Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
La Secretaría de Prevención de Adicciones y la Secretaría de Cultura crearon un Programa de Atención y Prevención de Consumos Problemáticos que propone abordar situaciones de crisis y pedidos de asistencia dirigidos a los trabajadores de la cultura en toda la provincia.
Roberto Padilla y Joselo Schuap, a cargo de ambas carteras, explicaron la ventaja del trabajo en conjunto. “Siempre estamos asistiendo en casos puntuales de los que tomamos conocimiento, con ayuda de diversas áreas del Estado. Pero queremos abrir un paraguas más amplio, que pueda contener a todos los trabajadores de la cultura que lo necesiten. Y también a su entorno y sus familias”.
En ese sentido, señalaron que el objetivo de la iniciativa es visibilizar una problemática que viene en aumento, relacionada con los consumos problemáticos y otras enfermedades que afectan a la salud mental, en un contexto adverso de crisis económica y social.
En segundo lugar, la iniciativa apunta a ofrecer canales de comunicación directa para que aquellas personas que se sientan vulnerables, familiares y al entorno cercano. “Sabemos que es desesperante encontrarse con este problema en el círculo familiar, o en el ámbito de trabajo artístico y no tener a quien recurrir”.
En términos operativos, el programa brindará espacios de escucha, contención y conversatorios. Por un lado, con la habilitación de una línea telefónica (3765-061344), y por otro, una dirección de correo electrónico ([email protected]) para solicitar acompañamiento, además de un ciclo de charlas destinadas tanto a trabajadores de la cultura, como también a familiares, amigos y personas interesadas en la temática.
De esta manera, el centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos (CMB) acompañará el primer conversatorio abierto destinado a brindar contención a quienes lo necesiten. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 19 en el Auditorio Tierra Sin Mal, ubicado en el Centro Cultural la Estación, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.
La charla estará a cargo de profesionales del centro CMB, quienes además responderán consultas de 8 a 19 al 3764 893727 / 3765 014328.
Tras el regreso a la comunidad, el pasado domingo 2 de agosto, integrantes de Puente Quemado II denunciaron públicamente reiterados hostigamientos por parte de un grupo de personas que responderían al empresario forestal Alfredo Ruff, y en las últimas horas emplazaron un campamento en la zona.
El cacique Santiago Ramos grabó un video en el que alertó: “Estoy muy amenazado por Alfredo Ruff”.
De esta manera, acudió a las redes sociales para denunciar públicamente la situación que atraviesan diariamente “antes de que pase algo grave a los niños y niñas que están dentro del territorio”.
Y continuó: “El domingo Alfredo Ruff llegó con toda la gente, con todos sus matones que están cerca, por eso tengo miedo”, y en pos de llegar a una solución frente a esta disputa, añadió: “También le exigimos al gobierno provincial que solucione la situación de nuestro territorio relevado por la ley 26.160”.
Días atrás, se hizo viral un video en el que Ruff y Roberto Bonetti intercambiaron posiciones respecto a la “propiedad privada”, e incitaron a realizar un “ataque armado” para “desalojar” a los miembros de la comunidad por la fuerza.
“Si vamos por mano propia, vos imaginate que yo agarre un arma y dispare y dañe a algunas personas, en un momento de… ¿Qué consecuencias tengo yo dentro de mi propiedad con este avasallamiento?”, sostiene Ruff.
A esto, Bonetti respondió: “Hoy terminás vos preso, estás dentro de tu propiedad y se te cagan de risa. Totalmente invertido. Yo soy partidario de que nosotros tenemos que defendernos, si tiene que ser a los tiros, a los tiros tiene que ser“.
Anteriormente, en el año 2024 Bonetti, dueño de la reserva Monte Adentro, también estuvo envuelto en acusaciones públicas contra la comunidad Mbokajaty II de San Ignacio, a quienes calificó de “violentos” y “usurpadores”, al residir en una zona aledaña al lote donde él decidió emplazar un emprendimiento turístico.
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Mbokajaty protesta en la 9 de Julio tras agresión y avance de empresa privada
Hilario Moreira, mburuvicha de la comunidad Tapé Mirí de Garuhapé e integrante del Consejo de Caciques, señaló que “Misiones no reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”, por lo que exigió a los gobernantes y legisladores respeto y garantías para el ejercicio de sus derechos.
Estas declaraciones las hizo ayer por la tarde sobre el escenario de la plaza 9 de Julio de Posadas en el marco de la movilización contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que finalmente obtuvo media sanción en el Senado de la Nación con la quita del articulado sobre extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego.
En este contexto, recordó: “En Misiones casi el 60% de las comunidades no tiene título de propiedad. Pedimos que se regularice la situación indígena porque somos los que más sufrimos desde el siglo pasado. Nos ponen a Andresito como prócer, pero en la actualidad tampoco hay garantías de derechos, no somos respetados como pueblo, somos expulsados de nuestra propia casa”.
De esta manera, apuntó contra la falta de garantías en la aplicación de derechos fundamentales: “Queremos el respeto como pueblo y no solamente como pueblo originario, sino como pueblo misionero. Esta casa grande pertenece a todos, no solamente a los mbya. En Argentina, los pueblos originarios venimos sufriendo el atropello y avasallamiento hace muchísimo tiempo. Los derechos indígenas fueron reconocidos desde 1994 a nivel nacional, Misiones todavía ni siquiera reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”.
“Exijo respeto y garante de nuestros derechos como pueblo para que ninguna comunidad mbya sea desalojada, porque en la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro, vamos a seguir siendo mbya y a defender nuestro territorio cueste lo que cueste. Queremos que el Estado acompañe y que no haya más desalojos en ninguna comunidad, exigimos respeto por nuestro pueblo y soberanía”, enfatizó.
Puente Quemado II
Seguidamente, refirió al desalojo que sufrió la comunidad mbya Puente Quemado II el 28 de julio pasado, medida judicial ordenada por el juez Roberto Sena y que -a 48 horas de su aplicación- fue suspendido por la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, encabezada por Héctor Simón.
“Esta unidad es indispensablemente importantísima y me siento orgulloso de ser parte. Somos nosotros los responsables y tenemos la obligación como pueblo, persona y ciudadano de defender nuestro territorio y nuestra tierra que tanto queremos. Nuestros ancestros la han defendido antiguamente de los extranjeros para que por lo menos tengamos paz y tranquilidad. Agradezco este espacio y pido que el territorio de Puente Quemado II sea devuelto“, ponderó.
El desalojo de Puente Quemado II, en respuesta a una denuncia presentada por el empresario forestal Alfredo Ruff, fue repudiado por organizaciones locales, nacionales e internacionales, quienes recordaron que los pueblos originarios deben ser respaldados por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; el Convenio 169 de la OIT; la Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; la Declaración ONU (2007), así como también convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
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