Las siete familias que integran la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron este domingo al predio del que fueron desalojadas el pasado martes 28 de julio en la localidad de Garuhapé.

La ilegalidad del procedimiento había sido advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución de la medida ordenada por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.

El viernes pasado también se produjo una mesa de diálogo entre el cacique Santiago Ramos, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Guaraníes y la empresa Arauco, donde acordaron realizar mejoras habitacionales para la comunidad, como la instalación de un pozo perforado y paneles solares.

Finalmente, este domingo las familias de Puente Quemado II regresaron al predio que habitan desde hace varios años, cuyo territorio fue relevado en el marco de la Ley 26.160 en 2013, aunque sigue siendo objeto de denuncias por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.

“Puente Quemado II recuperó pacíficamente, una vez más, su territorio ancestral tras un desalojo cuya ilegalidad fue advertida por el Ministerio Público Fiscal y exige garantías para la seguridad de la Comunidad”, confirmó el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) a través de un comunicado.

Y añadieron: “La Comunidad reafirma que este territorio le pertenece ancestralmente y que sus derechos se encuentran respaldados por el relevamiento territorial realizado en el marco de la legislación nacional vigente”.

En este sentido, aseguraron que el desalojo fue ejecutado pese a que la defensa había interpuesto un recurso de apelación que debía ser remitido previamente al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, esa intervención no se produjo antes de la medida. Posteriormente, el fiscal solicitó dejar sin efecto el desalojo, poniendo en evidencia las graves irregularidades del procedimiento.

“Exigimos al Gobierno de la Provincia de Misiones y a las fuerzas de seguridad que garanticen la integridad y la seguridad de las familias de Puente Quemado II. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier hecho de violencia, hostigamiento o vulneración de derechos que pudiera producirse”, reclamaron desde Emipa.

Puente Quemado II: un territorio en pugna, un camión jaula y un desalojo apelado

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El avance del modelo extractivista y el despojo de comunidades originarias sumó un nuevo capítulo esta semana tras el desalojo de siete familias mbya guaraní que integran Puente Quemado II, en la localidad misionera de Garuhapé. La medida se cumplió por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, en respuesta al pedido de restitución de lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.

El accionar no solo fue cuestionado por haberse ejecutado sin una orden judicial vigente, sino también por la forma, vulnerando los derechos de los niños, jóvenes y adultos que integran la comunidad e incluso la misma condición de seres humanos, al ser expulsados por la fuerza y trasladados en medio de todas sus pertenencias dentro de un camión jaula no apto para la circulación.

La orden había sido dictada el 17 de julio pasado por el juez Sena, quien autorizó el ingreso de la fuerza pública para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la titularidad definitiva del territorio no había sido resuelta.

Inicialmente, el operativo estaba previsto para ese mismo día, pero fue suspendido provisoriamente por un amparo presentado por los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), medida que otorgó un alivio a la comunidad, aunque nunca dejó sin efecto la orden judicial que finalmente se concretó el martes 28 de julio.

A 48 horas del procedimiento la irregularidad del desalojo había llegado a los ojos de organizaciones tanto locales, como nacionales e internacionales ante la violación de los derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que tanto la Justicia como los organismos vinculantes se vieron obligados a dejar sin efecto la medida -ya ejecutada- dando lugar a nuevas mesas de diálogo entre las partes involucradas.

Pese a que en el año 2013 el territorio había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, esta fue la segunda vez en el año que Puente Quemado II es vulnerada por la fuerza.

La primera fue en mayo pasado cuando, en un intento de desalojo, fueron demorados en la comisaría local el cacique Santiago Ramos junto a otros siete hombres de la comunidad, quienes fueron trasladados en las carrocerías de camionetas, junto a mujeres y niños, por una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y ejecutada por efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV.

Esa demora se había prolongado por casi doce horas y se efectuó a solo una semana del viaje realizado por la referente mbya Keila Zaya, a Nueva York, donde disertó ante la sede norteamericana de la ONU, junto a la abogada Roxana Rivas, sobre el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y las empresas forestales, Arauco y Forestal Ruff, que acechan la zona hace varios años.

Inicialmente la comunidad contaba con 600 hectáreas, de las cuales casi la mitad fueron ocupadas por las empresas forestales. Hoy quedan 331 hectáreas relevadas por la Ley 26.160

Nuevas mesas de diálogo

A 48 horas del desalojo, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y la Dirección de Asuntos Guaraníes aseguraron que ambos no fueron notificados previamente sobre el desalojo, por lo que se solicitaron a las autoridades judiciales un pedido de informe, a fin de conocer los detalles y el alcance de la medida efectuada.

Finalmente, el pasado viernes 31 de julio, se concretó una mesa de diálogo en el predio de la comunidad Puente Quemado II a fin de avanzar en la resolución del conflicto territorial.

