POSADAS. A través de una iniciativa del Bloque Legislativo Tierra, Techo y Trabajo, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó su Beneplácito a la sanción  de reforma de la Ley de Integración Socio-Urbana de Barrios Populares -sancionada por unanimidad este jueves en el Congreso- iniciativa promovida por las organizaciones sociales, y cuyo objetivo es ampliar derechos a 5.687 barrios de todo el país, incorporados en la última actualización del Renabap. Además, prorroga la suspensión de desalojos por 10 años como garantía para implementar la ley y el acceso a la vivienda y declara la emergencia socio-sanitaria y ambiental por el plazo de dos años, e incorpora la perspectiva de género.

En su proyecto de Beneplácito, el diputado Martín Sereno, destacó la importancia de los beneficios que se garantizan -a partir de esta norma- a miles de argentinos y argentinas que habitan en esos 6.000 barrios de sectores populares.

“Es una medida para celebrar porque esto demuestra que la política está leyendo la realidad, y brinda respuestas. En Misiones hay cerca de 250 barrios populares censados, donde viven más de 43 mil familias, y a través de la modificación de esta ley se podrá ampliar ese mapa, porque quedaron muchos fuera del censo del Renabap. Algunos accedieron a los servicios básicos como agua potable y luz, y casi todos, gracias al trabajo de los movimientos populares fueron relevados y tienen certificado de la Anses. Hubo casos de acceso a derechos a través de unidades de gestión del Gobierno provincial, y otros por medio de las organizaciones sociales”, detalló.

Sereno citó como el ejemplo más cercano, al barrio Lapachitos, de Posadas, donde trabajadores de la economía popular están haciendo 300 instalaciones intradomiciliarias de energía eléctrica, agua, torres, pilares, cajas térmicas y paneles para las familias que viven en el barrio desde hace 15 años y carecían de estos derechos.

Cooperativas de trabajo en barrios populares

El legislador se refirió también a su Proyecto de Ley para crear el Plan de Resguardo Laboral Cooperativo que espera sanción, y que tiene relación con la Ley de Integración Socio-Urbana, que contempla que el 25% de las obras que se realicen en los barrios populares del Renabap las hagan cooperativas de trabajo y trabajadores de la economía popular.

“Lo mismo proponemos en nuestra iniciativa que plantea que un porcentaje para las obras públicas de montos menores (de 300 millones para abajo, por ejemplo,  con la envergadura que puedan desarrollar las cooperativas de trabajo) y servicios públicos, se contrate mano de obra local para que ese dinero quede en Misiones.

De esa manera se genera trabajo y calidad, como sucede en el barrio Lapachitos donde las conexiones de luz y agua, los pilares, instalaciones, tanques y torres se hicieron con un 50% menos de lo que cobraría cualquier empresa.

“Es decir, hay una respuesta laboral y se abaratan los costos para el Estado. En Misiones existen más de 150 mil trabajadores y trabajadoras registradas, a ellas y a ellos apunta nuestro proyecto de Ley de Resguardo Laboral”, que espera sanción.

Hizo hincapié en que si sólo el 45% de la población económicamente activa tiene empleo con todos los derechos reconocidos, el resto, el 55% conforma el mapa de argentinos y argentinas expulsadas del empleo privado y estatal. “Tenemos que trabajar para este sector mayoritario”, remarcó Senero.

“La Economía Popular no es pasajera”

El diputado aseveró que considerando estos datos, la sociedad debería entender que la economía popular no es una categoría pasajera. “No se trata de un mal momento que vivimos y luego vamos a volver al pleno empleo. Eso no va a pasar”, enfatizó.

Consideró que como decía Perón: Gobernar es crear trabajo digno. “Esa es la deuda pendiente del Estado con la enorme población que trabaja pero no tiene derechos reconocidos; con los cinco millones de argentinos y argentinas que viven en condiciones inhabitables, sin posibilidad de conseguir un empleo donde se les reconozca obra social, jubilación, aguinaldo, vacaciones”, cuestionó.

Reiteró que ante esa realidad, es necesaria una decisión política de incorporar a todos los sectores para poder gobernar, porque de lo contrario “imperan los discursos de odio y el clima de enojo que estamos viviendo”.

Los dirigentes políticos “tenemos que entender que hay un sector muy grande que necesita políticas específicas y es el sector de la economía popular. La sanción de la modificación de la Ley de Integración Socio-Urbana es un gran paso en ese sentido porque, entre otras cosas, pretende mejorar la condiciones de hábitat de gran parte de nuestro pueblo que vive en barrios precarizados”, resaltó el diputado de Tierra, Techo y Trabajo.

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