Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
La protesta con acampe frente a Casa de Gobierno, protagonizada por ex policías que participaron de la protesta de mayo de 2024 y hoy reclaman su reincorporación a la fuerza provincial, cumplió una semana con cinco encadenados y una notificación entregada por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) por el uso de uniformes reglamentarios estando fuera de servicio.
Este domingo, en horas de la tarde, los ex policías Adolfo Guirula y Diego Correa, quienes estuvieron detenidos en la causa por intento de sedición e iniciaron este nuevo reclamo, fueron notificados sobre una causa judicial por el uso de atributos policiales estando fuera de la fuerza.
La medida fue dispuesta por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que interviene en la denuncia por estar de turno en abril.
La documentación fue entregada ayer, alrededor de las 18, por personal de la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos de Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación por la usurpación de títulos, honores e insignias.
La denuncia cuestiona que ambos utilizaron el uniforme reglamentario de la institución, pese a encontrarse dados de baja, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto Provincial N.º 2084/24, lo que se encuentra estrictamente reservado al personal en actividad y en el ejercicio de sus funciones.
Tras esta notificación, desde el acampe emplazado frente a Casa de Gobierno, los manifestantes se quitaron el uniforme en cuestión y decidieron sostener la medida de fuerza, mientras que uno de ellos, expresó: “El gobierno nos pasó a cesantía. Cuando estuvimos en el penal quisieron tramitar la baja voluntaria, pero nosotros no accedimos. Nos ofrecieron plata como indemnización, $500.000.000, y nosotros no aceptamos porque no cometimos ningún delito”.
Respecto a la cesantía, si bien se encuentran fuera de servicio, aseguró que continúan percibiendo haberes: “El sueldo está depositado. Ellos van depositando el 20%, 30%, van largando de a poco, pero nos siguen pagando”.
Luego, añadió: “Por un lado dicen que no somos policías, pero ayer vino Gendarmería y nos dijo que ellos intervienen porque nosotros somos policías, no sé cómo van a arreglar con la provincia”.
Todo comenzó el pasado lunes 6 de abril cuando Guirula y Correa iniciaron la protesta con acampe y se encadenaron, uniformados, frente a Casa de Gobierno en reclamo de su reincorporación a la fuerza provincial, medida a la que, con el correr de los días, se sumaron otros tres camaradas: los dos ex sargento primero Gerardo Marín y Juan Méndez, y luego Sergio Muchevicz.
Previo a la notificación judicial, los manifestantes aseguraron no haber recibido respuesta alguna por parte de las autoridades provinciales, por lo que decidieron resistir encadenados y bajo un toldo rojo, pese a las incesantes lluvias registradas a lo largo de la semana y los recurrentes cortes de luz en la zona de la plaza en horas de la noche, situación que fue reflejada en sus redes sociales por el diputado provincial y referente de la protesta policial del 2024, Ramón Amarilla y su par del Partido Agrario y Social, Cristian Castro.
“Aunque venga un tornado no nos vamos a mover, estamos acá, firmes, frente a Casa de Gobierno con nuestras familias, con nuestros hijos, luchando por ellos, por su futuro. No nos vamos a ir hasta que este gobierno nos mire a la cara y nos dé una respuesta”, relata uno de los ex policías durante un video filmado desde el acampe bajo lluvia torrencial.
Además de los miembros de la propia “familia policial”, a lo largo de estos siete días, la protesta fue sumando el acompañamiento de diferentes sectores, como trabajadores nucleados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), docentes, enfermeros, productores, ex combatientes y policías retirados, entre otros.
Son cuatro los ex policías de acampe en la plaza para pedir su reincorporación
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de Misiones, el gobierno dispuso avanzar con la disolución de Misio-Pharma Sociedad del Estado, una empresa creada en 2019 con el objetivo de desarrollar la producción de cannabis con fines medicinales y terapéuticos.
La decisión se formalizó con el Decreto N° 352/2026, por el cual el gobernador Hugo Passalacqua instruye al fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, a autoconvocar una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 16 de abril, con el fin de tratar la disolución de la sociedad y dar inicio al proceso de liquidación.
Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo argumentó que “la crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país”, caracterizado por una prolongada recesión y la ruptura de las cadenas de pago, dificulta el cumplimiento de los objetivos para los que fue creada la empresa Misio-Pharma S.E.
En ese sentido, se advirtió sobre el riesgo de pérdida del capital social y la imposibilidad de sostener su funcionamiento en las condiciones actuales.
El decreto también establece que, durante la asamblea, se deberá modificar el estatuto social para adecuarlo a la normativa vigente, declarar formalmente la disolución por decisión del único socio, (el Estado misionero), revocar los mandatos del directorio y designar a un interventor liquidador. Para esta última función fue propuesto Francisco Antonio Malica.
Desde el 2019, el objetivo principal de Misio-Pharma S.E. era el cultivo de cannabis en todas sus variedades, así como la producción, industrialización y comercialización de sus derivados con fines medicinales y terapéuticos.
Además, la empresa estaba habilitada para desarrollar toda la cadena productiva vinculada al cannabis: desde la importación de semillas y equipamiento, hasta la elaboración de aceites y otros productos, incluyendo su distribución tanto en el mercado interno como externo.
La iniciativa se enmarcaba en una política pública orientada a promover el acceso a tratamientos basados en cannabis medicinal, así como también a generar desarrollo tecnológico y productivo en la provincia. Sin embargo, el actual escenario económico llevó al Ejecutivo a reconsiderar su viabilidad y avanzar en su cierre.
Trabajadores de Misiopharma
Con respecto a los trabajadores de la empresa estatal de cannabis, el gobernador Passalacqua comunicó la decisión del cierre a través de sus redes oficiales e informó que el “personal científico calificado y sus recursos técnicos se integran plenamente” a la Biofábrica Misiones S.A. “para potenciar su crecimiento”.
“Al sumar el capital humano de excelencia y la tecnología de MisioPharma, robustecemos nuestra mayor institución biotecnológica, potenciando su desarrollo estratégico y su capacidad de innovación bajo un mismo techo”, sostuvo el primer mandatario.
Informo que he decidido avanzar en la disolución de MisioPharma, disponiendo el cese de sus funciones operativas para que su personal científico calificado y sus recursos técnicos se integren plenamente a la @BiofabricaMnes para potenciar su crecimiento.
Esta decisión se…— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 13, 2026
En horas de la siesta de este viernes, las unidades de transporte urbano comenzaron a salir paulatinamente de sus plantas y desde el sindicato confirmaron el levantamiento de la medida de fuerza, tras una negociación con el gobierno, lograda tras superar las 36 horas de paro.
De acuerdo con los trabajadores del sector, en algunas empresas se concretó el pago total de los salarios adeudados, mientras que en otras se abonó parcialmente, junto con el compromiso de cancelar el resto antes de finalizar la jornada, lo que permitió restablecer el servicio gradualmente en Posadas, Garupá, Candelaria y Oberá.
Consultado por La Voz de Misiones, Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) y gerente de la empresa Tipoka, confirmó que “el conflicto de choferes se resolvió en lo inmediato” tras el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo. Aunque, advirtió que “el servicio será gradual hasta restablecer la frecuencia máxima programada”.
Respecto a la negociación, detalló que fue “el reconocimiento de mayores costos, producto de recientes paritarias que aún se están negociando con el gobierno provincial, además de un incremento exponencial de gasoil, más el atraso en ajustes de anteriores compensaciones”.
De todas maneras, se mostró conforme al considerar que la medida sirvió para destrabar el conflicto salarial que afectaba a los choferes en distintos puntos de la provincia.
El paro que comenzó en la medianoche del jueves, por incumplimiento del pago de haberes correspondientes al mes de marzo, había comprometido al transporte en localidades como Eldorado, Montecarlo y San Pedro, las cuales lograron restablecer el servicio en horas de la tarde de ese mismo día.
En tanto, en Posadas, Candelaria, Garupá, Oberá, San Vicente y Puerto Rico, recién lograron acordar en horas de la siesta de este viernes, tras un principio de negociación con el grupo empresario responsable, lo que destrabó el conflicto y habilitó el inicio de la normalización del sistema.
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