Del encuentro participaron: el cacique Santiago Ramos, la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre, el director de Asuntos Guaraníes Francisco Rodríguez y representantes del Consejo de Caciques, del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), de Arauco Argentina S.A., de la Municipalidad de Garuhapé y del Centro Judicial de Mediación (Cejume) del Poder Judicial de Misiones.

El objetivo fue “continuar construyendo acuerdos y avanzar en respuestas concretas a las necesidades planteadas por la comunidad”, según informaron desde la cartera de DDHH, desde donde también señalaron que “la reunión se desarrolló en continuidad con un proceso de trabajo de larga data que ambos organismos vienen impulsando en articulación con las distintas instituciones involucradas”.

Mesa de diálogo concretada el viernes 31 de julio

De esta manera, las familias no solo regresaron al espacio, sino que también podrán acceder a nuevos servicios. Según consta el mismo documento emitido por el organismo provincial “las partes suscribieron un acta en la que se establecieron acciones concretas para garantizar el acceso al agua de las familias que integran la comunidad”.

Y agrega: “En ese marco, Arauco Argentina S.A., en articulación con la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, llevará adelante la perforación de un pozo de agua. Asimismo, la mencionada Dirección y la Municipalidad de Garuhapé avanzarán en la instalación de paneles solares que permitirán el funcionamiento de las bombas de extracción, garantizando un sistema de abastecimiento de agua seguro y sostenible y, además, proveerán energía eléctrica a toda la comunidad, mejorando las condiciones de vida de las familias que la integran”.

Al finalizar, convocaron a una nueva reunión para la próxima semana a fin de abordar la situación derivada del desalojo de familias de Puente Quemado II, de la que participarán representantes de la Policía de Misiones, del Ministerio de Gobierno, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Municipalidad de Garuhapé, de la parte propietaria del inmueble, del Consejo de Caciques, caciques de otras comunidades mbya guaraní y un intérprete, “con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo que contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas, en un marco de respeto mutuo y de garantía de los derechos de todas las partes involucradas”.

Desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II el martes 28 de julio

Repercusiones

La Fundación para la defensa del ambiente (Funam), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de “escándalo judicial” lo sucedido en Garuhapé.

Ante esto, se movilizaron premiados con el Nobel Alternativo de todo el mundo y organismos internacionales para exigir al gobierno de Misiones que se reinstale a la comunidad en el sitio del cual fue desalojada y se repare lo dañado. También solicitan que se denuncie penalmente al empresario Alfredo Ruff, y se promueva juicio de destitución contra el juez Sena, quien ordenó el desalojo.

Simultáneamente, Puente Quemado II recibió el apoyo, entre otras organizaciones mundiales, del Movimiento Cooperativo Internacional (MCI), que tiene su sede en Ginebra, Suiza.

La presidenta del MCI, Florence Nuoffer, y el secretario general de la organización, Aurélien Stoll, reafirmaron “el respaldo incondicional de su organización a la comunidad en la defensa de sus derechos”. En el comunicado, difundido a nivel mundial, la presidenta y secretario general del MCI indicaron que “el despojo territorial y la criminalización de sus integrantes constituyen graves violaciones a las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Por su parte, Raúl Montenegro, profesor e investigador en universidades argentinas y del exterior, quien recibió en Suecia el premio Nobel Alternativo en 2004, consideró que “el escándalo judicial desencadenado por un juez que viola la ley no es un hecho aislado”.

En ese sentido, apuntó contra el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff y la Justicia: “Tratan, con total impunidad, de despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales y selva para implantar forestaciones artificiales. No olvidemos la invasión, desmonte y atropellos que ya venía sufriendo la comunidad de Puente Quemado II por parte de la empresa chilena Arauco. Está claro que para el gobierno y para las corporaciones una actividad extractiva que expulsa comunidades y empobrece el frágil suelo laterítico de Misiones es más importante que el llanto de los niños Mbya”.

Luego, continuó: “A nivel internacional causó indignación ver las imágenes de la Policía misionera sacando sin la más mínima humanidad a las familias de sus viviendas, y cargando sus pertenencias en un camión. Cuesta creer que en nombre de la ley se actúe violándola. No debe permitirse que un juez pisotee la constitución y una convención con jerarquía superior a las leyes del país”.

Para finalizar, se preguntó: “¿Por qué la crueldad e ilegalidad institucional pueden coexistir tan impunemente en Misiones?. Si el juez Roberto Antonio Sena, el gobierno de Misiones, el empresario Alfredo Ruff ,y la compañía chilena Arauco creen que sus atropellos a los derechos humanos pasarán desapercibidos, se equivocan. Sus nombres y malas decisiones ya circulan internacionalmente como una cruel muestra del genocidio silencioso que sigue ocurriendo en una provincia de Argentina. Más aún, los consumidores de productos con materias primas producidas por Arauco también castigarán tanta crueldad e impunidad”.

