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Comunidades mby’a guaraní de Cuña Pirú recibieron el título de sus tierras

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Luego de 22 años de reclamos, las comunidades mby’a guaraní que habitan el Valle del Cuña Piru: Ka’aguy Poty, Kapi’i Poty, Ka’aguy Miri Rupa, Yby Pyta, y Yvytu Porá, consiguieron la titularización de las tierras ancestrales.

Son unas 6.300 hectáreas de un compacto corredor de selva paranaense que, pese a la cercanía con un centro urbano como Aristóbulo del Valle y la degradación por cuenta del desmonte ilegal y el robo de madera, es una especie de biósfera

El acto de entrega del título de propiedad se realizó esta mañana en la Casa de Gobierno, en Posadas, con la presencia de una nutrida comitiva de las cinco comunidades mby’a de Cuña Pirú, y el acompañamiento de representantes del Equipo Misiones de la Pastoral Aborígen, Emipa.

Luego del acto, la comitiva mby’a festejó un rato en la plaza con música y cánticos tradicionales, lo que líderes como Juan de Dios Castillo y el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, consideraron “un hecho histórico”.

“Estoy muy orgulloso y también feliz de estar acompañando la firma de este acuerdo, producto de mucho sacrificio, constantemente presionados”, dijo Castillo, en diálogo con los periodistas.

“Por fin se logró el título de propiedad, ahora vamos a poder cuidar mejor nuestra selva”, agregó.

“Nosotros usamos la tierra no para desmontar, sino para vivir y sobrevivir de la pesca, la caza, la medicina nuestra, tradicional”, explicó.

Detrás de él, la comitiva celebraba un logro que, aseguran, mejorará la vida del millar de personas que componen las cinco comunidades indígenas que habitan el territorio.

“Este es un momento histórico, después de mucho se hizo justicia para el pueblo mby’a y para toda las comunidades pre existentes de la Argentina”, señaló el cacique Chamorro.

“Esta lucha arranca antes de la reforma constitucional de 1994”, historió Chamorro.  “Y conseguimos que la Constitución incluyera derechos para los pueblos originarios y tengamos la posibilidad de tener un respaldo jurídico para nuestra lucha”, argumentó.

El líder indígena se refiere al artículo 75 de la Constitución de 1994, especialmente al inciso 17, que consagra la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, y la prohibición de vender, arrendar, embargar o usar como garantía.

“Esto nos pone más fuertes como pueblo originario, como pueblo mby’a guaraní para seguir luchando por las otras necesidades básicas que tenemos”, expresó Chamorro.

“Hoy solo queremos festejar por este hermoso logro. Fueron muchos los mburuvicha, caciques, que ya no están con nosotros pero que también están aquí, espiritualmente, acompañándonos”, añadió.

Selva explotada

Las tierras mby’a del Cuña Pirú estaban en manos de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), que las recibió en donación de la empresa Celulosa Argentina, una vez que esta concluyó la explotación forestal, hace 24 años, y cuyos directivos firmaron hoy la transferencia de la propiedad junto a los líderes indígenas.

El documento de “Reconocimiento de Posesión y Propiedad Comunitaria” lleva la firma del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, del escribano General de Gobierno, Alberto Poujade Brañas; el cacique 1° Eliseo Chamorro y el cacique 2°, Omar Duarte (Aldea Ka’aguy Poty); el cacique 1° Roberto Benitez, el cacique 2° Nicolás Acosta (Aldea Ivy Pytá) y del cacique 1° Fabián Cabrera, y el cacique 2° Fabián Vera (Aldea Kapi’í Poty).

“El entorno natural de estas miles de hectáreas está dado por lo que es la última parte de la selva paranaense que queda; hay buena provisión de agua, hay monte todavía, fuerte; es un entorno que les garantiza a las comunidades la pesca, las trampas, sus medicinas, material para sus artesanías”, describió Vasco Baigorri, activista ambiental y miembro del equipo pastoral.

Baigorri, que vive en Aristóbulo del Valle, indicó que la zona registra todavía “mucho robo de madera”, pero consideró que el acto de hoy, que pone el territorio en manos de sus auténticos propietarios, “puede asegurarle a varias generaciones todo lo que es su monte y su medicina, y vivir plenamente en su ser mby’a”.

El activista ambiental señaló que “la vida cotidiana de las comunidades es bastante segura, bastante tranquila, estable”, pero reclamó que “las familias reciben una tarjeta alimentaria de $1.000, que para alcanza solo para dos kilos de yerba”. “Es algo que el gobierno provincial debería revisar”, opinó.

Territorio y espíritu

María Josefa Ramírez, también del equipo de pastoral aborigen, pintó un desolador cuadro de la situación de las comunidades felices por la conquista de hoy.

