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Demandan sanciones al Poder Judicial de la Provincia por “múltiples arbitrariedades”

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El planteo fue realizado por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Como observatorio, criticó las “judicializaciones y prisionizaciones” en varios casos. También la “condena errada” Cristina Vázquez y Cecilia Rojas.

POSADAS. El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género demandó la aplicación de sanciones al Poder Judicial de la Provincia de Misiones por “las múltiples arbitrariedades que venimos observando en diferentes causas que consideramos paradigmáticas”, señaló.

El planteo fue realizado en el Palacio de Justicia por Ana María Gorosito Kramer, profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la UNaM; los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes, además de las periodistas Cecilia Rodríguez y Alicia Rivas Zelaya (foto).

Al describir los casos en que la Justicia se extralimitó, el equipo mencionó en su denuncia “las prisionizaciones y judicializaciones de Librada Figueredo, María Ovando, Victoria Aguirre, Mirian Bogado y la condena ‘errada’ a prisión perpetua a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas”.

Por el tratamiento de estos casos, el Equipo expresó “preocupación por las sistemáticas prácticas judiciales violatorias de derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanas, especialmente el de las mujeres, reflejadas en fallos y medidas judiciales que han significado la criminalización y encarcelamiento de manera arbitraria, en algunos casos por más de una década”.

Caso paradigmático

En particular, se citó “el caso Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, es solo un ejemplo alarmante de causas armadas y/o en el mejor de los casos con condenas erradas. Además, requieren a este Cuerpo Judicial informe qué medidas concretas llevarán adelante para la reparación integral del daño sufrido por quienes han sido víctimas de este accionar”.

Frente a ello, “queremos saber qué acciones o medidas impulsará para reparar, resarcir los daños ocasionados a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas encarceladas y condenadas de manera arbitraria, tal como lo marca el fallo histórico de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”, remarcaron.

El pedido se fundamenta en la sentencia del máximo órgano que “pone en evidencia ‘una vez más’ la estructural deficiencia de nuestro sistema de justicia provincial en materia de derechos humanos y de género”.

Políticas claras

Además, solicitaron “políticas claras, concretas para prevenir la reiteración de estos casos, los cuales consideramos no son aislados sino sistemáticos en nuestro sistema de justicia penal, vinculados, según entendemos a la falta de formación jurídica y en particular, en derechos humanos y género de los operadores judiciales, especialmente de los jueces penales, lo que hoy constituye una abierta desobediencia de la legislación vigente”.

Al final de la presentación, el Equipo reclamó “medidas ejemplificantes, sancionatorias contra los jueces que sin poder oponer buena fe ni alguna razón justificativa, han llevado adelante el juicio contra la joven Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, las han encarcelado preventivamente, las han condenado en varias instancias, sin ninguna prueba material de cargo que lo pudiera fundamentar, sin que respecto a esto último pueda alegarse criterio judicial, sana crítica ni ningún otro argumento tras los cuales acostumbran los jueces esconder sus arbitrariedades.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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