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Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial

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Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.

El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.

Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.

La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.

“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.

En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.

“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.

El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.

Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.

“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.

Aguas turbulentas

Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.

“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.

“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.

“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.

Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.

Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.

Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.

“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.

“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.

Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.

“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.

“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.

“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.

“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.

Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.

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Sala de 4 sin docente en Neni 2067 de Concepción: “Hay 20 niños sin clases”

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Un grupo conformado por alrededor de 20 padres acudió al Consejo General de Educación (CGE), donde presentaron una nota para reclamar la interrupción del ciclo lectivo por ausencia de la maestra que desde al menos tres años prestaba servicios en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial (Neni) 2067, sede 26, de la localidad de Concepción de la Sierra. 

Los alumnos están sin maestra y sin clases hace dos semanas”, reclamaron los padres en diálogo con La Voz de Misiones y añadieron: “La señora directora Margarita Sadaniowski no da respuestas. No da solución”.

Frente a esta situación, decidieron dirigirse en la mañana de este viernes al Consejo General de Educación (CGE) donde presentaron una nota en reclamo de la suplente correspondiente, ante la ausencia de la docente titular de la salita de 4 años.

Queremos dejar en claro que es un derecho la educación en la salita de 4 años. Son 20 niños los que están esperando ansiosos a iniciar sus clases. Además, no tenemos información sobre quién es la supervisora a cargo; no tenemos nombre, contacto ni datos”, apuntaron los tutores.

Y concluyeron: “La directora solo repite lo que le dijeron, que le contaron, pero nunca da una conclusión final. Como padres ya no confiamos más en estas dilaciones. No queremos llegar a la tercera semana sin clases. Exigimos una respuesta definitiva e inmediata”.

Hasta el momento no lograron iniciar el ciclo lectivo, por lo que los padres denunciantes exigen una reunión con la supervisora escolar para, al menos, lograr la reincorporación de la suplente Samanta Danember.

Sobre lo que concluyeron: “Lo único que queremos nosotros como padres es respuesta por parte de la señora directora, Margarita Sadaniowski, quien nos niega reuniones con la supervisora y tampoco resuelve esta situación que lleva dos semanas. No podemos esperar más”.

Nota presentada por los padres de los alumnos de la salita de 4 años ante el CGE

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La dueña de Samsa congela inversiones en Posadas y pone sus acciones en venta

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La dueña de SAMSA congela inversiones en Posadas y pone sus acciones en venta

Por Fernando OZ

Ante el proceso de desinversión del fondo estadounidense Platinum Equity, SAMSA frena obras en la red de agua potable de Posadas y Garupá, incumpliendo los planes proyectados para 2026. La filial argentina opera sin actualizaciones de infraestructura mientras busca nuevos compradores, dejando al Gobierno con la opción de exigir la renegociación de la concesión ante la crisis de servicios.

Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) no invertirá más en Posadas ni en Garupá. La proyección de la firma para 2025, según su plan de inversión, era de casi 5.000 millones de pesos para la mejora de servicios, pero apenas se ejecutaron 1.450 millones. El mes pasado se presentó una presunta inyección de 520 millones de pesos en una flota de vehículos, pero en los balances esa partida sería parte del remanente del año anterior. El extraño flujo y la presunta sobrefacturación que padecen los vecinos sucede justo cuando el principal fondo inversor se encuentra por abandonar el país.

El servicio de suministro de agua potable del mayor conglomerado urbano de la provincia está en manos de Platinum Equity, un gigantesco fondo de inversiones estadounidense cuyos negocios van desde la producción de vinos en Italia con Fantini Group Vini, pasando por una fábrica de galletas francesa, Biscuit International, hasta la famosa Awaze, con sede en Londres, que alquila resorts, hoteles y castillos por media Europa.

En estos momentos, Platinum Equity tiene en venta sus activos de Urbaser Inversiones Argentina, la firma que administra SAMSA, que es apenas una fracción de Urbaser Global, un holding que opera en 30 países de cuatro continentes y tiene una nómina de unos 35.000 empleados.

