladora habían quedado obsoletas, sumado a la falta de previsión en un periodo caracterizado por la crisis económica, la discusión pública se focalizó en la disolución  o no del organismo y de su Mercado Consignatario.

Finalmente, la Crym fue intervenida en 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y alcanzada por el decreto de desregularización de la economía argentina del presidente Carlos Menem en 1991.

@lavozdemisiones🧉 El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada. #LaVozdeMisiones #Yerbateros #Inym #Misiones #Productores #Tractorazo

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Desregulación y rebelión

Una de las principales consecuencias de la desaparición del organismo yerbatero consistió en que, sin el ente mediador, las cooperativas y pequeños y medianos productores quedaron a merced de las grandes empresas que comenzaron a fijar los precios de la materia prima con condiciones de pago desventajosas, que en algunos casos incluso llegaban a concretarse a 180 días.

La caída del precio del kilo de hoja verde y canchada, entre otras problemáticas, propias de la argentina neoliberal de los 90, marcaron el pulso de la economía en las chacras misioneras, a tal punto que para el 2001 la situación del sector primario de la producción ya no daba para más.

Es así que, ante una crisis creciente, el 29 de mayo del 2001 cientos de familias agrarias sacaron los tractores de las colonias a las rutas para reunirse en el Cruce Karaben, ubicado a pocos kilómetros de Oberá.

Desde allí encendieron su marcha al centro de la Capital del Monte, escenario en el que expusieron las penurias que atravesaban y coincidieron en la necesidad de una institución que regule la actividad y los proteja de los grandes capitales.

En ese encuentro, una de las primeras medidas que resolvieron los productores fue trasladar su reclamo a la plaza 9 de Julio en Posadas, frente a la Casa de Gobierno, para exigir a las autoridades provinciales la intervención en el precio de la materia prima.

Durante 17 días, los colonos plantaron su lucha en la plaza del pueblo y consiguieron, mediante una Mesa de Concentración del sector, la promesa de una Ley yerbatera, un subsidio de 8 millones de pesos para palear la situación y un mejor precio para la materia prima.

Ese primer tractorazo y movilización a la capital provincial marcarían así el inicio de una larga lucha agraria para conseguir respuestas concretas a las necesidades de la familia yerbatera.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

“Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera” fueron las consignas de la lucha del sector.

El tractorazo

Durante meses, los yerbateros alzaron su reclamo en cada rincón de Misiones, recogiendo el acompañamiento a su lucha de diferentes sectores y vecinos. Estaban cansados y se sentían desprotegidos.

Pero el hartazgo llegó para 2002, cuando el valor del kilo de hoja verde oscilaba entre 2 y 6 centavos, mientras que los colonos exigían como precio de referencia 16 centavos.

La respuesta a la protesta liderada por los productores llegó finalmente el 21 de febrero del 2002, con la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 25.564 que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), un organismo que se encargaría principalmente de fijar un precio anual acordado por unanimidad entre todos los representantes de la cadena productiva.

Sin embargo, la falta de reglamentación del Inym en un contexto de crisis social, económica y política, volvió a arrojar bajos precios para inicios de la cosecha en marzo y el malestar generó un nuevo tractorazo, pero esta vez masivo y con dirección a Posadas.

El Inym es una conquista del sector primario de la producción de la yerba mate.

Arriba de los tractores y camiones, cargados de raídos de hoja verde, la familia yerbatera salió desde diferentes puntos de la tierra colorada por las rutas nacionales con dirección a la capital misionera. Esta multitudinaria movilización ocurrió exactamente un año después del primer tractorazo, el 29 de mayo del 2002.

Aunque llegar no fue fácil. En el camino, la marcha de los tractores fue interrumpida por efectivos de la Policía que buscaban evitar que la protesta avanzara hasta Santa Ana, punto de encuentro que fijaron los colonos de zona Centro y Norte de la provincia, para luego ingresar en caravana a Posadas.

