Provinciales
Comunidades mby’a guaraní de Cuña Pirú recibieron el título de sus tierras
Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.
Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera
El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.
Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.
“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.
“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.
“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.
Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.
“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.
“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro. “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.
El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.
“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.
“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.
Selva explotada
Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.
El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).
“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.
Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.
El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.
Territorio y espíritu
María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.
“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.
“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.
“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.
Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.
“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.
Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.
“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.
“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.
“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.
Foto: Marcos Otaño.
Provinciales
Frenan cosecha de yerba hasta que el Inym “recupere facultades y fije precios”
Durante la asamblea concretada ayer en Campo Viera, los productores firmaron un acta en el que fijaron un plazo de 14 días hábiles para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) convoque a reunión, defina precios de la materia prima y recupere las facultades del organismo. Paralelamente, realizarán un paro de cosecha por tiempo indefinido hasta obtener respuestas convincentes al petitorio.
El documento fue planteado de manera conjunta por alrededor de 150 productores, referentes de asociaciones, cooperativas y representantes del sector yerbatero de Andresito, San Pedro, San Vicente, Apóstoles, Azara y Concepción de la Sierra, quienes se reunieron durante más de tres horas junto a tres autoridades de Producción del Inym en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad, con la presencia del intendente local Germán Burger.
El encuentro se dio a poco más de un mes de la designación del contador libertario, Rodrigo Correa como presidente del instituto, tras más de dos años de acefalía. Justamente, la tensión del encuentro se desató al observar la ausencia de la autoridad máxima en la instancia que prometía “considerar la problemática que enfrenta el sector y aunar criterios para abordar posibles alternativas de solución”, según la convocatoria realizada por el mismo organismo.
En ese contexto, varios productores plantearon que “todos saben cuál es el reclamo”, aludiendo al valor del precio de la hoja verde que cayó de manera estrepitosa luego de que el presidente Javier Milei firmara el Decreto 70/2023, y eliminó las facultades del Inym, así como también la posibilidad de fijar un precio mínimo por el kilo de hoja verde.
Desde ese entonces, mientras que los productores pedían alrededor de $420 por la materia prima, los secaderos comenzaron a pagar entre $120 y $220, muy por debajo de los costos reales, situación llevó a la toma de medidas que fueron replicadas a lo largo de los últimos dos años en toda la provincia, como el paro de cosecha, cortes de ruta, pedidos de emergencia yerbatera y reuniones con el instituto.
En la reunión concretada ayer, los productores revivieron el contexto que están atravesando, teniendo en cuenta que el pedido de mejores precios “no es un reclamo caprichoso”, sino un estado de alerta ante constantes endeudamientos que, en algunos casos, están obligando a muchos productores a vender sus chacras.
Las voces
Por el Inym, el director de Producción, Jorge Haddad, expuso: “Pudimos dialogar y demostrarle a los productores que los estamos escuchando. Dentro de la crisis que estamos viviendo, estamos tratando de encontrar caminos que nos conduzcan a una mejoría”.
Al mismo tiempo, admitió las limitaciones actuales del instituto: “Con la resolución vigente ya no podemos publicar oficialmente un costo desde la institución, aunque sí lo vamos a hacer de manera privada como agrupación del sector productivo”.
En respuesta, el planteo de las asociaciones de productores fue contundente. Diego Petterson, representante de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, consideró que la reunión terminó por confirmar la falta de herramientas del Inym. “No hay mucha salida. Sabíamos que no iba a haber solución porque hoy el instituto no tiene la facultad de regular precios como antes”.
A su turno, el histórico defensor de los reclamos yerbateros, Hugo Sand preguntó al representante del Inym de qué manera evalúan resolver las demandas del sector productivo: “¿Cómo piensan mejorar la situación del colono en un mercado oligopsonio, imperfecto, con dos empresas con posiciones dominantes como lo es Liebig y Las Marías?. ¿Cómo y cuáles son las herramientas que van a implementar para que el colono cobre los 50 centavos dólar o los 700 pesos que hoy debe valer la hoja verde de yerba mate?. Ya pasaron dos años del gobierno de Javier Milei y estamos en la situación que estamos”.
El acta
Por unanimidad, los productores resolvieron elevar el pedido formal al Inym para que, en un plazo de 14 días, el directorio convoque a una reunión plenaria con la presencia del presidente Rodrigo Correa, a fin de definir un precio justo para la hoja verde.
El segundo punto del petitorio, plantea el paro de cosecha por tiempo indeterminado, hasta obtener una “respuesta convincente” respecto al pedido de los productores relacionado con el valor de la materia prima.
Finalmente, solicitaron recuperar “todas” las facultades del Inym, y ante las autoridades también advirtieron que, de no haber avances concretos en la negociación del precio, estarán “dispuestos a implementar medidas más duras”.
Provinciales
El Inym convocó a productores y asociaciones yerbateras en Campo Viera
Tras una reunión reducida y calificada como “ilegítima”, directores de Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) convocaron a una asamblea de asociaciones yerbateras y productores independientes, prevista para este viernes a las 16 en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Campo Viera.
El anuncio fue realizado por el mismo organismo a través de sus redes sociales, donde expresaron que el encuentro se realizará “a los efectos de considerar la problemática que enfrenta el sector y aunar criterios para abordar posibles alternativas de solución”.
Al mismo tiempo, aclararon que la convocatoria es abierta a todas las asociaciones de productores, tanto las que se encuentran registradas en el Inym, como también productores que no pertenecen a ninguna entidad.
Consultado por La Voz de Misiones, el productor Jorge Skripczuk, aseguró: “Estaremos presentes las asociaciones de productores que estuvimos el otro día en la reunión con el presidente del Inym, que habíamos solicitado la presencia de todas las asociaciones de la provincia”.
Esto es así porque el pasado 13 de enero, el Inym convocó a una reunión con un grupo reducido de representantes de organizaciones yerbateras, lo que provocó gran rechazo por parte de varios sectores, como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), desde donde cuestionaron la reunión realizada por el nuevo directorio con la participación de solamente cuatro organizaciones yerbateras.
Tras ese encuentro, tampoco se logró consenso interno debido a críticas sobre la representatividad y el contexto productivo. En ese marco, Apam calificó la convocatoria como “ilegítima” y sostuvo que la exclusión de otras asociaciones “debilitó el valor institucional del debate”.
Es por eso que mañana, viernes, habrá una nueva oportunidad para plantear demandas por parte del sector productivo yerbatero de toda la provincia ante los directivos del Inym, en medio del paro de cosecha de verano y precios que no cubren los costos de poducción.
Provinciales
Noffal, Guimaraes y Senna, las nuevas autoridades al frente del Samic de Oberá
Esta semana el hospital Samic de Oberá tendrá en funciones al nuevo equipo directivo, conformado por Gustavo Noffal, Paula Guimaraes y Gabriel Senna, quienes reemplazan a la doctora Miriam Ramonda.
La última directora al frente del mencionado nosocomio asumió en enero de 2024 y dos años más tarde fue desplazada para dar lugar al nuevo equipo directivo.
Al ser consultado por el reciente cambio, el ministro de Salud Pública de Misiones, Héctor González, detalló que: “Es una transición. Ahora se toma la decisión con el Parque de la Salud de poner equipos directivos”, como respuesta a la “alta demanda”.
El acto de puesta en funciones se realizó el pasado viernes y fue encabezado por el ministro González, quien estuvo acompañado por el director de la Zona Centro Uruguay, Horacio Mielniczuk; la jefa del Área Programática X, Dolly Breard; además de personal de salud, familiares y autoridades locales.
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