Provinciales
Docentes del FTEL retoman medidas de fuerza y van al paro por 48 horas
El Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) convocó a un paro de 48 horas en rechazo al acompañamiento de los legisladores misioneros en la media sanción en Diputados del proyecto que busca declarar a la educación “servicio esencial”, además, para reclamar el cierre de las causas contra los referentes por los daños en la Legislatura durante el mes de mayo y por el “incumplimiento” del gobierno provincial en la mesa técnica salarial de agosto.
Reunidos en asamblea el sábado en la localidad de San Ignacio, los educadores agrupados en el FTEL resolvieron ejecutar nuevamente medidas de fuerza el martes 20 y miércoles 21.
Mañana, el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo con acciones locales y/o zonales. En tanto, para el miércoles los docentes realizarán asamblea en los establecimientos educativos “sin atención a los alumnos”, donde debatirán el “plan de lucha”.
Educación: “Derecho social”
Por medio de un comunicado, los sindicalistas enumeraron los motivos por el cual decidieron encontrarse nuevamente en las calles, luego de los incidentes y protestas que repercutieron a nivel nacional por los reclamos multisectorial durante el mes de mayo.
En primer lugar, el FTEL repudió el acompañamiento de los diputados nacionales de Misiones en la media sanción que obtuvo el proyecto que busca declarar a la educación Servicio Estratégico Esencial en Argentina. “La educación es un derecho social y no un servicio”, señalaron.
Los educadores acusaron a los representantes de utilizar “los derechos de la infancia” para “endilgar a los trabajadores” la responsabilidad de “enseñar en la escuela pública bajo cualquier condición o circunstancia”.
Al tiempo que enumeraron problemas en el estado de los establecimientos educativos, falta de recursos en los comedores y para los porteros, falta de mobiliario, de iluminación y ventilación, y precarización laboral, entre otros puntos.
“Deberían estar pensando en un proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que no cumplen con la obligación garantizar el derecho social a la educación, para sancionar a los que no aseguren que las escuelas estén en condiciones dignas para ejercer efectivamente los derechos de educadores y educandos”, cuestionaron.
Paro por incumplimiento provincial
Por otro lado, en la misiva que convoca a los trabajadores a adherirse al paro, los referentes puntualizaron su disconformidad con los resultados de la última reunión con el gobierno provincial.
Sobre ese encuentro, señalaron: “La falta de cumplimiento de la palabra empeñada por el ministro Adolfo Safrán, quien expuso que se estudiaba en la mesa técnica de agosto el aumento de ese mes a sabiendas de que, tomando como base octubre, la deuda con los y las trabajadoras es de 60%. Asimismo, sin respuesta para jubilados, jornada completa, preceptores, nada de comedores, etc”.
Asimismo, otro de los puntos por el cual convocan al paro son las causas judiciales que recae sobre aproximadamente 12 referentes de la educación por los incidentes registrados en la Legislatura el 23 de mayo, mientras reclamaban incremento salarial, que culminó con represión policial.
“Abajo las causas judiciales del gobierno provincial contra los compañeros referentes. Abajo todas las persecuciones contra los compañeros y compañeras en las escuelas por levantar la voz frente a las injusticias”, reclamaron.
Con esos argumentos esgrimidos, el FTEL convocó a los trabajadores de la educación a adherirse al paro este martes y miércoles en la provincia.
Suspenden indagatoria a docentes en causa por daños a la Legislatura
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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