“En esos territorios siguen registrándose desmontes por parte de empresas y particulares que entran sin autorización; también tenemos episodios de intrusión, de gente que invade”, indicó.

“El tema del territorio es el más grave, la falta de regularización de los territorios indígenas, pese al marco legal muy completo que tenemos”, precisó.

“Sigue muy frágil y lenta la aplicación de la Ley 26.160, que releva los territorios indígenas; todavía no se ha terminado, en Misiones falta más del 50% para que se regularice, hay como una gran resistencia a aplicar la ley”, argumentó.

Destacó, sin embargo, la actuación del actual ministro de Ecología de la provincia que –según dijo- “dentro de todo es un ministro que por lo menos escucha a las comunidades”.

“Los indígenas necesitan territorios con montes, no una tierra arrasada”, afirmó.

Ramírez, apuntó como problemas puntuales la educación y la salud en la zona, ya que pese a que las comunidades tienen acceso a establecimientos educativos desde nivel inicial hasta colegios secundarios, y también puestos sanitarios, “no se respeta la cultura indígena, se desdeña”.

“Hay escuelas, pero no siempre los docentes están preparados para estar con otra cultura, para respetar la lengua; la figura de los Asesores Docentes Indígenas está también muy desdibujada; hay como un debilitamiento de la cultura, que directamente se pierde en las escuelas, no se respeta, no tiene fuerza, no ocupa un lugar relevante”, explicó.

“La educación secundaria les muestra un futuro fuera de sus comunidades, saca a los jóvenes de sus comunidades, pero tampoco le ofrece un lugar en la nueva sociedad que les muestra”, agregó.

“En cuanto a la salud lo mismo”, indicó Ramírez. “Se fortalece poco la salud indígena cuando tendría que haber una visión intercultural”, afirmó, y argumentó: “Los indígenas tienen una visión mucho más integral de la salud, donde se contempla lo espiritual, el territorio, el ambiente; no solo el dolor en sí, sino todo lo que provoca eso”.

Foto: Marcos Otaño.

 

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Remiseros rechazan trasladar a mbyas a Puente Quemado II por amenazas

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En medio del conflicto territorial que involucra a la comunidad mbya Puente Quemado II y al empresario forestal Alfredo Ruff, este domingo se viralizó un audio en el que un hombre “sugirió” a un remisero no trasladar a los integrantes de la tekoa, lo que infundió miedo y propagó temor entre quienes prestan el servicio particular en Garuhapé.

No vayas a venir más acá para el lugar donde los paisanos están haciendo protestas porque ya te tienen marcado los milicos. No vayas a traer más paisanos para acá”, se escucha en el audio enviado por un hombre que se identificó como César. 

Luego de este episodio, uno de los remiseros locales aseguró que no ofrecerá el traslado a los miembros de la comunidad por temor a represalias. “Yo no voy a llevar más gente porque no quiero problemas con los colonos y menos con la autoridad”, manifestó un chofer de la zona consultado por La Voz de Misiones.

Esta comunidad se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ruta nacional 12, por lo que la única forma de acceder es a pie o a través de vehículos contratados de manera particular.

En los últimos años, Puente Quemado II fue blanco de denuncias por parte del empresario forestal Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 al 78, territorio que fue relevado en el marco de la Ley 26.160.

El martes 28 de julio, siete familias fueron desalojadas del predio mediante una medida judicial ordenada el pasado 17 de julio por el juez de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, y suspendida tras la apelación presentada por abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

La ilegalidad del procedimiento fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo

Finalmente, este domingo los miembros de la comunidad regresaron al predio y allí se encontraron con personal policial. Además, según material fotográfico difundido por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, el propio empresario habría arribado al lugar cubriendo su rostro con un pasamontaña. 

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Productores celebraron la quinta Fiesta del Azúcar Rubio en Mojón Grande

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En Mojón Grande residen más de 60 familias productoras de caña de azúcar y derivados, quienes este domingo celebraron la quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal. Como principal economía del municipio, el año pasado vendió 250.000 kilogramos de azúcar a la empresa bonaerense Cachafaz, lo que generó ingresos superiores a los $350 millones. 

Si bien la producción de caña y la elaboración de miel, rapadura y azúcar rubio se remonta a una antigua tradición regional, en esta localidad la actividad recibió un fuerte impulso en el año 2019 con la sanción de la Ley Provincial VI Nº 230 que declaró a Mojón Grande Capital Provincial del Azúcar Rubio Artesanal.

