Provinciales
Dos guardaparques confirmaron que Rovira, Derna y Díaz sabían de las coimas en Ecología
POSADAS. Dos guardaparques confirmaron hoy que los exministros de Ecología, Viviana Rovira y Verónica Derna, además del actual, Juan Manuel Díaz, sabían de las andanzas de cuatro funcionarios de esta cartera que fueron detenidos al ser sorprendidos “in fraganti” cobrando una coima.
El incidente fue protagonizado el viernes pasado por Jorge Mario Zapata, director de Control Forestal; Claudio Daniel Mieth, jefe del Departamento de Control Fijo, además de Héctor Oscar Wolhein y Juan Carlos González, estos últimos de la Unidad de Fiscalización Ambiental, todos de la misma cartera.
Los cuatro fueron denunciados por un agricultor a quien amenazaron con una multa de 500 mil pesos por un supuesto “rozado” sin autorización, pero le dieron la posibilidad de evitar la infracción si en forma inmediata les entregaba 80 mil pesos, a lo que el presunto infractor accedió y denunció a los funcionarios.
Al respecto, el guardaparque Diego Ciarmiello dijo que las irregularidades descubiertas “forman parte de este escenario gris y más oscuro que tiene como víctima a la selva misionera”, reivindicando la tarea que realiza con sus compañeros en defensa del ambiente.
Recordó que “en 2014 la ministra (Viviana) Rovira creó esta unidad y en la misma resolución nombró a estos funcionarios” que fueron detenidos, tratándose de “una unidad transversal a toda la organización del Ministerio, respondían solo a la ministra y a un subsecretario”.
Ciarmello añadió que se trata de las mismas personas que “están involucradas en las denuncias de desmonte de la zona de Urugua-í; en las amenazas de muerte a (inspector del mismo organismo, Mario) Meza. Siempre supimos que hay una enorme falla en el control”, señaló.
Posteriormente atribuyó las irregularidades a un “funcionamiento desprolijo, pero la política de Estado de precarización da a lugar a las coimas. Es un grupo de tareas vinculado a tres ministros: fue creado por Rovira; denunciado durante la gestión de Derna y sale a la luz con Díaz”, todos ministros de Ecología.
Ciarmiello señaló que “el sector forestal viene soportando estos manejos y este señor (el denunciante) se animó, tuvo la valentía y hoy el gobernador debería convocar a todos a denunciar esto que pasa ya desde 2014 y nadie se anima. La gente tiene miedo”.
Al ser consultado acerca de la responsabilidad que le pudiera caber a Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial, quien “desde la etapa de Rovira, siempre estuvo en el mismo cargo”.
En tanto Javier Báez, guardaparque y delegado gremial de ATE, dijo que “si estos funcionarios (detenidos) ya habían sido denunciados, intuimos que el ministro (Diaz) que fue subsecretario de Derna, algo debería haber sabido del tema”.
“Los responsables políticos son los ministros actuantes porque aquellos reciben órdenes directas del titular de Ecología. Hace dos años, ya el compañero Meza denunció aprietes de Juan Carlos González y de Jorge Mario Zapata, pero Ecología hace caso omiso a las denuncias que hacen los colegas. Nadie escuchaba a los compañeros cuando denunciaban esto”, señaló.
Anoche el juez Gerardo Casco confirmó que Zapata había recuperado la libertad tras el pago de la caución de 80 mil pesos, mientras González, Mieth y Wolhein pusieron en garantía un vehículo por 240 mil pesos y serían liberados mañana.
Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de un millón y medio de pesos, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
Al mismo tiempo, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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