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Antonella: la causa pasó a la Cámara de Apelaciones y demoran la vuelta a casa

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Todos los expedientes relacionados a la adopción de la pequeña de Eldorado serán analizados en la instancia superior. Presión social para que la niña vuelva con sus papás del corazón.

 

El escándalo judicial en torno a la fallida adopción de Antonella, la niña de tres años y medio arrebatada de la pareja que la cuidó y deseaba adoptarla, resuena fuerte en el Juzgado de Familia N°1 de Eldorado. A partir de ahora, todas las actuaciones relacionadas a la causa fueron elevadas a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial.

Los tres jueces que integrarán la Cámara de Apelaciones intentarán poner punto final a la seguidilla de decisiones contrarias a las recomendaciones de los psicólogos que, desde el principio, aconsejaron a los magistrados no separar a Antonella de sus papás Ester Barreto y Luis Narciso.

Luego que la jueza titular del Juzgado de Familia N°1, Corina Jones, dictara una orden para apartar a la niña de quienes la cuidaron desde sus primeras semanas de vida, la magistrada fue separada de la causa que pasó a manos de su subrogante, Lorena Toledo, quien determinó que Antonella permanezca provisoriamente bajo el cuidado de su hermana de sangre, Luzmila Rodríguez.

Parte de los asuntos judiciales de Antonella también fueron tratados por un tercer juez, Juan José Antonio Palacio. Sin embargo, la actuación de los tres magistrados, fundamentada en artículos de leyes, códigos y reformas, parecieran estar lejos de resolver la causa de Antonella.

Mientras los camaristas trabajarán sobre cada detalle del expediente, vecinos de Eldorado se autoconvocan a diario a través de las redes sociales para manifestarse frente al Juzgado o cortando la Ruta Nacional 12, para pedir la restitución de Antonella.

La presión social en este caso es, como en pocos, un factor clave para retomar el sentido común y devolver a la niña al hogar que la había cobijado desde sus primeros días de vida.

Sin embargo, todavía ningún juez se animó a contradecir de lleno la decisión de la jueza Jones, y así restituir a la niña a la familia que la crio.

Sin demasiadas precisiones sobre el tiempo que podría demorar una decisión judicial que devuelva a Antonella a los brazos de sus padres del corazón; abogados, familiares y la comunidad en general esperan que se resuelva, en principio, la Medida Cautelar para Protección de Personas presentada por la abogada Sandra Olcese, representante legal de Ester Barreto y Luis Narciso, mediante la cual se plantea que la niña vuelva a vivir con quienes ella misma reconoce como mamá y papá.

La jueza María Carla Bergottini es la presidenta de la Cámara de Familia y se espera un sorteo para conocer quiénes más la acompañarán para conformar la terna de magistrados quienes tendrán la posibilidad inmediata de reponer a Antonella junto a sus padres del corazón.

Jueza en apuros

La presentación de la Recusación con Expresión de Causa a la jueza Corina Jones planteada por el abogado Juan José Selva Andrade, que representa legalmente a la hermana de sangre de Antonella, Luzmila Rodríguez, dejaría en evidencia más de un error cometido por la magistrada que asumió la titularidad del juzgado el pasado 8 de septiembre, hace poco más de tres meses.

Corina Jones estaba al tanto de la situación de Antonella. En los años previos a ser nombrada jueza, ella estuvo a cargo de una de las secretarías del juzgado que ahora conduce. “Conocía el expediente desde hace mucho tiempo. Este caso no es nuevo para ella”, confesó a La Voz de Misiones una fuente de esa dependencia judicial de calle Dinamarca, en la Capital del Trabajo.

Sin embargo, y a pesar de la defensa corporativa que ensayan los círculos más cercanos a la jueza Jones, la Recusación presentada por Selva Andrade por parcialidad, subjetividad y hasta prevaricato -un delito del que se lo puede acusar a un juez por dictar una resolución arbitraria- hacen que los próximos días sean clave para el futuro de la carrera judicial de Jones.

 

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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