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El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

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El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada.

Pero esta situación no es nueva para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada. El mercado del oro verde estuvo once años sin regulación alguna del Estado, lo que provocó que el sector primario se hundiera en una profunda crisis que estalló en 2002 con una histórica movilización conocida popularmente como “El Tractorazo”.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

Tractores en las rutas y fuera de las chacras.

La Comisión Reguladora

Durante poco más de medio siglo, la actividad estuvo bajo la vigilancia de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), el organismo que nació en 1935 ante la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera que se desató como consecuencia de políticas impulsadas para la colonización agrícola en lo que, por ese entonces, era el Territorio Nacional de Misiones.

La Crym se encargó de controlar la cantidad de yerba mate producida en las plantaciones de Misiones, por lo que la implantación y cosecha del cultivo requerían de la autorización expresa de la comisión. Durante su funcionamiento, ahuyentó el peligro de sobreproducción, además de garantizar precios mínimos de compra por parte de los molinos a los productores.

Para comienzos de los años ochenta y debido a que las medidas implementadas por la Comisión Reguladora habían quedado obsoletas, sumado a la falta de previsión en un periodo caracterizado por la crisis económica, la discusión pública se focalizó en la disolución  o no del organismo y de su Mercado Consignatario.

Finalmente, la Crym fue intervenida en 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y alcanzada por el decreto de desregularización de la economía argentina del presidente Carlos Menem en 1991.

@lavozdemisiones🧉 El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada. #LaVozdeMisiones #Yerbateros #Inym #Misiones #Productores #Tractorazo

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Desregulación y rebelión

Una de las principales consecuencias de la desaparición del organismo yerbatero consistió en que, sin el ente mediador, las cooperativas y pequeños y medianos productores quedaron a merced de las grandes empresas que comenzaron a fijar los precios de la materia prima con condiciones de pago desventajosas, que en algunos casos incluso llegaban a concretarse a 180 días.

La caída del precio del kilo de hoja verde y canchada, entre otras problemáticas, propias de la argentina neoliberal de los 90, marcaron el pulso de la economía en las chacras misioneras, a tal punto que para el 2001 la situación del sector primario de la producción ya no daba para más.

Es así que, ante una crisis creciente, el 29 de mayo del 2001 cientos de familias agrarias sacaron los tractores de las colonias a las rutas para reunirse en el Cruce Karaben, ubicado a pocos kilómetros de Oberá.

Desde allí encendieron su marcha al centro de la Capital del Monte, escenario en el que expusieron las penurias que atravesaban y coincidieron en la necesidad de una institución que regule la actividad y los proteja de los grandes capitales.

En ese encuentro, una de las primeras medidas que resolvieron los productores fue trasladar su reclamo a la plaza 9 de Julio en Posadas, frente a la Casa de Gobierno, para exigir a las autoridades provinciales la intervención en el precio de la materia prima.

Durante 17 días, los colonos plantaron su lucha en la plaza del pueblo y consiguieron, mediante una Mesa de Concentración del sector, la promesa de una Ley yerbatera, un subsidio de 8 millones de pesos para palear la situación y un mejor precio para la materia prima.

Ese primer tractorazo y movilización a la capital provincial marcarían así el inicio de una larga lucha agraria para conseguir respuestas concretas a las necesidades de la familia yerbatera.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

“Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera” fueron las consignas de la lucha del sector.

El tractorazo

Durante meses, los yerbateros alzaron su reclamo en cada rincón de Misiones, recogiendo el acompañamiento a su lucha de diferentes sectores y vecinos. Estaban cansados y se sentían desprotegidos.

Pero el hartazgo llegó para 2002, cuando el valor del kilo de hoja verde oscilaba entre 2 y 6 centavos, mientras que los colonos exigían como precio de referencia 16 centavos.

La respuesta a la protesta liderada por los productores llegó finalmente el 21 de febrero del 2002, con la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 25.564 que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), un organismo que se encargaría principalmente de fijar un precio anual acordado por unanimidad entre todos los representantes de la cadena productiva.

