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Barrio Patotí: a través de un Proyecto de Ley piden expropiación para garantizar derechos de familias violentadas

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Más de 30 familias viven desde hace más de 50 años en un sector de la chacra 43 de Posadas, conocida popularmente como Barrio Patotí -ubicado entre las avenidas Urquiza y Lavalle- conformadas actualmente por tres y cuatro generaciones -conviven bisabuelas, abuelas, madres, hijos, nietos y bisnietos- que luchan desde hace muchísimos años por el reconocimiento del derecho a la tierra y la vivienda.

A pesar de contar con documentación que prueba el tiempo que habitan esas parcelas, pende sobre las familias la amenaza de desalojo. Aún cuando está en poder de la Justicia el registro del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional que las protege, de acuerdo a la vigente Ley Provincial de Suspensión de Ejecuciones de Desalojos, y además fueron relevadas por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap).

A la incertidumbre y preocupación de las familias sobre las tierras que habitan en Patotí, se sumó el atropello perpetrado por un grupo de hombres que ingresaron al barrio en una camioneta el martes a la madrugada, forzaron el candado del merendero y del vivero del barrio, y en pocos minutos provocaron innumerables destrozos.

Merendero destruído e impunidad policial

Ante semejante violencia, se acercaron algunos vecinos, y se toparon con un hombre -identificado como Oscar Jara- que manifestó a los gritos ser el dueño de ese lugar, y amenazó con que iba a “quemar los ranchos” de las familias del barrio Patotí.

“Ese agresor actuó con absoluta violencia e impunidad, y es como si tuviera protección porque hicimos la denuncia en la Comisaría Decimosexta, y ni siquiera fue detenido. La actitud policial cómplice quedó probada cuando don Jorge Franco, que cuida el merendero -y vive en el barrio hace 48 años- realizó la denuncia, y uno de los oficiales le advirtió a Franco que podría ir preso por ´ser intruso` en esas tierras”, se indignaron los vecinos.

Agregaron que no es la primera vez que Jara ejerce violencia alegando ser el dueño; pero sin presentar documentos que lo avalen. “Creemos que actúa con impunidad porque hay gente de la Justicia y abogados interesados en despojarnos de las tierras donde nacimos y crecimos, para impulsar negocios inmobiliarios”, remarcaron los vecinos.

“Al merendero que quedó destrozado concurren 40 niños y niñas que desde que vieron los destrozos están muy asustados”, relató Miriam Benítez, y destacó que además de la denuncia policial, los y las vecinas tramitan una presentación judicial contra el violento ataque y los daños provocados.

“Debemos garantizar el derecho a la tierra”

El diputado Martín Sereno, del Bloque Parlamentario Tierra, Techo y Trabajo, repudió el jueves en el recinto el atropello en el barrio. Pidió y obtuvo tratamiento preferencial de un Proyecto de Ley presentado en el 2019 para declarar de utilidad pública y sujetos a compraventa y/o expropiación los inmuebles de la chacra 43, solicitando la suspensión a partir de la sanción de Ley, del desalojo ordenado sobre los parcelas mencionadas e identificadas en los artículos de la futura norma.

“Hace dos años cuando presentamos esta iniciativa no se trató y decidimos retomarlo ahora y que sea tratado en conjunto con la iniciativa de la bancada oficialista porque continúan los hostigamientos hacia las familias y las amenazas de desalojo, a pesar de que son habitantes históricos con más de 50 años en el lugar”, expresó el legislador.

Un testimonio de angustia resonó en el recinto

Sereno hizo hincapié en el atropello de parte de un presunto propietario, que con una patota destrozaron la producción de diferentes plantas aromáticas y medicinales que el Movimiento Evita junto a varias vecinas y vecinos logró organizar como un proyecto laboral colectivo “Rompieron la estructura del merendero que funciona en el barrio con muchas necesidades de aportes alimentarios y nutricionales”, señaló.

El diputado insistió con la urgencia de tratar el Proyecto de Ley para que desde el Estado se encuentre una solución definitiva, e hizo escuchar en el recinto, el angustiado testimonio de la responsable del merendero que hace tres años brinda alimentos a niños y niñas.

“Estamos muy tristes y con dolor en el alma por la destrucción del merendero y del vivero que es nuestra fuente de trabajo. Nos sentimos violentados por el daño contra los adultos y los chicos que quedaron sin su espacio de merienda”, fue parte del relato de la mujer.

Sereno pidió que se utilicen los mecanismos vigentes de mediación con el Iprodha, entre otras generadas en el ámbito legislativo sobre el tema tierras para que más de 30 familias pioneras del barrio Patotí puedan vivir tranquilas.

“Como representantes del pueblo es prioritario que busquemos herramientas para garantizar el derecho a viviendas dignas y sin sobresaltos legales”, exhortó el diputado de TTT.

Familias del barrio Patotí de Posadas, sufrieron destrozos en comedor y viveros de parte de un supuesto propietario.

El barrio Patotí con el merendero y vivero destrozados por una patota.