Fue entonces que resolvieron cambiar las coordenadas y encendieron los motores con dirección a Leandro N. Alem, pero al llegar al frente de la Cooperativa Tabacalera en la ruta nacional 14, otro operativo de las fuerzas tenía la orden de no dejarlos pasar.

Tuvieron que acampar y pasar la noche allí, bajo la lluvia y en medio del barro, según describen las crónicas de la época.

La masiva movilización y el operativo eran transmitidos por las radios locales. La situación llegó a oídos de un grupo de taxistas y remiseros obereños que decidieron trasladarse hasta el lugar para respaldar a los productores y, de esta manera, la barrera policial abrió el camino para que la caravana llegara a su destino final.

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Al ingresar a la ciudad, los colonos fueron recibidos al calor de los aplausos de los posadeños y a su lucha se unieron docentes, comerciantes, desocupados, médicos, estudiantes, entre otros.

Más de 300 tractores fueron estacionados frente a la Casa de Gobierno en la plaza 9 de Julio. Allí, los productores yerbateros, muchos de ellos acompañados de sus familias, acordaron acampar por tiempo indefinido para hacer visible sus reclamos.

Los unían dos importantes consignas: “Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera”.

Fueron 51 los días que los productores permanecieron firmes en Posadas, acompañados por la solidaridad de la comunidad, con carpas improvisadas, carteles que exponían sus reclamos y banderas de Argentina y Misiones.

El conflicto se desactivó el 13 de julio del 2002, cuando finalmente el presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto reglamentario que puso en marcha el Inym y fin a una de las movilizaciones sociales más importantes de la historia misionera.

La rebelión yerbatera representa una de las movilizaciones más importantes de la historia misionera.

Viejas políticas, mismos resultados

Aunque el sector tuvo altibajos durante la época que le sucedió a la creación del organismo, 23 años después de aquella rebelión agraria en la tierra colorada, nuevamente el principal sustento de más de 13.000 familias yerbateras está en peligro.

Esto se debe a que cuando Javier Milei asumió el gobierno en diciembre del 2023 una de sus primeras medidas como jefe de Estado fue el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que al entrar en vigencia avanzó con la desregulación de la economía argentina, lo que, entre otros puntos fundamentales, quitó la facultad al instituto yerbatero de fijar un precio mínimo para la materia prima.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

Los productores piden la restitución de las facultades regulatorias del Inym.

Previamente a perder la potestad regulatoria, el Inym había fijado el precio de referencia desde octubre del 2023 a marzo 2024, quedando en $250 el valor para el kilo de hoja verde y $950 para la canchada.

A partir de la desregulación, el precio quedó liberado a lo que puedan negociar los pequeños productores con los grandes molinos, que comenzaron a pagar precios que rondaban entre los $80 y $180 para el kilo de hoja verde.

En paralelo, el gobierno de Misiones presentó ante el Juzgado Federal de Posadas una  medida cautelar en defensa del organismo yerbatero para que se deje sin efecto los artículos del DNU 70 que le quitan las atribuciones regulatorias al Inym, como la potestad de fijar precios para la materia prima.

Cabe recordar que por los altos índices de inflación registrados en diciembre del 2023 (25,5); enero (20,6) y febrero (13,2) del 2024, los costos de producción de la yerba mate, como así en todos los sectores de la agroindustria, aumentaron drásticamente.

Para medidados del 2024, tanto la Justicia Federal como la provincial suspendieron lo impuesto por el DNU con respecto al funcionamiento del Inym y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo.

Pese a ello, la situación continúa igual para las pequeñas familias yerbateras que decidieron parar la cosecha e iniciaron acampes, cortes de ruta y asambleas permanentes en diferentes puntos de la provincia como San Pedro, Oberá, Aristóbulo del Valle, San José y San Vicente.

Acampe yerbatero en San Vicente por un precio justo.

En pie de lucha

El sector denuncia pérdidas millonarias para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada durante el año 2024, mientras que el kilo de yerba mate se mantuvo con altos precios en las góndolas.

