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Comunidades mby’a guaraní de Cuña Pirú recibieron el título de sus tierras

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Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.

Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera

El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.

Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.

“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.

“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.

“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.

Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.

“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.

“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro.  “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.

El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.

“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.

“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.

Selva explotada

Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.

El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).

“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.

Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.

El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.

Territorio y espíritu

María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.

“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.

“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.

“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.

Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.

“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.

Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.

“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.

“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.

“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.

Foto: Marcos Otaño.

 

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Perdió una pierna en el trabajo y reclama: “Me rompieron la vida y no pagan”

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En 2022, Ezequiel Camargo tenía 20 años y trabajaba para la Cooperativa El Hijo del Carpintero, de Garupá, cuando sufrió un accidente laboral en el que perdió la pierna derecha.

Hoy, a cuatro años de aquel episodio, con 25 años y un hijo de un año y tres meses, el joven lleva adelante una batalla judicial en busca de una indemnización que repare los daños morales y psicofísicos devenidos del accidente.

La demanda le fue adversa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral 3, pero Camargo apeló y, en junio pasado, la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió a su favor y dispuso el pago, por parte de la Cooperativa, de $194.760.414,68 de indemnización, más $13.971.262,55 en concepto de intereses liquidados hasta el 31 de mayo de este año. Pero, un nuevo recurso de sus empleadores llevó el caso al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, ahora, el joven se encuentra aguardando la decisión de los jueces.

“Fue un accidente que me marcó la vida”, dijo Ezequiel Camargo a La Voz de Misiones, que lo entrevistó en la casa donde vive con su familia, en el barrio Santa Catalina, de Garupá.

“Yo era una persona sana, sin ninguna enfermedad; trabajaba, jugaba mucho al fútbol; salía con amigos, hacía mis cosas; y después del accidente estuve muy mal durante meses, y hasta tuve que pedir ayuda en las redes”, comentó, sentado en un banco en el patio de la vivienda, mostrando la nueva prótesis que pudo adquirir gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y familiares.

“Estoy un poco mejor, pero sin poder tener la vida que tenía antes, y ahora con un bebé y una familia que mantener”, añadió y contó a LVM que el accidente le dejó también secuelas en la pierna izquierda. “Tengo clavos y tornillos”, afirmó.

La cuchilla

Era el 3 de junio de 2022. Camargo integraba la cuadrilla de cuatro o cinco operarios que el presidente de la Cooperativa El Hijo del Carpintero, Saúl Andresito Roa, envió para la limpieza de un predio municipal.

“Fuimos a hacer un trabajo para el municipio, había que desmalezar un pajonal, y de entrada le dijimos que el lugar no era para máquinas pesadas, que era para desmalezadora nomás”, contó el joven.

“Yo tenía experiencia ya con máquinas pesadas, con tractores, retroexcavadoras y eso, porque había trabajado mucho con mi papá”, comentó y sostuvo que le advirtieron a Roa del peligro de sumar un tractor a la tarea, pero éste “quería meter igual para terminar más rápido”.

“Fuimos, empezamos a sacar las piedras, los troncos, todo lo que había en el lugar, y cuando yo veo que iba a entrar el tractor empiezo a alejarme”, agregó Camargo y relató que, en ese momento, la máquina “chocó contra el cordón cuneta, voló el perno y la cuchilla me agarró la pierna”.

“Sentí el golpe y cuando me di cuenta estaba tirado en el medio del asfalto”, recordó el joven y señaló que se salvó “de milagro”, ya que la cuchilla le cortó dos arterias y que pudo haberse desangrado en el lugar.

Fue hospitalizado y pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la pierna. “El 6 de junio me amputaron”, afirmó.

Falsas promesas

Camargo contó a LVM que, tras el accidente, “desde la Cooperativa me dijeron que se iban a hacer cargo de todo, que me iban a comprar la prótesis, que me iban a dar un sueldo de por vida”.

Sin embargo, según dijo, nada de eso sucedió y cuando volvió a su casa, tras casi 45 días de internación, el ex intendente de Garupá y padre del titular de la Cooperativa, Daniel Roa, fue a su casa para que firmara los papeles de la ART.

“Me dijo que iba a cobrar el seguro, que tenía que firmar unos papeles y que me tocaba $700.000”, afirmó Camargo y comentó que, leyendo la letra chica del contrato con la aseguradora, advirtió que la suma que le correspondía era el doble de la ofrecida por Roa.

“En el contrato decía que el valor por perdida de extremidades y muerte era de $1.400.000, pero ellos cobraban y me pasaban la mitad, porque querían recuperar costos de medicamentos que habían comprado”, señaló.

Después de aquella visita de Daniel Roa, Ezequiel Camargo buscó un abogado y demandó a la Municipalidad de Garupá y a la Cooperativa del hijo del ex intendente.