Sin embargo, la falta de reglamentación del Inym en un contexto de crisis social, económica y política, volvió a arrojar bajos precios para inicios de la cosecha en marzo y el malestar generó un nuevo tractorazo, pero esta vez masivo y con dirección a Posadas.

El Inym es una conquista del sector primario de la producción de la yerba mate.

Arriba de los tractores y camiones, cargados de raídos de hoja verde, la familia yerbatera salió desde diferentes puntos de la tierra colorada por las rutas nacionales con dirección a la capital misionera. Esta multitudinaria movilización ocurrió exactamente un año después del primer tractorazo, el 29 de mayo del 2002.

Aunque llegar no fue fácil. En el camino, la marcha de los tractores fue interrumpida por efectivos de la Policía que buscaban evitar que la protesta avanzara hasta Santa Ana, punto de encuentro que fijaron los colonos de zona Centro y Norte de la provincia, para luego ingresar en caravana a Posadas.

Fue entonces que resolvieron cambiar las coordenadas y encendieron los motores con dirección a Leandro N. Alem, pero al llegar al frente de la Cooperativa Tabacalera en la ruta nacional 14, otro operativo de las fuerzas tenía la orden de no dejarlos pasar.

Tuvieron que acampar y pasar la noche allí, bajo la lluvia y en medio del barro, según describen las crónicas de la época.

La masiva movilización y el operativo eran transmitidos por las radios locales. La situación llegó a oídos de un grupo de taxistas y remiseros obereños que decidieron trasladarse hasta el lugar para respaldar a los productores y, de esta manera, la barrera policial abrió el camino para que la caravana llegara a su destino final.

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Al ingresar a la ciudad, los colonos fueron recibidos al calor de los aplausos de los posadeños y a su lucha se unieron docentes, comerciantes, desocupados, médicos, estudiantes, entre otros.

Más de 300 tractores fueron estacionados frente a la Casa de Gobierno en la plaza 9 de Julio. Allí, los productores yerbateros, muchos de ellos acompañados de sus familias, acordaron acampar por tiempo indefinido para hacer visible sus reclamos.

Los unían dos importantes consignas: “Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera”.

Fueron 51 los días que los productores permanecieron firmes en Posadas, acompañados por la solidaridad de la comunidad, con carpas improvisadas, carteles que exponían sus reclamos y banderas de Argentina y Misiones.

El conflicto se desactivó el 13 de julio del 2002, cuando finalmente el presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto reglamentario que puso en marcha el Inym y fin a una de las movilizaciones sociales más importantes de la historia misionera.

La rebelión yerbatera representa una de las movilizaciones más importantes de la historia misionera.

Viejas políticas, mismos resultados

Aunque el sector tuvo altibajos durante la época que le sucedió a la creación del organismo, 23 años después de aquella rebelión agraria en la tierra colorada, nuevamente el principal sustento de más de 13.000 familias yerbateras está en peligro.

Esto se debe a que cuando Javier Milei asumió el gobierno en diciembre del 2023 una de sus primeras medidas como jefe de Estado fue el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que al entrar en vigencia avanzó con la desregulación de la economía argentina, lo que, entre otros puntos fundamentales, quitó la facultad al instituto yerbatero de fijar un precio mínimo para la materia prima.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

Los productores piden la restitución de las facultades regulatorias del Inym.

Previamente a perder la potestad regulatoria, el Inym había fijado el precio de referencia desde octubre del 2023 a marzo 2024, quedando en $250 el valor para el kilo de hoja verde y $950 para la canchada.

A partir de la desregulación, el precio quedó liberado a lo que puedan negociar los pequeños productores con los grandes molinos, que comenzaron a pagar precios que rondaban entre los $80 y $180 para el kilo de hoja verde.

En paralelo, el gobierno de Misiones presentó ante el Juzgado Federal de Posadas una  medida cautelar en defensa del organismo yerbatero para que se deje sin efecto los artículos del DNU 70 que le quitan las atribuciones regulatorias al Inym, como la potestad de fijar precios para la materia prima.