En esa localidad, ubicada dentro del departamento misionero de San Javier, los productores cultivan caña de azúcar sobre tierras propicias para el crecimiento de plantas de alta calidad y elaboran el azúcar -sin agregados químicos- en sus casas, utilizando herramientas y maquinaria especializada en espacios acondicionados, y luego venden el producto final a la Cooperativa Agrícola Mojón Grande y acopiadores.

Con el correr del tiempo, la legislación fue ampliada por la Ley VIII N.º 107, sancionada en 2024, que la estableció como sede permanente de la fiesta que inició en el año 2022, y brindó las condiciones necesarias para que el sector consolide su crecimiento con inversiones en infraestructura y organización cooperativa. 

Fue así que en el año 2025, la cooperativa local acopió y comercializó 350.000 kilos de azúcar distribuidos en trece cargas con destino a Buenos Aires, lo que generó ingresos superiores a $350 millones para las familias productoras, además de ampliar su inserción comercial de productos como rapadura, miel de caña, dulces, mermeladas y panificados.

“Es lo que más inyecta dinero a las familias de los productores en este momento tan complicado para todas las cosas de la chacra, y eso hace que se multiplique y distribuya en otros sectores de la economía, no solo de Mojón Grande, sino también de la región“, destacó Adrián Solis, intendente de Mojón Grande consultado por La Voz de Misiones.

Exposición de productos locales

La fiesta

La quinta edición de la Fiesta Provincial del Azúcar Rubio Artesanal se concretó este domingo 2 de agosto y reunió a productores, emprendedores y vecinos, tanto de Mojón Grande, como también de Gobernador López, Ameghino, Dos Arroyos y San Javier.

Sobre este evento organizado por la Municipalidad, el intendente remarcó: “La fiesta vino a poner en valor la producción familiar y se convirtió en una vidriera para mostrar esta actividad que es tan importante para la región. Por otra parte, la fiesta permitió atraer más visitantes a Mojón Grande, como “el lugar del azúcar”, y eso ayuda mucho”.

Respecto a los desafíos productivos, analizó: “De ahora en más apuntamos a seguir ampliando el mercado del azúcar rubio, apoyar a los productores y hacer que cada día esta producción cobre más importancia y que las familias puedan encontrar el progreso económico a través de la producción de azúcar”.

Durante la jornada, recibieron al gobernador Hugo Passalacqua, quien recorrió los stands, entregó insumos deportivos y destacó el crecimiento de la actividad en el municipio.

El evento contó con exposición de productores, feria gastronómica y de emprendedores, demostraciones del proceso de elaboración del azúcar rubio artesanal, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia. 

Fotos: Misiones Online

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La comunidad mbya Puente Quemado II regresó al predio del que fue desalojada

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Las siete familias que integran la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron este domingo al predio del que fueron desalojadas el pasado martes 28 de julio en la localidad de Garuhapé.

La ilegalidad del procedimiento había sido advertida por el Ministerio Público Fiscal, por lo que, tras 48 horas de la ejecución de la medida ordenada por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, dictaminó dejar sin efecto el desalojo.

El viernes pasado también se produjo una mesa de diálogo entre el cacique Santiago Ramos, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Guaraníes y la empresa Arauco, donde acordaron realizar mejoras habitacionales para la comunidad, como la instalación de un pozo perforado y paneles solares.

Finalmente, este domingo las familias de Puente Quemado II regresaron al predio que habitan desde hace varios años, cuyo territorio fue relevado en el marco de la Ley 26.160 en 2013, aunque sigue siendo objeto de denuncias por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.

“Puente Quemado II recuperó pacíficamente, una vez más, su territorio ancestral tras un desalojo cuya ilegalidad fue advertida por el Ministerio Público Fiscal y exige garantías para la seguridad de la Comunidad”, confirmó el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) a través de un comunicado.

Y añadieron: “La Comunidad reafirma que este territorio le pertenece ancestralmente y que sus derechos se encuentran respaldados por el relevamiento territorial realizado en el marco de la legislación nacional vigente”.

En este sentido, aseguraron que el desalojo fue ejecutado pese a que la defensa había interpuesto un recurso de apelación que debía ser remitido previamente al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, esa intervención no se produjo antes de la medida. Posteriormente, el fiscal solicitó dejar sin efecto el desalojo, poniendo en evidencia las graves irregularidades del procedimiento.

Exigimos al Gobierno de la Provincia de Misiones y a las fuerzas de seguridad que garanticen la integridad y la seguridad de las familias de Puente Quemado II. Hacemos responsables a las autoridades de cualquier hecho de violencia, hostigamiento o vulneración de derechos que pudiera producirse”, reclamaron desde Emipa.

Puente Quemado II: un territorio en pugna, un camión jaula y un desalojo apelado

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