La Región
Cada vez son más los jóvenes y familias venezolanas que se radican en el NEA
El rango de edad de quienes llegan a ambas provincias es de 20 a 50 años.
NEA. Desde Migraciones, aseguraron que por la problemática que atraviesa aquel país, se ha decidido eximirlos de ciertos requisitos y redirigirlos a diferentes puntos de la Argentina que sólo en enero ya ha recibido más de 3000 venezolanos y venezolanas que iniciaron su trámite de radicación.
Tras la problemática política, económica y social que se vive en Venezuela, cada vez son más las personas que deciden abandonar ese país y venir a la Argentina. La ola de inmigración ha incrementado en los últimos meses, desplazando a las anteriores nacionalidades como las paraguayas y bolivianas del podio.
En el 2018, según datos suministrados por la Dirección de Migraciones que funciona por Corrientes y Chaco, fueron 184 los migrantes que llegaron desde el país caribeño y se instalaron en ambas provincias. Andrés Stegelmann, quien es director de dicha oficina afirmó que el margen de edad de los venezolanos y venezolanas que llegan al país va de los 20 a 50 años.
Los mismos son “mano de obra calificada”, es decir, profesionales de diferentes ramas como la ingeniería, medicina, contaduría o abogacía.
Para Stegelmann cumplimentar con todos los requisitos migratorios no es fácil, aunque en estos últimos tiempos se ha tenido una flexibilidad especial para los venezolanos por la problemática que atraviesan, por ejemplo el apostillado de ciertas documentaciones.
Las historias son similares, muchos ya llegan con una propuesta de trabajo, paran en piezas o pensiones. El objetivo que traen es poder juntar dinero y enviar a sus familiares que siguen en Venezuela.
“El costo de trámite tuvo una importante suba en los últimos tiempos. El extranjero que pertenece a un país del Mercosur paga 3000 pesos a Migraciones, 300 para la elaboración del DNI y 70 pesos el certificado de antecedentes penales”, expresó el funcionario y asegura que es un monto que no todos los migrantes pueden pagarlo.
Al ingresar al país, se les solicita una dirección donde se quedarán. Desde la institución hacen informes socio ambientales para constatar estos domicilios y también garantizar que no se encuentren en situación de calle. Lo hacen con la ayuda de los ministerios de Desarrollo Social de Corrientes y Chaco.
José Ernesto Meixner es diputado provincial y profesor de Derecho Internacional. Analizando la realidad venezolana, explica que la Argentina desde la elaboración de su Constitución Nacional en 1853, decidió ser un país de fronteras abiertas “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
Para él, no se encuentra otra legislación tan abierta y fraterna con el migrante y esto además se ve reflejado en la igualdad de derechos que posee una persona extranjera una vez que adquiere el DNI argentino, con otra que haya nacido aquí.
“No había en el mundo un régimen legal como el de la Argentina. Estados Unidos que es considerado la cuna de la democracia recién dictó leyes 1964, hasta entonces los negros no tenían los mismos derechos que los blancos”, afirmó Meixner.
Esta igualdad, se ve también en el sistema educativo argentino que incluye a estudiantes de otras nacionalidades sin restricciones. “La UNNE es un ejemplo de esta inclusión porque posee un importante número de estudiantes de países vecinos”, dijo el diputado provincial.
Inserción laboral
Para equilibrar el número de los migrantes en todo el territorio argentino y que no incremente el número de desocupados, Stegelmann explicó que como política de la institución se trabaja en redirigir los flujos migratorios. De esta forma se trata de analizar qué profesionales se necesitan en Corrientes para que los mismos puedan insertarse en el mercado laboral ya que además es una provincia que cuenta con universidades y un importante número de egresados.
Un problema con los que se encuentran los venezolanos tiene que ver con la validez de su título universitario. Si bien, ésto no debería ocurrir para países del Mercosur, es una realidad que los expulsa a trabajar de serenos, comerciantes o lo que consigan. Stegelmann afirmó que para ello se está trabajando con otras instituciones para solucionar la problemática.
En ese sentido, Meixner sostuvo que es importante que el Estado controle la situación laboral de los extranjeros ya que pueden encontrarse en situaciones vulnerables que los conduzca a ser víctimas de explotación.
“Este gobierno está destrozando los derechos y las garantías constitucionales especialmente las laborales de los argentinos. Entonces qué es lo que les queda a los extranjeros. Nos han llevado a una precarización y al desmantelamiento de todo el sistema de garantía social”, sentenció el diputado provincial.
En Argentina, según los datos oficiales, en enero ingresaron 3339 venezolanos; 1119 bolivianos; 918 paraguayos y 384 brasileños. Teniendo en cuenta estos números, Meixner analiza las políticas de gobierno de cada país donde concluye que, más allá de la ideología que gobierne, las personas deciden trasladarse tras la búsqueda de progreso. “Paraguay tiene un gobierno que podría considerarse la contra cara de Venezuela, y si bien su número de emigrantes no es menor”, explicó.
EL LITRORAL
A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral y público que buscará determinar qué ocurrió con el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio.
El proceso judicial, considerado uno de los más trascendentes de los últimos años en Argentina, tiene en el banquillo a 17 imputados y prevé la declaración de 161 testigos a lo largo de audiencias que podrían extenderse hasta diciembre.
