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El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

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El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada.

Pero esta situación no es nueva para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada. El mercado del oro verde estuvo once años sin regulación alguna del Estado, lo que provocó que el sector primario se hundiera en una profunda crisis que estalló en 2002 con una histórica movilización conocida popularmente como “El Tractorazo”.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

Tractores en las rutas y fuera de las chacras.

La Comisión Reguladora

Durante poco más de medio siglo, la actividad estuvo bajo la vigilancia de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), el organismo que nació en 1935 ante la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera que se desató como consecuencia de políticas impulsadas para la colonización agrícola en lo que, por ese entonces, era el Territorio Nacional de Misiones.

La Crym se encargó de controlar la cantidad de yerba mate producida en las plantaciones de Misiones, por lo que la implantación y cosecha del cultivo requerían de la autorización expresa de la comisión. Durante su funcionamiento, ahuyentó el peligro de sobreproducción, además de garantizar precios mínimos de compra por parte de los molinos a los productores.

Para comienzos de los años ochenta y debido a que las medidas implementadas por la Comisión Reguladora habían quedado obsoletas, sumado a la falta de previsión en un periodo caracterizado por la crisis económica, la discusión pública se focalizó en la disolución  o no del organismo y de su Mercado Consignatario.

Finalmente, la Crym fue intervenida en 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y alcanzada por el decreto de desregularización de la economía argentina del presidente Carlos Menem en 1991.

@lavozdemisiones🧉 El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada. #LaVozdeMisiones #Yerbateros #Inym #Misiones #Productores #Tractorazo

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Desregulación y rebelión

Una de las principales consecuencias de la desaparición del organismo yerbatero consistió en que, sin el ente mediador, las cooperativas y pequeños y medianos productores quedaron a merced de las grandes empresas que comenzaron a fijar los precios de la materia prima con condiciones de pago desventajosas, que en algunos casos incluso llegaban a concretarse a 180 días.

La caída del precio del kilo de hoja verde y canchada, entre otras problemáticas, propias de la argentina neoliberal de los 90, marcaron el pulso de la economía en las chacras misioneras, a tal punto que para el 2001 la situación del sector primario de la producción ya no daba para más.

Es así que, ante una crisis creciente, el 29 de mayo del 2001 cientos de familias agrarias sacaron los tractores de las colonias a las rutas para reunirse en el Cruce Karaben, ubicado a pocos kilómetros de Oberá.

Desde allí encendieron su marcha al centro de la Capital del Monte, escenario en el que expusieron las penurias que atravesaban y coincidieron en la necesidad de una institución que regule la actividad y los proteja de los grandes capitales.

En ese encuentro, una de las primeras medidas que resolvieron los productores fue trasladar su reclamo a la plaza 9 de Julio en Posadas, frente a la Casa de Gobierno, para exigir a las autoridades provinciales la intervención en el precio de la materia prima.

Durante 17 días, los colonos plantaron su lucha en la plaza del pueblo y consiguieron, mediante una Mesa de Concentración del sector, la promesa de una Ley yerbatera, un subsidio de 8 millones de pesos para palear la situación y un mejor precio para la materia prima.

Ese primer tractorazo y movilización a la capital provincial marcarían así el inicio de una larga lucha agraria para conseguir respuestas concretas a las necesidades de la familia yerbatera.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo

“Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera” fueron las consignas de la lucha del sector.

El tractorazo

Durante meses, los yerbateros alzaron su reclamo en cada rincón de Misiones, recogiendo el acompañamiento a su lucha de diferentes sectores y vecinos. Estaban cansados y se sentían desprotegidos.

Pero el hartazgo llegó para 2002, cuando el valor del kilo de hoja verde oscilaba entre 2 y 6 centavos, mientras que los colonos exigían como precio de referencia 16 centavos.

La respuesta a la protesta liderada por los productores llegó finalmente el 21 de febrero del 2002, con la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 25.564 que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), un organismo que se encargaría principalmente de fijar un precio anual acordado por unanimidad entre todos los representantes de la cadena productiva.

Sin embargo, la falta de reglamentación del Inym en un contexto de crisis social, económica y política, volvió a arrojar bajos precios para inicios de la cosecha en marzo y el malestar generó un nuevo tractorazo, pero esta vez masivo y con dirección a Posadas.

El Inym es una conquista del sector primario de la producción de la yerba mate.

Arriba de los tractores y camiones, cargados de raídos de hoja verde, la familia yerbatera salió desde diferentes puntos de la tierra colorada por las rutas nacionales con dirección a la capital misionera. Esta multitudinaria movilización ocurrió exactamente un año después del primer tractorazo, el 29 de mayo del 2002.