El objetivo del conjunto de productores es lograr una pronta respuesta, por parte de las autoridades, exigir a las industrias el pago mínimo de $462 por kilo de hoja verde, ante la caída de precios que impulsó la desregulación del mercado, como también recuperar la intervención del organismo yerbatero.

En busca de una solución, recientemente el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, creó una Mesa Yerbatera Permanente para reunir a todos los representantes de la cadena productiva en la tierra colorada, aunque aún no se ha logrado un consenso en torno al precio de la materia prima.

Mientras todo esto sucede, el Inym quedó como un mero organismo de difusión y promoción de la actividad y acéfalo de presidente hace más de un año, lo que emparenta las movilizaciones de hoy con el reclamo que derivó en aquel masivo tractorazo en el que los colonos salieron victoriosos.

Los colonos están en pie de lucha por el Inym y el precio de la materia prima.

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Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio

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Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.

La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones. 

El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.

“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.

Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.

Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio

 

 

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El Concejo de Oberá respaldó a los yerbateros y reclamó avances judiciales

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En el marco de la sesión ordinaria realizada este martes 23 de junio, el Concejo Deliberante de Oberá dio lectura a una manifestación de apoyo al sector yerbatero denominada “Carta en Apoyo a los Productores Yerbateros”, un documento elaborado en respuesta a la compleja situación que atraviesa la actividad y a los reclamos que vienen sosteniendo los productores por precios justos para la materia prima y mejores condiciones para el desarrollo del sector.

La iniciativa fue presentada durante el espacio de “Expresiones Temáticas de la Actualidad”, uno de los segmentos de la sesión destinado al tratamiento de temas de interés social, económico y productivo. El documento lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ariel Ullón; de la vicepresidenta del cuerpo Verónica Noguera  y de los concejales Marcelo Luis Sedoff, María Luisa Blum y Maximilian F. Binder, todos del bloque oficialista “Encuentro Misionero”. 

En la carta, los ediles expresaron su acompañamiento a las acciones judiciales impulsadas por distintas organizaciones de productores yerbateros que solicitaron ante la Justicia Federal una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, norma que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas la de fijar precios para la materia prima.

“Queremos manifestar nuestro apoyo a quienes desempeñan sus tareas laborales dentro de este ámbito”, señala el documento, que además destaca la importancia de garantizar condiciones de equidad y sustentabilidad para una actividad que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Misiones.

El documento conto solo con la firma de los ediles Renovadores

La sesión, que comenzó a las 9 horas, contó con la presencia del histórico dirigente yerbatero Hugo Sand, acompañado por productores de la zona, el dirigente de la CTA Leandro Sánchez, el pastor de la Iglesia Luterana Fabián Paré y otros referentes sociales y productivos de Oberá.

Durante su intervención, Sand agradeció el respaldo institucional brindado por el cuerpo deliberativo y destacó que el reclamo excede a los productores. “Este acompañamiento no es solamente a la lucha de los productores, sino también a la de los trabajadores de la yerba mate”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que la crisis que atraviesa el sector tiene un origen político. “El problema que tenemos en este momento es un problema político. Por eso celebramos que en este ámbito estemos discutiendo estos temas”, expresó.

En otro tramo de su exposición, reiteró el pedido al mentor de Encuentro Misionero, el diputado provincial Carlos Rovira, y a los representantes de los distintos espacios políticos, para que gestionen ante el Gobierno nacional la restitución de las facultades del Inym.

Hugo Sand durante su agradecimiento a los concejales acompañado por sus pares dirigentes de la CTA

“Le pedimos a Rovira, a los funcionarios oficialistas y también a los opositores que hablen con Javier Milei y solucionen esto. Ellos tienen la posibilidad de resolver el problema”, pidió.

Asimismo, reclamó una pronta actuación de la Justicia Federal en las causas promovidas por las asociaciones de productores contra el DNU 70/2023. “Que la Justicia no duerma sobre los expedientes. Hay miles de familias que están sufriendo. ¿Dónde están los jueces que deberían estar resolviendo este problema de inconstitucionalidad de un decreto que de necesidad y urgencia no tiene absolutamente nada?”, cuestionó.

