Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
Luego del encuentro realizado en mayo, en el hotel Julio César de Posadas, la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) convocó a una nueva charla informativa junto a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Montecarlo (Cacim), prevista para el miércoles 1 de julio a las 18:30 en el salón de usos múltiples, ubicado en El Libertador 2713 y el jueves 2 de julio a las 20 en el salón de la cooperativa de servicios públicos de Jardín América.
Al igual que en la capital provincial, ambos encuentros proponen brindar información sobre el estado actual del proyecto hidroeléctrico Corpus-Pindoí, sus principales características, junto a otros ejes como: energía, producción, desarrollo y ambiente.
Desde la Comip sostienen que “hoy existen condiciones distintas” para discutir el proyecto. En la anterior charla informativa, el delegado argentino de ese organismo, José Antonio López, aludió al escenario para el avance de Corpus-Pindoí, haciendo un paralelismo con Yacyretá y las obras complementarias realizadas en la región.
“Hoy, Posadas es una maravilla; Encarnación es una maravilla. Toda la costa recibió obras: el bypass carretero, servicios sanitarios, el puente, el aeropuerto. Todo eso quedó con la definición de Yacyretá”, sostuvo López desde el histórico hotel céntrico de la capital provincial.
De esa manera, remarcó que las obras hidroeléctricas “traen beneficios”, aunque aclaró que “el tema es que sean oportunos y ajustados a lo que la gente necesita”.
Esta iniciativa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado específicamente para el emplazamiento Pindo-í, desarrollado por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay), con participación de instituciones académicas regionales, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de Itapúa.
En Jardín América
Para el jueves 2 de julio a las 20, la charla informativa lleva el nombre: “Alternativas a la problemática energética para el desarrollo de la región”, y tendrá lugar en el salón de la cooperativa servicios públicos, ubicado por calle Brasil 675.
Allí, la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Jardín América y Zona de influencia, Parque Tecnológico Zona Centro Río Paraná y la municipalidad, invitan a participar de este espacio de análisis, intercambio y reflexión sobre los desafíos energéticos actuales y las oportunidades de desarrollo para nuestra región.
La actividad reunirá a representantes del sector público, privado, instituciones, profesionales y actores vinculados al desarrollo productivo y energético, con el objetivo de abordar distintas perspectivas relacionadas al futuro energético regional y su impacto en el crecimiento económico, social e industrial.
La participación es gratuita, con inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/PM3k7vBKx1nQ3U7q9
Sobre los estudios ambientales del Proyecto Multipropósito Corpus Christi
El gobierno nacional, mediante la Resolución 191/2026 publicada en el Boletín Oficial, puso en marcha un régimen de retiro voluntario exclusivo para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN).
El programa se enmarca en las políticas oficiales orientadas a la reorganización y reducción de la estructura estatal y alcanza a los trabajadores comprendidos en el artículo 8° de la Ley 25.164 del Régimen de Empleo Público Nacional.
A partir de la resolución, sectores sindicales que nuclean a los trabajadores se hicieron eco de lo dispuesto y salieron al cruce del régimen. En este sentido, Natalia Duarte, secretaria adjunta de la seccional Iguazú del gremio ATE, del área de conservación y educación ambiental, en comunicación con La Voz de Misiones, expresó su preocupación.
La iniciativa, publicada el pasado 23 de junio, no está dirigida exclusivamente al cuerpo de guardaparques, sino a todo el personal de planta permanente de Parques Nacionales.
“A lo largo y ancho del país contamos con importantes parques nacionales y lo que se plantea es una reducción cercana al 20% de la planta, supuestamente para optimizar, pero nosotros no lo vemos así. Es una forma de despido”, sostuvo Duarte.
En Misiones, las dos áreas afectadas son, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Federal Campo San Juan. Allí trabajan 21 agentes de planta permanente, 22 contratados, además de 33 guardaparques y aproximadamente 10 brigadistas.
Según explica la dirigente sindical, el proceso de vaciamiento de la APN no comenzó ahora, sino que se viene profundizando desde el 2024.
“Con este gobierno hemos perdido a más de 120 compañeros y compañeras a nivel nacional. Algunos se fueron incorporando nuevamente, pero con estos llamados ‘retiros voluntarios’ se encubre otra forma de despido”, afirmó.
Para la secretaria adjunta, la iniciativa representa un “vaciamiento del organismo” que afecta la soberanía, la protección de los bienes comunes y la conservación del ambiente y el patrimonio natural y cultural.
“No podemos permitir estos vaciamientos en la administración pública. Cada trabajador cumple un rol muy importante. Si bien este retiro no alcanza al cuerpo de guardaparques, dentro de la planta permanente también hay científicos, técnicos y administrativos que son fundamentales para la protección de los parques nacionales”, señaló.
Duarte también cuestionó el objetivo de la medida: “Van a decir que la administración pública no es eficiente o que es deficiente, pero para abrir una ruta o realizar una obra se hacen estudios de impacto ambiental. Ahí entra nuestra labor. Con este vaciamiento, claramente vamos a perder capacidad técnica”.
El proceso administrativo prevé la intervención de áreas centrales del Estado, como la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, que deberán intervenir en las actas de desvinculación.
La Administración de Parques Nacionales, organismo encargado de la conservación de las áreas protegidas del país bajo la Ley 22.351, podría verse afectada en su capacidad operativa ante una eventual reducción de su planta de trabajadores.
“Nos preocupa qué va a pasar si no se alcanza ese 20% de adhesión. ¿Quiénes van a completar ese porcentaje? ¿Los contratados o el resto del personal?”, planteó.
En el Parque Nacional Iguazú, uno de los sectores más sensibles es el área de conservación, donde —según señaló— ya se registran dificultades en la evaluación de estudios de impacto ambiental.
“La quita de funciones es otra de las preocupaciones. Es importante que cada departamento cumpla su rol. Si eso se debilita, el funcionamiento general del organismo se ve afectado”, advirtió.
Finalmente, la dirigente consideró que el plan implica una pérdida significativa de recursos humanos con experiencia: “Son trabajadores con años en la administración pública, en edad activa y con una trayectoria valiosa. Es una pérdida irreparable para el Estado”.
El programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar las adhesiones, confeccionar la documentación correspondiente y coordinar los circuitos internos de desvinculación.
“El problema es que con este gobierno vamos a seguir perdiendo trabajadores y el vaciamiento va a continuar profundizándose”, concluyó Duarte.
Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”
Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.
La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones.
“El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.
“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.
Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.
De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, Kokuere’i II, katupyry, Mbokajaity I y Pindoty.
Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.
Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio
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