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Comunidades mby’a guaraní de Cuña Pirú recibieron el título de sus tierras

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Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.

Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera

El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.

Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.

“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.

“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.

“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.

Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.

“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.

“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro.  “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.

El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.

“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.

“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.

Selva explotada

Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.

El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).

“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.

Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.

El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.

Territorio y espíritu

María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.

“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.

“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.

“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.

Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.

“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.

Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.

“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.

“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.

“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.

Foto: Marcos Otaño.

 

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El Consejo de Caciques renovó autoridades y reclama derechos fundamentales

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Los caciques Francisco Ramos, de la comunidad Marangatú de Puerto Leoni, e Hilario Moreira de Tapé Mirí, ubicada en Garuhapé, fueron designados presidente y vicepresidente del Consejo de Caciques, organismo encargado de defender y representar las voces de la nación mbya guaraní frente a los gobiernos provincial y nacional.

La designación se dio durante la Asamblea General de las Comunidades Mbya Guaraní llevada a cabo en la aldea El Pocito de Capioví, del 14 al 16 de octubre pasado, con la participación de alrededor de 250 integrantes de al menos 100 comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

En ese marco, enumeraron las demandas aún presentes que serán exigidas por el Consejo proximamente, entre ellas; la incorporación del derecho indígena a la Constitución provincial, regularización de territorios, servicios básicos, acceso a la salud y educación intercultural, mejora de caminos, viviendas, inversión, políticas públicas con perspectiva mbya guaraní y el cese de intrusiones y desmontes dentro del territorio indígena.

Frente a esto, adelantaron que el próximo lunes 20 de octubre presentarán un documento con cada una de las demandas al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y a la Dirección de Asuntos Guaraníes.   

La asamblea general de comunidades se realizó durante tres días en Capioví

Otras consideraciones

De la asamblea desarrollada durante tres días en la localidad de Capioví participaron caciques, lideresas, jóvenes, docentes, mujeres, promotores de salud y estudiantes, como resultado de la manifestación con acampe encabezado por comunidades en la plaza 9 de Julio de Posadas del 15 al 19 de septiembre pasado.

La medida de fuerza fue levantada luego de una reunión con el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, quien se había presentado en el lugar desde el primer día de acampe a fin de llegar a un acuerdo. Tras cinco días de debate, se comprometió a trasladarlos en colectivo hasta sus comunidades y facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo la asamblea provincial que finalmente se concretó esta semana.

En esa oportunidad, la manifestación en la capital provincial contó con el acompañamiento de la sociedad en general. En tanto, el presidente de la Cámara de Rrepresentantes, Oscar Herrera Ahuad y la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, firmaron un acta de compromiso con la realización de la asamblea general, en la que garantizaban el traslado de todas las comunidades de la provincia, como así también el alimento para los días de duración, además de acordar la presencia de funcionarios al finalizar la asamblea.

Sin embargo, “varios compromisos no se cumplieron”, repudiaron los caciques, y aseguraron que el acompañamiento de la asamblea, por parte del gobierno provincial, “fue muy precario”.

Durante la asamblea los caciques también definieron el equipo técnico territorial de las comunidades en distintas zonas de la provincia, los cuales tienen la tarea de hacer relevamientos y llevar las demandas del territorio al Consejo de Caciques. Y decidieron que la misma se realice dos veces por año, como principal órgano de consulta para el Consejo.  

Para finalizar, lamentaron a través de un comunicado que: “La ausencia de funcionarios del gobierno provincial el jueves por la tarde en la asamblea, fue tomada por sus participantes, como falta de voluntad política, de interés y responsabilidad con sus funciones públicas”

Y concluyeron: “La asamblea de las comunidades busca seguir generando lazos entre las mismas, para tener mayor unidad y fuerza en sus acciones, así como también convoca al resto de la sociedad a acompañar y unir fuerzas en las luchas por los derechos humanos, hoy seriamente amenazados”.

Alrededor de 100 comunidades mbya presentes a lo largo y ancho de la provincia participaron de la asamblea general

Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

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El CGE explicó incompatibilidad en caso de portera cesanteada en Montecarlo

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A un día de la huelga de hambre iniciada por Julia Halbestard, quien se desempeñó desde el año 2021 como portera suplente de la Epet 11 de Montecarlo hasta perder esa fuente de trabajo en mayo pasado, el Consejo General de Educación (CGE) alegó que la misma “accede a una pensión” y por tanto el cargo en la institución educativa es “incompatible” conforme a lo establecido por la Ley 1- 104 (antes 3200).

Así lo confirmó Daniela López, directora del CGE al ser consultada por La Voz de Misiones, al mismo tiempo en que compartió un documento que corresponde al Registro Único Laboral de la Provincia de Misiones, que asegura que la trabajadora de servicio cuenta con una “pensión no contributiva nacional.- Pensión asistencial”.

A su vez, destaca que “si las personas que se mencionan en el párrafo anterior, serán designadas o contratadas por el organismo solicitante del presente informe, se encontrarán dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley I – N.° 104 (antes Ley 3200)”.

