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Piden justicia por niñas asesinadas en Paraguay hace tres años

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A tres años del asesinato por militares paraguayos de dos niñas de nacionalidad argentina, en un operativo contra el grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organizaciones de derechos humanos se manifestaron en Posadas, reclamando justicia para las víctimas y sus familias.

Se trata de las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, nacidas en Formosa y Misiones respectivamente, y residentes en la localidad de Puerto Rico, muertas a tiros el 2 de septiembre de 2020, en la zona de la localidad de Yby Yaú, en el norteño departamento de Concepción.

El episodio provocó indignación e incluso un entredicho diplomático entre Argentina y Paraguay, por el manejo que el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez hizo del caso, presentándolo como un logro de su gestión en el combate al grupo armado, y cerrando cualquier investigación sobre el accionar de los uniformados paraguayos, cuestionada dentro y fuera del país.

En diciembre de 2019, Laura Villalba Ayala, su hija María Carmen, y su sobrina Lilian Mariana, salían de Misiones hacia Paraguay para visitar a los padres de las pequeñas, integrantes del EPP.

El grupo se completaba con otras tres jovencitas de la rama argentina de los Villalba: Tania Tamara, Tamara Anahí, y Anahí Carmen Elizabeth, de 14 años, que también iban de visita al campamento guerrillero.

El episodio se registró el miércoles 2 de septiembre de 2020. El gobierno de Paraguay anunció que realizó un operativo contra el EPP. El presidente Abdo Benítez se trasladó al lugar y hablo del éxito del procedimiento. “Es un operativo exitoso, puede ser aún más, pero ya es exitoso porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP”, indicó el mandatario en una rueda de prensa en el lugar.

De los insurgentes abatidos, el mandatario no dio precisiones. Horas más tarde, el fiscal Federico Delfino, informó que las personas muertas eran “dos ciudadanas paraguayas que prefirieron enfrentarse a la fuerza de seguridad que enfrentarse a la Justicia”. Hacia la noche, el vocero de las fuerzas militares, Luis Apesteguía, habló de “dos adolescentes” fallecidas. Finalmente, frente a la presión de organizaciones y familiares, las autoridades del vecino país, reconocieron la identidad de las víctimas y su verdadera edad.

Eran Niñas

Los articuladores de la campaña internacional #EranNiñas visibilizaron este lunes nuevamente el caso en la capital misionera, con una intervención en la plaza 9 de Julio, y una convocatoria frente al Consulado paraguayo.

“Seguimos exigiendo justicia por el crimen estas niñas misioneras, argentinas, asesinadas en un suceso que todavía no se dilucidó”, señaló a La Voz de Misiones, Florencia Aguirre, miembro del colectivo de organizaciones.

“Recordemos que vivían en Puerto Rico, Misiones, y estaban ese 2 de septiembre en un campamento al que fueron para visitar a sus padres”, apuntó Aguirre.

La aclaración sobre la nacionalidad de las víctimas cobra valor frente al hecho de que el gobierno paraguayo puso en duda desde el comienzo la documentación de las niñas, llegando a cuestionar los DNI emitidos por las oficinas del Renaper, de las localidades de Clorinda, en Formosa, y Puerto Rico, en Misiones.

Aguirre, abonó a las denuncias que sostienen que Lilian y María fueron capturadas con vida y ejecutadas sumariamente por los militares paraguayos, una vez acabada la incursión en el campamento guerrillero.

“Desde el primer momento han mentido, dijeron que se trataba de mujeres guerrilleras, pero después todas las mentiras se fueron cayendo, se conoció la edad y la nacionalidad”, sostuvo Aguirre.

La teoría de que ambas niñas fueron capturadas y ejecutadas tiene su base en el testimonio que ofrecieron a instancias internacionales las adolescentes Tania Tamara y Tamara Anahí, que consiguieron escapar y regresar a Argentina.

“Seguimos casi en la misma situación con el gobierno paraguayo que no responde, que después de reivindicar el asesinato, de festejarlo, no dio ninguna respuesta a los reclamos”, sostuvo la sindicalista posadeña Cecilia Rodríguez, también integrante de la campaña y de la red de apoyo a los familiares.

“Las niñas son parte de una familia extensa que esta viviendo en Misiones, parte de la familia integra el EPP, la guerrilla paraguaya”, señaló. “Estas niñas fueron a visitar a sus familiares, fueron asesinadas, y fueron presentadas la prensa como mujeres adultas, guerrilleras muertas en combate”, indicó.

“Esta versión se desarmó a las pocas horas, pero no se dio ninguna otra explicación, hasta ahora”, afirmó Rodríguez.

Lichita

El balance del operativo se cerró con la desaparición de una de las primas de las nenas asesinadas, Anahí Carmen Elizabeth, “Lichita”, de 14 años, que herida de bala en una pierna alcanzó a huir junto a su tía, Laura Villalba, que fue detenida cuando intentaba romper el cerco para regresar a territorio argentino.

El caso mereció la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidido por la ex presidenta chilena Michele Bachelet, que pidió al Estado paraguayo “buscar urgentemente” a la adolescente, a quien un único testigo ocular había ubicado siendo trasladada por efectivos militares.

Bachelet, también apunto en su pronunciamiento al gobierno paraguayo por la destrucción de pruebas fundamentales, como la ropa que llevaban las niñas asesinadas, y la negativa a efectuar una pericia independiente, en un caso en que las autoridades del vecino país negaron en todo momento a la familia de las víctimas el acceso a las actuaciones oficiales.

“Lichita” está desaparecida desde noviembre de 2020, y su paradero es también objeto de una campaña internacional que acusa al Estado paraguayo de “infanticidio”.

El caso de “Lichita” mereció, asimismo, una acción urgente en el comité de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, dónde la respuesta del Estado paraguayo fue, otra vez, desconocer la  responsabilidad de las fuerzas militares en su desaparición, y el asesinato de sus primas.

En Julio de 2021, el gobierno paraguayo expulsó a un grupo de referentes de organizaciones argentinas de derechos humanos, que se habían trasladado a Paraguay en busca de información que permitieran saber qué sucedió con la adolescente. Fueron escoltados hasta la frontera por efectivos armados.

Foto: Marcos Otaño

 

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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acampe casa de gobierno

Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

La baja natalidad y sus efectos: 29% menos de niños en escuelas misioneras

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