Finalmente, los concejales remarcaron, en el documento expuesto, que la cuestión reviste una trascendencia institucional y colectiva que afecta a miles de familias misioneras, por lo que consideraron necesario que el Poder Judicial analice el planteo con especial atención y celeridad.

Debate sobre la yerba en Oberá: “El problema es político y el impacto, social”

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Concejales denuncian tanque con barro y cuatro días sin agua en Piray

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Dos concejales del bloque Juntos Podemos denunciaron el estado “deplorable” en el que se encuentra el servicio de agua potable en Puerto Piray, ante la presencia de barro en uno de los tanques, el corte del suministro durante al menos cuatro días y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades afines y el gobierno local. 

Todo comenzó en horas de la noche del pasado miércoles 17 de junio, cuando el servicio de agua fue interrumpido debido a una presunta “falla temporal”, que luego terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria y social.

“Con el correr de las horas, los vecinos agotaron las reservas almacenadas en sus tanques domiciliarios y muchos debieron recurrir a juntar agua de lluvia para poder higienizarse o realizar tareas básicas del hogar”, repudiaron los concejales a través de un comunicado.

Y alertaron: “Puerto Piray atraviesa una de las peores crisis de abastecimiento de agua de los últimos años. A pesar de contar con dos plantas potabilizadoras y de administrar un presupuesto millonario, la localidad lleva más de cuatro días consecutivos sin agua potable, dejando a cientos de familias en una situación desesperante”.

En este contexto, apuntaron contra el municipio: “Mientras miles de vecinos sobreviven sin agua potable, la Municipalidad guarda silencio y la crisis expone una grave falta de planificación”. 

Escalada del conflicto

La situación alcanzó un punto crítico durante el fin de semana, cuando los concejales Elizabeth Mercado y Adrián Duarte, recorrieron los sectores afectados para constatar el estado del sistema de abastecimiento y escuchar los reclamos de los vecinos.

En el tanque de almacenamiento, desde donde se distribuye el agua a toda la localidad, hallaron una estructura completamente vacía y con más de un metro de barro acumulado en su interior, además de residuos y animales: “Una imagen que refleja el nivel de abandono y falta de mantenimiento de una infraestructura esencial para la salud pública”, consideraron.

Tanque municipal cubierto con barro en Puerto Piray

La recorrida continuó en la toma de agua sobre el río Paraná, lugar donde se realiza la captación y potabilización del recurso. Allí tampoco encontraron explicaciones ni respuestas concretas sobre cuándo se normalizará el servicio.

Nos preocupa profundamente la nula información brindada por la Intendencia y su gabinete. Los vecinos no saben qué está ocurriendo realmente ni cuánto tiempo más deberán esperar para recuperar un servicio básico y esencial”, manifestó la concejal Mercado.

La edil también cuestionó la falta de previsión de la gestión municipal, ya que tras el recorrido constataron que una de las bombas se encontraba fuera de servicio y la situación se agravó cuando la segunda dejó de funcionar, obligando a enviar ambas a reparación.

“La crisis vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de la administración municipal. Mientras el Ejecutivo destinó cerca de 100 millones de pesos a la adquisición de camionetas, no logró garantizar el funcionamiento de un sistema que abastece de agua a toda la comunidad”, concluyeron los ediles.

Repudio vecinal

Durante la jornada del domingo, un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente al edificio municipal exigiendo soluciones urgentes. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas oficiales.

Este lunes, pese a las intensas lluvias registradas en la zona, la realidad sigue siendo la misma: “Puerto Piray continúa sin agua y sin explicaciones”, señalaron.

Quienes encabezan el reclamo sostienen que la crisis no puede atribuirse únicamente a una falla técnica, sino que “lo ocurrido deja al descubierto una combinación de falta de planificación, ausencia de mantenimiento preventivo, escasa inversión en infraestructura crítica y una preocupante falta de comunicación con la comunidad”, remarcaron.

 

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