Provinciales
Comunidades de Mado dieron “tregua” de 8 días al gobierno para atender reclamos
Luego de anunciar que cortarían la ruta nacional 12 si no eran escuchados sus reclamos por agua y luz, tres comunidades mbya del municipio de Mado Delicia se reunieron ayer con las autoridades de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y le dieron un plazo de ocho días para resolver el conflicto.
La asamblea se realizó en Yvoty Porá, que junto a los tekoa Takuapí Mirí y Renacer exigen la instalación de los servicios básicos. Allí estuvieron los representantes de las casi 80 familias que habitan en las tres comunidades, así como la directora de Asuntos Guaraníes, Norma Silvero.
Tras la reunión, a la que también llegaron miembros de las otras tres comunidades de la zona -Aguaí Poty, Ysysy y Aguaray Miní-, las autoridades se comprometieron a gestionar mejoras tendientes a resolver la cuestión de fondo, mientras que los indígenas dieron una “tregua” de ocho días o, de lo contrario, retomarán sus intenciones de interrumpir el tránsito sobre la ruta nacional 12.
De acuerdo al acta, a la que accedió La Voz de Misiones, “la directora explica que está gestionando un diálogo con los propietarios de los terrenos”. En ese sentido, la funcionaria resolvió que, hasta que se solucionen los conflictos, las mejoras “se lleven adelante con paneles solares y plan techo habitacional”.
En ese sentido, indicaron que “en esta asamblea, los presentes quedamos en dar una tregua de ocho días de plazo”. Asimismo, dijeron que “si en esa instancia no se concreta lo acordado, al día siguiente se realizará la medida de fuerza programada”, consistente en el corte de ruta durante 48 horas.
Por su parte, Dalmacio Ramos, mburuvichá Ysysy, habló de la “unidad para seguir en lucha” y pidió: “Basta de discriminación”.
“Notas y notas y notas”
El último lunes, el mburuvichá de Takuapí Mirí, Francisco Silva, dialogó con LVM luego de que las comunidades entregaran una nota con sus peticiones a las autoridades del gobierno.
Según sostuvo el líder en la oportunidad, los reclamos se remontan a 2018, por lo cual sostienen que llegaron a un punto límite: “Siempre estamos dejando la nota en la puerta del Ministerio de Derechos Humanos, también la Dirección de Asuntos Guaraníes, pero es nota y nota y nota y nunca se ponen de acuerdo para llegar a una solución”.
“Estamos cansados de eso porque ya mucho papelerío y nunca vienen a solucionar”, lanzó Silva y subrayó que el corte de ruta es “la única forma” de hacer escuchar.
“Nosotros también tenemos derechos, también somos humanos, siempre estamos luchando y tenemos necesidad”, se quejó.
La comunidad que dirige Silva se encuentra a unos seis kilómetros del casco urbano y a tres de la ruta nacional 12. Allí viven 17 familias, mientras que en las restantes habitan otras 60.
Asuntos Guaraníes llegó hasta el lugar.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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