Provinciales
Calle de Iguazú lleva el nombre de un espía de la dictadura y piden modificarla
Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.
La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez, subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.
La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.
Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.

“Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.
En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.
Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.
“La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.
El buchón
Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.
“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.
“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.
“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.
El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.
Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
La calle Moreyra
La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.
El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.
Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.
En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.
“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.
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Provinciales
Wanda, tasa ecoturística y reclamos: “Se perderían más de 60 puestos de trabajo”
La implementación de la Tasa Ecoturística Municipal generó un clima de tensión en Wanda, tras comenzar a cobrarse a los visitantes de las Minas de Piedras Preciosas.
La medida, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue establecida mediante la Ordenanza N° 22/2025 y se fundamenta -según el decreto reglamentario- en “la necesidad de establecer en la ciudad de Colonia Wanda una tasa ecoturística municipal con el objetivo de promover la preservación ambiental, el desarrollo sostenible y la consolidación de una gestión turística sustentable en beneficio de la comunidad local”.
El texto oficial establece además el destino de los fondos recaudados: 75% al Fondo Municipal de Infraestructura, Mantenimiento y Preservación Ambiental; 15% al Fondo Especial para la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas; y 10% al Fondo de Administración, Fiscalización y Promoción Turística.
El cobro se efectúa en el acceso a los predios mineros, principal atractivo turístico de la localidad, lo que abrió el debate entre autoridades, prestadores y visitantes sobre el impacto de la tasa en la actividad.
Reclamos
En las últimas horas, la situación se tensó aún más cuando trabajadores de las minas se concentraron en los accesos a los yacimientos para manifestar su rechazo al cobro. La protesta se realizó frente a las puertas de ingreso, donde actualmente se ubican los agentes municipales encargados de percibir la tasa.
Los empleados cuestionaron además la presencia policial en el lugar, señalando que se impide el ingreso de vehículos que no abonen el tributo. Según relataron desde una de las empresas, incluso se ordena a los conductores dar la vuelta si no realizan el pago.
Ambos yacimientos resolvieron cerrar temporalmente el acceso turístico como medida de protesta. Sin embargo, el puesto de cobro continuó funcionando.
“Es como si te pusieran una garita de peaje en la puerta de tu negocio”, expresó a La Voz de Misiones Patricia Busch, una de las propietarias, al describir la situación y remarcar que, a su entender, la tasa se abona directamente sobre el ingreso a una propiedad privada.
Patricia confirmó que junto a la otra mina presentaron un recurso de amparo ante la Justicia provincial para frenar la aplicación de la tasa. “Hemos presentado una medida cautelar, en la Justicia provincial para que se determine si esto es legal o no”, sostuvo.
Además, aseguró que en al menos tres reuniones con la intendenta ofrecieron asumir el pago para evitar que se le cobre al visitante. “Nosotros pagamos la ecotasa, pero dennos un servicio. Si hay una contraprestación real, la pagamos nosotros y que no molesten al turista”, afirmó.
Riesgos
Desde el sector empresarial advierten que la caída en el flujo de visitantes ya ronda el 40%, en comparación con el mismo período del año pasado. Señalan que el turista que viaja hacia Puerto Iguazú suele ingresar a las minas como atractivo de paso y que, ante esta situación “arbitraria”, muchos optan por continuar viaje.
Actualmente, unas 100 personas dependen de manera directa de la actividad en los dos yacimientos. Sin embargo, los propietarios indicaron que, de mantenerse el esquema actual, podrían cerrar la parte turística y conservar solo la explotación minera. En ese escenario, Patricia estima que de seguir así “se perderían mas de 60 puestos de trabajo” vinculados a guías, atención al público, mantenimiento y servicios complementarios.
“La actividad minera puede seguir con menos personal, pero el turismo es lo que genera empleo y movimiento en el pueblo”, recalcó Patricia.
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Yerbateros en asamblea en Aristóbulo: “De Nación ya no esperamos nada”
Una nueva asamblea de asociaciones, productores yerbateros y legisladores se concretó ayer por la tarde en el Salón Parroquial de Aristóbulo del Valle, luego de una convocatoria realizada por el titular del Inym, Rodrigo Correa, quien no estuvo presente.
“Lo que causó mucho enojo entre los productores fue la ausencia del presidente del Inym, quien había solicitado la reunión con los productores y asociaciones, pero no ha concurrido, entonces eso generó mucha bronca”, afirmó Jorge Skripczuk consultado por La Voz de Misiones.
“Desde Nación ya no esperamos nada, lo único que se puede lograr es lo que comentaba el presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop), Edgar Hein, respecto a los amparos que se han presentado”, añadió.
