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Comunidades mby’a guaraní de Cuña Pirú recibieron el título de sus tierras

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Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.

Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera

El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.

Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.

“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.

“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.

“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.

Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.

“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.

“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro.  “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.

El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.

“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.

“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.

Selva explotada

Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.

El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).

“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.

Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.

El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.

Territorio y espíritu

María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.

“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.

“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.

“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.

Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.

“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.

Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.

“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.

“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.

“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.

Foto: Marcos Otaño.

 

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La Justicia Federal ordenó levantar cortes de yerbateros sobre la ruta 14

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Protesta yerbateros: colonos incautan raídos de hoja verde y la queman en San Pedro

Este lunes y martes se registraron cortes sobre la ruta 14 en las localidades de San Vicente, Campo Ramón y Dos de Mayo, protagonizados por yerbateros que, según los videos viralizados en redes sociales, detuvieron a camiones cargados con hoja verde, arrojaron sus raídos a la ruta y los quemaron.

La medida encabezada por el productor Maximiliano Hoff se enmarca en el “paro de cosecha”, en rechazo al bajo precio por el kilo de la materia prima, que hoy oscila entre $180 y $220, y perjudicó a los productores que decidieron vender su producto al precio que sea, ante la falta de otro ingreso en su economía doméstica y la necesidad de contar con dinero. 

Frente a este panorama, desde el Juzgado Federal de Oberá, el juez Alejandro Gallandat, solicitó a quienes llevan adelante los bloqueos sobre la ruta 14, despejar la arteria vial en consonancia con las implicancias legales de impedir la circulación vehicular.

La notificación será presentada por personal de Gendarmería Nacional ante los manifestantes presentes en las mencionadas localidades, donde se encuentren activas las medidas de fuerza, y serán intimados a cesar total o parcialmente los cortes.

La crisis económica que atraviesa el sector en los eslabones más bajos de la cadena productiva, se agravó en diciembre de 2023, tras el decreto impulsado por el presidente Javier Milei, que quitó facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), encargado hasta ese entonces de regular el precio de la hoja verde.

Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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El Soberbio: comerciantes juntan firmas para declarar emergencia en seguridad

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Ante una seguidilla de episodios registrados en El Soberbio, comerciantes de la localidad del Alto Uruguay elaboraron un petitorio para declarar la emergencia en seguridad en el municipio y reúnen firmas para presentar la solicitud ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD), que sesiona este martes a las 18.

“Quienes suscribimos, vecinos y vecinas de El Soberbio, nos presentamos ante este Cuerpo Deliberativo para exigir una respuesta institucional inmediata frente a la grave situación de inseguridad que atraviesa nuestro pueblo”, señala el documento redactado por los vecinos, al que accedió La Voz de Misiones.

En el documento, los habitantes de la localidad afirman que “no son sensaciones”, sino hechos “concretos que todos conocemos”. Seguidamente, mencionan siete casos ocurridos en “pocos meses”.

“Se quemaron casas, comercios y vehículos particulares. No fueron accidentes. Fue violencia planificada”, denuncian y, además, remarcan que también se registraron casos de “tiroteos en el acceso al pueblo, además de otros episodios con armas de fuego”.

Debido a estos hechos, el documento sostiene que, por el “miedo en las calles”, los comerciantes “bajan las persianas antes de hora” y los vecinos “no salen de noche”. En esa línea, puntualizan: “Se rompió la paz social”.

“Esta situación ya desbordó la respuesta normal del municipio. Con los recursos ordinarios no alcanza. Por eso la ley prevé una herramienta para momentos excepcionales: la declaración de emergencia”, apuntan en el petitorio.

Con ese argumento, los comerciantes, en el “ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos”, exigen al Concejo local que “trate” y “apruebe”, con carácter “urgente”, la emergencia en seguridad en El Soberbio.

La solicitud de los vecinos surgió a raíz de que, en horas de la madrugada del último domingo, la funeraria La Paz, propiedad del ex intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk, fue blanco de una balacera perpetrada por dos hombres en moto, entre otros episodios similares.

Ataques con fuego y ahora una balacera en la funeraria de Coleco en El Soberbio

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Yerbateros con Agustín Rossi: suman adhesiones para recuperar el Inym

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El sector yerbatero de Misiones continúa consolidando su estrategia judicial contra las modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En ese marco, avanza en la búsqueda de respaldo político y este martes por la mañana referentes de asociaciones, cooperativas y productores se reunieron en Posadas con el diputado nacional peronista Agustín Rossi, a quien le expusieron en detalle la crítica situación del sector y el alcance de la presentación ante la Justicia federal.

El encuentro se dio durante la visita del legislador para acompañar la candidatura de Gonzalo “Lalo” Costa Arguibel dentro del espacio Amplitud Justicialista para presidir el PJ Misiones y respaldar el proceso de normalización partido, actualmente intervenido. Participaron de la reunión Jorge Skripczuk por Impulso Yerbatero, Hugo Sand por Apam y el abogado patrocinante José Federico Padolsky, en representación de las entidades que impulsan la acción judicial.

Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, explicó que el objetivo central es lograr la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 que modificaron el funcionamiento del Inym y avanzar en la restitución plena de sus facultades.

“Nos reunimos con el gobernador (Hugo) Passalacqua y nos dio su respaldo y acompañamiento a esta medida. Además le enviamos al gobernador (Axel) Kicillof un informe detallado de la situación yerbatera. En esta oportunidad aprovechamos que el diputado nacional estaba en la provincia para exponerle la problemática y que sepa por nosotros lo que estamos pasando. Así, vamos a seguir hablando con todos los diputados”, sostuvo.

