Provinciales
Conflicto sindical amenaza con paralizar la actividad fluvial
Un nuevo conflicto sindical amenaza con paralizar el transporte fluvial, mientras el río Paraná ve despoblarse sus aguas de buques de bandera argentina, porque apremiadas por los costos las empresas nacionales migran sus embarcaciones a Paraguay.
El conflicto se arrastra desde fines del año pasado, cuando el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), resistió el cambio de bandera del buque “Piray Guazú”, por parte de la empresa Maruba, hecho que finalmente se concretó a mediados de enero del nuevo año, cuando una tripulación paraguaya retiró la embarcación anclada en el puerto de Corrientes.
Al mismo tiempo, los gremios doblaron la apuesta y declararon un paro de actividades reclamando a la Cámara Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus por “productividad” para la tripulación de los buques con bodegas mayores a los 1.500 m3.
La medida de fuerza se hizo efectiva en Buenos Aires, y no alcanzó a llegar a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, porque la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, resolvió la conciliación obligatoria y la instalación de un canal de diálogo.
“La medida de fuerza es un reclamo genuino para preservar los puestos de trabajo, la soberanía de los ríos y el pabellón nacional, que es importantísimo para los argentinos, pero hay sectores que les molesta este tipo de reclamos”, afirmó por entonces Raúl Dardos, líder del Somu, entrevistado por el diario porteño Ámbito Financiero.
En Misiones, José Giménez, líder del Siconara y secretario general de la CGT local, defendió el plus por “productividad” y denunció una “gran evasión impositiva” en la provincia por parte de las empresas navales y areneras.
“Se miente en la capacidad de bodega de los buques”. “Se hacen tres viajes y se declara uno”, dijo Giménez a los medios locales.
El pago por “productividad” reclamado por los sindicatos refiere a una remuneración extra, de las asignaciones que ya perciben entre el salario, antigüedad y hasta un plus por viaje, lo que las empresas consideran el equivalente a lo exigido en el marco del presente conflicto.
Los gremios acataron la conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTES), y la situación quedó supeditada a lo que pueda resolverse en la negociación abierta entre las partes.
“Deseamos que este canal de diálogo que abre la Autoridad Laboral sea conducente a una solución satisfactoria del justo reclamo realizado, ratificando que más allá de la vocación de diálogo sobradamente demostrado de esta representación gremial, la Cámara Argentina de Arena y Piedra debe tomar conciencia de la necesidad y conveniencia de dar una respuesta positiva”, señala el comunicado de los sindicatos.
Aguas turbulentas
Para los empresarios argentinos, las demandas no tienen justificación y se producen en medio de la grave crisis económica derivada de la pandemia de covid, y de una emergencia hídrica que apenas permite la navegación.
“Por todo esto es que las empresas cambian de bandera, y hoy de cada 100 buques que navegan por el río Paraná hasta Asunción, solo 3 o 4 son de bandera argentina”, señalaron a La Voz de Misiones voceros de la cámara empresarial.
“Hay barcos con bandera de Paraguay, y también de Panamá y hasta de Costa de Marfil, que ofrecen condiciones tributarias y laborales más atractivas para las empresas”, añadieron.
“Si seguimos sumando exigencias dentro de poco no va a quedar ningún barco de bandera argentina en nuestros ríos del litoral”, afirmaron.
Los empresarios nacionales creen que los sindicatos se equivocan, y que en vez de apuntar contra las empresas deberían acompañarlos para la recuperación económica del sector.
Las declaraciones del capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, que responsabilizó de la debacle de la actividad a la presión impositiva y a la Prefectura Naval Argentina, como la instancia que más afecta el desarrollo de la industria naval, aparece en sintonía con el reclamo de las empresas.
Uno de los problemas identificados por los empresarios son las regulaciones navales que rigen en el país para la habilitación de las embarcaciones.
“La Prefectura todos los años manda un Oficial a Inglaterra, pero en vez de enviar un técnico, envían un abogado, que vuelve al país y redacta legislaciones como si nosotros tuviéramos embarcaciones modernas, las nuestras son de los años ´30; los remolcadores son de 1950”, se quejan los empresarios.
“En Paraguay no te piden nada de eso, allá se adapta la legislación a la flota que se tiene, lo que no quiere decir que las embarcaciones sean obsoletas o no estén preparadas para navegar; todas tienen igualmente tecnología”, agregan.
