Provinciales
El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo
El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada.
Pero esta situación no es nueva para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada. El mercado del oro verde estuvo once años sin regulación alguna del Estado, lo que provocó que el sector primario se hundiera en una profunda crisis que estalló en 2002 con una histórica movilización conocida popularmente como “El Tractorazo”.
Tractores en las rutas y fuera de las chacras.
La Comisión Reguladora
Durante poco más de medio siglo, la actividad estuvo bajo la vigilancia de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), el organismo que nació en 1935 ante la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera que se desató como consecuencia de políticas impulsadas para la colonización agrícola en lo que, por ese entonces, era el Territorio Nacional de Misiones.
La Crym se encargó de controlar la cantidad de yerba mate producida en las plantaciones de Misiones, por lo que la implantación y cosecha del cultivo requerían de la autorización expresa de la comisión. Durante su funcionamiento, ahuyentó el peligro de sobreproducción, además de garantizar precios mínimos de compra por parte de los molinos a los productores.
Para comienzos de los años ochenta y debido a que las medidas implementadas por la Comisión Reguladora habían quedado obsoletas, sumado a la falta de previsión en un periodo caracterizado por la crisis económica, la discusión pública se focalizó en la disolución o no del organismo y de su Mercado Consignatario.
Finalmente, la Crym fue intervenida en 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y alcanzada por el decreto de desregularización de la economía argentina del presidente Carlos Menem en 1991.
@lavozdemisiones🧉 El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada. #LaVozdeMisiones #Yerbateros #Inym #Misiones #Productores #Tractorazo
Desregulación y rebelión
Una de las principales consecuencias de la desaparición del organismo yerbatero consistió en que, sin el ente mediador, las cooperativas y pequeños y medianos productores quedaron a merced de las grandes empresas que comenzaron a fijar los precios de la materia prima con condiciones de pago desventajosas, que en algunos casos incluso llegaban a concretarse a 180 días.
La caída del precio del kilo de hoja verde y canchada, entre otras problemáticas, propias de la argentina neoliberal de los 90, marcaron el pulso de la economía en las chacras misioneras, a tal punto que para el 2001 la situación del sector primario de la producción ya no daba para más.
Es así que, ante una crisis creciente, el 29 de mayo del 2001 cientos de familias agrarias sacaron los tractores de las colonias a las rutas para reunirse en el Cruce Karaben, ubicado a pocos kilómetros de Oberá.
Desde allí encendieron su marcha al centro de la Capital del Monte, escenario en el que expusieron las penurias que atravesaban y coincidieron en la necesidad de una institución que regule la actividad y los proteja de los grandes capitales.
En ese encuentro, una de las primeras medidas que resolvieron los productores fue trasladar su reclamo a la plaza 9 de Julio en Posadas, frente a la Casa de Gobierno, para exigir a las autoridades provinciales la intervención en el precio de la materia prima.
Durante 17 días, los colonos plantaron su lucha en la plaza del pueblo y consiguieron, mediante una Mesa de Concentración del sector, la promesa de una Ley yerbatera, un subsidio de 8 millones de pesos para palear la situación y un mejor precio para la materia prima.
Ese primer tractorazo y movilización a la capital provincial marcarían así el inicio de una larga lucha agraria para conseguir respuestas concretas a las necesidades de la familia yerbatera.
“Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera” fueron las consignas de la lucha del sector.
El tractorazo
Durante meses, los yerbateros alzaron su reclamo en cada rincón de Misiones, recogiendo el acompañamiento a su lucha de diferentes sectores y vecinos. Estaban cansados y se sentían desprotegidos.
Pero el hartazgo llegó para 2002, cuando el valor del kilo de hoja verde oscilaba entre 2 y 6 centavos, mientras que los colonos exigían como precio de referencia 16 centavos.
La respuesta a la protesta liderada por los productores llegó finalmente el 21 de febrero del 2002, con la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 25.564 que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), un organismo que se encargaría principalmente de fijar un precio anual acordado por unanimidad entre todos los representantes de la cadena productiva.
Sin embargo, la falta de reglamentación del Inym en un contexto de crisis social, económica y política, volvió a arrojar bajos precios para inicios de la cosecha en marzo y el malestar generó un nuevo tractorazo, pero esta vez masivo y con dirección a Posadas.
El Inym es una conquista del sector primario de la producción de la yerba mate.
Arriba de los tractores y camiones, cargados de raídos de hoja verde, la familia yerbatera salió desde diferentes puntos de la tierra colorada por las rutas nacionales con dirección a la capital misionera. Esta multitudinaria movilización ocurrió exactamente un año después del primer tractorazo, el 29 de mayo del 2002.
Aunque llegar no fue fácil. En el camino, la marcha de los tractores fue interrumpida por efectivos de la Policía que buscaban evitar que la protesta avanzara hasta Santa Ana, punto de encuentro que fijaron los colonos de zona Centro y Norte de la provincia, para luego ingresar en caravana a Posadas.