En la misma línea, Hugo Sand remarcó la necesidad de que todo el arco político escuche al sector: “Ojalá que los libertarios nos convoquen. Nos tienen que escuchar y ahí, teniendo conocimiento de la situación en primera mano, que ellos se hagan responsables de qué camino toman, si nos dan una respuesta que nos ayude o nos hunda”.

La reunión con Rossi se enmarca en una serie de gestiones que los productores vienen realizando para sumar adhesiones a la presentación judicial que ya fue formalizada ante el Juzgado Federal de Posadas. El planteo incluye tanto el pedido de inconstitucionalidad como una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 que tratan el tema yerbatero.

Consultados sobre las manifestaciones en la Plaza 9 de Julio en reclamo de un precio justo, por parte de un grupo de referentes fueron claros en diferenciar los planos del conflicto. “Para nosotros este es un problema político, pero hasta el momento la solución no llegó por los medios del Poder Ejecutivo. No debemos confundir a la gente: nosotros vamos por la restitución plena del INYM, entonces quien debe resolver esto es el gobierno nacional, dado que nuestro instituto es nacional. Por eso tomamos la decisión de llevarlo ante la Justicia porque ante todo nosotros seguiremos luchando”, expresó Sand.

Por su parte, Skripczuk reforzó la apuesta al camino judicial y planteó una mirada de largo plazo: “Es por eso que tomamos el camino judicial. Y vamos a avanzar desde ahí y tenemos muchísima esperanza”.

Sand agregó que “como el viento cambia de dirección, esto va a cambiar. Hay que comenzar a soñar, soñar utopías. Tenemos un problema que es el hoy y no tenemos que dejar que el hoy nos consuma. Hay que pensar Misiones de acá a 25 años, con un plan estratégico”.

Críticas políticas y posicionamientos

Durante la charla también hubo cuestionamientos a dirigentes que se mostraron en redes sociales apoyando el reclamo yerbatero. En particular, se refirieron a la presencia de algunos legisladores en la plaza y su exposición en redes sociales. “Está buenísimo que hagan público el reclamo porque es una forma de exponerse. La persona tiene que hablar, así podemos saber dónde está parado políticamente. Casualidad que a esos mismos políticos se los ve cada vez más hacia la ultraderecha, a La Libertad Avanza. Y los libertarios son los principales responsables del decreto de necesidad y urgencia. Javier Milei es el culpable y todos aquellos que apoyan esa política están en contra de la familia agraria”, señaló el dirigente obereño de Apam.

También apuntaron contra el silencio de otros sectores políticos: “Hay una contradicción total. Hablamos también de los diputados y senadores oficialistas y opositores de nuestra provincia que con su silencio acompañaron estas medidas. Entonces, cuanto más hablen, la sociedad va a saber quién es quién en este momento. Y si lo que dicen en redes sociales es por oportunismo”, expresó el dirigente de Impulso Yerbatero Jorge Skripczuk.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de abrir el debate: “Espero que nos convoquen, que nos llamen los jueces y nos pregunten por qué estamos tan enojados. Les vamos a decir que denunciamos incumplimiento de deberes de funcionario público y que estamos en la Justicia porque la política nos dejó de lado”, sentenció Sand.

Crisis productiva y organización del sector

Más allá del plano judicial y político, los productores describieron un escenario crítico para la actividad. “Hoy la gente recién está tomando conciencia de lo que significa esta ‘libertad’ que se pregonó desde 2023. Con el libre mercado no se pueden pagar las boletas de luz, ni comprar un kilo de carne. El combustible se fue por las nubes y es imposible para un productor limpiar su yerba o fertilizar. Es un modelo que vino a destruir”, advirtió Skripczuk.

La falta de regulación también impacta directamente en los precios. “Se habla de un valor de referencia de 350 pesos, en otros lugares un poco más y en otros 100 pesos. Hoy, al no tener un organismo de control, cualquiera paga lo que puede. Pero alguien se queda con ese margen grande”, indicó Skripczuk.

Por su parte, Sand añadió que la falta del Inym genera un proceso de descapitalización creciente: “Hay venta de chacras todos los días. El productor está con el agua en el cuello. No soporta más esta situación. También pasa con el té: un productor fue a cobrar una cosecha de diciembre y le dieron un cheque para julio. ¿Cómo sobrevive así?”.

Además, alertó sobre el endeudamiento generalizado: “La morosidad es altísima en todos los ámbitos. Y el productor es el que más sufre porque no tiene ingresos fijos mensuales”.

Frente a este panorama, Sand planteó la necesidad de recuperar herramientas de regulación: “Necesitamos un banco provincial como teníamos antes, un mercado consignatario y el Instituto funcionando a pleno. No puede ser que actividades como el té queden en manos de cuatro o cinco exportadores”.

Confianza en la Justicia y llamado a la participación

Pese al malestar, los referentes aseguraron que priorizan la vía institucional. “Nosotros confiamos en la Justicia. Siempre tratamos de agotar el diálogo. No queremos perjudicar a gente que no tiene nada que ver con esta situación”, explicó Sand, aunque dejaron abierta la posibilidad de avanzar con otras medidas si no hay respuestas.

En paralelo, Skripczuk remarcó la importancia de la organización social y la participación. “El pueblo movilizado y la asamblea popular son caminos. La plaza tiene que ser un espacio de debate público”, afirmó.

Finalmente, Sand explicó que el conflicto también tiene una dimensión política de fondo. “Se están jugando dos modelos de provincia: uno totalmente desregulado y otro más democrático. Pero tenemos que dejar de pensar en el corto plazo. Nos corren siempre con las elecciones. Debemos construir una política agraria para la provincia de Misiones consensuada y pensada a largo plazo”.

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