Aunque llegar no fue fácil. En el camino, la marcha de los tractores fue interrumpida por efectivos de la Policía que buscaban evitar que la protesta avanzara hasta Santa Ana, punto de encuentro que fijaron los colonos de zona Centro y Norte de la provincia, para luego ingresar en caravana a Posadas.

Fue entonces que resolvieron cambiar las coordenadas y encendieron los motores con dirección a Leandro N. Alem, pero al llegar al frente de la Cooperativa Tabacalera en la ruta nacional 14, otro operativo de las fuerzas tenía la orden de no dejarlos pasar.

Tuvieron que acampar y pasar la noche allí, bajo la lluvia y en medio del barro, según describen las crónicas de la época.

La masiva movilización y el operativo eran transmitidos por las radios locales. La situación llegó a oídos de un grupo de taxistas y remiseros obereños que decidieron trasladarse hasta el lugar para respaldar a los productores y, de esta manera, la barrera policial abrió el camino para que la caravana llegara a su destino final.

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Al ingresar a la ciudad, los colonos fueron recibidos al calor de los aplausos de los posadeños y a su lucha se unieron docentes, comerciantes, desocupados, médicos, estudiantes, entre otros.

Más de 300 tractores fueron estacionados frente a la Casa de Gobierno en la plaza 9 de Julio. Allí, los productores yerbateros, muchos de ellos acompañados de sus familias, acordaron acampar por tiempo indefinido para hacer visible sus reclamos.

Los unían dos importantes consignas: “Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera”.

Fueron 51 los días que los productores permanecieron firmes en Posadas, acompañados por la solidaridad de la comunidad, con carpas improvisadas, carteles que exponían sus reclamos y banderas de Argentina y Misiones.

El conflicto se desactivó el 13 de julio del 2002, cuando finalmente el presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto reglamentario que puso en marcha el Inym y fin a una de las movilizaciones sociales más importantes de la historia misionera.

La rebelión yerbatera representa una de las movilizaciones más importantes de la historia misionera.

Viejas políticas, mismos resultados

Aunque el sector tuvo altibajos durante la época que le sucedió a la creación del organismo, 23 años después de aquella rebelión agraria en la tierra colorada, nuevamente el principal sustento de más de 13.000 familias yerbateras está en peligro.

Esto se debe a que cuando Javier Milei asumió el gobierno en diciembre del 2023 una de sus primeras medidas como jefe de Estado fue el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que al entrar en vigencia avanzó con la desregulación de la economía argentina, lo que, entre otros puntos fundamentales, quitó la facultad al instituto yerbatero de fijar un precio mínimo para la materia prima.

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Los productores piden la restitución de las facultades regulatorias del Inym.

Previamente a perder la potestad regulatoria, el Inym había fijado el precio de referencia desde octubre del 2023 a marzo 2024, quedando en $250 el valor para el kilo de hoja verde y $950 para la canchada.

A partir de la desregulación, el precio quedó liberado a lo que puedan negociar los pequeños productores con los grandes molinos, que comenzaron a pagar precios que rondaban entre los $80 y $180 para el kilo de hoja verde.

En paralelo, el gobierno de Misiones presentó ante el Juzgado Federal de Posadas una  medida cautelar en defensa del organismo yerbatero para que se deje sin efecto los artículos del DNU 70 que le quitan las atribuciones regulatorias al Inym, como la potestad de fijar precios para la materia prima.

Cabe recordar que por los altos índices de inflación registrados en diciembre del 2023 (25,5); enero (20,6) y febrero (13,2) del 2024, los costos de producción de la yerba mate, como así en todos los sectores de la agroindustria, aumentaron drásticamente.

Para medidados del 2024, tanto la Justicia Federal como la provincial suspendieron lo impuesto por el DNU con respecto al funcionamiento del Inym y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo.

Pese a ello, la situación continúa igual para las pequeñas familias yerbateras que decidieron parar la cosecha e iniciaron acampes, cortes de ruta y asambleas permanentes en diferentes puntos de la provincia como San Pedro, Oberá, Aristóbulo del Valle, San José y San Vicente.

Acampe yerbatero en San Vicente por un precio justo.

En pie de lucha

El sector denuncia pérdidas millonarias para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada durante el año 2024, mientras que el kilo de yerba mate se mantuvo con altos precios en las góndolas.

El objetivo del conjunto de productores es lograr una pronta respuesta, por parte de las autoridades, exigir a las industrias el pago mínimo de $462 por kilo de hoja verde, ante la caída de precios que impulsó la desregulación del mercado, como también recuperar la intervención del organismo yerbatero.

En busca de una solución, recientemente el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, creó una Mesa Yerbatera Permanente para reunir a todos los representantes de la cadena productiva en la tierra colorada, aunque aún no se ha logrado un consenso en torno al precio de la materia prima.

