Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
Provinciales
El Soberbio: comerciantes juntan firmas para declarar emergencia en seguridad
Ante una seguidilla de episodios registrados en El Soberbio, comerciantes de la localidad del Alto Uruguay elaboraron un petitorio para declarar la emergencia en seguridad en el municipio y reúnen firmas para presentar la solicitud ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD), que sesiona este martes a las 18.
“Quienes suscribimos, vecinos y vecinas de El Soberbio, nos presentamos ante este Cuerpo Deliberativo para exigir una respuesta institucional inmediata frente a la grave situación de inseguridad que atraviesa nuestro pueblo”, señala el documento redactado por los vecinos, al que accedió La Voz de Misiones.
En el documento, los habitantes de la localidad afirman que “no son sensaciones”, sino hechos “concretos que todos conocemos”. Seguidamente, mencionan siete casos ocurridos en “pocos meses”.
“Se quemaron casas, comercios y vehículos particulares. No fueron accidentes. Fue violencia planificada”, denuncian y, además, remarcan que también se registraron casos de “tiroteos en el acceso al pueblo, además de otros episodios con armas de fuego”.
Debido a estos hechos, el documento sostiene que, por el “miedo en las calles”, los comerciantes “bajan las persianas antes de hora” y los vecinos “no salen de noche”. En esa línea, puntualizan: “Se rompió la paz social”.
“Esta situación ya desbordó la respuesta normal del municipio. Con los recursos ordinarios no alcanza. Por eso la ley prevé una herramienta para momentos excepcionales: la declaración de emergencia”, apuntan en el petitorio.
Con ese argumento, los comerciantes, en el “ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos”, exigen al Concejo local que “trate” y “apruebe”, con carácter “urgente”, la emergencia en seguridad en El Soberbio.
La solicitud de los vecinos surgió a raíz de que, en horas de la madrugada del último domingo, la funeraria La Paz, propiedad del ex intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk, fue blanco de una balacera perpetrada por dos hombres en moto, entre otros episodios similares.
Ataques con fuego y ahora una balacera en la funeraria de Coleco en El Soberbio
Provinciales
Yerbateros con Agustín Rossi: suman adhesiones para recuperar el Inym
El sector yerbatero de Misiones continúa consolidando su estrategia judicial contra las modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En ese marco, avanza en la búsqueda de respaldo político y este martes por la mañana referentes de asociaciones, cooperativas y productores se reunieron en Posadas con el diputado nacional peronista Agustín Rossi, a quien le expusieron en detalle la crítica situación del sector y el alcance de la presentación ante la Justicia federal.
El encuentro se dio durante la visita del legislador para acompañar la candidatura de Gonzalo “Lalo” Costa Arguibel dentro del espacio Amplitud Justicialista para presidir el PJ Misiones y respaldar el proceso de normalización partido, actualmente intervenido. Participaron de la reunión Jorge Skripczuk por Impulso Yerbatero, Hugo Sand por Apam y el abogado patrocinante José Federico Padolsky, en representación de las entidades que impulsan la acción judicial.
Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, explicó que el objetivo central es lograr la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 que modificaron el funcionamiento del Inym y avanzar en la restitución plena de sus facultades.
“Nos reunimos con el gobernador (Hugo) Passalacqua y nos dio su respaldo y acompañamiento a esta medida. Además le enviamos al gobernador (Axel) Kicillof un informe detallado de la situación yerbatera. En esta oportunidad aprovechamos que el diputado nacional estaba en la provincia para exponerle la problemática y que sepa por nosotros lo que estamos pasando. Así, vamos a seguir hablando con todos los diputados”, sostuvo.
En la misma línea, Hugo Sand remarcó la necesidad de que todo el arco político escuche al sector: “Ojalá que los libertarios nos convoquen. Nos tienen que escuchar y ahí, teniendo conocimiento de la situación en primera mano, que ellos se hagan responsables de qué camino toman, si nos dan una respuesta que nos ayude o nos hunda”.
La reunión con Rossi se enmarca en una serie de gestiones que los productores vienen realizando para sumar adhesiones a la presentación judicial que ya fue formalizada ante el Juzgado Federal de Posadas. El planteo incluye tanto el pedido de inconstitucionalidad como una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 que tratan el tema yerbatero.
Consultados sobre las manifestaciones en la Plaza 9 de Julio en reclamo de un precio justo, por parte de un grupo de referentes fueron claros en diferenciar los planos del conflicto. “Para nosotros este es un problema político, pero hasta el momento la solución no llegó por los medios del Poder Ejecutivo. No debemos confundir a la gente: nosotros vamos por la restitución plena del INYM, entonces quien debe resolver esto es el gobierno nacional, dado que nuestro instituto es nacional. Por eso tomamos la decisión de llevarlo ante la Justicia porque ante todo nosotros seguiremos luchando”, expresó Sand.
Por su parte, Skripczuk reforzó la apuesta al camino judicial y planteó una mirada de largo plazo: “Es por eso que tomamos el camino judicial. Y vamos a avanzar desde ahí y tenemos muchísima esperanza”.
Sand agregó que “como el viento cambia de dirección, esto va a cambiar. Hay que comenzar a soñar, soñar utopías. Tenemos un problema que es el hoy y no tenemos que dejar que el hoy nos consuma. Hay que pensar Misiones de acá a 25 años, con un plan estratégico”.
