Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones oficializó este martes, a través del Boletín Oficial, la apertura de un concurso interno para cubrir cargos jerárquicos dentro del Cuerpo de Guardaparques de la provincia.
La convocatoria, establecida mediante una resolución firmada por el ministro Martín Recamán, contempla la cobertura de tres cargos de jefe de parque en las áreas naturales protegidas de Parque Provincial Moconá; Parque Provincial Urugua-í; y Parque Provincial Salto Encantado.
Según se detalla en la resolución, el llamado será bajo la modalidad de concurso interno, cerrado, de oposición y antecedentes, en el marco del Régimen General de Ingreso, Promoción y Acceso a Cargos Jerárquicos del Cuerpo de Guardaparques aprobado este año.
Entre los requisitos para postularse, los aspirantes deberán contar con al menos un año de antigüedad en la categoría G3, no registrar sanciones disciplinarias en los últimos tres años y acreditar capacitaciones vinculadas al cargo. Además, deberán presentar documentación certificada, certificado de aptitud física y psíquica, antecedentes penales y licencia de conducir categoría B2 o superior.
La inscripción se realizará de manera presencial en la sede del Ministerio de Ecología, ubicada sobre calle San Lorenzo al 1538 de Posadas, durante 15 días hábiles administrativos contados desde la última publicación del llamado en el Boletín Oficial.
La evaluación estará a cargo de una comisión integrada por representantes de la subsecretaría de Ecología, la dirección de Áreas Naturales Protegidas y docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). El proceso incluirá evaluación de antecedentes, presentación de un plan de gestión y una entrevista profesional.
El subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones y representante provincial en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Ricardo Maciel, aseguró que se enteró “por la prensa” de la presunta incorporación del libertario Samuel Miño al organismo nacional y afirmó que el tema nunca fue tratado dentro del directorio. Además, ratificó la posición en contra del Instituto sobre la incorporación de la Ilex Dumosa bajo la denominación de yerba mate.
En comunicación con La Voz de Misiones, Maciel sostuvo que desconoce cualquier designación del ex candidato a concejal de Posadas por La Libertad Avanza (LLA) como jefe del área técnica del instituto, cargo que actualmente ocupa Verónica Scalerandi.
“Hoy Verónica sigue siendo la responsable del área y al menos en el directorio nunca se trató el reemplazo o el despido”, afirmó.
La versión sobre la posible llegada de Miño al organismo surgió de un medio local y va en concordancia con la reestructuración interna impulsada por la presidencia actual del Inym, encabezada por Rodrigo Correa. “La posición del Inym fue en contra”, sostuvo el subsecretario.
Durante la entrevista, Maciel también se refirió a otro tema que volvió a generar preocupación en el sector yerbatero: la posibilidad de habilitar que la Ilex Dumosa y otras hierbas puedan comercializarse bajo la denominación de yerba mate.
El funcionario ratificó la postura histórica del instituto en rechazo a esa posibilidad. “Desconozco que se haya vuelto a poner el tema de la Ilex Dumosa, pero desde el Inym se fijó una posición en contra”, señaló.
Maciel recordó que durante este año hubo un pedido formal realizado por un particular para avanzar con la incorporación de la variedad al Código Alimentario, aunque indicó que el organismo respondió reafirmando su rechazo ante la Secretaría de Ganadería y Pesca de la Nación.
“El tema de la dumosa es algo que cada tanto se instala y se promueve porque se pretende incluirlo como mate. Ya fue rechazado en su momento, allá por 2003, con mucha fuerza de las organizaciones de productores de la provincia. Hubieron otros intentos más y se lo ubicó como una infusión dentro del Código Alimentario, pero no dentro del capitulo de la yerba mate”, explicó.
En ese sentido, advirtió que actualmente no existe ninguna presentación concreta ni un tratamiento formal de que el Inym tenga conocimiento, aunque consideró necesario mantenerse atento frente a posibles decisiones del Ejecutivo nacional.
“No es para alarmar, pero sí para estar atentos. Evidentemente hay intereses para que se vuelva a insistir con el tema”, aseguró.
El fin de la Conal y la preocupación en Misiones
Maciel vinculó la preocupación del sector con la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), organismo técnico que asesoraba sobre modificaciones al Código Alimentario Argentino y donde las provincias tenían representación.
La Conal fue eliminada por el gobierno nacional mediante el Decreto 538/2025, publicado en agosto del año pasado, en el marco de una reforma administrativa destinada a simplificar trámites y digitalizar procesos. Sus funciones fueron absorbidas por la Anmat y el Senasa.
“Hoy, al no estar la Conal, que era un ámbito en el cual las provincias tenían representación para discutir estos temas, queda como una decisión unilateral del Gobierno nacional cualquier modificación”, advirtió.
La historia de la Ilex Dumosa
La discusión sobre la Ilex Dumosa no es nueva dentro de la actividad yerbatera. Tanto la Ilex Paraguariensis como la Ilex Dumosa forman parte de las culturas sudamericanas desde hace siglos y, a comienzos del siglo XX, ambas variedades incluso llegaron a cultivarse juntas.
Sin embargo, en 1935 una comisión especial creada para reglamentar la ley de producción determinó que la yerba mate debía elaborarse exclusivamente con hojas de Ilex Paraguariensis, dejando fuera a la denominada “yerba señorita”, nombre con el que también se conocía a la Ilex Dumosa.
Décadas más tarde, durante los años 80, técnicos del Inta Cerro Azul introdujeron nuevamente ejemplares provenientes de Paraguay y Brasil para investigaciones realizadas junto al establecimiento Las Marías, en Corrientes. Desde entonces, el debate sobre su incorporación reaparece periódicamente dentro del sector.
El Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) de Misiones inició un reclamo formal ante el gobierno nacional para solicitar la reducción o eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado al servicio de agua potable.
Así lo informó este lunes la titular del ente provincial, Soledad Balán, quien señaló que la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua y de diputados nacionales misioneros, con el objetivo de que el gobierno de Javier Milei revise la carga impositiva que actualmente recae sobre un servicio esencial como el agua potable.
A través de sus redes sociales, la presidenta del Eprac apuntó que “algo tan básico como el agua no debe seguir pagando un 21% de IVA, mientras otros sectores cuentan con beneficios impositivos diferenciales”
En esa línea, Soledad Balán indicó que existen productos de la Canasta Básica que cuentan con una reducción del 10,5% del IVA y remarcó que el agua, “que es un derecho y una necesidad”, no accede a ese beneficio impositivo. Además, sostuvo que desde el ente plantearon a Nación la necesidad de analizar una medida similar para servicios esenciales como el líquido vital.
“Bajar o eliminar este impuesto significaría una reducción directa en la factura de millones de argentinos y un alivio concreto para cada familia misionera. Porque el agua no es un lujo: es calidad de vida”, afirmó la titular del Eprac en relación al pedido que el organismo elevó a Nación.
Cabe mencionar que, desde hace algunos meses, el organismo provincial es blanco de críticas y reclamos por parte de usuarios debido a irregularidades y presunta sobrefacturación en el servicio brindado por la empresa Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) en Posadas y Garupá.
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