Sostienen que aún con el tipo de cambio favorable al Guaraní, en Paraguay, la tripulación es más barata que aquí, las contrataciones tienen menos exigencias, y las cargas sociales son más bajas.
“Esto no quiere decir que los sueldos sean bajos”, aclaran los empresarios argentinos. Dicen que los salarios en Paraguay son tan buenos como los que perciben aquí los trabajadores del sector, pero con menos conflictividad.
“Acá para mover un barco, de movida intervienen tres sindicatos. En un buque normal tenés 4 tripulantes y 3 sindicatos”, ilustran. “Acá necesitas tres tripulaciones para un remolcador, mientras que en Paraguay no, con una tripulación nomás ya te basta”, agregan.
“Giménez nos trata de evasores porque no declaramos todo lo que tiene que cobrar la gente, pero los que trabajan en los barcos no quieren que vos le declares todo el sueldo, porque quieren pagar menos de Impuesto a las Ganancias”, afirman.
“Le echan la culpa al empresario cuando el mismo tripulante no quiere; ni siquiera quieren hacer paro porque no quieren perder el plus por viaje”, aseguran.
Los empresarios nacionales sostienen que los gremios navales juegan a dos puntas, ya que por un lado se embanderan con la lucha por la defensa de la soberanía argentina en los ríos y, por otro, se encolumnan detrás de exigencias que obligan a las empresas a registrar sus buques bajo otras banderas.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), realizaron un informe que revela que al menos cinco departamentos de Misiones superan el límite fijado para la extranjerización de suelos, siendo Puerto Iguazú el distrito que concentra la mayor cantidad de hectáreas en manos de agentes foráneos.
El informe fue publicado en diciembre del año pasado, como aporte trascendental en el marco del debate iniciado tras la presentación de un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca derogar en forma definitiva la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (N° 26.737).
La normativa se sancionó en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y estableció como límite de extranjerización de tierras un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, al tiempo que fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
La ley sufrió una modificación en 2016, con Mauricio Macri como presidente, quien mediante el Decreto 820/2016, “flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero”, explicaron Julieta Caggiano y Matías Oberlin, autores del informe.
En 2023, en tanto, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154, pero la medida encontró un freno judicial mediante un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim).
Misiones y el mapa
En ese marco, los investigadores efectuaron un relevamiento a nivel nacional y confeccionaron un mapa interactivo en el que marcaron las parcelas de tierra actualmente extranjerizadas en todo el país.
El trabajo concluye que alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, lo que en superficie “supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra”.
Sin embargo, para Caggiano y Oberlin, lo más inquietante surge cuando el análisis se realiza a nivel provincial o departamental, donde detectaron que 36 distritos superan el límite fijado por la ley que el gobierno libertario busca derogar en forma definitiva.
Entre esos departamentos hay varios que pertenecen a Misiones, la mayoría de ellos ubicados en zonas fronterizas y en territorios con recursos hídricos y potencial turístico.
Con esa información recopilada, confeccionaron un mapa interactivo en el cual se puede consultar la situación provincia por provincia. En el caso de Misiones, el estudio consigna que, por ejemplo, Puerto Iguazú (integrado también por Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda) tiene una extensión comprendida por 286,378,35 hectáreas, de los cuales 114.406,68 están en manos extranjeras, lo que representa un 40% del total del territorio.
Le sigue Montecarlo (conformado también por Caraguatay y El Alcázar), que de 173.606.09 hectáreas, tiene 31.866,75 extranjerizadas, lo que se traduce en un 18%. También aparecen Eldorado (en el que entran Colonia Delicia, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Colonia Victoria) con 16%, Libertador General San Martín (Puerto Rico, Puerto Leoni, Garuhapé, El Alcázar, Capioví y Ruiz de Montoya) con 17% y Concepción (Concepción de la Sierra y Santa María) con 16%.
Posadas, San Ignacio, Oberá, San Pedro y General Manuel Belgrano también están marcados en el mapa, aunque ninguno de ellos supera el 11%, por lo cual aún respetan el límite establecido por la Ley de Tierras.
A nivel regional, otros distritos que aparecen en roja son Ituzaingó y Berón de Astrada, con 34% y 33% de sus tierras en manos extranjeras, respectivamente.
Los investigadores consignaron que el mapa interactivo fue elaborado en base a reportes del Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente de la Dirección Nacional del RNRT del ministerio de Justicia de la Nación, obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública y los datos están actualizados al 6 de agosto de 2025.