Durante la reunión, los cinco directores del Inym presentes se comprometieron a entregar una nota solicitando el cese de cosecha. Mientras que, los productores plantearon realizar una manifestación en la plaza 9 de Julio de Posadas frente a Casa de Gobierno.
Entre los diputados presentes estuvieron Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Goring por el Partido Agrario y Social (Pays) y Ramón Amarilla por Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, todos pertenecientes al arco político opositor de la provincia, por lo que también “generó inquietud” la ausencia de renovadores.
Carta a Correa
Tras el encuentro concretado en Aristóbulo, las asociaciones de productores hicieron extensivo un escrito dirigido al titular del Inym a quien cuestionaron su ausencia: “Si Usted nos hubiese preguntado, íbamos a acondicionar un espacio para ese encuentro que nuevamente decidió suspender y que para nosotros es tan importante. Y le reiteramos: no queremos comunicación por teléfono; necesitamos encuentro personal, amplio y diverso, con la participación de todas las asociaciones y por qué no, de todos los que sientan que pueden aportar a la gravísima crisis en la que nos sumergió el gobierno de la Nación”.
En este sentido, reconocieron que la crisis yerbatera surgió como respuesta a la desregulación del mercado iniciada con la firma del DNU 70/2023: “Debemos reiterar que desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, en diciembre de 2023, el sector yerbatero comenzó a transitar quizás el peor momento de su historia, un hecho reflejado sobre todo en la caída estrepitosa del precio de la materia prima y en la eliminación de normas y estructuras que garantizaban la inocuidad y calidad del producto, con impacto directo en el consumidor y por lo tanto también, en el corto y mediano plazo, en la comercialización”.
A su vez, recordaron que durante más de dos décadas, el Inym operó como una herramienta que “brindó crecimiento y desarrollo para TODOS los integrantes de la cadena yerbatera, registrando datos estadísticos y de territorialidad que permiten proyectar con eficiencia las mejoras para el sector, optimizando las condiciones de trabajo y vida de los tareferos (capacitaciones, indumentaria y nuevas tecnologías, como tijera electrónica, carritos de arrastre y guinches de carga de raídos), de los productores (asistencia técnica directa con una mirada integral y a largo plazo para yerbales sustentables y de calidad, y precios oficiales para la hoja verde), secaderos, cooperativas e industrias (aportando innovación para el uso eficiente de energía y uniformidad al producto final, financiando estudios científicos que validan a la yerba como un alimento excepcional para la salud y el bienestar, facilitando la presencia de pequeñas y grandes marcas en las principales ferias internacionales y creando en la Argentina la feria MATEAR, promoviendo competitividad, sumando consumidores), por citar algunos logros”.
Sobre el precio, añadieron que “en el año 2023, con el Inym funcionando plenamente, se llegó a pagar, al productor, por encima del valor fijado oficialmente”.
Por lo que concluyeron: “la política de desregulación provoca un criminal deterioro socio económico, le solicitamos formalmente, señor Rodrigo Correa, que gestione, desde el lugar que ocupa en la Institución y ante quien corresponda, la devolución de todas las facultades del Inym y que cese el desguace de normativa y de la estructura de la Institución, que se aceleró a partir de su presencia”.
Frenan cosecha de yerba hasta que el Inym “recupere facultades y fije precios”
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Hoy entran en vigencia los programas Ahora Escolar y Ahora Textos
De cara a un nuevo ciclo lectivo y el inicio de las clases previsto para el 2 de marzo, el gobernador Hugo Passalacqua, lanzó los programas Ahora Escolar hasta el 13 de marzo y Ahora Textos hasta el 30 de abril.
En esta oportunidad, el sistema de descuentos que entró en vigencia este jueves, ofrecerá hasta seis cuotas sin interés y reintegros de 25% en la compra de indumentaria, calzados y textos escolares.
El mandatario provincial realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde detalló: “Desde el 19 de febrero vas a poder aprovechar los Programas Ahora para el regreso a las aulas”.
En su mensaje, agregó que el Ahora Escolar ofrecerá el beneficio “todos los jueves y viernes hasta el 13 de marzo, con 1 o 6 cuotas sin interés, más 25% de reintegro en indumentaria y zapatería”.
Asimismo, señaló que el Ahora Textos estará activo “todos los jueves y viernes hasta el 30 de abril con 1, 3 o 6 cuotas sin interés en libros y manuales”.
Al mismo tiempo, indicó que se pueden consultar los comercios adheridos desde este jueves 19 de febrero en el sitio web ahora.misiones.gob.ar.
Una vez más, la iniciativa impulsada por el gobierno de Misiones, en conjunto con entidades financieras (como Banco Macro), busca incentivar el consumo local mediante reintegros y financiación en cuotas sin interés, en medio de la crisis económica que atraviesa el país y no deja exentas a las provincias.
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