Provinciales
El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo
El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada.
Pero esta situación no es nueva para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada. El mercado del oro verde estuvo once años sin regulación alguna del Estado, lo que provocó que el sector primario se hundiera en una profunda crisis que estalló en 2002 con una histórica movilización conocida popularmente como “El Tractorazo”.

Tractores en las rutas y fuera de las chacras.
La Comisión Reguladora
Durante poco más de medio siglo, la actividad estuvo bajo la vigilancia de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), el organismo que nació en 1935 ante la primera gran crisis de sobreproducción yerbatera que se desató como consecuencia de políticas impulsadas para la colonización agrícola en lo que, por ese entonces, era el Territorio Nacional de Misiones.
La Crym se encargó de controlar la cantidad de yerba mate producida en las plantaciones de Misiones, por lo que la implantación y cosecha del cultivo requerían de la autorización expresa de la comisión. Durante su funcionamiento, ahuyentó el peligro de sobreproducción, además de garantizar precios mínimos de compra por parte de los molinos a los productores.
Para comienzos de los años ochenta y debido a que las medidas implementadas por la Comisión Reguladora habían quedado obsoletas, sumado a la falta de previsión en un periodo caracterizado por la crisis económica, la discusión pública se focalizó en la disolución o no del organismo y de su Mercado Consignatario.
Finalmente, la Crym fue intervenida en 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y alcanzada por el decreto de desregularización de la economía argentina del presidente Carlos Menem en 1991.
@lavozdemisiones🧉 El sector yerbatero de Misiones está en pie de lucha por la abrupta caída del precio de la materia prima a partir del mega DNU del presidente Javier Milei que desreguló la economía argentina y, en consecuencia, le quitó varias facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas, la de fijar un valor mínimo para el kilo de hoja verde y canchada. #LaVozdeMisiones #Yerbateros #Inym #Misiones #Productores #Tractorazo
Desregulación y rebelión
Una de las principales consecuencias de la desaparición del organismo yerbatero consistió en que, sin el ente mediador, las cooperativas y pequeños y medianos productores quedaron a merced de las grandes empresas que comenzaron a fijar los precios de la materia prima con condiciones de pago desventajosas, que en algunos casos incluso llegaban a concretarse a 180 días.
La caída del precio del kilo de hoja verde y canchada, entre otras problemáticas, propias de la argentina neoliberal de los 90, marcaron el pulso de la economía en las chacras misioneras, a tal punto que para el 2001 la situación del sector primario de la producción ya no daba para más.
Es así que, ante una crisis creciente, el 29 de mayo del 2001 cientos de familias agrarias sacaron los tractores de las colonias a las rutas para reunirse en el Cruce Karaben, ubicado a pocos kilómetros de Oberá.
Desde allí encendieron su marcha al centro de la Capital del Monte, escenario en el que expusieron las penurias que atravesaban y coincidieron en la necesidad de una institución que regule la actividad y los proteja de los grandes capitales.
En ese encuentro, una de las primeras medidas que resolvieron los productores fue trasladar su reclamo a la plaza 9 de Julio en Posadas, frente a la Casa de Gobierno, para exigir a las autoridades provinciales la intervención en el precio de la materia prima.
Durante 17 días, los colonos plantaron su lucha en la plaza del pueblo y consiguieron, mediante una Mesa de Concentración del sector, la promesa de una Ley yerbatera, un subsidio de 8 millones de pesos para palear la situación y un mejor precio para la materia prima.
Ese primer tractorazo y movilización a la capital provincial marcarían así el inicio de una larga lucha agraria para conseguir respuestas concretas a las necesidades de la familia yerbatera.

“Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera” fueron las consignas de la lucha del sector.
El tractorazo
Durante meses, los yerbateros alzaron su reclamo en cada rincón de Misiones, recogiendo el acompañamiento a su lucha de diferentes sectores y vecinos. Estaban cansados y se sentían desprotegidos.
Pero el hartazgo llegó para 2002, cuando el valor del kilo de hoja verde oscilaba entre 2 y 6 centavos, mientras que los colonos exigían como precio de referencia 16 centavos.
La respuesta a la protesta liderada por los productores llegó finalmente el 21 de febrero del 2002, con la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 25.564 que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), un organismo que se encargaría principalmente de fijar un precio anual acordado por unanimidad entre todos los representantes de la cadena productiva.
Sin embargo, la falta de reglamentación del Inym en un contexto de crisis social, económica y política, volvió a arrojar bajos precios para inicios de la cosecha en marzo y el malestar generó un nuevo tractorazo, pero esta vez masivo y con dirección a Posadas.

