La Región
Cada vez son más los jóvenes y familias venezolanas que se radican en el NEA
El rango de edad de quienes llegan a ambas provincias es de 20 a 50 años.
NEA. Desde Migraciones, aseguraron que por la problemática que atraviesa aquel país, se ha decidido eximirlos de ciertos requisitos y redirigirlos a diferentes puntos de la Argentina que sólo en enero ya ha recibido más de 3000 venezolanos y venezolanas que iniciaron su trámite de radicación.
Tras la problemática política, económica y social que se vive en Venezuela, cada vez son más las personas que deciden abandonar ese país y venir a la Argentina. La ola de inmigración ha incrementado en los últimos meses, desplazando a las anteriores nacionalidades como las paraguayas y bolivianas del podio.
En el 2018, según datos suministrados por la Dirección de Migraciones que funciona por Corrientes y Chaco, fueron 184 los migrantes que llegaron desde el país caribeño y se instalaron en ambas provincias. Andrés Stegelmann, quien es director de dicha oficina afirmó que el margen de edad de los venezolanos y venezolanas que llegan al país va de los 20 a 50 años.
Los mismos son “mano de obra calificada”, es decir, profesionales de diferentes ramas como la ingeniería, medicina, contaduría o abogacía.
Para Stegelmann cumplimentar con todos los requisitos migratorios no es fácil, aunque en estos últimos tiempos se ha tenido una flexibilidad especial para los venezolanos por la problemática que atraviesan, por ejemplo el apostillado de ciertas documentaciones.
Las historias son similares, muchos ya llegan con una propuesta de trabajo, paran en piezas o pensiones. El objetivo que traen es poder juntar dinero y enviar a sus familiares que siguen en Venezuela.
“El costo de trámite tuvo una importante suba en los últimos tiempos. El extranjero que pertenece a un país del Mercosur paga 3000 pesos a Migraciones, 300 para la elaboración del DNI y 70 pesos el certificado de antecedentes penales”, expresó el funcionario y asegura que es un monto que no todos los migrantes pueden pagarlo.
Al ingresar al país, se les solicita una dirección donde se quedarán. Desde la institución hacen informes socio ambientales para constatar estos domicilios y también garantizar que no se encuentren en situación de calle. Lo hacen con la ayuda de los ministerios de Desarrollo Social de Corrientes y Chaco.
José Ernesto Meixner es diputado provincial y profesor de Derecho Internacional. Analizando la realidad venezolana, explica que la Argentina desde la elaboración de su Constitución Nacional en 1853, decidió ser un país de fronteras abiertas “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Para él, no se encuentra otra legislación tan abierta y fraterna con el migrante y esto además se ve reflejado en la igualdad de derechos que posee una persona extranjera una vez que adquiere el DNI argentino, con otra que haya nacido aquí.
“No había en el mundo un régimen legal como el de la Argentina. Estados Unidos que es considerado la cuna de la democracia recién dictó leyes 1964, hasta entonces los negros no tenían los mismos derechos que los blancos”, afirmó Meixner.
Esta igualdad, se ve también en el sistema educativo argentino que incluye a estudiantes de otras nacionalidades sin restricciones. “La UNNE es un ejemplo de esta inclusión porque posee un importante número de estudiantes de países vecinos”, dijo el diputado provincial.
Inserción laboral
Para equilibrar el número de los migrantes en todo el territorio argentino y que no incremente el número de desocupados, Stegelmann explicó que como política de la institución se trabaja en redirigir los flujos migratorios. De esta forma se trata de analizar qué profesionales se necesitan en Corrientes para que los mismos puedan insertarse en el mercado laboral ya que además es una provincia que cuenta con universidades y un importante número de egresados.
Un problema con los que se encuentran los venezolanos tiene que ver con la validez de su título universitario. Si bien, ésto no debería ocurrir para países del Mercosur, es una realidad que los expulsa a trabajar de serenos, comerciantes o lo que consigan. Stegelmann afirmó que para ello se está trabajando con otras instituciones para solucionar la problemática.
En ese sentido, Meixner sostuvo que es importante que el Estado controle la situación laboral de los extranjeros ya que pueden encontrarse en situaciones vulnerables que los conduzca a ser víctimas de explotación.
“Este gobierno está destrozando los derechos y las garantías constitucionales especialmente las laborales de los argentinos. Entonces qué es lo que les queda a los extranjeros. Nos han llevado a una precarización y al desmantelamiento de todo el sistema de garantía social”, sentenció el diputado provincial.
En Argentina, según los datos oficiales, en enero ingresaron 3339 venezolanos; 1119 bolivianos; 918 paraguayos y 384 brasileños. Teniendo en cuenta estos números, Meixner analiza las políticas de gobierno de cada país donde concluye que, más allá de la ideología que gobierne, las personas deciden trasladarse tras la búsqueda de progreso. “Paraguay tiene un gobierno que podría considerarse la contra cara de Venezuela, y si bien su número de emigrantes no es menor”, explicó.
EL LITRORAL
Dos familias argentinas con niños pequeños fueron rescatadas en Brasil tras permanecer en condiciones de explotación laboral extrema en una chacra hortícola ubicada en el estado de Paraná, a unos 90 kilómetros de la frontera con Puerto Iguazú.
El operativo fue realizado por la Policía Federal brasileña junto a organismos laborales y derivó en la detención de una pareja acusada de reducir a trabajadores a una situación análoga a la esclavitud.