Críticas políticas y posicionamientos
Durante la charla también hubo cuestionamientos a dirigentes que se mostraron en redes sociales apoyando el reclamo yerbatero. En particular, se refirieron a la presencia de algunos legisladores en la plaza y su exposición en redes sociales. “Está buenísimo que hagan público el reclamo porque es una forma de exponerse. La persona tiene que hablar, así podemos saber dónde está parado políticamente. Casualidad que a esos mismos políticos se los ve cada vez más hacia la ultraderecha, a La Libertad Avanza. Y los libertarios son los principales responsables del decreto de necesidad y urgencia. Javier Milei es el culpable y todos aquellos que apoyan esa política están en contra de la familia agraria”, señaló el dirigente obereño de Apam.
También apuntaron contra el silencio de otros sectores políticos: “Hay una contradicción total. Hablamos también de los diputados y senadores oficialistas y opositores de nuestra provincia que con su silencio acompañaron estas medidas. Entonces, cuanto más hablen, la sociedad va a saber quién es quién en este momento. Y si lo que dicen en redes sociales es por oportunismo”, expresó el dirigente de Impulso Yerbatero Jorge Skripczuk.
En ese sentido, insistieron en la necesidad de abrir el debate: “Espero que nos convoquen, que nos llamen los jueces y nos pregunten por qué estamos tan enojados. Les vamos a decir que denunciamos incumplimiento de deberes de funcionario público y que estamos en la Justicia porque la política nos dejó de lado”, sentenció Sand.
Crisis productiva y organización del sector
Más allá del plano judicial y político, los productores describieron un escenario crítico para la actividad. “Hoy la gente recién está tomando conciencia de lo que significa esta ‘libertad’ que se pregonó desde 2023. Con el libre mercado no se pueden pagar las boletas de luz, ni comprar un kilo de carne. El combustible se fue por las nubes y es imposible para un productor limpiar su yerba o fertilizar. Es un modelo que vino a destruir”, advirtió Skripczuk.
La falta de regulación también impacta directamente en los precios. “Se habla de un valor de referencia de 350 pesos, en otros lugares un poco más y en otros 100 pesos. Hoy, al no tener un organismo de control, cualquiera paga lo que puede. Pero alguien se queda con ese margen grande”, indicó Skripczuk.
Por su parte, Sand añadió que la falta del Inym genera un proceso de descapitalización creciente: “Hay venta de chacras todos los días. El productor está con el agua en el cuello. No soporta más esta situación. También pasa con el té: un productor fue a cobrar una cosecha de diciembre y le dieron un cheque para julio. ¿Cómo sobrevive así?”.
Además, alertó sobre el endeudamiento generalizado: “La morosidad es altísima en todos los ámbitos. Y el productor es el que más sufre porque no tiene ingresos fijos mensuales”.
Frente a este panorama, Sand planteó la necesidad de recuperar herramientas de regulación: “Necesitamos un banco provincial como teníamos antes, un mercado consignatario y el Instituto funcionando a pleno. No puede ser que actividades como el té queden en manos de cuatro o cinco exportadores”.
Confianza en la Justicia y llamado a la participación
Pese al malestar, los referentes aseguraron que priorizan la vía institucional. “Nosotros confiamos en la Justicia. Siempre tratamos de agotar el diálogo. No queremos perjudicar a gente que no tiene nada que ver con esta situación”, explicó Sand, aunque dejaron abierta la posibilidad de avanzar con otras medidas si no hay respuestas.
En paralelo, Skripczuk remarcó la importancia de la organización social y la participación. “El pueblo movilizado y la asamblea popular son caminos. La plaza tiene que ser un espacio de debate público”, afirmó.
Finalmente, Sand explicó que el conflicto también tiene una dimensión política de fondo. “Se están jugando dos modelos de provincia: uno totalmente desregulado y otro más democrático. Pero tenemos que dejar de pensar en el corto plazo. Nos corren siempre con las elecciones. Debemos construir una política agraria para la provincia de Misiones consensuada y pensada a largo plazo”.
Provinciales
El gobierno provincial confirmó un incremento salarial a docentes desde abril
Las autoridades educativas del gobierno de Misiones confirmaron una actualización salarial para el sector docente que impactará en los haberes correspondientes al mes de abril, en todos los niveles y modalidades, en cumplimiento de lo acordado durante la mesa de diálogo paritario realizada en febrero.
De acuerdo a la grilla salarial oficial, el nuevo esquema fija el salario del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad, con jornada simple de cuatro horas, en 755.001 pesos, mientras que en los casos de mayor recorrido el ingreso asciende a 981.989 pesos.
En tanto, en el nivel secundario, las 42 horas cátedra pasan a ubicarse en 1.815.566 pesos para quienes no registran antigüedad y en 2.252.590 pesos para docentes con mayor trayectoria en el sistema educativo.
El anuncio se conoció luego de la reunión de trabajo concretada entre autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Consejo General de Educación (CGE) y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), junto a representantes de los principales sindicatos del sector, entre ellos UDPM, UDA, Semab, Sadop, Sideppy Amet.
En ese marco, desarrollaron aspectos salariales y laborales, así como también cuestiones técnicas y pedagógicas vinculadas al funcionamiento del sistema educativo en la provincia, los cuales seguirán siendo abordados en próximas instancias de diálogo, según confirmaron desde el gobierno.
Desde el Ejecutivo también ratificaron que las mesas paritarias seguirán funcionando como el canal formal para tratar cuestiones salariales, laborales, técnicas y pedagógicas. El objetivo declarado es garantizar la marcha del sistema educativo y dar cauce institucional a los reclamos del sector.
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