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La 29° Feria Provincial de Semillas de Misiones se realizó este viernes 31 de julio en el Club de Caza y Pesca de Aristóbulo del Valle, donde más de 800 personas participaron de intercambios, comercialización de productos y actividades vinculadas a la agroecología, la soberanía alimentaria y la cultura de la “Pachamama”.

Con un espiral de plantas, flores y semillas coronado por un altar en el centro del predio, la jornada comenzó con una ceremonia simbólica de agradecimiento a la tierra, al agua y a la luz. La edición previa a los 30 años de la feria estuvo atravesada por un clima festivo, pero también por una fuerte carga de reivindicación social y política.

“La semilla es vida y atraviesa todos los aspectos de nuestra sociedad. Por eso la semilla es política”, resumieron desde la organización durante la apertura.

La semilla política

Como ocurre con muchas manifestaciones sociales en Misiones en este contexto, el encuentro estuvo marcado por definiciones vinculadas a la defensa del territorio. Participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, en representación del gobernador Hugo Passalacqua; el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; y el intendente de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donal.

Durante su intervención, el ministro coordinador de Gabinete, Sartori, reiteró públicamente la posición del gobierno provincial contra la modificación de la legislación sobre tierras y vinculó la defensa de las semillas con la defensa del territorio misionero.

“La tierra nuestra debemos cuidarla. Hay que trabajar todos los días para fortalecer nuestras raíces y para que Misiones crezca a través de la agricultura familiar, que es lo que nos potencia y nos da vida”, expresó.

El funcionario también transmitió el pedido del gobernador a los legisladores nacionales para que acompañen “los intereses de los misioneros” frente al debate sobre la extranjerización de tierras.

“El gobernador está en defensa de la tierra; por eso llamamos a los senadores del país a que no aprueben el capítulo tres, donde se establece que la tierra pueda quedar en manos de capitales extranjeros. La tierra es nuestra y debemos cuidarla”, advirtió.

Autoridades en el acto de Apertura de la 29º Feria de Semilla provincial. (Fotos gentileza de la Organización del evento)

Cuidar la tierra para la semilla

En medio de la feria, la Multisectorial de Misiones anunció una convocatoria para el jueves 6 de agosto en Posadas, con una concentración en el histórico mástil a partir de las 16 horas y posterior marcha hacia la plaza 9 de Julio.

Los referentes sociales advirtieron sobre un proceso de “recolonización” impulsado por capitales extranjeros vinculados al control de la tierra, el agua, la energía y las materias primas.

“Vienen por nuestra tierra, por nuestra agua y por nuestra materia prima”, señalaron durante la convocatoria.

La defensa del territorio apareció así como el eje que articuló otras luchas históricas de la provincia, desde el No a Corpus hasta los reclamos del sector yerbatero.

Tierra, Corpus y yerba 

La defensa de la tierra, el rechazo a las represas y la regulación de la actividad yerbatera fueron tres de los temas que sobrevolaron la 29° Feria Provincial de Semillas. No se trató de debates nuevos para Misiones, sino de discusiones históricas que muchos creían saldadas y que hoy vuelven a instalarse en la agenda pública.

Fue Gerardo Segovia, uno de los organizadores históricos de la feria, quien vinculó explícitamente esas tres luchas y advirtió que forman parte de una misma disputa por el territorio y los bienes comunes de la provincia.

“Así como desde el 96 venimos luchando contra los transgénicos, también luchamos para que los ríos sean libres, que no haya más represas. Acá están todos los movimientos sociales antirrepresas, anti extranjerización y antidesalojos de las comunidades originarias, todos juntos a favor de la vida”, expresó.

La discusión más presente durante la jornada fue la defensa del territorio frente a la posibilidad de avanzar con modificaciones que permitan una mayor extranjerización de las tierras. Para los organizadores y participantes de la feria, el debate no es solamente jurídico o económico, sino que involucra la soberanía, la producción de alimentos y la permanencia de las comunidades campesinas e indígenas en sus territorios.

Pero también reapareció el fantasma de Corpus. A más de 30 años del plebiscito de 1996, en el que los misioneros rechazaron la construcción de nuevas represas sobre el río Paraná, referentes sociales y ambientales advirtieron sobre el resurgimiento de proyectos hidroeléctricos y recordaron que la defensa de los ríos libres sigue siendo una bandera vigente para amplios sectores de la provincia.

