Provinciales
Comunidad guaraní de Capioví no tiene agua hace un mes y piden soluciones
Casi una treintena de familias de la comunidad mbya guaraní Tekoa Mirí de Capioví carecen de agua desde hace un mes y deben caminar más de 3 kilómetros a diario para conseguir el líquido vital apto para su consumo, situación que también afecta al normal funcionamiento de la escuela y del Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de la zona.
Según indicaron a La Voz de Misiones, el drama comenzó hace tres semanas y medio como consecuencia del desperfecto de una bomba y el posterior desmoronamiento de las paredes del pozo perforado del cual obtenían agua.
La comunidad damnificada es la Tekoa Mirí, ubicada en la colonia Oro Verde del municipio de Capioví, donde residen un 29 familias con un total de 148 personas, la mayoría de ellos niños.
En la jornada de ayer el mburuvicha Timoteo Méndez presentó una nota al intendente Alejandro Arnhold solicitando una solución al conflicto, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas de ningún tipo.
“El territorio que habitamos y que usted conoce no cuenta con agua para los servicios básicos suficientes que permitan el desarrollo de la comunidad y una vida digna”, consigna el comienzo del escrito.
Y continúa: “Siendo un derecho humano fundamental y una obligación del Estado, en este caso identificado con este municipio, es que solicitamos se nos provea con urgencia el servicio de agua, un tanque para agua con un mínimo de 5.000 litros y las perforaciones necesarias”.
Los miembros de la comunidad deben caminar hasta 3 kilómetros para conseguir agua en una vertiente.
En esa línea, desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), indicaron que hoy en día los integrantes de la comunidad afectada deben caminar hasta tres kilómetros diarios para conseguir agua limpia, labores que en ocasiones incluso deben ser realizadas por niños, cargando pesados bidones en condiciones de calor extremo y sol. “Es muy fuerte para mí, muy triste ver a los chicos así”, expresó Méndez.
Añadieron que también que el líquido que consiguen nunca es suficiente, por lo que decidieron priorizar la hidratación de los niños para resguardar su salud. “Los chicos sí o sí necesitan tomar agua, los grandes podemos aguantar un poco más. Del río no podemos traer porque está contaminado y eso nos perjudica la salud, algunos ya se enfermaron”, sostuvo el mburivicha consultado por Emipa.
En ese marco, señalaron que la situación también perjudica también a la escuela y al Caps de la zona, ya que ambos necesitan agua para poder brindar los servicios necesarios.
“En la escuela hay comedor pero se necesita agua, no hay almuerzo si no hay agua, me entristece. Ojalá tengamos respuesta favorable lo antes posible”, lamentó el mburuvicha y agregó que hasta el momento “no tenemos noticias del Gobierno de Misiones, Asuntos Guaraníes, ni del municipio”.
El mismo drama lo sufre la comunidad Kokuere’i II, ubicada en San Ignacio, donde carecen de agua desde hace más de 4 años y cuyos integrantes la semana pasada decidieron cortar la ruta nacional 12 para exponer el reclamo.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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