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Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial

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Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.

El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.

Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.

La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.

“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.

En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.

“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.

El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.

Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.

“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.

Aguas turbulentas

Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.

“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.

“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.

“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.

Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.

Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.

Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.

“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.

“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.

Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.

“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.

“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.

“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.

“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.

Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.

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Asociación logró una ordenanza que habilita un matadero rural en El Soberbio

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Tras conformar una asociación hace cinco meses, los productores de El Soberbio lograron que el Concejo Deliberante apruebe por unanimidad una ordenanza que establece un marco normativo para la faena en el municipio, y que el Ejecutivo les otorgue una habilitación “tipo permiso” para un matadero rural que impulsaron como respuesta al cierre del establecimiento local, que funcionó durante 30 años en la localidad del Alto Uruguay.

Con la normativa sancionada, la Asociación Matadero del Alto Uruguay (MAU), conformada por más de 70 productores ganaderos, colonos y comerciantes de la zona, consiguieron una constancia de aprobación municipal requerida por organismos provinciales para iniciar el trámite de habilitación definitiva de establecimientos de faena. Este permiso tiene vigencia por 90 días, puede ser prorrogable y cuenta con un registro y numeración municipal, aunque no habilita por sí solo el desarrollo de la actividad.

En el documento aprobado este jueves, en la última sesión ordinaria del Concejo, se aclara que la habilitación definitiva continúa siendo competencia provincial, a través de los ministerios de Ecología, del Agro y de Industria, responsables de autorizar el funcionamiento de mataderos de tipo B y C en Misiones.

Además, la ordenanza establece los requisitos documentales que deberán presentar desde la asociación, entre ellos la información catastral del inmueble, planos del establecimiento y del terreno, detalles edilicios y sanitarios, sistemas de evacuación de efluentes, ubicación de corrales. Una vez presentada la documentación, el municipio realizará la inspección correspondiente.

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es la habilitación de mataderos rurales. Ante la ausencia de habilitación provincial para este tipo de establecimientos, y en virtud de la cesión de facultades otorgadas por funcionarios provinciales, el municipio quedó facultado para autorizar su funcionamiento, siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Nacional N.º 4.238 y sus modificaciones, a los que Misiones adhiere.

La normativa también establece que vencido el plazo del permiso otorgado por el Ejecutivo, el mismo será dada de baja y una vez obtenida la habilitación definitiva por parte de los ministerios provinciales, la asociación deberá registrarse en el municipio con la habilitación permanente.

Matadero rural

En abril, la Municipalidad de El Soberbio dispuso el cierre definitivo del matadero tras recibir numerosas denuncias de vecinos por las quemas a cielo abierto, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional en la zona y la falta de mantenimiento e inversión en el establecimiento, que funcionaba desde 1993 en el paraje Tararira, sobre la ruta costera 2.

El cierre del predio dejó a los productores bovinos sin un espacio habilitado para la faena, obligándolos a trasladarse a otras localidades e incluso favoreciendo la práctica clandestina de la actividad, con los riesgos sanitarios que ello conlleva.

Frente a este escenario, surgió la idea entre los productores, colonos, comerciantes y vecinos de El Soberbio de impulsar la creación de un nuevo establecimiento, pero esta vez bajo un marco legal, por lo cual crearon la Asociación Matadero del Alto Uruguay (MAU).

La conformación del MAU fue el primer paso para encarar la problemática. El desafío siguiente consistía en obtener la habilitación necesaria para operar bajo los protocolos de seguridad e higiene, una competencia que no recaía en el municipio sino en el ámbito provincial.

Dado que las normativas nacionales y provinciales no contemplan la figura de matadero rural, los impulsores de la iniciativa lograron que el Concejo Deliberante trabajara de manera conjunta con los distintos ministerios para avanzar en una solución.

De este modo, se facultó al municipio a dictar una ordenanza que otorgara un marco normativo para la faena en la localidad, como paso previo a la obtención de una autorización definitiva.

Asociación busca conseguir habilitación para nuevo matadero en El Soberbio

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Passalacqua confirmó la prórroga de los programas Ahora hasta el 31 de marzo

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La continuidad de los programas Ahora venían siendo foco de incertidumbre debido a los recortes presupuestarios realizados en todo el país, pero el gobernador Hugo Passalacqua confirmó su renovación hasta el 31 de marzo de 2026.

El mandatario provincial hizo el anuncio esta tarde, a través de sus redes sociales, donde dio a conocer la esperada novedad dirigida a la familia misionera.

En un breve posteo expresó: “A pesar de las dificultades económicas por todos conocidas, desde el Gobierno provincial hemos sostenido, con un importante esfuerzo fiscal, los programas Ahora como una herramienta clave para amortiguar la crisis”.

Al mismo tiempo, recordó que estos programas -que abarcan diferentes rubros- funcionan como incentivo al consumo interno, por lo que resaltó: “Resultan fundamentales para contrarrestar la caída de la demanda y proteger al comercio, el empleo y el tejido productivo misionero”.

En ese marco, el mandatario provincial ratificó que se prorrogan los programas Ahora desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo “en acuerdo con las entidades bancarias y el sector privado participante”.

La extensión alcanza a los programas: Ahora Misiones, Bienes Durables, Mujer, Viajá por Misiones, Estudiantes, Construcción, Carne, Gastronomía, Feria, Mascotas, Pan, Gas, Neumáticos, Remedios y Góndola Bernardo de Irigoyen.

Vuelve el Ahora Fiestas: del 20 al 31 de diciembre, con reintegros de 25%

 

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El vicegobernador inició una colecta para egresados estafados en Eldorado

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Luego de que se nacionalizara el caso de la madre que se quedó con 17 millones de pesos que eran para la fiesta de egresados de la Comercio 19 de Eldorado, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, compartió en sus redes un video para “acompañar” a los estudiantes e inició una colecta. También pidió respuestas a Casinos de Misiones, mientras que la acusada es objeto de una incipiente investigación.

El hecho se conoció el 12 de diciembre, cuando un grupo de padres radicó una denuncia en la comisaría local y los alumnos de esa casa de estudios hicieron público el caso.

Todo comenzó cuando los padres encargados de la organización del evento arribaron al salón Pirámide, donde estaba prevista la fiesta el pasado viernes, y se encontraron con la negativa del dueño ante la falta de pago del alquiler.

Luego trascendió que la madre que debía rendir el dinero habría gastado gran parte del mismo en una casa de juegos y que padecería “ludopatía”, mientras que otros descartan esa hipótesis y apuntan a una “estrategia de un abogado” para evadir la responsabilidad de un delito que puede tener una pena de 1 a 6 años de prisión.

Frente a esta situación, el vicegobernador de la provincia se expresó a través de sus redes sociales y explicó: “La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos”.

Al mismo tiempo, señaló que tomó la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta “para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción”.

Para finalizar, instó al casino “a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias”.

Los montos, la fiesta y la polémica

A lo largo de este año, los padres de los egresados fueron aportando el dinero correspondiente a las tarjetas mediante transferencias a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia y lograron reorganizar los pagos con el apoyo del intendente local.

De esta manera, lograron reunir el faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeada.

Actualmente la mujer identificada como Romina E. afronta una denuncia y se aguarda que la Justicia defina su situación.

 

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