La tercera lucha que volvió a resonar fue la del sector yerbatero. Mientras productores y trabajadores reclaman desde hace más de tres años por las consecuencias de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), muchos de los presentes recordaron que fue precisamente la movilización de los productores, con el histórico tractorazo de 2001, la que permitió la sanción de la ley que creó el organismo en 2002.

Segovia consideró que no es casual que vuelvan a discutirse temas que parecían resueltos para la sociedad misionera: “Nos preguntamos qué mundo queremos. Lo más contundente es que hoy la gente vuelve a decir que los representantes deben cuidar el territorio misionero y la vida de los misioneros”.

Veintitrés años después de aquella conquista yerbatera, las facultades del Inym vuelven a estar en discusión y el sector enfrenta una de las crisis más profundas de las últimas décadas. La caída del precio de la hoja verde, la pérdida de herramientas de regulación y el reclamo de una Ley de Emergencia Yerbatera muestran que una pelea que parecía superada vuelve hoy a ponerse en juego.

Más de 800 personas disfrutaron de la jornada.

“Las semillas en manos de agricultores, eso es libertad”

Uno de los organizadores históricos de la feria, Gerardo Segovia, integrante de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y del Movimiento Nacional de Yriart, destacó la magnitud de la convocatoria y el carácter político del encuentro.

“Conservar semillas es un acto político, es una posición social porque la semilla es la base de la vida”, afirmó.

Segovia recordó que el movimiento nació hace casi tres décadas y que hoy reúne a agricultores familiares, pueblos originarios, jóvenes de la neorruralidad, organizaciones sociales e instituciones públicas que todavía acompañan estos espacios.

“Lo que se ve acá es una revolución de la vida. Si las semillas están en manos de los agricultores, nosotros decimos que eso es libertad”, sostuvo.

También vinculó la defensa de las semillas con el rechazo a los transgénicos, las represas y los procesos de concentración económica: “El acto de comer es un acto político. Hay un modelo basado en corporaciones y otro basado en agricultores que comparten semillas, saberes y alimentos sanos”.

El referente destacó además la participación masiva de comunidades originarias, jóvenes que vuelven a la tierra y productores de distintos municipios de Misiones, incluso en un contexto económico adverso.

“En cada semilla hay una historia para contar de un agricultor y de generaciones enteras. Esta feria demuestra que todavía existe otro modelo posible, basado en compartir y no en privatizar la vida”, señaló.

Resistencia, amor y soberanía alimentaria

Otra de las referentes de la organización, Laura Vanesa Reyes, del Movimiento Semillero, definió a la feria como una demostración de que las comunidades rurales siguen organizadas pese a las dificultades económicas y los cambios de políticas públicas.

“Creo que esta feria significa que estamos vivos, que tenemos capacidad de resistencia, resiliencia y mucho amor por nuestra tierra y nuestras semillas”, expresó.

Para Reyes, el encuentro es “profundamente político y espiritual”, porque fortalece la soberanía alimentaria, la agroecología y el buen vivir, además de tejer redes con organizaciones de Brasil, Paraguay, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.

“No es solo lucha; también es la dicha de decir: acá estamos, organizados y sosteniendo lo que queremos ser”, afirmó.

La dirigente subrayó además que la autonomía de los productores no implica negar el rol del Estado: “Somos independientes y autónomos, pero el Estado tiene un rol que cumplir en las políticas que hacen a la vida, al alimento y a la nutrición”.

Reyes valoró la presencia de organismos como el Inta y áreas vinculadas a la agricultura familiar, aunque reconoció que muchas de esas instituciones atraviesan un momento de debilitamiento.

“Nos sostenemos más allá de las condiciones actuales, pero eso no significa que el Estado no deba estar presente en las políticas que garantizan alimento sano, producción local y arraigo rural”, remarcó.

Una fiesta camino a las tres décadas 

La feria volvió a mostrar la vigencia de un movimiento que se mantiene desde hace casi tres décadas gracias al trabajo de guardianes y guardianas de semillas, agricultores familiares, comunidades originarias y organizaciones territoriales.

Durante toda la jornada se realizaron intercambios de semillas nativas y criollas, charlas, ferias de productos agroecológicos y espacios de encuentro entre productores, técnicos, jóvenes rurales y referentes sociales de distintos puntos de la provincia y de países vecinos.

En un contexto de crisis económica y de debate sobre el modelo productivo del país, la 29° Feria Provincial de Semillas dejó una definición que atravesó toda la jornada: “defender la semilla es defender la tierra, la alimentación y la soberanía de los pueblos”.

Y mientras las discusiones sobre territorio, yerba mate y recursos naturales vuelven al centro de la escena política misionera, en Aristóbulo del Valle se plantó una certeza compartida: “Este encuentro es un acto de resistencia y de amor por la vida”.

Aristóbulo del Valle: se realizará la 29° Feria Provincial de Semillas Nativas

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