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Piden justicia por niñas asesinadas en Paraguay hace tres años

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A tres años del asesinato por militares paraguayos de dos niñas de nacionalidad argentina, en un operativo contra el grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organizaciones de derechos humanos se manifestaron en Posadas, reclamando justicia para las víctimas y sus familias.

Se trata de las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, nacidas en Formosa y Misiones respectivamente, y residentes en la localidad de Puerto Rico, muertas a tiros el 2 de septiembre de 2020, en la zona de la localidad de Yby Yaú, en el norteño departamento de Concepción.

El episodio provocó indignación e incluso un entredicho diplomático entre Argentina y Paraguay, por el manejo que el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez hizo del caso, presentándolo como un logro de su gestión en el combate al grupo armado, y cerrando cualquier investigación sobre el accionar de los uniformados paraguayos, cuestionada dentro y fuera del país.

En diciembre de 2019, Laura Villalba Ayala, su hija María Carmen, y su sobrina Lilian Mariana, salían de Misiones hacia Paraguay para visitar a los padres de las pequeñas, integrantes del EPP.

El grupo se completaba con otras tres jovencitas de la rama argentina de los Villalba: Tania Tamara, Tamara Anahí, y Anahí Carmen Elizabeth, de 14 años, que también iban de visita al campamento guerrillero.

El episodio se registró el miércoles 2 de septiembre de 2020. El gobierno de Paraguay anunció que realizó un operativo contra el EPP. El presidente Abdo Benítez se trasladó al lugar y hablo del éxito del procedimiento. “Es un operativo exitoso, puede ser aún más, pero ya es exitoso porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP”, indicó el mandatario en una rueda de prensa en el lugar.

De los insurgentes abatidos, el mandatario no dio precisiones. Horas más tarde, el fiscal Federico Delfino, informó que las personas muertas eran “dos ciudadanas paraguayas que prefirieron enfrentarse a la fuerza de seguridad que enfrentarse a la Justicia”. Hacia la noche, el vocero de las fuerzas militares, Luis Apesteguía, habló de “dos adolescentes” fallecidas. Finalmente, frente a la presión de organizaciones y familiares, las autoridades del vecino país, reconocieron la identidad de las víctimas y su verdadera edad.

Eran Niñas

Los articuladores de la campaña internacional #EranNiñas visibilizaron este lunes nuevamente el caso en la capital misionera, con una intervención en la plaza 9 de Julio, y una convocatoria frente al Consulado paraguayo.

“Seguimos exigiendo justicia por el crimen estas niñas misioneras, argentinas, asesinadas en un suceso que todavía no se dilucidó”, señaló a La Voz de Misiones, Florencia Aguirre, miembro del colectivo de organizaciones.

“Recordemos que vivían en Puerto Rico, Misiones, y estaban ese 2 de septiembre en un campamento al que fueron para visitar a sus padres”, apuntó Aguirre.

La aclaración sobre la nacionalidad de las víctimas cobra valor frente al hecho de que el gobierno paraguayo puso en duda desde el comienzo la documentación de las niñas, llegando a cuestionar los DNI emitidos por las oficinas del Renaper, de las localidades de Clorinda, en Formosa, y Puerto Rico, en Misiones.

Aguirre, abonó a las denuncias que sostienen que Lilian y María fueron capturadas con vida y ejecutadas sumariamente por los militares paraguayos, una vez acabada la incursión en el campamento guerrillero.

“Desde el primer momento han mentido, dijeron que se trataba de mujeres guerrilleras, pero después todas las mentiras se fueron cayendo, se conoció la edad y la nacionalidad”, sostuvo Aguirre.

La teoría de que ambas niñas fueron capturadas y ejecutadas tiene su base en el testimonio que ofrecieron a instancias internacionales las adolescentes Tania Tamara y Tamara Anahí, que consiguieron escapar y regresar a Argentina.

“Seguimos casi en la misma situación con el gobierno paraguayo que no responde, que después de reivindicar el asesinato, de festejarlo, no dio ninguna respuesta a los reclamos”, sostuvo la sindicalista posadeña Cecilia Rodríguez, también integrante de la campaña y de la red de apoyo a los familiares.

“Las niñas son parte de una familia extensa que esta viviendo en Misiones, parte de la familia integra el EPP, la guerrilla paraguaya”, señaló. “Estas niñas fueron a visitar a sus familiares, fueron asesinadas, y fueron presentadas la prensa como mujeres adultas, guerrilleras muertas en combate”, indicó.

“Esta versión se desarmó a las pocas horas, pero no se dio ninguna otra explicación, hasta ahora”, afirmó Rodríguez.

Lichita

El balance del operativo se cerró con la desaparición de una de las primas de las nenas asesinadas, Anahí Carmen Elizabeth, “Lichita”, de 14 años, que herida de bala en una pierna alcanzó a huir junto a su tía, Laura Villalba, que fue detenida cuando intentaba romper el cerco para regresar a territorio argentino.

El caso mereció la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidido por la ex presidenta chilena Michele Bachelet, que pidió al Estado paraguayo “buscar urgentemente” a la adolescente, a quien un único testigo ocular había ubicado siendo trasladada por efectivos militares.