La mencionada ley, en su artículo primero, sostiene que: “Los beneficiarios previsionales de otras cajas que no sea el Instituto de Previsión Social de Misiones y el personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad nacionales o de otras provincias, que desempeñan cargos en el Estado provincial (inciso 2), deben optar en el plazo de diez (10) días de vigencia de esta ley o de producido el nombramiento en la Provincia, entre percibir el haber previsional o de retiro, en cuyo caso no tiene derecho a percibir remuneración alguna por el cargo que ocupa, o percibir el ingreso correspondiente a este último“.

Dada la situación, señalaron que Halbestard debería optar por continuar siendo beneficiaria de la pensión, o bien renunciar y tramitar el cargo como titular de servicio (portera) de dicha institución.

Huelga de hambre

Halbestard inició una huelga de hambre en la mañana de ayer, jueves, frente al Juzgado de Familia, en reclamo del cargo que le fue “congelado” al producirse la jubilación del portero titular, por lo que ya no puede prestar servicio. 

La causa cobró gran repercusión en la comunidad educativa, con adhesión de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Al respecto, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) aseguró que Halbestard: “Logró su cargo de portera después de trabajar más de 20 años en negro cobrando en platos de comida o sobras de los comedores escolares, donde ejercía sus funciones de cocinera, fue nombrada en 2022 luego de una larga lucha”.

Por su parte, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal), emitió un comunicado y destacó: “Tu lucha es la lucha de todas y todos los trabajadores que enfrentan injusticias, precariedad y vulneración de derechos. Por eso, hoy, compañeras y compañeros de múltiples sectores, países y territorios nos ponemos a tu lado, acompañándote en cada paso, elevando nuestras voces para exigir que se respeten tus derechos”.

Portera en huelga de hambre tras perder su trabajo en la Epet 11 de Montecarlo

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Portera en huelga de hambre tras perder su trabajo en la Epet 11 de Montecarlo

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Julia Halbestard, quien se desempeñaba como personal de servicio suplente en la Epet 11 de Montecarlo, inició en la mañana de hoy una huelga de hambre frente al Juzgado de Familia, en reclamo del cargo que le fue “congelado” al producirse la jubilación del portero titular, por lo que actualmente no puede continuar prestando servicios.

La situación generó preocupación entre los directivos, docentes, padres y sindicatos, ya que realizaron los reclamos pertinentes ante las autoridades competentes, sin recibir respuestas hasta el momento.

Consultado por La Voz de Misiones el director de la institución educativa Esteban Moudry profundizó: “Estamos solicitando el cargo desde inicios del ciclo lectivo, que cayó por jubilación del titular, además pedimos contención del gasto, pero el Consejo General de Educación (CGE) no habilita”.

Sobre esto, repudió: “Se atajan en que la matrícula no es suficiente, pareciera  que desconocen el funcionamiento de una escuela técnica, donde la matrícula se duplica entendiendo que están en doble turno los alumnos”.

Sobre la cantidad de estudiantes, detalló: “No llegamos a los 300 alumnos, pero por dos claramente deberían entender que necesitamos portera, además es muy grande la escuela”. 

Frente a esto, el reclamo por la habilitación del cargo y el acompañamiento a Halbestard tomó la adhesión de la comunidad educativa, cuyos padres intentaron tomar la escuela cuando inició la problemática. 

Actualmente, aguardan que las autoridades provinciales intervengan para destrabar el conflicto y brindar una pronta respuesta a su pedido.

Repercusiones 

El Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) hizo eco de la situación y exigió pronta solución a través de un posteo en su cuenta de Facebook: “Logró su cargo de portera después de trabajar más de 20 años en negro cobrando en platos de comida o sobras de los comedores escolares, donde ejercía sus funciones de cocinera, fue nombrada en 2022 luego de una larga lucha”.

Y añadió: “Este año nuevamente fue castigada al congelarse el cargo en el que ejercía la suplencia, durante meses sus directivos realizaron tramites debido a su buen desempeño, no logrando revertir esta injusticia. También las organizaciones sindicales reclamaron por ella”.

Hoy sin ingresos y al borde del hambre, se instaló en la Defensoría Oficial del Juzgado de Familia de Montecarlo para buscar justicia, iniciando una Huelga de Hambre. Una vez más exigimos su nombramiento de manera inmediata y solicitamos a todos los trabajadores la mayor solidaridad”, concluyeron.

Al reclamo se sumó el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal), desde donde emitieron un comunicado y destacaron: Tu lucha es la lucha de todas y todos los trabajadores que enfrentan injusticias, precariedad y vulneración de derechos. Por eso, hoy, compañeras y compañeros de múltiples sectores, países y territorios nos ponemos a tu lado, acompañándote en cada paso, elevando nuestras voces para exigir que se respeten tus derechos”.

“Cada acción, cada palabra de apoyo, cada gesto solidario, es un mensaje claro: tu resistencia nos fortalece y nos inspira. Exigimos a las autoridades competentes que atiendan de manera inmediata tu reclamo, reconociendo tu labor y garantizando tu nombramiento. La justicia laboral no es un privilegio, es un derecho, y nos comprometemos a seguir alzando nuestra voz hasta que se haga efectiva”, enfatizaron.

La huelga de hambre comenzó en la mañana de hoy y continuará por tiempo indeterminado frente al Juzgado de Familia de Montecarlo, donde Halbestard exige “una solución y justicia laboral” para recuperar el cargo que obtuvo en el año 2021 y le fue quitado en mayo pasado.

 

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