Posadas
Soñaba con una casa para su bebé y denunció estafa: “Las paredes se mueven”
Dahiana Vera es una vecina del barrio Ciudad Nueva, en la chacra 100 de Posadas, que en noviembre del año pasado comenzó con el proyecto de construir su casa propia.
Es que la joven de 24 años se enteró que estaba embarazada y, según contó a La Voz de Misiones, tenía la “ilusión” de tener un lugar para recibir a su primer hijo, ya que actualmente ella y su pareja viven con sus padres en la misma vivienda.
Fue así que se contactó con un sujeto, al que identificó como Raúl Aníbal Zabal, supuesto representante de la firma Noble Creando Futuro, la cual “terminó siendo una empresa fantasma”, lamentó Dahiana.
Según recordó la joven, tras firmar el contrato, acordaron que “la casa en total era 400.000 pesos, y en carácter de seña confirmatoria le hago la entrega de 100.000”, contó.
Además, la familia luego debería abonar sucesivas cuotas de 30.000 pesos “todos los primeros días de cada mes”. Sin embargo, “el señor Raúl me dice que no le alcanza, entonces para que me termine más rápido la casa se le aumenta a 45.000 por mes”, recreó la futura mamá, que actualmente está de 38 semanas.
Al momento de iniciar la construcción, empezaron los problemas, ya que los obreros a cargo de Zabal “venían a mi casa a trabajar, a veces no traían material suficiente o herramientas y le pedían prestado a mi abuelo”.
Además, la denunciante agregó que “había días o semanas de hermoso sol que no aparecían, y las pocas maderas que habían puesto como piso se vieron afectadas porque agarraron lluvia, sol… esto iba deteriorando la casa”, lamentó Dahiana.
En este sentido, sostuvo que “se le pedía que él -por Zabal- aparezca a trabajar, ya que se le estaba pagando, y decía: ‘En la semana o mañana estaremos por su casa’, pero nunca aparecían”.
“Medianamente presentable”
Pasaron las semanas en la misma situación, hasta que, en febrero de este año, “se toma conocimiento que Raúl Zabal no pertenecía más a la empresa Noble, por lo tanto se lo llama para dialogar y esclarecer los hechos”. Además, “él mismo me dijo que la empresa no tenía ni personería jurídica”. Al contactarse con la empresa vía Facebook, desde allí le respondieron que se habían desvinculado al recibir varias denuncias del mismo tipo.
“Llegamos a un acuerdo para no perder la plata que ya había invertido”, dijo la vecina y explicó que el convenio consistió en que “él debía de comprar las chapas para techar de forma provisoria, así se levantaban los paneles y si llovía no deterioraba lo de adentro, que para marzo sin falta me entregaba la casa”.
No obstante, siguieron transcurriendo los meses, hasta que el pasado 31 de julio, Dahiana terminó de saldar los 400.000 pesos de su nueva vivienda “y le reclamo porque necesitaba antes de que nazca mi bebé”.
Así, Zabal le prometió que “en quince días me entregaba la casa, pero que si quería el sistema de ‘llave en mano’, tenía que pagarle 200.000 pesos más”, dijo la denunciante.
Pasaron las dos semanas y “no había señal de que iban a terminar la casa”, relató Dahiana Vera, que trabaja en el sector enfermería del hospital Madariaga.
“Vienen sus obreros, sacan el techo provisorio y techan nuevamente”, recordó y amplió: “De afuera se veía medianamente presentable la casa, pero al día siguiente subí a controlar la construcción y me encuentro que lo poco que se había hecho y arreglado estaba todo roto”.
“El techo nuevo de zinc quedó como un colador”, graficó la enfermera y siguió: “El piso de machimbre mal encastrado, los clavos ceden solo al pisar, juega en falso y sobresale de la pared, lo que arruina cuando llueve porque entra agua en esa zona”.
“Las paredes se mueven, están sin soporte ni tirantes sin encuadrar, se está viniendo abajo hacia la casa de mis abuelos, las columnas están sin revocar, la casa está construida sobre un taco de madera en una de sus esquinas, los tirantes en el balcón están sin asegurar”, continuó la mujer, al ejemplificar el estado en el que el empresario le entregó la vivienda.
“Se llevó las ventanas del frente para poner vidrio y nunca más trajo”, fustigó la denunciante, “la ventana de la habitación no cierra más porque está descuadrada, la de la cocina hay que alzar para que cierre porque tampoco cumple su función”, se quejó y remató: “La instalación de cloacas nunca realizó y del agua tampoco”.
Cansada de la situación, Dahiana decidió poner una abogada y enviarle una carta documento a Raúl Zabal, tras lo cual “llamó su abogado para tratar de llegar a un acuerdo y dijo que el señor Zabal se presentaba a terminar la casa en dos días, pero si yo le pagaba de nuevo”.
Sin embargo, con los 400.000 pesos cancelados, la muchacha se negó y se dirigió a la Comisaría Decimoséptima, donde finalmente realizó la denuncia correspondiente por estafa.
Inmediatamente, comenzó a recibir mensajes de otras personas que fueron presuntamente estafadas por la misma persona: “Me dijeron que estuvo preso por robo. Todavía no lo llamaron a declarar ni lo detuvieron ni nada”, cerró la joven a un mes de haber radicado su denuncia.

