Provinciales
Comunidades mby’a guaraní de Cuña Pirú recibieron el título de sus tierras
Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.
Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera
El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.
Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.
“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.
“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.
“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.
Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.
“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.
“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro. “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.
El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.
“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.
“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.
Selva explotada
Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.
El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).
“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.
Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.
El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.
Territorio y espíritu
María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.
“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.
“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.
“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.
Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.
“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.
Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.
“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.
“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.
“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.
Foto: Marcos Otaño.
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La Unam votó por la continuidad política en los decanatos de sus seis facultades
Este miércoles 10 de junio se concretaron las elecciones institucionales en las diferentes casas de estudio de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde los decanos fueron reelectos en las seis facultades ubicadas a lo largo y ancho de la provincia.
En cuanto al rectorado, fue electa la lista única integrada por Sergio Katogui como rector y Gisela Elizabeth Spaciuk, como vice rectora, dando continuidad al proyecto de gestión y garantizando una transición ordenada respecto de la administración encabezada por la, hasta entonces, rectora Alicia Violeta Bohren.
En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales compitieron dos propuestas. La Lista 1, Compromiso Humanidades, representada por Jorge Servián y María del Rosario “Copo” Millán y la Lista 2, Frente Docente por la Educación Pública, que llevó como candidatos al actual decano Cristian Garrido y Zulma Cabrera.
El triunfo correspondió a Garrido y Cabrera, quienes fueron reelectos y ejercerán los cargos de decano y vice durante los próximos cuatro años.
Desde el espacio, agradecieron los resultados a través de sus redes sociales: “Gracias por cada voto de confianza, por cada palabra de apoyo y por creer que una universidad pública de calidad se construye entre todos”.
Y destacaron: “Este triunfo no es un punto de llegada, sino el impulso para seguir trabajando con más compromiso, más diálogo y más convicción por nuestra Facultad”.
De igual manera, en la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) ubicada en Oberá, la lista Unarte ratificó a Ivonne Aquino como decana, acompañada por Héctor Borges como vicedecano.
Mientras que en la Facultad de Ingeniería, María Claudia Dekun continuará como decana y Hugo Orlando Reinert como vicedecano, en representación del espacio Convergencia.
La Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado también mantendrá la línea oficialista. Mariano Martín Di Stasi fue elegido decano acompañado por Anahí Tamara Rauh como vicedecana, en representación de Convergencia Forestales, el espacio político alineado con la gestión saliente y respaldado por el actual decano Fabián Romero y la rectora Alicia Violeta Bohren.
Volviendo a las sedes de la capital provincial, en la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes obtuvo la reelección junto a Griselda Gabalachis, consolidando un nuevo mandato para la lista “Encuentro y Compromiso por Económicas”.
En tanto, en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales también prevaleció la continuidad. Martí Dardo Andrea fue reelegido como decano, en una elección que confirma el respaldo a la actual gestión de una de las unidades académicas estratégicas de la Unam.
Decano de Humanidades: “Hay que restituir el lugar de la universidad en la sociedad”
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Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”
La profunda reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), con un nuevo esquema de retiros voluntarios, tendrá un fuerte impacto en Misiones, según explican desde la Asociación del Personal del Inta (Apinta).
Es que, este miércoles 10 de junio finalizó oficialmente el esquema de retiro voluntario que estableció el gobierno nacional, a través de la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y a partir del martes 16, comenzarán las desvinculaciones de trabajadores que adhirieron al programa impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera a cargo de Federico Sturzenegger.
La medida impacta de lleno en el acompañamiento a los productores misioneros tanto de las economías regionales o a las grandes producciones como la Foresto Industria.
Silvina Fariza, investigadora en genética del Inta y secretaria general de Apinta, Seccional Cerro Azul, en comunicación con LVM, describió un escenario de incertidumbre y preocupación entre quienes permanecen en el organismo.
“En la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul son 24 los agentes que dejarán la institución, mientras que en la Experimental de Montecarlo la cifra ronda entre 18 y 19 trabajadores”, precisó.
La reducción alcanza a personal de apoyo, técnicos, investigadores y profesionales, condición que impacta directo en el acompañamiento de los pequeños productores. Específicamente para el personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. Dado ese escenario, explicó que a los trabajadores de planta permanente les resulta conveniente económicamente acogerse a la propuesta del gobierno nacional y buscar trabajo en el sector privado, pero “los mayores perjudicados en este sentido son los pequeños productores”.
Explicó que el miedo a que unidades del Inta desaparezcan es latente porque hay agencias que se quedan con un solo personal, como Eldorado o Posadas. “Es imposible que se puedan sostener así”, advirtió Fariza.
“Estamos viviendo una situación muy compleja. Se rompen grupos de trabajo, estructuras y equipos que durante muchos años construyeron capacidades, experiencia y vínculos con los productores. Son pérdidas muy difíciles de reemplazar”, sostuvo.
Aunque formalmente se trata de retiros voluntarios, Fariza consideró que las decisiones se toman en un contexto que empuja a muchos trabajadores a abandonar la institución.
“Cuando una persona toma esta decisión en medio de la incertidumbre, del temor por el futuro y de un organismo que está siendo desfinanciado, es muy difícil hablar de una decisión completamente voluntaria. Para nosotros es una forma de despido encubierto”, afirmó.