El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, resolvió declarar “no conveniente” y rechazar las ofertas presentadas por las empresas Kenia S.A. y ETCE para asumir la concesión del servicio público de transporte de pasajeros en la ciudad.
Tras realizar el análisis integral del procedimiento administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 02/2025, el Ejecutivo firmó la resolución y argumentó que la evaluación técnica, económica y administrativa determinó que las propuestas no resultaban convenientes para los intereses del Municipio.
Asimismo, en el documento se afirmó que la decisión tiene como objetivo resguardar el interés público, la calidad del servicio y el adecuado uso de los recursos municipales.
En tanto, la intendencia ordenó la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones generales que rigió la licitación.
La apertura de sobres se realizó el último lunes en el SUM del edificio municipal. En la instancia solo se presentaron las empresas Kenia S.A. y ETCE, actual prestataria del servicio, cuyo contrato de prórroga excepcional por dos meses vence el próximo 15 de enero.
Con la decisión del Ejecutivo municipal, quedó sin efecto el segundo llamado a licitación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, luego de que la primera convocatoria fuera declarada desierta en octubre pasado por falta de oferentes.
Cae licitación y la Muni de Eldorado podrá contratar colectivos
El Centro de Conservación de Fauna Silvestre Ohana informó el miércoles a la tarde el apartamiento “preventivo” de un biólogo que cumplía funciones como “asesor técnico” en la institución y que ese mismo día fue señalado públicamente a través de redes sociales por hechos de presunto maltrato animal y acoso tanto a estudiantes como a integrantes de Mymba, organización científica fundada y liderada por el profesional apuntado.
“Informamos a la opinión pública y a nuestra comunidad que, ante recientes denuncias públicas que involucran a un asesor externo de nuestra institución, de inusitada gravedad, se ha tomado la decisión de separar preventivamente a dicha persona de todas nuestras actividades y funciones”, expresa el comunicado difundido por Ohana este miércoles 7 de enero por la tarde.
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Si bien la fundación evita mencionar su nombre, el profesional señalado se trata del licenciado Matías Fernández, a quien en octubre le dieron la bienvenida a la institución para que preste funciones como “asesor”.
Según el CV que expusieron en esa presentación, Matías Fernández es “Biólogo con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata -donde se graduó con promedio honorífico-, es director y fundador de Mymba, organización científica dedicada a la Biodiversidad y el Ambiente”.
Acusaciones
Sin embargo, en las últimas horas en el nombre de F. fue asociado a cuestiones mucho más severas. Desde una cuenta de Instagram denominada @exmymba2025 emitieron un “comunicado de advertencia” donde acusaron al biólogo por situaciones de maltrato animal y acoso, e incluso apuntaron que el profesional cuenta con trece expedientes abiertos en la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerce la docencia.
En la misma publicación adjuntaron grabaciones de audios de Whatsapp atribuidos a Fernández donde el biólogo supuestamente amenazaba y se jactaba de matar gatos que se aproximen a su vivienda.
“No sé de quién es el gato este negro… da igual. Si es de alguien, que lo tenga encerrado porque yo la próxima vez que entre acá lo hago concha… ya cinco gatos voy matando, olvidate. Encima, los dejo unos días, así mean, sienten el olor otros gatos, se sienten atraídos y después los atrapo”, se oye en los mensajes de audio.
Desde la cuenta denunciante sostuvieron que “25 de los 27 miembros (de Mymba) decidieron abandonar el grupo y radicar denuncias formales”, en tanto que sobre los que decidieron quedarse acusaron que fue “supuestos beneficios personales justificándose así y hacer la vista gorda a estas actitudes”.
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En esa línea, apuntaron los ex integrantes del grupo liderado por Fernández también sufrieron “acoso sexual, extorsión y amenazas constantes”.
“Se nos presionaba a realizar actos impropios bajo la promesa de beneficios en el grupo o amenazas de reprobar materias en la UNLP”, arremetieron.
De acuerdo a la información brindada en su momento por el propio Ohana, Fernández también es “asesor de INTERPOL, la Red Jaguar (PAcCTO), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
También “ha participado en la elaboración de informes para las Naciones Unidas sobre especies marinas migratorias, y cuenta con una destacada trayectoria como perito ambiental, docente e investigador.
El profesional tiene su cuenta de Instagram cerrada por el momento. Mymba tampoco tiene perfiles activos en las redes sociales.
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