Urbaser Inversiones Argentina se encuentra en un proceso de desinversión y la venta está a cargo del banco Santander. En consecuencia, según fuentes de la misma compañía, no habrá más inversiones para la red de provisión de agua para Posadas y Garupá. La administración central de SAMSA sigue estando en las oficinas de la Avenida Alem 1050, en la zona conocida como Catalinas Norte, frente al barrio porteño de Puerto Madero. En la sede de Urbaser Global, en Madrid, sobre la calle Agustín de Foxá, dicen que ya tienen otros dueños y se desentienden del asunto.

El mes pasado, Platinum Equity anunció la venta de Urbaser Global por casi 6.000 millones de dólares a un consorcio formado por dos fondos financieros: el estadounidense Blackstone y el sueco EQT. De lo único que no pudo desprenderse fue de la división de negocios en Argentina, es decir, de SAMSA.

En los salones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) están al tanto de la venta y dan por hecho que hay grupos interesados en las operaciones en la tierra colorada. Entre los lobbistas del sector, hay quienes siguen de cerca el destino de SAMSA y recuerdan que en 2018 quedó en manos del grupo chino China Tianying Inc., hasta que se vendió a Urbaser en 2021.

El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, un médico de origen cubano cercano a Donald Trump, se encuentra recorriendo todo el país con tres objetivos bien claros: generar negocios para las empresas de su país, hacer lobby con los gobernadores para evitar que se instalen capitales chinos y sumar a las provincias en la guerra contra el narcoterrorismo.

Se estima que casi 2,8 millones de hectáreas de todo el país están bajo control de capitales estadounidenses. En Misiones la presencia, por metros cuadrados, es significativa, especialmente en el sector forestal y en fondos de inversión que adquirieron tierras con vistas a negocios ecosistémicos y los futuros bonos de carbono. Además, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de la provincia, especialmente de pasta celulosa.

El Gobierno de Hugo Passalacqua puede revocar la concesión si se demuestran fallas graves y reiteradas en la prestación del servicio. Es el EPRAC, el organismo regulador, el encargado de aplicar sanciones que, al acumularse, fundamenten una rescisión con causa. ¿Podrá SAMSA comprobar el plan de inversiones obligatorio que firmó en el contrato original?

Tal vez haya que esperar el proceso de venta de la filial argentina de Urbaser, en manos de Platinum. El Gobierno, si quisiera, se encuentra en una posición de fuerza para exigir al nuevo comprador la renegociación de los términos de una concesión que expirará en 2030.

Vecinos protestaron frente a Samsa: “El aire no se paga, basta de robar”

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Río Uruguay restablecerá este jueves servicio de colectivos en Apóstoles

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Río Uruguay restablecerá este jueves servicio de colectivos en Apóstoles

A primera hora de este jueves, la empresa Río Uruguay restablecerá el servicio de transporte público de pasajeros en Apóstoles, tras 48 horas de interrupción en la ciudad.

Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la compañía y el Ejecutivo municipal, a cargo de la intendenta María Eugenia Safrán, llegaron a un acuerdo con el objetivo de garantizar la movilidad de los vecinos de Apóstoles a partir de mañana.

El último martes, Río Uruguay decidió “unilateralmente” interrumpir el servicio de colectivos en la localidad por incumplimientos de carácter nacional y ajenos “a cuestiones de la administración del municipio”, había informado el Ejecutivo a través de sus redes oficiales.

Ante esta situación, la Municipalidad dispuso unidades para trasladar a estudiantes a los establecimientos educativos mientras se destrababa el conflicto.

Finalmente, tras la intervención del Ejecutivo local y luego de 48 horas de interrupción, la empresa retomará el servicio de colectivos en la ciudad.

Apóstoles sin colectivos hace un día por decisión “unilateral” de Río Uruguay

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