El procedimiento se llevó adelante en una propiedad rural de la localidad de Céu Azul, en el oeste de Paraná, durante la denominada “Operación de Lunes a Lunes”, encabezada por la Policía Federal de Brasil y auditores del Ministerio de Trabajo.
Allí encontraron a tres familias extranjeras, dos argentinas y una paraguaya, viviendo en condiciones degradantes junto a cinco menores de edad, según consignó el portal brasileño Jornal de Fronteira.
Según la investigación, las víctimas habían llegado a Brasil atraídas por promesas de empleo, pero terminaron sometidas a extensas jornadas laborales sin descanso semanal, en un predio con escasa higiene, poca alimentación y vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad.
Las autoridades brasileñas indicaron que los trabajadores no cobraban salario ni tenían ningún tipo de registración laboral. Además, denunciaron que los empleadores retenían la totalidad de los ingresos bajo el argumento de cubrir gastos de alimentos y provisiones, vendidos a precios inflados, una práctica conocida como “servidumbre por deuda”.
En total fueron rescatadas once personas, entre ellas seis adultos y cinco niños de entre 6 y 8 años. Una de las familias argentinas decidió regresar al país con apoyo del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mientras que la otra, integrada por ocho personas, optó por permanecer en Foz de Iguazú y fue alojada en un refugio.
El delegado de la Policía Federal, Emerson Rodrigues, explicó a Jornal da Fronteira que la producción de la chacra abastecía a distintas ciudades de la región y confirmó que antes de la llegada de los agentes una de las familias había logrado escapar del lugar.
La pareja propietaria del establecimiento fue detenida en flagrancia y trasladada a la delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta una posible conexión con redes de trata de personas.
Un ciudadano paraguayo de 27 años, que desde 2025 era buscado como uno de los presuntos autores del asesinato de un ex policía que trabajaba como chofer de aplicación en Presidente Franco, estaba detenido en Misiones por una causa de robo y ahora fue expulsado del país.
El extranjero implicado se trata de Fabián Leiva Ríos (27), quien ese mismo año fue detenido en Puerto Iguazú por un hecho de robo calificado y una vez identificado se constató que registraba un tendal de antecedentes en su país, con tres órdenes de captura vigentes por delitos de hurto, robo y homicidio.
Según reportes actualizados, las autoridades paraguayas tienen a Leiva Ríos como uno de los autores del asesinato de Carlos Miguel González Aguilar (29), un ex policía que trabajaba como chofer de la aplicación de transporte Bolt.
El crimen ocurrió el 31 de diciembre de 2024. Ese día Aguilar se dirigió hacia el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, ciudad paraguaya ubicada frente a Puerto Iguazú, para buscar a un usuario de la aplicación y nunca volvió.
Su cuerpo fue hallado poco después en la zona rural de colonia Península, unos kilómetros más al sur. El hombre había sido ejecutado de un disparo en la parte trasera de la cabeza.
El o los asesinos se robaron el auto Hyundai, que luego lo abandonaron nuevamente en cercanías al barrio Tres Fronteras. Las imágenes de cámaras de seguridad captaron a dos hombres a bordo del vehículo. Se cree que uno de ellos era Leiva Ríos.
El sospechoso ahora se encuentra nuevamente en territorio paraguayo y deberá responder ante la Justicia de ese país. Su expulsión se concretó hoy, durante un procedimiento realizado en el puerto de Iguazú.
El procedimiento de expulsión se concretó esta mañana.
Un empresario brasileño que llevaba más de diez años en condición de prófugo por un millonario desfalco en Paraguay fue detenido en diciembre pasado en Puerto Iguazú y ahora fue extraditado hacia el país vecino para que comparezca ante la Justicia.
Se trata de Carlos Roberto Valiatti, quien el 11 de diciembre del año pasado fue detenido en el puente internacional Tacredo Neves, cuando agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) constataron que registraba una alerta roja de Interpol en su contra.
Desde ese momento, el extranjero permaneció detenido en territorio argentino, mientras que desde Paraguay el fiscal Luis Fernando Escobar activó inmediatamente el proceso de extradición, el cual que finalmente se concretó este martes a la mañana y Valiatti ya fue entregado durante un operativo realizado a través del cruce fluvial entre Presidente Franco y Puerto Iguazú.
Valiatti era requerido por la Justicia paraguaya en el marco de una investigación por un presunto fraude millonario cometido en Ciudad del Este, causa por la cual se encontraba prófugo desde 2016.
Según la información publicada por el medio paraguayo ADN Digital, Viliatti se desempeñaba como gerente y administrador de la firma Caisa, ubicada en el kilómetro 10 de Ciudad del Este.
La investigación fiscal sostiene que el procesado “abusó de su posición de confianza para realizar maniobras financieras fraudulentas”, incluyendo la presunta duplicación y falsificación de pagarés de clientes, documentos que habrían sido entregados a diversas entidades bancarias como garantía para la obtención de créditos personales, perjudicando directamente el patrimonio de la sociedad que administraba.
El mismo medio consigan que “las auditorías internas revelaron que el imputado percibía valores de la empresa sin ingresarlos a las arcas institucionales y realizaba desvíos directos a sus cuentas particulares”.
En cifras, se especula que el empresario brasileño alcanzó a recaudar de manera ilegal sumas que oscilaban los 40.000 dólares por mes, lo que arrojaría un fraude total por al menos 7 millones de dólares.
Tras presentar una renuncia sorpresiva en junio de 2016, el sospechoso huyó con una camioneta propiedad de la firma, permaneciendo prófugo de la Justicia paraguaya hasta su reciente localización en la frontera argentina.
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