Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
Provinciales
Atienden denuncias por enfermeros sin matrícula y advierten: “Es un delito”
En los últimos días el Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones emitió un comunicado solicitando a todos los centros de salud y geriátricos, presentes en la provincia, la nómina detallada de quienes ejercen funciones de enfermería en sus establecimientos, a fin de verificar la titulación y matriculación correspondiente.
La medida fue implementada tras una serie de denuncias recepcionadas por la colegiatura, respecto a la detección de “casos graves” de mala praxis, protagonizados por personal que realizaba tareas de enfermería sin contar con la formación y capacitación correspondiente que avala la profesión en la provincia.
En este sentido, también justificaron el procedimiento con la búsqueda de seguridad sanitaria al “garantizar que la salud de la comunidad esté en manos de profesionales habilitados”.
Finalmente, consideraron “inadmisible” que existan enfermeros graduados sin empleo “mientras los puestos son ocupados sin la debida matrícula”, por lo que exigen la nómina completa del personal que se desempeñe en tareas propias de enfermería en sanatorios, clínicas y establecimientos de salud, tanto de Posadas como en otras localidades misioneras.
De esta manera, el Colegio de Profesionales de la Enfermería se pronunció en contra del presunto ejercicio ilegal de la profesión, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.004 y la provincial N° 1-82.
Consultado por La Voz de Misiones, Sergio Román Ulrich, presidente del mencionado espacio señaló: “Nosotros recibimos dos denuncias formales contra personas que ejercían la enfermería y es un delito hacerlo sin estar matriculado. En este momento nos encontramos en la etapa de constatación y solicitud de pruebas para evaluar cada caso en particular”.
Sobre esto, agregó: “Muchas veces la gente por miedo o temor a represalias no realiza la denuncia. Yo personalmente estoy muy preocupado por la salud de la población porque tenemos casos en localidades como Alem y Oberá, donde hay personas ejerciendo la enfermería sin tener el título habilitante”.
“En los geriátricos, sanatorios y clínicas privadas hay muchos que ejercen de esta manera y es obligatorio contar con la Tecnicatura Superior en Enfermería”, afirmó y resaltó que actualmente, además de la Escuela de Enfermería en Posadas, existen nueve institutos de formación en Enfermería distribuídos en distintas localidades como ser: San Vicente, Iguazú, Oberá, Apóstoles, entre otras.

Sergio Román Ullrich, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Misiones
Desde el año 2024 a la fecha, el padrón institucional del mencionado colegio se compone por 2.984 matriculados activos, con matrícula vigente y habilitación profesional plena. Mientras que 1.484 profesionales permanecen con baja temporal solicitada, ya que han comunicado formalmente la suspensión provisoria por encontrarse sin ejercicio laboral al momento.
A su vez, existen 920 matriculados que no realizaron el proceso de rematriculación, por lo cual su carnet profesional se encuentra actualmente fuera de vigencia y ejercen de forma irregular. La grilla concluye con una baja por fallecimiento y otras dos por jubilación.
Sobre el ejercicio profesional en geriátricos y clínicas privadas, Ulrich fue contundente: “El que no cuente con la matrícula deberá dedicarse a otra cosa, porque nosotros tenemos muchísimos enfermeros que no tienen trabajo y la posibilidad de estudiar se le dio de forma gratuita a la gente. Posibilidades de estudiar, hay. Sin matrícula no podrán ejercer”.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en otras situaciones en las que existen profesionales con título, pero no realizaron la rematriculación: “Un tiempo la colegiatura funcionó mal y la gente no volvió a actualizar sus papeles. Hoy tendrán que hacerlo, tienen que acercarse al colegio y haremos una rematriculación. De lo contrario, no podrán ejercer y la idea es que podamos trabajar bien porque apuntamos a una enfermería avanzada, trabajando fuertemente en la capacitación del personal de enfermería y la posibilidad de licenciarlos”.
“Lo que pasa es que los pacientes van a un sanatorio donde la persona no es enfermera, le hace una práctica y esa mala praxis termina en el hospital generando un gasto millonario que debe enfrentar el Estado, habiendo enfermeros capacitados”, añadió.
Actualmente el Colegio se encuentra trabajando en una base de datos para Bolsa de Trabajo destinado a los profesionales de la enfermería: “Con esto pretendemos cuidar el trabajo que hoy en día cuesta tanto de nuestros enfermeros. Por el poco pago que le pueden dar a un auxiliar de enfermería, se pone en riesgo el trabajo de un enfermero profesional”.
Para finalizar, aclaró que el colegio ya no matricula a auxiliares de enfermería, sino solamente a quienes cuenten con la Tecnicatura Superior en Enfermería o bien la licenciatura correspondiente.