Mientras todo esto sucede, el Inym quedó como un mero organismo de difusión y promoción de la actividad y acéfalo de presidente hace más de un año, lo que emparenta las movilizaciones de hoy con el reclamo que derivó en aquel masivo tractorazo en el que los colonos salieron victoriosos.

Los colonos están en pie de lucha por el Inym y el precio de la materia prima.

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Desde agosto vuelve Ahora Patente con financiación y descuentos

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Desde agosto vuelve Ahora Patente con financiación y descuentos

El gobierno provincial confirmó el regreso del programa Ahora Patente, que estará vigente desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. La iniciativa permitirá financiar el pago del impuesto a la patente vehicular en hasta 10 cuotas sin interés y ofrecerá un 10% de descuento en los municipios que adhieran al esquema.

El anuncio fue realizado este viernes por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde informó que el beneficio volverá a estar disponible para las familias misioneras durante los últimos cinco meses del año.

El programa alcanzará el pago del impuesto a la patente vehicular en las comunas que decidan adherirse. Los contribuyentes podrán abonar el tributo en hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro, utilizando la plataforma IPA y seleccionando la opción de pago “Macro Click”.

Además del financiamiento, quienes realicen el pago en los municipios adheridos accederán a un 10% de descuento sobre el importe de la patente.

Desde el gobierno provincial aclararon que la vigencia efectiva del beneficio dependerá de la adhesión de cada municipio, por lo que cada comuna deberá incorporarse al programa para ofrecer estas condiciones a sus contribuyentes.

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Movimiento de Pequeños Productores rechaza extranjerización de tierras

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Con un manifiesto titulado “La patria no se vende, la tierra se defiende”, el Movimiento de Pequeños Productores Autoconvocados de San Antonio expresó su rechazo a la posible derogación de la Ley 26.737, que limita la titularidad extranjera de tierras rurales en la Argentina. La organización sostiene que la medida implicaría “la entrega de la soberanía” y pondría en riesgo el futuro de las chacras familiares en la zona de frontera.

El documento, firmado por José Godofrido Ramón, docente y dirigente social, remarca que los integrantes del movimiento son “hijos y nietos de pioneros del extremo noroeste de Misiones” y reivindica el esfuerzo de quienes poblaron y trabajaron la frontera. “No heredamos riquezas; heredamos tierra, trabajo, sacrificio y dignidad”, señala el texto. Además, afirma que la ley “protege nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestras fronteras” y que “la tierra no es una mercancía cualquiera”.

En diálogo con La Voz de Misiones, Ramón sostuvo que existe una fuerte preocupación entre los colonos del departamento General Manuel Belgrano por el avance del proyecto que busca modificar la normativa vigente. “Para nosotros no es nada más ni nada menos que la entrega de la soberanía que tenemos”, afirmó.

“Primero desregularon las economías regionales”

El vocero vinculó el debate sobre la Ley de Tierras con la crisis que atraviesan los pequeños productores, especialmente los yerbateros. Según planteó, el gobierno nacional llevó adelante “un plan sistematizado” que comenzó con la desregulación de las economías regionales y la caída de los precios que reciben los colonos por su producción.

Hoy el producto de la chacra no vale nada. Vinieron por ahí para bajarle el ánimo, para matarlo de hambre y después venir por las tierras”, expresó.

En ese sentido, advirtió que un pequeño productor no puede competir con grandes grupos de inversión y recordó conflictos históricos vinculados a la concentración de la tierra en Misiones. El manifiesto también hace referencia a esas experiencias y señala que la provincia “tiene heridas abiertas y conflictos históricos vinculados al acceso y la tenencia de la tierra”.

Críticas a los senadores misioneros

Ramón cuestionó especialmente a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes acusó de haber prometido defender al pequeño productor durante la campaña electoral. “Estuvieron en campaña comprometiéndose con ayudar al minifundista y ahora se esconden, no atienden el teléfono”, sostuvo.

El dirigente reclamó que ambos legisladores rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Senado y consideró que “ya no tendrían que haber aceptado el trabajo en comisión ni dar quórum”.

También dirigió críticas al senador Martín Goerling, al señalar que “salió a decir que esto es un beneficio para la provincia” y pidió que explique “cuál es el beneficio para los colonos”.

Frontera, seguridad y capitales extranjeros

Uno de los ejes centrales del planteo es la situación de las tierras en zonas fronterizas. Ramón aseguró que el departamento General Manuel Belgrano se encuentra cerca del límite permitido de propiedad extranjera y advirtió sobre el avance de capitales brasileños en áreas rurales próximas a la frontera.

La frontera no se defiende solo con fuerzas de seguridad. Se defiende con colonos, productores, docentes y familias que viven y trabajan en ella”, afirmó, en línea con lo expresado en el manifiesto del movimiento.