Fue entonces que resolvieron cambiar las coordenadas y encendieron los motores con dirección a Leandro N. Alem, pero al llegar al frente de la Cooperativa Tabacalera en la ruta nacional 14, otro operativo de las fuerzas tenía la orden de no dejarlos pasar.
Tuvieron que acampar y pasar la noche allí, bajo la lluvia y en medio del barro, según describen las crónicas de la época.
La masiva movilización y el operativo eran transmitidos por las radios locales. La situación llegó a oídos de un grupo de taxistas y remiseros obereños que decidieron trasladarse hasta el lugar para respaldar a los productores y, de esta manera, la barrera policial abrió el camino para que la caravana llegara a su destino final.
Al ingresar a la ciudad, los colonos fueron recibidos al calor de los aplausos de los posadeños y a su lucha se unieron docentes, comerciantes, desocupados, médicos, estudiantes, entre otros.
Más de 300 tractores fueron estacionados frente a la Casa de Gobierno en la plaza 9 de Julio. Allí, los productores yerbateros, muchos de ellos acompañados de sus familias, acordaron acampar por tiempo indefinido para hacer visible sus reclamos.
Los unían dos importantes consignas: “Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera”.
Fueron 51 los días que los productores permanecieron firmes en Posadas, acompañados por la solidaridad de la comunidad, con carpas improvisadas, carteles que exponían sus reclamos y banderas de Argentina y Misiones.
El conflicto se desactivó el 13 de julio del 2002, cuando finalmente el presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto reglamentario que puso en marcha el Inym y fin a una de las movilizaciones sociales más importantes de la historia misionera.
La rebelión yerbatera representa una de las movilizaciones más importantes de la historia misionera.
Viejas políticas, mismos resultados
Aunque el sector tuvo altibajos durante la época que le sucedió a la creación del organismo, 23 años después de aquella rebelión agraria en la tierra colorada, nuevamente el principal sustento de más de 13.000 familias yerbateras está en peligro.
Esto se debe a que cuando Javier Milei asumió el gobierno en diciembre del 2023 una de sus primeras medidas como jefe de Estado fue el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que al entrar en vigencia avanzó con la desregulación de la economía argentina, lo que, entre otros puntos fundamentales, quitó la facultad al instituto yerbatero de fijar un precio mínimo para la materia prima.
Los productores piden la restitución de las facultades regulatorias del Inym.
Previamente a perder la potestad regulatoria, el Inym había fijado el precio de referencia desde octubre del 2023 a marzo 2024, quedando en $250 el valor para el kilo de hoja verde y $950 para la canchada.
A partir de la desregulación, el precio quedó liberado a lo que puedan negociar los pequeños productores con los grandes molinos, que comenzaron a pagar precios que rondaban entre los $80 y $180 para el kilo de hoja verde.
En paralelo, el gobierno de Misiones presentó ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa del organismo yerbatero para que se deje sin efecto los artículos del DNU 70 que le quitan las atribuciones regulatorias al Inym, como la potestad de fijar precios para la materia prima.
Cabe recordar que por los altos índices de inflación registrados en diciembre del 2023 (25,5); enero (20,6) y febrero (13,2) del 2024, los costos de producción de la yerba mate, como así en todos los sectores de la agroindustria, aumentaron drásticamente.
Para medidados del 2024, tanto la Justicia Federal como la provincial suspendieron lo impuesto por el DNU con respecto al funcionamiento del Inym y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo.
Pese a ello, la situación continúa igual para las pequeñas familias yerbateras que decidieron parar la cosecha e iniciaron acampes, cortes de ruta y asambleas permanentes en diferentes puntos de la provincia como San Pedro, Oberá, Aristóbulo del Valle, San José y San Vicente.
Acampe yerbatero en San Vicente por un precio justo.
En pie de lucha
El sector denuncia pérdidas millonarias para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada durante el año 2024, mientras que el kilo de yerba mate se mantuvo con altos precios en las góndolas.
El objetivo del conjunto de productores es lograr una pronta respuesta, por parte de las autoridades, exigir a las industrias el pago mínimo de $462 por kilo de hoja verde, ante la caída de precios que impulsó la desregulación del mercado, como también recuperar la intervención del organismo yerbatero.
En busca de una solución, recientemente el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, creó una Mesa Yerbatera Permanente para reunir a todos los representantes de la cadena productiva en la tierra colorada, aunque aún no se ha logrado un consenso en torno al precio de la materia prima.
Mientras todo esto sucede, el Inym quedó como un mero organismo de difusión y promoción de la actividad y acéfalo de presidente hace más de un año, lo que emparenta las movilizaciones de hoy con el reclamo que derivó en aquel masivo tractorazo en el que los colonos salieron victoriosos.
Los colonos están en pie de lucha por el Inym y el precio de la materia prima.
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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