Cabe recordar que por los altos índices de inflación registrados en diciembre del 2023 (25,5); enero (20,6) y febrero (13,2) del 2024, los costos de producción de la yerba mate, como así en todos los sectores de la agroindustria, aumentaron drásticamente.

Para medidados del 2024, tanto la Justicia Federal como la provincial suspendieron lo impuesto por el DNU con respecto al funcionamiento del Inym y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo.

Pese a ello, la situación continúa igual para las pequeñas familias yerbateras que decidieron parar la cosecha e iniciaron acampes, cortes de ruta y asambleas permanentes en diferentes puntos de la provincia como San Pedro, Oberá, Aristóbulo del Valle, San José y San Vicente.

Acampe yerbatero en San Vicente por un precio justo.

En pie de lucha

El sector denuncia pérdidas millonarias para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada durante el año 2024, mientras que el kilo de yerba mate se mantuvo con altos precios en las góndolas.

El objetivo del conjunto de productores es lograr una pronta respuesta, por parte de las autoridades, exigir a las industrias el pago mínimo de $462 por kilo de hoja verde, ante la caída de precios que impulsó la desregulación del mercado, como también recuperar la intervención del organismo yerbatero.

En busca de una solución, recientemente el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, creó una Mesa Yerbatera Permanente para reunir a todos los representantes de la cadena productiva en la tierra colorada, aunque aún no se ha logrado un consenso en torno al precio de la materia prima.

Mientras todo esto sucede, el Inym quedó como un mero organismo de difusión y promoción de la actividad y acéfalo de presidente hace más de un año, lo que emparenta las movilizaciones de hoy con el reclamo que derivó en aquel masivo tractorazo en el que los colonos salieron victoriosos.

Los colonos están en pie de lucha por el Inym y el precio de la materia prima.

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Presentan proyecto de ley por la memoria democrática y contra el negacionismo

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En el marco de los 50 años del último golpe de Estado, el Partido Agrario y Social (Pays) presentó un proyecto de ley con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar, las conductas públicas de negación, justificación o reivindicación manifiesta del terrorismo de Estado, cometidas entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 en la República Argentina.

Las penas serían alcanzadas por quienes presenten algunas de estas conductas en el ámbito de la función pública provincial, incluyendo también cualquier tipo de glorificación, apología, banalización, relativización o minimización de la violencia ejercida contra civiles durante la dictadura, la cual se tradujo en “genocidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, apropiación de niñas y niños y demás violaciones a los derechos humanos”. 

Titulada Memoria Democrática, Prevención del Negacionismo y Defensa de la Función Pública, la iniciativa fue impulsada por más de una treinta organizaciones de Derechos Humanos, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, colectivos universitarios, entre otros espacios del campo popular en Misiones.

A su vez, se enmarca en las leyes reparatorias vigentes en el país, como la 24.043 y 24.411, por lo que busca “proteger la memoria democrática, la dignidad de las víctimas, a sus familiares, los sitios y símbolos de memoria y las garantías de no repetición”.

En su artículo segundo, define una conducta negacionista como “toda manifestación pública, deliberada e inequívoca, realizada por cualquier medio oral, escrito, gráfico, sonoro, audiovisual, radial, televisivo, telefónico, digital o tecnológico, en forma presencial o remota, que niegue, justifique, reivindique, glorifique, apruebe, banalice, relativice o minimice de modo manifiesto estos hechos”.

En lo que refiere a “manifestación pública”, abarca toda expresión accesible a una pluralidad indeterminada o determinable de personas, o difundida a grupos, listas, canales, comunidades, cursos, aulas, foros, reuniones, medios de comunicación o espacios abiertos o cerrados, sitios web, blogs, foros, plataformas digitales, redes sociales, servicios de mensajería instantánea o equivalentes, tales como WhatsApp, Telegram u otros similares.