La dirigente sindical explicó que el Inta enfrenta serias dificultades presupuestarias y que actualmente apenas logra sostener gastos básicos de funcionamiento.
“Hoy el organismo está sin financiamiento para investigación y para el trabajo territorial. Con mucho esfuerzo se llegan a cubrir servicios esenciales como luz, internet y seguridad, pero las actividades que tienen que ver con investigación y extensión están prácticamente desfinanciadas”, sostuvo.
Uno de los aspectos más preocupantes para los trabajadores es el impacto que esta situación tendrá sobre la asistencia técnica a los productores.
“El trabajo de los extensionistas consiste en llegar a las chacras, acompañar a las familias productoras, ayudarlas a mejorar rendimientos, calidad y resolver problemas sanitarios o productivos. Todo eso ya se viene viendo afectado desde hace tiempo”, explicó.
Fariza advirtió además sobre la posibilidad de un desmantelamiento del sistema de extensión rural.
“Existe una amenaza cada vez más fuerte de cerrar agencias de extensión. Si eso ocurre, el impacto sobre los productores será enorme porque son justamente esas agencias las que mantienen el contacto cotidiano con las chacras”, remarcó.
Este no es el primer plan de retiros voluntarios que implementa el gobierno de Javier Milei, en 2024 se realizó con pocas adhesiones. La falta de recursos también afecta la movilidad de los equipos técnicos.
“Muchos trabajadores están utilizando sus propios recursos para poder visitar a los productores. En otros casos, los vehículos institucionales no tienen mantenimiento y directamente no pueden salir al territorio”, indicó.
La situación forma parte de un proceso nacional de reducción de personal que, según estimaciones sindicales, supera los 1000 agentes en todo el país durante esta segunda etapa del programa de retiros voluntarios.
“Este retiro alcanzó todos los niveles de la institución. Se fueron trabajadores de apoyo, técnicos, investigadores, profesionales, directores de experimentales, directores regionales y autoridades nacionales. La pérdida es transversal y afecta toda la estructura del Inta”, afirmó.
La investigadora también expresó preocupación por el rumbo que estaría tomando la política agropecuaria nacional y su impacto en las economías regionales.
“Se está pensando en una agricultura extensiva orientada a las grandes regiones productivas del país. Pero esa lógica no contempla la realidad de Misiones, donde predominan los pequeños productores y las economías regionales”, indicó.
Finalmente, cuestionó el desplazamiento de temas históricamente vinculados al trabajo del organismo.
“La agricultura familiar, la producción a pequeña escala y la agroecología han quedado relegadas. Son temas que dejaron de tener prioridad y eso también afecta directamente a miles de familias productoras que dependen del acompañamiento técnico del Inta”, concluyó.
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Docente pide su reincorporación con huelga de hambre y acampe frente al CGE
La docente y ex directora de la Escuela 958 del paraje Barbacuá de San Antonio, Valeria Paraná, inició una huelga de hambre con acampe este miércoles, frente al Consejo General de Educación (CGE), en reclamo de su reincorporación laboral luego de quedar cesante tras la aplicación de una resolución que cuestiona su designación en el cargo directivo.
La docente aseguró que se quedó “sin trabajo y sin sueldo” como consecuencia de decisiones adoptadas por el CGE, por lo que responsabilizó públicamente a su titular, Daniela López, por el proceso que derivó en su apartamiento.
Se trata de la Resolución 3177, mediante la cual el organismo declaró nula la disposición que en 2019 la había designado como directora suplente y revocó además la Resolución 7845/24, por la cual se le había otorgado estabilidad laboral en el cargo de maestra de grado.
La medida también ordenó eliminar de su legajo el puntaje acumulado por la función jerárquica desempeñada desde 2019 y declaró vacantes tanto el cargo de dirección como el de maestra de grado de la institución.
Al respecto, Paraná detalló en diálogo con FM Santa María de las Misiones que, “la designación por la cual accedí al cargo de maestra y luego al cargo directivo está mal realizada”, ya que asegura tener estabilidad laboral otorgada por el mismo CGE y se encuentra cursando una diplomatura en docencia en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).
En ese sentido, consideró que la decisión administrativa forma parte de una persecución: “La intención del CGE, desde sus inicios, era sacarme de la institución. Primero intentaron hacerlo con una denuncia falsa y ahora encontraron otro mecanismo”.
Respaldo
Durante años, Paraná desempeñó sus funciones al frente de la institución, por lo que padres y vecinos, respaldaron su gestión durante las actuaciones realizadas por representantes legales del organismo educativo en la escuela.
En consonancia con la huelga de hambre con acampe, emplazado desde tempranas horas de este miércoles frente al organismo educativo provincial en Posadas, en la Escuela Nº 958, los padres y miembros de la comunidad educativa tomaron el establecimiento en señal de protesta.
Con estas medidas de fuerza, solicitan a las autoridades que revisen la situación y encuentren una solución al conflicto que afecta a la institución y a la docente. En tanto, los alumnos llevan más de un mes sin clases en medio de la disputa administrativa y judicial.
“Queremos una solución urgente para que los niños vuelvan a las aulas y para que se respeten los derechos de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa”, expresaron integrantes del grupo que acompaña el reclamo en la sede educativa.
Por su parte, Paraná permanecerá acampando frente a la sede del CGE “hasta las últimas consecuencias”, a la espera de respuestas y soluciones.
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