“Demandamos a la municipalidad porque no sabíamos por qué estábamos en ese lugar, pero esa demanda ya perdí”, comentó. La Justicia rechazó la causa contra la comuna en primera y segunda instancia, por lo que la causa que aguarda ahora la resolución del STJ refiere solamente al reclamo a la Cooperativa de los Roa, que -según consta en el fallo de la Cámara de Apelaciones- intentó por todos los medios “disfrazar” la relación laboral.

-¿Qué le dirías a los jueces del STJ?, le preguntó LVM a Camargo.

“Que todo lo que me hicieron tienen que pagar sí o sí. Yo era trabajador, estaba laburando para ellos. Y ellos me rompieron la vida. Yo no quedé igual, se me complica para todo, para levantarme día a día, no puedo hacer nada. Solo quiero una compensación y poder tener una vida digna”.

 

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Familias de El Soberbio regresaron a sus hogares a tres semanas de ser evacuadas

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El jueves 23 de julio, 41 familias debieron ser evacuadas luego de que el río Uruguay alcanzara 15 metros de altura como resultado de las copiosas lluvias registradas en la región. Desde entonces, debieron permanecer en el centro de evacuados de El Soberbio y en las casas de familias. Finalmente este viernes lograron regresar a sus viviendas. 

Ayer jueves la Policía de Misiones y el Comité de Crisis realizaron evaluaciones en las zonas afectadas, para poder concretar las tareas de mudanza y el traslado de la totalidad de las familias que habían sido evacuadas hace tres semanas. 

El regreso fue confirmado en la mañana de hoy por las autoridades, quienes afirmaron: “Los vecinos retornaron con sus pertenencias básicas, mientras se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevas crecidas”.

De esta manera, las familias, provenientes de los barrios Unión, Santa María, Galeano y Chivilcoy, retornaron con sus muebles y elementos básicos, aunque decidieron no trasladar la totalidad de sus pertenencias. 

La medida de evacuación había sido adoptada de manera preventiva ante la crecida del río Uruguay y el riesgo que representaba para las familias ubicadas en las zonas más vulnerables. Durante ese período, la Policía trabajó junto al Comité de Crisis y los organismos locales en el relevamiento, acompañamiento y asistencia de los vecinos.

Si bien las familias ya se encuentran nuevamente en sus domicilios, se mantiene el monitoreo preventivo de las zonas cercanas al río ante la posibilidad de nuevas crecidas. En tanto, los efectivos continúan con recorridas y relevamientos para detectar cualquier situación que pueda requerir una nueva intervención.

Crecida del Uruguay: 41 familias evacuadas en El Soberbio y alerta en Panambí

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Consumos problemáticos: habilitan atención para trabajadores de la cultura

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La Secretaría de Prevención de Adicciones y la Secretaría de Cultura crearon un Programa de Atención y Prevención de Consumos Problemáticos que propone abordar situaciones de crisis y pedidos de asistencia dirigidos a los trabajadores de la cultura en toda la provincia.

Roberto Padilla y Joselo Schuap, a cargo de ambas carteras, explicaron la ventaja del trabajo en conjunto. “Siempre estamos asistiendo en casos puntuales de los que tomamos conocimiento, con ayuda de diversas áreas del Estado. Pero queremos abrir un paraguas más amplio, que pueda contener a todos los trabajadores de la cultura que lo necesiten. Y también a su entorno y sus familias”.

En ese sentido, señalaron que el objetivo de la iniciativa es visibilizar una problemática que viene en aumento, relacionada con los consumos problemáticos y otras enfermedades que afectan a la salud mental, en un contexto adverso de crisis económica y social. 

En segundo lugar, la iniciativa apunta a ofrecer canales de comunicación directa para que aquellas personas que se sientan vulnerables, familiares y al entorno cercano. “Sabemos que es desesperante encontrarse con este problema en el círculo familiar, o en el ámbito de trabajo artístico y no tener a quien recurrir”. 

En términos operativos, el programa brindará espacios de escucha, contención y conversatorios. Por un lado, con la habilitación de una línea telefónica (3765-061344), y por otro, una dirección de correo electrónico ([email protected]) para solicitar acompañamiento, además de un ciclo de charlas destinadas tanto a trabajadores de la cultura, como también a familiares, amigos y personas interesadas en la temática.

De esta manera, el centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos (CMB) acompañará el primer conversatorio abierto destinado a brindar contención a quienes lo necesiten. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 19 en el Auditorio Tierra Sin Mal, ubicado en el Centro Cultural la Estación, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.

La charla estará a cargo de profesionales del centro CMB, quienes además responderán consultas de 8 a 19 al 3764 893727 / 3765 014328. 

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