También hace referencia a la “simbología”, por lo que quedaría prohibida la exhibición, instalación, difusión, reproducción, utilización o circulación, en contextos institucionales u oficiales, de emblemas, imágenes, signos, inscripciones, objetos, vehículos, montajes, escenificaciones o referencias que, por su contexto, significado o modo de utilización, “resulten inequívocamente aptos para reivindicar, legitimar, humillar, intimidar o amenazar en relación con el terrorismo de Estado y sus perpetradores”.

Finalmente, hace referencia a los sitios protegidos de memoria, archivos, placas, señalizaciones, murales, monumentos, nombres, homenajes, emblemas, organismos y referentes individuales o colectivos vinculados a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Nación y en la Provincia de Misiones.

Al mencionado proyecto, adhirió la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos de la República Argentina, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género (EMIDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Misiones, Patria Grande – Misiones, Unidad Popular, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Solidario, el Espacio Chacabuco, Libres del Sur, el Partido Comunista Revolucionario, entre otras organizaciones.

Al mismo tiempo, propone como obligatoria la capacitación, periódica y permanente en derechos humanos, memoria democrática, terrorismo de Estado, garantías de no repetición y memoria histórica misionera para todas las personas comprendidas dentro la administración pública. 

Según consta el documento, estas capacitaciones deberán incluir, como mínimo, el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia; los juicios por crímenes de lesa humanidad y el derecho a la verdad; el marco constitucional y convencional de los derechos humanos; la historia provincial vinculada al terrorismo de Estado, sus víctimas, sobrevivientes, organizaciones sociales, agrarias, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos, entre otros puntos. 

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Denuncian abandono de persona en geriátrico de Corpus Christi

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En el mes de febrero fue denunciado un caso de abandono de persona contra el geriátrico San Francisco de Asis, en la localidad misionera de Corpus Christi, donde se encuentra albergado un hombre de 71 años que presenta un estado de “vulnerabilidad en salud y movilidad física”, según el denunciante.

La presentación policial fue radicada ese mismo mes en Jardín América, por lo que las autoridades correspondientes arribaron al hogar, ubicado sobre calle Francisco Gali, entre Padre Adolfo y Pedro Fontana, para constatar y notificar a las autoridades municipales, a cargo del jefe comunal, Manuel Benítez, y al área de Desarrollo Social, representado por Rosana Quintana.

Sin embargo, a un mes y medio de dar conocimiento de la situación, Luis Sanabria, titular de la Fundación Ayudanos a Ayudar, en diálogo con La Voz de Misiones, aseguró que “no hubo resultados positivos“.

Inicialmente, el hombre había sido “rescatado” por Sanabria, de una vivienda precaria situada a la vera del río Paraná, donde no contaba con ningún servicio. “Lo llevamos dos semanas a un taller mecánico mientras se conseguía un lugar estable, que es el geriátrico dónde ahora casi lo dejan morir”.

Y continuó: “Después de una semana se lo pudo visitar por insistencia y fue encontrado en un estado peor del que lo habíamos rescatado y por segunda vez procedimos a dar aviso al intendente, a la trabajadora social y a la comisaría del municipio, quienes se negaron a cooperar”.

Sobre lo que ahondó: “Terminaron poniendo mil excusas para no cumplir con sus deberes constitucionales, por lo cual procedimos nuevamente con intervención de Desarrollo Social y acceso a la Justicia de Posadas para resguardar la vida del ciudadano afectado”.

Por estas horas, desde la mencionada fundación solicitan que se hagan las investigaciones correspondientes y, de no tener respuesta favorable, elevarán la denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Esto no es solo un caso aislado. Sucede en distintos municipios de la provincia“, alertó Sanabria.

Ramón Benítez Ferreyra fue encontrado en un deplorable estado de salud dentro del hogar

Búsqueda de respuestas

A fin de resolver la problemática, el presidente de Ayudemos a Ayudar emitió una nota dirigida a la Cámara de Representantes, particularmente al diputado Ramón Amarilla, a fin de plantear la denuncia y solicitar “intervención en carácter de urgencia”. 