El dirigente sostuvo que una mayor concentración de tierras en manos extranjeras podría favorecer actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico o la trata de personas, además de afectar recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad.

Respaldo al pronunciamiento de Passalacqua

Consultado sobre la postura del gobernador Hugo Passalacqua, quien en distintas actividades públicas manifestó su rechazo a la derogación de la Ley 26.737 y anticipó que solicitará a los senadores misioneros votar en contra, Ramón valoró esa definición política.

“Celebramos que el gobernador se haya manifestado y se haya preocupado por este tema. Eso nos da una esperanza de seguir luchando”, indicó.

Para el dirigente, los senadores nacionales “son la voz y el voto del gobierno de la provincia en el Senado” y, por lo tanto, deberían actuar en consonancia con la posición expresada por el Ejecutivo misionero.

Jóvenes, escuelas rurales y movilización

Ramón aseguró que la preocupación también alcanza a los jóvenes de las colonias. Señaló que muchas familias atraviesan serias dificultades económicas y que algunos chicos deben dejar la escuela para ayudar en las tareas de la chacra.

“No pueden comprarse una zapatilla, un cuaderno o los útiles para ir a la escuela. Es sumamente grave lo que está pasando hoy”, afirmó.

El manifiesto advierte que la desaparición de los pequeños productores no solo implica la pérdida de una unidad productiva, sino también el cierre de escuelas rurales, la emigración de los jóvenes y el vaciamiento de las colonias. “Cuando desaparece un pequeño productor no solamente se pierde una chacra. Se pierde una escuela rural, una familia en el campo, trabajo, producción, cultura y soberanía“, sostiene el documento.

El movimiento adelantó que analiza realizar un banderazo y movilizaciones para visibilizar el rechazo al proyecto y convocó a la sociedad misionera a “levantar la voz” en defensa de la tierra y de la agricultura familiar.

“La tierra misionera no se vende”

En el tramo final del manifiesto, los productores remarcan que su reclamo “no tiene dueño ni color partidario” y que su única aspiración es que las futuras generaciones puedan seguir viviendo y trabajando en las chacras heredadas de sus abuelos. El texto concluye con una definición que resume el espíritu de la convocatoria: “La tierra misionera no se vende. La soberanía no se negocia. Las fronteras se cuidan”.

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Fiscal pidió dejar sin efecto el desalojo de comunidad mbya en Garuhapé

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puente quemado ii

La Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico dictaminó que debe dejarse sin efecto el desalojo ejecutado el martes pasado sobre la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, al considerar que la medida fue concretada mientras permanecía pendiente de resolución un recurso de apelación presentado por la defensa.

El pronunciamiento, difundido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), fue emitido por el fiscal Héctor Simón, quien sostuvo que la ejecución del desalojo carecía de sustento mientras la Cámara de Apelaciones no resolviera la apelación interpuesta contra la orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena.

De acuerdo con el dictamen, la apelación presentada por la comunidad tenía efecto suspensivo, por lo que el procedimiento no debía llevarse adelante hasta que el tribunal de alzada se expidiera sobre la cuestión.

En su presentación, Simón calificó la medida como de “extrema gravedad institucional”, al tratarse del “desplazamiento inmediato de una Comunidad Indígena”, y sostuvo que una decisión de esa naturaleza exige un análisis especialmente riguroso de los derechos involucrados.

Para la fiscalía, el caso “evidencia la existencia de un conflicto jurídico de mayor complejidad que el de una mera controversia posesoria”, por lo que antes de ejecutar el desalojo debían analizarse integralmente los derechos territoriales indígenas protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

El desalojo se concretó el martes bajo órdenes del juez Roberto Sena.

El conflicto

La disputa se originó a partir de un reclamo del empresario forestal Alfredo Ruff, quien solicitó la restitución de los lotes 71 y 78 de la fracción Cañafístola mediante una medida cautelar por presunta usurpación.

La comunidad, por su parte, sostiene que esas tierras forman parte de su territorio ancestral y recuerda que fueron relevadas en el marco de la Ley Nacional 26.160, además de invocar las garantías previstas en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La defensa también cuestionó que una medida cautelar haya derivado, en los hechos, en un desalojo antes de que exista una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial.

Pedido de informes

La novedad judicial se conoce un día después de que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes informaran que solicitaron explicaciones a la Justicia por el operativo, al señalar que ninguno de los organismos fue notificado previamente sobre su ejecución.

En un comunicado conjunto, ambos organismos indicaron que requirieron conocer el alcance de la medida y anticiparon que, si se verifican afectaciones a derechos de la comunidad mbya, evaluarán las acciones institucionales que correspondan dentro de sus competencias.

Asuntos Guaraníes pidió informes por desalojo en Puente Quemado II

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