El Inym es una conquista del sector primario de la producción de la yerba mate.
Arriba de los tractores y camiones, cargados de raídos de hoja verde, la familia yerbatera salió desde diferentes puntos de la tierra colorada por las rutas nacionales con dirección a la capital misionera. Esta multitudinaria movilización ocurrió exactamente un año después del primer tractorazo, el 29 de mayo del 2002.
Aunque llegar no fue fácil. En el camino, la marcha de los tractores fue interrumpida por efectivos de la Policía que buscaban evitar que la protesta avanzara hasta Santa Ana, punto de encuentro que fijaron los colonos de zona Centro y Norte de la provincia, para luego ingresar en caravana a Posadas.
Fue entonces que resolvieron cambiar las coordenadas y encendieron los motores con dirección a Leandro N. Alem, pero al llegar al frente de la Cooperativa Tabacalera en la ruta nacional 14, otro operativo de las fuerzas tenía la orden de no dejarlos pasar.
Tuvieron que acampar y pasar la noche allí, bajo la lluvia y en medio del barro, según describen las crónicas de la época.
La masiva movilización y el operativo eran transmitidos por las radios locales. La situación llegó a oídos de un grupo de taxistas y remiseros obereños que decidieron trasladarse hasta el lugar para respaldar a los productores y, de esta manera, la barrera policial abrió el camino para que la caravana llegara a su destino final.

Al ingresar a la ciudad, los colonos fueron recibidos al calor de los aplausos de los posadeños y a su lucha se unieron docentes, comerciantes, desocupados, médicos, estudiantes, entre otros.
Más de 300 tractores fueron estacionados frente a la Casa de Gobierno en la plaza 9 de Julio. Allí, los productores yerbateros, muchos de ellos acompañados de sus familias, acordaron acampar por tiempo indefinido para hacer visible sus reclamos.
Los unían dos importantes consignas: “Precio justo” y “dignidad para la familia yerbatera”.

Fueron 51 los días que los productores permanecieron firmes en Posadas, acompañados por la solidaridad de la comunidad, con carpas improvisadas, carteles que exponían sus reclamos y banderas de Argentina y Misiones.
El conflicto se desactivó el 13 de julio del 2002, cuando finalmente el presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto reglamentario que puso en marcha el Inym y fin a una de las movilizaciones sociales más importantes de la historia misionera.

La rebelión yerbatera representa una de las movilizaciones más importantes de la historia misionera.
Viejas políticas, mismos resultados
Aunque el sector tuvo altibajos durante la época que le sucedió a la creación del organismo, 23 años después de aquella rebelión agraria en la tierra colorada, nuevamente el principal sustento de más de 13.000 familias yerbateras está en peligro.
Esto se debe a que cuando Javier Milei asumió el gobierno en diciembre del 2023 una de sus primeras medidas como jefe de Estado fue el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que al entrar en vigencia avanzó con la desregulación de la economía argentina, lo que, entre otros puntos fundamentales, quitó la facultad al instituto yerbatero de fijar un precio mínimo para la materia prima.

Los productores piden la restitución de las facultades regulatorias del Inym.
Previamente a perder la potestad regulatoria, el Inym había fijado el precio de referencia desde octubre del 2023 a marzo 2024, quedando en $250 el valor para el kilo de hoja verde y $950 para la canchada.
A partir de la desregulación, el precio quedó liberado a lo que puedan negociar los pequeños productores con los grandes molinos, que comenzaron a pagar precios que rondaban entre los $80 y $180 para el kilo de hoja verde.
En paralelo, el gobierno de Misiones presentó ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa del organismo yerbatero para que se deje sin efecto los artículos del DNU 70 que le quitan las atribuciones regulatorias al Inym, como la potestad de fijar precios para la materia prima.
Cabe recordar que por los altos índices de inflación registrados en diciembre del 2023 (25,5); enero (20,6) y febrero (13,2) del 2024, los costos de producción de la yerba mate, como así en todos los sectores de la agroindustria, aumentaron drásticamente.
Para medidados del 2024, tanto la Justicia Federal como la provincial suspendieron lo impuesto por el DNU con respecto al funcionamiento del Inym y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el fallo.
Pese a ello, la situación continúa igual para las pequeñas familias yerbateras que decidieron parar la cosecha e iniciaron acampes, cortes de ruta y asambleas permanentes en diferentes puntos de la provincia como San Pedro, Oberá, Aristóbulo del Valle, San José y San Vicente.

Acampe yerbatero en San Vicente por un precio justo.
En pie de lucha
El sector denuncia pérdidas millonarias para el pequeño y mediano productor de la tierra colorada durante el año 2024, mientras que el kilo de yerba mate se mantuvo con altos precios en las góndolas.
El objetivo del conjunto de productores es lograr una pronta respuesta, por parte de las autoridades, exigir a las industrias el pago mínimo de $462 por kilo de hoja verde, ante la caída de precios que impulsó la desregulación del mercado, como también recuperar la intervención del organismo yerbatero.
En busca de una solución, recientemente el Ministerio del Agro y la Producción, a cargo de Facundo López Sartori, creó una Mesa Yerbatera Permanente para reunir a todos los representantes de la cadena productiva en la tierra colorada, aunque aún no se ha logrado un consenso en torno al precio de la materia prima.
Mientras todo esto sucede, el Inym quedó como un mero organismo de difusión y promoción de la actividad y acéfalo de presidente hace más de un año, lo que emparenta las movilizaciones de hoy con el reclamo que derivó en aquel masivo tractorazo en el que los colonos salieron victoriosos.

Los colonos están en pie de lucha por el Inym y el precio de la materia prima.
Provinciales
La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam
El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.
El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).
En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.
En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.
Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.
Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.
De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.
Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam
Provinciales
Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II
Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua.
Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.
“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.
Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.
“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.
Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.
Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.
“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.
Provinciales
Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
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