Provinciales
Eco tasa en Wanda: intendenta faltó a mesa de diálogo abierta por el Concejo
Tras el reciente conflicto provocado por la entrada en vigencia de la Tasa Ecoturística en Wanda, el Concejo Deliberante tomó la iniciativa de convocar a los distintos sectores sociales implicados en una Mesa de Diálogo con el objetivo de “escuchar las distintas voces para aclarar inquietudes y avanzar en un consenso”.
El encuentro buscó acercar a las partes y abrir una instancia de diálogo ante la controversia generada por la implementación del nuevo tributo. Sin embargo, la Municipalidad de Wanda fue una de las partes que no se hizo presente en esta primera convocatoria. Ni la intendenta Romina Faccio, ni representantes del Ejecutivo se acercaron en esta primera instancia, lo que al respecto esperan desde el organismo deliberante, que para el segundo llamado sea revertido.
Del encuentro sí participaron cuatro concejales: Jorge Vier por La Libertad Avanza, Silvia Lutz del PRO y Víctor Cabrera junto a Mirta Berent por el Frente Renovador. También asistieron el abogado del Concejo y representantes de las Minas de Piedras preciosas y de Yacimientos Tierra Colorada, sectores directamente alcanzados por la medida.
En diálogo con La Voz de Misiones, el concejal Vier informó que se resolvió convocar a una nueva reunión conciliatoria para este viernes 27, con la intención de continuar el diálogo y sumar a las partes ausentes.
Vier, además, expresó su postura personal respecto a la tasa: “De mi parte rechazo totalmente la implementación de este impuesto. Creo que es totalmente arbitrario poner un puesto de cobro frente al ingreso a una actividad privada, siendo que ya pagan todos los impuestos que les corresponden, como tasa de comercio y tasa de minería”.
El Concejal sostuvo que desde el Concejo se continuará insistiendo en una instancia de conciliación entre las partes hasta alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para toda la comunidad de Wanda.
La Tasa Ecoturística, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue reestablecida con la firma del Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N° 22/2025 del 25 de noviembre del 2025. La medida vigente desde 2015 se hizo efectiva tras la aplicación del cobro a los turistas en el acceso a los predios mineros, en febrero de 2026.
Provinciales
Tasa municipal y multa por $264 millones enfrenta a San Vicente con Cotavi
La Oficina de Rentas de la Municipalidad de San Vicente intimó a la Cooperativa Tabacalera San Vicente Ltda. (Cotavi) a regularizar una deuda que supera los 264 millones de pesos en concepto de Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Controlador, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025.
Según se informó, la multa aplicada es del 200%, conforme al artículo 87 del Código Fiscal Municipal (Ordenanza 89/2020), y se calcula sobre operaciones de ventas al exterior gravadas por la tasa municipal, deducidas del monto de facturación.
Desde la cooperativa emitieron un comunicado interno dirigido a los socios en el que denunciaron el embargo de su cuenta en el Banco Macro, al que calificaron como “ilegítimo”. “Nos vemos obligados a suspender la compra”, señala la circular firmada ayer por la comisión directiva.

Circular que se compartió a los socios.
El presidente de Cotavi, Julián Dos Santos, hermano del ex intendente Valdomiro Dos Santos, sostuvo que el municipio históricamente cobraba el tributo sobre la facturación interna, pero que en esta oportunidad se aplicó también sobre las ventas al exterior. “Este año se les ocurrió cobrar sobre la facturación que exportamos. Nos embargaron la cuenta y quedamos sin poder pagar lo del viernes, por eso suspendimos la compra”, afirmó.
El titular de la cooperativa señaló que Cotavi exporta cerca del 80% del tabaco que compra y que el municipio aplicó una alícuota del uno por mil sobre lo facturado en los dos años.
Dos Santos consideró que el cobro es “inconstitucional” al entender que la municipalidad no tiene potestad para aplicar tasas sobre operaciones de exportación. “Para eso ya se pagan impuestos nacionales”, indicó.
Asimismo, explicó que tras negociaciones se alcanzó un plan de pagos en ocho cuotas para destrabar el conflicto y reactivar la actividad en los próximos días. Según precisó, la deuda no se encuentra judicializada.
En el plano político, el diputado provincial Cristian Castro cuestionó la medida y la calificó de arbitraria. “Un municipio no puede cobrar derechos de exportación”, afirmó, y citó el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso tiene competencia exclusiva en materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo derechos de importación y exportación.
“El comercio exterior es materia federal. Los municipios no tienen potestad tributaria sobre las exportaciones”, sostuvo el legislador, quien además señaló que “la Nación ahoga a la provincia con la coparticipación, la provincia a los municipios y estos salen a cobrar tasas que no devuelven una contraprestación”.
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