La Provincia
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Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.
Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera
El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.
Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.
“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.
“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.
“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.
Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.
“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.
“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro. “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.
El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.
“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.
“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.
Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.
El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).
“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.
Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.
El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.
María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.
“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.
“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.
“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.
Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.
“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.
Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.
“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.
“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.
“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.
Foto: Marcos Otaño.
Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.
Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera
El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.
Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.
“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.
“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.
“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.
Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.
“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.
“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro. “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.
El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.
“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.
“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.
Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.
El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).
“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.
Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.
El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.
María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.
“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.
“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.
“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.
Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.
“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.
Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.
“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.
“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.
“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.
Foto: Marcos Otaño.