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Con el ordenamiento, Alem suma 2.000 nuevos contribuyentes

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El intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, se presentó ante el Honorable Concejo Deliberante para exponer un paquete de proyectos de ordenanzas que elevó desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

Este martes, durante la sesión del HCD, el mandatario expuso y compartió con los ediles los avances de su gestión en materia de planificación urbana y ordenamiento fiscal. El eje central de su informe fue el impacto de la regularización dominial, una política que ha permitido formalizar la situación de cientos de vecinos y potenciar el crecimiento de la ciudad.

Sebely destacó que, gracias a un trabajo sostenido en los últimos dos años, la municipalidad logró una expansión histórica de su estructura de ingresos. Detalló, además, cómo la combinación de tres pilares estratégicos resultó en la incorporación de 2.000 nuevos contribuyentes a la base tributaria local lo que significa “darle las prerrogativas a todos los vecinos que así como en forma igualitaria reciben los servicios públicos también puedan estar dentro del padrón para abonar sus tasas” decía el jefe comunal.

Número histórico

Una de las aristas que explicó Sebely a los ediles, cumpliendo con sus promesas electorales, fue el trabajo para la formalización de títulos y el ordenamiento de tierras, permitiendo así que familias que antes estaban al margen del sistema, ahora cuenten con seguridad jurídica y contribuyan al municipio.

En ese sentido, añadió que durante el último periodo Alem alcanzó un récord histórico con la apertura de más de 140 nuevos comercios, lo que refleja un clima de confianza para la inversión privada potenciada por políticas de estado que forman y acompañan a los emprendedores.

Por su parte, la puesta en funcionamiento del Banco de Tierras junto al impulso de nuevos loteos privados y la gestión municipal -que incluyó sorteos de lotes financiados para facilitar el acceso a la vivienda- sumaron una masa crítica de nuevos propietarios al padrón municipal, llegando a dos millares de nuevos contribuyentes que “ya no son rehenes de un político de turno para que le renueven un comodato sino que son propietarios para poder tener su conexión de agua, luz y otros servicios”, explico.

Al momento de ponderar estas acciones, el intendente subrayó que este crecimiento no es casual, sino producto de una administración que cerró el último ejercicio con un superávit superior a los 231 millones de pesos.

“En Alem no improvisamos: planificamos, cuidamos y avanzamos”, afirmó Sebely ante los concejales, reafirmando que la ampliación de la base de contribuyentes es lo que permite sostener “el plan de construir una ciudad no pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones”.

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Policías, penitenciarios y familiares tendrán becas de estudio de hasta 50%

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policías becas estudio

A través de la subsecretaría de Seguridad y Justicia de Misiones, y en articulación con la Universidad Gastón Dachary, se concretó este acuerdo de cooperación destinado a ampliar las oportunidades de formación para integrantes de la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial y sus grupos familiares.

El convenio fue firmado, en representación del ministerio de Gobierno, por el subsecretario de Seguridad y Justicia, Licenciado Víctor Eduardo Maj, junto al vicerrector de la Universidad Gastón Dachary, Ingeniero Roberto Suénaga, y establece un esquema de beneficios que contempla un 25% de descuento en carreras de grado, un 40% en el Ciclo de Licenciatura en Seguridad y hasta un 50% en la Maestría en Seguridad Pública.

Además, la iniciativa habilita la implementación de cursos, diplomaturas y capacitaciones, ampliando las posibilidades de formación más allá del ámbito estrictamente vinculado a la seguridad pública.

La propuesta apunta no solo a la profesionalización del personal, sino también a acompañar a sus familias, generando herramientas concretas de crecimiento y acceso a la educación superior.

En ese sentido, la medida se enmarca en una política de Estado que entiende que invertir en formación también es fortalecer la seguridad, promoviendo una mirada integral que combina conocimiento, desarrollo humano y servicio a la comunidad.

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Política

LLA Misiones exige transparencia y el fin de las cajas políticas del Estado

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El referente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Nuñez, lanzó una fuerte crítica contra el sobredimensionamiento del Estado provincial y la proliferación de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem). Bajo la premisa de que “menos burocracia es más libertad”, Nuñez anunció la presentación de proyectos para auditar estas estructuras.

“Que el Estado misionero esté sobredimensionado no es ninguna novedad. Una de las formas en que más ha crecido ha sido a través de las llamadas Sapem, estructuras que se multiplican, absorben recursos y muchas veces funcionan sin que nadie rinda cuentas”, sentenció el dirigente.

El foco en la transparencia

Para Nuñez, el achicamiento del gasto público requiere de datos concretos. Por este motivo, LLA Misiones presentó una serie de pedidos de informe sobre 14 sociedades estatales, solicitando detalles sobre la ejecución económica-financiera, los recursos del Estado recibidos, la estructura de costos y la planta de personal de las empresas.

Finalmente, Nuñez subrayó que la transparencia es el único camino posible para una provincia distinta. “No se trata de presionar, se trata de que los misioneros sepamos dónde va cada peso que pagamos con nuestros impuestos. Queremos un Estado que no sea una carga, sino un apoyo real para el que trabaja”, concluyó.

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