Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
El conflicto territorial de colonos de San Pedro sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando, luego del incendio de viviendas de madera registrado días atrás, efectivos de la Unidad Regional XIV demoraron a cuatro hombres en sus chacras, por lo que vecinos responsabilizaron a la empresa forestal Arauco.
Según atestiguan los afectados, efectivos de seguridad que responden a la forestal “entraron a las chacras, quemaron las casas, mataron a los animales y detuvieron a los colonos ilegalmente”. Sobre ese mismo momento, ampliaron: “Fueron torturados por la Policía”.
El último viernes fue Cristian Marcelo Dos Santos quien encontró su casa quemada y las pertenencias que tenía en su chacra de Puerto Argentino 3. Según su relato, todo comenzó el martes, cuando “la Policía ingresó junto a personal de Arauco para exigir que dejara de trabajar en la chacra y sin ninguna orden judicial me amenazaron con seis meses de prisión”.
En tanto, el último sábado en horas de la tarde, cuatro colonos fueron despojados de las chacras donde se encontraban trabajando y trasladados por la fuerza a la comisaría local.
Sobre el procedimiento, uno de los vecinos del lugar expresó a través de un video difundido por la cuenta XR Misiones, que los uniformados “entraron sin ninguna orden a dispararles con armas calibre 12, los tiraron al piso boca abajo, les patearon en la espalda, pisaban en la nuca y con la escopeta siguieron disparando”.
A lo que añadieron: “Dispararon a un menor de 16 años, hijo de Juan Ramón Ostapiuck, y lo secuestraron hasta las 12 de la noche mientras al padre le pegaban por preguntar por su hijo”.
En la mañana del domingo la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras se acercó a la comisaría para exigir la liberación de Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón, quienes finalmente fueron liberados.
Sin embargo, aseguran que estos episodios “se repiten” diariamente, por lo que solicitaron respuestas por parte de las autoridades competentes, así como también “a todos los organismos de Derechos Humanos que intercedan en situaciones como esta”.
En la mañana de este lunes, uno de los vecinos que residen en la colonia San Juan Bosco, presentó ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, la denuncia correspondiente sobre las detenciones y los episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el sábado.
Colonos tras su liberación en la comisaría de San Pedro.
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Antecedentes
Este conflicto territorial en San Pedro sumó varias semanas de creciente conflictividad en las colonias rurales. El 19 de agosto, fue detenido el colono Ángel Rivero, quien también se encontraba trabajando en su chacra al momento de la captura.
Por su parte, las organizaciones que acompañan a las familias denunciaron que el hecho se produjo en el marco de una causa por presunta usurpación. En ese momento, los vecinos decidieron realizar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro para pedir la liberación de Rivero.
También se vieron afectadas las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita y San Juan Bosco, entre otros parajes desde donde denunciaron una sucesión de procedimientos policiales y situaciones de violencia que podría alcanzar a unas 300 familias.
Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
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