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Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial

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Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.

El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.

Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.

La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.

“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.

En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.

“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.

El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.

Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.

“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.

Aguas turbulentas

Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.

“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.

“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.

“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.

Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.

Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.

Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.

“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.

“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.

Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.

“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.

“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.

“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.

“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.

Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.

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La provincia asumirá los costos de energía y agua en centros de discapacidad

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El gobernador Hugo Passalacqua dispuso que la provincia asuma los costos de energía eléctrica y agua potable en centros categorizados que atienden a personas con discapacidad, como medida que intenta dar respuesta a la interrupción de financiamiento nacional, por lo que también se comprometió a recuperar esos fondos a través de Nación.

De esta manera, mediante el Decreto Nº 657 fue creado el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, con vigencia desde mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Luego, fue comunicado por el propio mandatario provincial a través de su cuenta personal de X. “Como sabrán, la Nación retiró la ayuda a las personas con discapacidad. En función de eso hemos tomado la decisión de ayudarlos haciéndonos cargo desde la provincia del consumo de energía y agua de todos los centros de asistencia y ayuda registrados en la provincia”, afirmó Passalacqua.

Más allá de la mencionada medida, el gobernador se comprometió a recuperar los fondos antes percibidos. “Además de esta ayuda, por supuesto seguiremos insistiendo fuertemente ante Nación para que esos recursos vuelvan a este sector de la sociedad que tanto apreciamos, cuidamos, protegemos y queremos”. 

En declaraciones realizadas la semana pasada, el mandatario había anticipado la decisión al señalar que “Hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”, y sostuvo: “Vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”.

Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “Una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y remarcó la necesidad de intervención estatal: “No podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”.

Alcances del decreto

La normativa establece que el beneficio consiste en un subsidio destinado a cubrir consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución, mediante transferencias directas a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (Emsa), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) y cooperativas de la provincia.

El decreto precisa que podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

Además, se establece que deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente, y se dispone la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.

La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.

En los considerandos del decreto se advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

En ese marco, el gobierno de Misiones sostiene que resulta “imperativo intervenir para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”, en línea con lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.901, que garantiza la cobertura integral para personas con discapacidad. 

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Misiones habilitó planta tealera de Las Marías en Dos de Mayo

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones otorgó la Viabilidad Ambiental Definitiva a la planta industrial de la firma Yerbatera del Nordeste S.A., ubicada en Dos de Mayo, mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La empresa desarrolla actividades vinculadas al procesamiento de té, incluyendo selección, secado, molienda, clasificación y envasado, con destino principalmente al mercado externo desde el 2002, explican empresarios tealeros de la zona.

El documento, firmado por el ministro Martín Recamán, aprueba la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Planta Industrial de Yerbatera del Nordeste”, con una superficie total de 61.000 metros cuadrados, de los cuales 14.550 están cubiertos.

Regularización de una planta en funcionamiento

De acuerdo al productor tealero y exintendente de Dos de Mayo, José Luis Garay, la planta no es una nueva inversión por lo que se presume, la medida respondería a una regularización ambiental.

“Lo más probable es que estén poniendo en regla la situación. Esa planta ya funciona hace más de 20 años y coincide con las dimensiones que figuran en la resolución”, aclaró en comunicación con La Voz de Misiones

Garay remarcó que, al momento de su instalación, el contexto era muy distinto: “En 2002 estábamos en plena crisis y cualquier inversión industrial era bienvenida. No existían las exigencias ambientales que rigen hoy o no se aplicaban con el mismo rigor”.

En ese sentido, señaló que la Evaluación de Impacto Ambiental “debería haberse realizado antes de la puesta en funcionamiento”, aunque reconoció que muchas industrias de esa época quedaron desactualizadas en materia normativa.

La planta, emplazada en un predio en la zona Centro de la provincia, cuenta con un secadero de té de gran escala y una dotación de trabajadores que, según estimaciones, estarían alrededor de los 60 operarios.

Además, Garay aclaró que la resolución del Ministerio de Ecología se refiere específicamente a una planta industrial de té: “No habla de yerba mate. Esa actividad, ya tienen. A lo sumo puede tratarse de alguna ampliación o mejora dentro del mismo predio”.

También dejó abierta la posibilidad de reordenamientos productivos: “Podrían estar pensando en trasladar alguna otra instalación o reorganizar lo que ya tienen, pero no hay indicios de una planta nueva”.

El rol de Las Marías y críticas del sector

Yerbatera del Nordeste S.A. forma parte del Grupo Las Marías, con sede en Gobernador Virasoro (Corrientes), uno de los principales actores del sector yerbatero argentino. Entre los firmantes en la resolución de impacto ambiental figura como presidente Roberto Navajas, bisnieto del fundador Víctor Navajas Centeno.

Sin embargo, Garay también expresó una mirada crítica sobre el comportamiento de la empresa: “Las Marías saca de la provincia de Misiones lo más barato que pueden y después hacen sus negocios”.

En la misma línea, agregó: “Son empresas que buscan maximizar su rentabilidad. No tienen una visión integral del desarrollo productivo local”.

Un escenario crítico para el té

Garay advirtió, además, sobre la delicada situación que atraviesa el sector tealero. “Estamos muy complicados, sobre todo por el mercado internacional”, sostuvo.

El principal destino de exportación es Estados Unidos, que concentra la mayor parte de las compras, pero actualmente presenta una fuerte retracción. A esto se suma la competencia de países como Kenia, con costos significativamente más bajos.

Llegamos a vender a 1,45 o 1,50 dólares el kilo y hoy estamos en torno a 1 dólar o menos”, detalló.

La caída de precios y la falta de demanda provocaron que varias industrias finalizaran la zafra de manera anticipada. “Muchas directamente dejaron de producir porque no hay ventas aseguradas”, explicó.

Además, subrayó que el consumo interno de té, en Argentina, es mínimo, lo que profundiza la dependencia del mercado externo de la infusión, una de las principales economías regionales de la provincia.

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Misiones: contención ante los recortes de Nación a subsidios a energía

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El Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de contención para amortiguar el impacto en las facturas de energía eléctrica, tras la implementación del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados dispuesto por Nación a partir de abril de 2026.

La medida provincial se da luego de la redefinición de los períodos de consumo establecida por el Gobierno nacional, que considera a marzo y abril como meses “templados”. En ese marco, el tope de consumo con subsidio se redujo de 550 kWh durante el verano a 150 kWh.

El esquema en Misiones establece que durante abril la diferencia entre los 550 kWh y los 150 kWh se abone de manera prorrateada. El excedente por encima de los 150 kWh se distribuirá en dos pagos en las próximas facturas, en lugar de trasladarse en su totalidad al mismo período. El objetivo es distribuir el impacto del nuevo esquema nacional en el tiempo. A partir de mayo, el subsidio nacional prevé un tope de hasta 300 kWh.

Según se informó, esta modificación impacta en las facturas de los usuarios, en especial en regiones del NEA, donde las temperaturas elevadas se extienden durante el inicio del otoño y sostienen niveles de consumo eléctrico.

Desde la Provincia indicaron que se realizaron gestiones ante autoridades nacionales para contemplar las condiciones climáticas regionales. Sin embargo, esos planteos no fueron incorporados en la normativa vigente.

Además indicaron que esta medida se enmarca en una transición del sistema, con el fin de sostener el acceso al servicio eléctrico ante la reconfiguración de los subsidios a nivel nacional.

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