Provinciales
Alquileres: el voto de los diputados misioneros y la voz de los inquilinos
La mayoría de los diputados nacionales de Misiones votaron a favor del proyecto de ley de alquileres que obtuvo media sanción, ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsado por la oposición y resistido por las organizaciones de inquilinos que se manifestaron este jueves frente al Congreso.
Los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) Misiones, Florencia Klipauka (Activar), Martín Arjol (UCR) y Alfredo Schiavoni (PRO); y el misionerista Carlos Fernández (Frente Renovador de la Concordia Social), votaron a favor de la modificación de la ley 27.551, en lo relacionado al plazo de los contratos y los ajustes al precio de los alquileres.
En contrapartida, los diputados misioneros del Frente de Todos (FdT), Héctor Cacho Bárbaro, del Partido Agrario y Social (PAyS), y Cristina Brítez, de La Cámpora Misiones, votaron contra el proyecto impulsado por JxC.
La votación, que se dirimió por 125 votos a favor y 112 en contra, registró la ausencia del legislador misionerista Diego Sartori.
Entre sus puntos más destacados, el proyecto aprobado estipula volver a los contratos de dos años de duración con actualizaciones cada cuatro meses, con el actual índice que elabora el Banco Central (BCRA).
Poca oferta
Contrariamente a la posición de organizaciones como Inquilinos Agrupados y la Unión Argentina de Inquilinos, que salieron a rechazar lo aprobado en Diputados, la Asociación de Inquilinos de Misiones (AIM) eligió bajarle el tono a la polémica.
“Acá en Misiones, que tiene mucho turismo y se ha extendido la modalidad del alquiler temporario, tenemos poca oferta y creciente demanda”, señaló en declaraciones periodísticas Adrián Torres, titular de la AIM.
“Creemos que esta modificación puede ayudar un poco a mejorar la oferta, por el acortamiento de los plazos de contrato, que era un reclamo de los propietarios”, razonó.
Torres se manifestó, sin embargo, contrario a los reajustes cuatrimestrales del precio de los alquileres estipulados en el proyecto aprobado ayer.
“Los ajustes nosotros creemos que deben ser anuales y no como se aprobó”, afirmó Torres.
“No nos jugaría a favor que sea cuatrimestral”, señaló, y explicó: “Hay un doble juego, se interpreta que sería más liviano, pero lo real es que sería un doble ajuste, porque cuando se inicia el contrato, los propietarios de por sí ya ajustan”.
Torres sostuvo que “deberían prohibirse los alquileres temporarios, porque ya existen otras figuras de renta temporal, los hoteles, hostales, hospedajes, que son figuras comerciales”.
“El propietario particular no debería tener la oportunidad de hacerlo, salvo caso que se habilite para tal fin comercialmente”, argumentó.
Afirmó que “hay requisitos abusivos” por parte de los propietarios, y citó, específicamente, “la prohibición de acceder con niños”.
Torres criticó “las condiciones de habitabilidad” de las viviendas que se ofrecen en alquiler, que “tampoco están controladas por ningún organismo, y en muchos casos son paupérrimas”.
“Tenés instalaciones precarias; casas en el fondo, atrás, al costado; todas con la misma instalación, sin ningún tipo de control profesional”, describió.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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