La primera jornada se inició en instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), tres días después de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del niño correntino, cuyo paradero continúa siendo un misterio.
Los números del juicio
El debate estará atravesado por cifras que reflejan la dimensión alcanzada por la investigación.
En total son 17 los acusados. Siete de ellos llegan al juicio señalados como presuntos responsables de la sustracción y ocultamiento de Loan, mientras que los diez restantes están imputados por supuestas maniobras destinadas a entorpecer y desviar la investigación posterior.
Entre los principales acusados figuran la tía del menor, Laudelina Peña; su pareja, Antonio Benítez; Daniel Ramírez y Mónica Millapi, quienes participaron de la excursión al naranjal donde Loan fue visto por última vez; el ex comisario Walter Maciel; y el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, considerados por la acusación como piezas centrales en la presunta sustracción del niño.
La causa también incluye a diez integrantes y allegados vinculados a una fundación que, según la investigación federal, habrían desplegado distintas acciones para generar pistas falsas, influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la pesquisa.
La hipótesis
El eje de la acusación es contundente: Loan no se perdió.
De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la instrucción, el niño habría sido sustraído de manera planificada y retirado del lugar en un vehículo, en un operativo que habría contado con la participación coordinada de varios de los imputados.
La teoría fiscal sostiene que la desaparición no fue producto de un accidente ni de un extravío en la zona rural donde se desarrolló el almuerzo familiar, sino el resultado de una maniobra previamente organizada. Incluso, resoluciones judiciales anteriores señalaron que el supuesto acuerdo habría consistido en sustraer a un menor, siendo Loan la víctima elegida ese día.
La desaparición de Loan se convirtió en uno de los casos policiales más resonantes de la última década. La investigación atravesó múltiples hipótesis, desde la búsqueda en montes y esteros hasta sospechas de trata de personas, pasando por denuncias de encubrimiento, pruebas presuntamente plantadas y versiones contradictorias aportadas por algunos de los acusados.
Ahora, con el inicio del juicio oral, el Tribunal Oral Federal de Corrientes enfrenta el desafío de reconstruir qué ocurrió aquella tarde de junio de 2024 y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados en una causa que mantiene una pregunta sin respuesta: dónde está Loan.
Un mes sin Loan: de la desaparición, a la trata y a un oscuro misterio
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará su nuevo libro en la ciudad de Corrientes, este miércoles 3 de junio a las 17. El encuentro abierto al público se realizará en la sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado sobre la avenida Libertad al 5460.
El evento tendrá lugar en el auditorio de la unidad académica, fue anunciado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde compartió el flyer oficial de la convocatoria junto al mensaje: “¡Las y los espero!”.
La presentación cuenta con el auspicio de Siglo Veintiuno Editores. Sobre la publicación, Kicillof señaló que se trata de un aporte para reflexionar sobre la economía y los desafíos que enfrenta actualmente la Argentina.
Según la sinopsis de la obra, el libro se propone como una referencia para estudiantes, docentes y lectores interesados en la economía. A través de un lenguaje accesible, explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico y plantea cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis, aportando nuevas herramientas para comprender la realidad económica contemporánea.
Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro “De Smith a Keynes”, un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país.
¡Las y los espero! pic.twitter.com/1m20AoTiQm
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2026
Dos familias argentinas con niños pequeños fueron rescatadas en Brasil tras permanecer en condiciones de explotación laboral extrema en una chacra hortícola ubicada en el estado de Paraná, a unos 90 kilómetros de la frontera con Puerto Iguazú.
El operativo fue realizado por la Policía Federal brasileña junto a organismos laborales y derivó en la detención de una pareja acusada de reducir a trabajadores a una situación análoga a la esclavitud.
El procedimiento se llevó adelante en una propiedad rural de la localidad de Céu Azul, en el oeste de Paraná, durante la denominada “Operación de Lunes a Lunes”, encabezada por la Policía Federal de Brasil y auditores del Ministerio de Trabajo.
Allí encontraron a tres familias extranjeras, dos argentinas y una paraguaya, viviendo en condiciones degradantes junto a cinco menores de edad, según consignó el portal brasileño Jornal de Fronteira.
Según la investigación, las víctimas habían llegado a Brasil atraídas por promesas de empleo, pero terminaron sometidas a extensas jornadas laborales sin descanso semanal, en un predio con escasa higiene, poca alimentación y vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad.
Las autoridades brasileñas indicaron que los trabajadores no cobraban salario ni tenían ningún tipo de registración laboral. Además, denunciaron que los empleadores retenían la totalidad de los ingresos bajo el argumento de cubrir gastos de alimentos y provisiones, vendidos a precios inflados, una práctica conocida como “servidumbre por deuda”.
En total fueron rescatadas once personas, entre ellas seis adultos y cinco niños de entre 6 y 8 años. Una de las familias argentinas decidió regresar al país con apoyo del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mientras que la otra, integrada por ocho personas, optó por permanecer en Foz de Iguazú y fue alojada en un refugio.
El delegado de la Policía Federal, Emerson Rodrigues, explicó a Jornal da Fronteira que la producción de la chacra abastecía a distintas ciudades de la región y confirmó que antes de la llegada de los agentes una de las familias había logrado escapar del lugar.
La pareja propietaria del establecimiento fue detenida en flagrancia y trasladada a la delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta una posible conexión con redes de trata de personas.
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