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Calle de Iguazú lleva el nombre de un espía de la dictadura y piden modificarla

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Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.

La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez,  subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.

La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.

Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.

Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.

En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.

Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.

La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.

El buchón 

Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.

“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.

“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.

“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.

El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.

Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La calle Moreyra

La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.

El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.

Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.

En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.

“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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Arenera

La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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