Provinciales
Comunidades mby’a guaraní de Cuña Pirú recibieron el título de sus tierras
Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.
Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera
El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.
Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.
“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.
“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.
“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.
Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.
“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.
“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro. “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.
El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.
“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.
“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.
Selva explotada
Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.
El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).
“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.
Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.
El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.
Territorio y espíritu
María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.
“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.
“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.
“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.
Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.
“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.
Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.
“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.
“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.
“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.
Foto: Marcos Otaño.
El conflicto territorial de colonos de San Pedro sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando, luego del incendio de viviendas de madera registrado días atrás, efectivos de la Unidad Regional XIV demoraron a cuatro hombres en sus chacras, por lo que vecinos responsabilizaron a la empresa forestal Arauco.
Según atestiguan los afectados, efectivos de seguridad que responden a la forestal “entraron a las chacras, quemaron las casas, mataron a los animales y detuvieron a los colonos ilegalmente”. Sobre ese mismo momento, ampliaron: “Fueron torturados por la Policía”.
El último viernes fue Cristian Marcelo Dos Santos quien encontró su casa quemada y las pertenencias que tenía en su chacra de Puerto Argentino 3. Según su relato, todo comenzó el martes, cuando “la Policía ingresó junto a personal de Arauco para exigir que dejara de trabajar en la chacra y sin ninguna orden judicial me amenazaron con seis meses de prisión”.
En tanto, el último sábado en horas de la tarde, cuatro colonos fueron despojados de las chacras donde se encontraban trabajando y trasladados por la fuerza a la comisaría local.
Sobre el procedimiento, uno de los vecinos del lugar expresó a través de un video difundido por la cuenta XR Misiones, que los uniformados “entraron sin ninguna orden a dispararles con armas calibre 12, los tiraron al piso boca abajo, les patearon en la espalda, pisaban en la nuca y con la escopeta siguieron disparando”.
A lo que añadieron: “Dispararon a un menor de 16 años, hijo de Juan Ramón Ostapiuck, y lo secuestraron hasta las 12 de la noche mientras al padre le pegaban por preguntar por su hijo”.
En la mañana del domingo la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras se acercó a la comisaría para exigir la liberación de Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón, quienes finalmente fueron liberados.
Sin embargo, aseguran que estos episodios “se repiten” diariamente, por lo que solicitaron respuestas por parte de las autoridades competentes, así como también “a todos los organismos de Derechos Humanos que intercedan en situaciones como esta”.
En la mañana de este lunes, uno de los vecinos que residen en la colonia San Juan Bosco, presentó ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, la denuncia correspondiente sobre las detenciones y los episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el sábado.
Colonos tras su liberación en la comisaría de San Pedro.
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Antecedentes
Este conflicto territorial en San Pedro sumó varias semanas de creciente conflictividad en las colonias rurales. El 19 de agosto, fue detenido el colono Ángel Rivero, quien también se encontraba trabajando en su chacra al momento de la captura.
Por su parte, las organizaciones que acompañan a las familias denunciaron que el hecho se produjo en el marco de una causa por presunta usurpación. En ese momento, los vecinos decidieron realizar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro para pedir la liberación de Rivero.
También se vieron afectadas las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita y San Juan Bosco, entre otros parajes desde donde denunciaron una sucesión de procedimientos policiales y situaciones de violencia que podría alcanzar a unas 300 familias.
Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
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