Raúl Zabal, denunciado por estafa.





Posadas
Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”
Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793.
La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.
“Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes.
Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.
“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.
“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.
Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas
La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.
En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.
El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera
Posadas
Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas
Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad.
En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.
Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”.
En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis.

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas
Los principales cambios
Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia.
Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.
Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado.
De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
Posadas
Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23
Estudiantes de tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) impulsan un pedido para que las Estaciones de Transferencia de transporte público de Posadas vuelvan a operar hasta las 23.
Los alumnos que comparten la casa de estudios en el Campus, nucleados en agrupaciones de centros de estudiantes como Tierra Roja y La San Martín, junto a cursantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQYN), aseguraron que la medida afecta directamente a más de 5.ooo estudiantes, más docentes y no docentes, y la seguridad de la comunidad educativa.
Claudio Gutiérrez, estudiante de avanzada de la carrera de Contador público y militante del centro de estudiantes “Tierra Roja”, en diálogo con La Voz de Misiones, explicó por qué es urgente que se resuelva esta medida, a la que atribuyen como el resultado de una decisión política que forma parte del recorte presupuestario. El pedido que reunió más de 500 firmas, fue presentado el pasado 9 de abril al intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín.
La principal demanda apunta a que se restablezca el horario extendido de las estaciones de colectivos, que el año pasado funcionaba hasta las 23 horas. Actualmente, el servicio corta a las 22, el mismo horario en que finalizan muchas clases.
“Somos estudiantes que cursamos hasta las 22 y a esa hora cierra Transferencia. Eso nos obliga a salir antes de clases o a gastar en transporte alternativo”, explicó el militante de Tierra Roja.
Según detalló, la situación genera múltiples complicaciones: algunos estudiantes deben retirarse una hora antes para poder regresar a sus hogares, mientras que otros optan por pagar servicios como Uber o compartir viajes para reducir costos.
El reclamo también incluye una preocupación por la seguridad. En el caso del campus universitario, señalo que, si no logran tomar el transporte a tiempo, deben esperar hasta una hora en zonas con escaso resguardo. “Quedás expuesto, sobre la ruta, sin protección”, indicó Claudio.
En relación a la implementación del horario, el estudiante señaló que durante 2025 el sistema de Transferencia con horrio extendido ya estaba operativo desde el inicio del ciclo lectivo, con funcionamiento hasta las 23 horas. “El año pasado empezamos las clases y ya teníamos el horario habitual extendido. Solo se recortó durante el receso, pero después se restableció con normalidad”, señaló.
En ese sentido, Gutiérrez consideró que la situación actual responde a una decisión deliberada. “Entendemos que tiene que ver con un recorte. Hoy vemos que no solo pasa con Transferencias, sino también con la frecuencia de los colectivos en los barrios, donde hay unidades cada una hora”, opinó.
Además, advirtió que la reducción en la frecuencia del transporte genera nuevas dificultades para asistir a clases. “Si tenés que estar a las 16 en el campus, tenés que salir una hora y media antes. Es un problema para todos, incluso para quienes no cuentan con el boleto gratuito y deben pagar un servicio caro con menor frecuencia”, señaló.
El presidente del centro estudiantil comentó que el sistema de boleto estudiantil permite viajar hasta la medianoche, por lo que considera que la limitación actual responde a una decisión operativa y no técnica.
En cuanto al acompañamiento institucional, sostuvo que no han tenido una intervención activa de las autoridades de las facultades ni respuestas al pedido formal presentado hace más de diez días.
Ante la falta de respuesta, los estudiantes decidieron hacer público el reclamo y comenzar a visibilizar la situación en los medios. “No es un problema aislado, afecta a estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad”.
Gutierrez explicó que continuarán insistiendo hasta obtener respuestas concretas. “No es solo una cuestión de comodidad, es poder estudiar en condiciones”, concluyó.
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