Posadas
Soñaba con una casa para su bebé y denunció estafa: “Las paredes se mueven”
Dahiana Vera es una vecina del barrio Ciudad Nueva, en la chacra 100 de Posadas, que en noviembre del año pasado comenzó con el proyecto de construir su casa propia.
Es que la joven de 24 años se enteró que estaba embarazada y, según contó a La Voz de Misiones, tenía la “ilusión” de tener un lugar para recibir a su primer hijo, ya que actualmente ella y su pareja viven con sus padres en la misma vivienda.
Fue así que se contactó con un sujeto, al que identificó como Raúl Aníbal Zabal, supuesto representante de la firma Noble Creando Futuro, la cual “terminó siendo una empresa fantasma”, lamentó Dahiana.
Según recordó la joven, tras firmar el contrato, acordaron que “la casa en total era 400.000 pesos, y en carácter de seña confirmatoria le hago la entrega de 100.000”, contó.
Además, la familia luego debería abonar sucesivas cuotas de 30.000 pesos “todos los primeros días de cada mes”. Sin embargo, “el señor Raúl me dice que no le alcanza, entonces para que me termine más rápido la casa se le aumenta a 45.000 por mes”, recreó la futura mamá, que actualmente está de 38 semanas.
Al momento de iniciar la construcción, empezaron los problemas, ya que los obreros a cargo de Zabal “venían a mi casa a trabajar, a veces no traían material suficiente o herramientas y le pedían prestado a mi abuelo”.
Además, la denunciante agregó que “había días o semanas de hermoso sol que no aparecían, y las pocas maderas que habían puesto como piso se vieron afectadas porque agarraron lluvia, sol… esto iba deteriorando la casa”, lamentó Dahiana.
En este sentido, sostuvo que “se le pedía que él -por Zabal- aparezca a trabajar, ya que se le estaba pagando, y decía: ‘En la semana o mañana estaremos por su casa’, pero nunca aparecían”.
“Medianamente presentable”
Pasaron las semanas en la misma situación, hasta que, en febrero de este año, “se toma conocimiento que Raúl Zabal no pertenecía más a la empresa Noble, por lo tanto se lo llama para dialogar y esclarecer los hechos”. Además, “él mismo me dijo que la empresa no tenía ni personería jurídica”. Al contactarse con la empresa vía Facebook, desde allí le respondieron que se habían desvinculado al recibir varias denuncias del mismo tipo.
“Llegamos a un acuerdo para no perder la plata que ya había invertido”, dijo la vecina y explicó que el convenio consistió en que “él debía de comprar las chapas para techar de forma provisoria, así se levantaban los paneles y si llovía no deterioraba lo de adentro, que para marzo sin falta me entregaba la casa”.
No obstante, siguieron transcurriendo los meses, hasta que el pasado 31 de julio, Dahiana terminó de saldar los 400.000 pesos de su nueva vivienda “y le reclamo porque necesitaba antes de que nazca mi bebé”.
Así, Zabal le prometió que “en quince días me entregaba la casa, pero que si quería el sistema de ‘llave en mano’, tenía que pagarle 200.000 pesos más”, dijo la denunciante.
Pasaron las dos semanas y “no había señal de que iban a terminar la casa”, relató Dahiana Vera, que trabaja en el sector enfermería del hospital Madariaga.
“Vienen sus obreros, sacan el techo provisorio y techan nuevamente”, recordó y amplió: “De afuera se veía medianamente presentable la casa, pero al día siguiente subí a controlar la construcción y me encuentro que lo poco que se había hecho y arreglado estaba todo roto”.
“El techo nuevo de zinc quedó como un colador”, graficó la enfermera y siguió: “El piso de machimbre mal encastrado, los clavos ceden solo al pisar, juega en falso y sobresale de la pared, lo que arruina cuando llueve porque entra agua en esa zona”.
“Las paredes se mueven, están sin soporte ni tirantes sin encuadrar, se está viniendo abajo hacia la casa de mis abuelos, las columnas están sin revocar, la casa está construida sobre un taco de madera en una de sus esquinas, los tirantes en el balcón están sin asegurar”, continuó la mujer, al ejemplificar el estado en el que el empresario le entregó la vivienda.
“Se llevó las ventanas del frente para poner vidrio y nunca más trajo”, fustigó la denunciante, “la ventana de la habitación no cierra más porque está descuadrada, la de la cocina hay que alzar para que cierre porque tampoco cumple su función”, se quejó y remató: “La instalación de cloacas nunca realizó y del agua tampoco”.
Cansada de la situación, Dahiana decidió poner una abogada y enviarle una carta documento a Raúl Zabal, tras lo cual “llamó su abogado para tratar de llegar a un acuerdo y dijo que el señor Zabal se presentaba a terminar la casa en dos días, pero si yo le pagaba de nuevo”.
Sin embargo, con los 400.000 pesos cancelados, la muchacha se negó y se dirigió a la Comisaría Decimoséptima, donde finalmente realizó la denuncia correspondiente por estafa.
Inmediatamente, comenzó a recibir mensajes de otras personas que fueron presuntamente estafadas por la misma persona: “Me dijeron que estuvo preso por robo. Todavía no lo llamaron a declarar ni lo detuvieron ni nada”, cerró la joven a un mes de haber radicado su denuncia.
Raúl Zabal, denunciado por estafa.
Tres semanas después de levantar el acampe que mantuvieron activo durante cuatro meses frente a la Casa de Gobierno, Diego Correa, uno de los ex policías que encabezó la protesta, volvió a tomar protagonismo en las redes, aunque en esta oportunidad por la adquisición de una camioneta.
La publicación fue realizada por la propia concesionaria, Almar Autos, que el jueves subió una historia que muestra a Correa junto a un asesor de ventas y a la camioneta adquirida.
“Hoy Diego se llevó su RAM”, celebra el posteo que dura 24 horas. Si bien se trata de un vehículo usado, las RAM forman parte de las pick-up de mayor categoría en el mercado y los valores arrancan desde los 25.000 dólares.
Este medio consultó con Correa sobre la publicación, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuestas.
Cárcel y acampe
Correa es uno de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa Correa estuvo más de siete meses preso, hasta su liberación el 27 de julio del año pasado.
Meses después, más precisamente el 6 de abril de este año, Correa volvió a ser noticia, esta vez por encadenarse a una ventana de la Casa de Gobierno para reclamar su reincorporación a la fuerza, el pago de haberes adeudados y el cierre de la causa penal.
En esa ocasión estuvo acompañado por el también ex uniformado Adolfo Guirula y ese día nació el acampe que por cuatro meses fue parte del paisaje habitual de la plaza 9 de Julio.
La medida culminó el 27 de agosto, cuando el propio Correa reconoció un “acercamiento con el gobierno”.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa en un comunicado difundido por redes sociales.
En el mismo escrito el ex uniformado señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”
La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.
El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.
La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.
Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.
Dos proyectos de ordenanza buscan modificar el SEM en Posadas
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
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