En el documento, alegó que los hechos registrados “podrían constituir delitos por parte del intendente Manuel Benítez y Rosana Quintana, directora de Desarrollo Social del municipio de Corpus Christi, en los actos de, (art.106) abandono de persona,( art.248 cp.) incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, (art. 172) hostigamiento y (art. 212) incitación a la violencia colectiva“, según consta el Código Penal de la Nación Argentina.

Al mismo tiempo, sostiene que la institución “ha tomado intervención en diversas situaciones vinculadas a personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad extrema, quienes se encontraban sin documentación, sin asistencia adecuada y en condiciones que ponían en riesgo su salud y su vida, habiendo sido alojado en este caso al ciudadano Ramón Benítez Ferreyra (71), en el establecimiento geriátrico San Francisco de Asís a cargo de Liliana diturbide”.

Sobre esta última, señala: “No sólo cometió el delito de abandono de persona violando el ( art.106) del Código Penal, sino también violando el (art.3 de la ley 23.592) por discriminación de personas”.

Finalmente, concluye: “Pese a haberse puesto en conocimiento de las autoridades municipales, y particularmente del intendente local, así como del personal de asistencia social y la comisaría dependiente del municipio; no se habrían adoptado en tiempo y forma las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas afectadas, persistiendo situaciones de abandono, falta de atención médica adecuada y demoras en la gestión de traslados a centros de mayor complejidad, incluso en casos donde existía riesgo cierto para la vida”.

En este marco, la asociación civil solicitó la inmediata investigación de los hechos, la adopción de medidas urgentes para garantizar la atención médica, la protección de las personas afectadas y determinar la eventual responsabilidad de funcionarios públicos intervinientes, incluyendo autoridades municipales.  

Trasladaron a adultos mayores tras clausura de geriátrico en Posadas

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A una semana del reclamo al CGE, directora da clases en Neni 2067 de Concepción

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El pasado viernes 13 de marzo, un grupo de padres se acercó al Consejo General de Educación (CGE) a fin de reclamar por el inicio del ciclo lectivo en la sala de 4 del Núcleo Educativo de Nivel Inicial (Neni) 2067 de Concepción de la Sierra, por lo que la directora Margarita Sadaniowski comenzó a dar clases el pasado lunes.

En su reclamo, los tutores cuestionaron la imposibilidad de iniciar las clases, debido a que la maestra que prestó servicios en dicha institución en los últimos tres años, no acudió durante las dos semanas que transcurrieron desde el inicio del ciclo lectivo.

Por ese motivo, el pasado viernes, los padres de los 20 niños que debían comenzar la salita de 4 años, se presentaron en la sede posadeña del CGE para plantear la irregularidad y reclamar el nombramiento de la suplente correspondiente para comenzar las clases.

La sorpresa de los padres surgió el lunes pasado, cuando ante la ausencia de la docente titular y de la suplente, quien con tiza en mano decidió hacerse cargo del dictado fue la propia directora Sadaniowski.

Consultada por La Voz de Misiones, la madre de un estudiante, confirmó: “Hasta el momento no se nombró maestra suplente y por eso comenzó la directora a dar clases mientras esperan el nombramiento”.

Al respecto, reparó: “Supuestamente, si no hay maestra ella tiene que dar clases, pero a mí me parece que ya no tiene edad para ejercer como maestra y debería dar el lugar a alguien capacitado para el nivel incial”.

De esta manera, los niños lograron iniciar su ciclo lectivo, pero continúan aguardando que desde el área educativa correspondiente nombren a una suplente para continuar con el dictado de clases.

Al ser consultada por LVM, la titular del CGE, Daniela López, alegó a la regularización de la situación en el transcurso de esta semana, sin embargo, hasta la fecha no hubo avances.

Sala de 4 sin docente en Neni 2067 de Concepción: “Hay 20 niños sin clases”

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