Bachelet, también apunto en su pronunciamiento al gobierno paraguayo por la destrucción de pruebas fundamentales, como la ropa que llevaban las niñas asesinadas, y la negativa a efectuar una pericia independiente, en un caso en que las autoridades del vecino país negaron en todo momento a la familia de las víctimas el acceso a las actuaciones oficiales.

“Lichita” está desaparecida desde noviembre de 2020, y su paradero es también objeto de una campaña internacional que acusa al Estado paraguayo de “infanticidio”.

El caso de “Lichita” mereció, asimismo, una acción urgente en el comité de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, dónde la respuesta del Estado paraguayo fue, otra vez, desconocer la  responsabilidad de las fuerzas militares en su desaparición, y el asesinato de sus primas.

En Julio de 2021, el gobierno paraguayo expulsó a un grupo de referentes de organizaciones argentinas de derechos humanos, que se habían trasladado a Paraguay en busca de información que permitieran saber qué sucedió con la adolescente. Fueron escoltados hasta la frontera por efectivos armados.

Foto: Marcos Otaño

 

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Marcha por el Día de la Mujer desde las 16 en el Mástil de Posadas

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Se postergó la movilización del 8M en Posadas por el paro de colectivos

Docentes, estudiantes y trabajadoras, nucleadas en diferentes organizaciones sociales y políticas, marcharán este lunes en defensa de sus derechos. La concentración iniciará a las 16 en el Mástil, para continuar rumbo hacia la plaza 9 de Julio donde culminará la jornada con un acto, micrófono abierto, grilla de artistas, feria de emprendedores y colecta de ropas y útiles escolares para quienes más lo necesitan.

Además de los distintos colectivos feministas presentes en la ciudad y las agrupaciones estudiantiles de las distintas casas de estudio, uno de los primeros sectores en sumarse a la iniciativa fue el conformado por docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Misiones, nucleado en el gremio Adunam

“Adunam adhiere al paro y movilización internacional feminista y transfeminista del 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, señalaron en el flyer de convocatoria y añadieron: “Traé tus carteles para sencibilziar y visibilizar nuestra lucha”.

De esta manera, las mujeres docentes y no docentes alzarán sus carteles en reclamo de, entre otros puntos, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

En ese contexto, sostienen que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que es una modificación que desconoce la deuda y daría un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado, y en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026.

Al mismo tiempo, el procedimiento es concebido como un tipo de violencia económica que salpicará de lleno al sector educativo en sus diferentes eslabones. 

Por otro lado, desde la Coordinadora de Mujeres y Disidencias Trabajadoras convocaron a toda la comunidad a movilizarse “para defender la democracia, la justicia social y nuestro derecho a vivir sin violencias”.

A través de un breve comunicado, señalaron: “Volvemos a las calles porque sabemos que, históricamente, fue nuestra organización popular la que nos permitió conquistar derechos y enfrentar las injusticias”.

Entre los principales reclamos se encuentran: el ajuste, el empobrecimiento planificado, el avance de los discursos de odio impulsados por el gobierno nacional -acompañados por el gobierno provincial- el desmantelamiento de derechos, “la reforma laboral esclavista, la baja de la edad de punibilidad y todas las políticas públicas de saqueo”. 

Mientras el ajuste avanza, la precarización se profundiza sobre quienes sostenemos la vida en los barrios, en los comedores y en los espacios de cuidado. Ante la feminización de la pobreza, los transfeminismos populares volvemos a ocuparnos de lo colectivo: no vamos a permitir que el odio y el autoritarismo avancen sobre nuestras vidas”, resaltaron en la misiva.

En esta oportunidad, con el lema “Transfeminismos en lucha para que la crueldad no avance”, se concentrarán a las 16 en el Mástil de Posadas, por Junín y Santiago del Estero, para marchar hacia la Plaza 9 de Julio “contra el ajuste y la crueldad”.

Passalacqua trasladó al 9 de marzo el asueto por el Día de la Mujer

 

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Vecinos organizan protesta frente a Samsa por sobreprecios el 11 de marzo

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Vecinos autoconvocados hicieron extensiva la convocatoria a todos los barrios de Posadas para manifestarse contra Samsa el próximo 11 de marzo, ante facturas con sobreprecios y la falta de acceso al servicio en zonas alejadas del centro. 

La concentración iniciará el miércoles a las 18 en la intersección de avenidas Tambor de Tacuarí y Corrientes para luego marchar hacia la sede de Samsa ubicada en avenida López y Planes casi Mitre. 

¡Los vecinos de Posadas decimos ya basta!”, sostiene el encabezado de la breve convocatoria que comenzó a circular por WhatsApp y redes sociales. 

Luego, detalla: “Samsa nos cobra aire por agua, y nos vienen facturas infladísimas. Nos generan deudas impagables, con cargos de desconexión y reconexión ilegales. Las refinanciaciones tienen intereses altísimos más propios de financieras que de una empresa de servicios públicos”.

“Por eso decimos BASTA DE ROBARNOS. Queremos que nuestro reclamo se haga visible.  Convocamos a toda la ciudadanía de Posadas a sumarse. ¡BASTA DE METER LA MANO EN NUESTRAS BILLETERAS!”, concluye.

Convocatoria a manifiestación contra Samsa en Posadas

Altos precios y falta de acceso al servicio

La reconocida empresa privada concesionaria responsable de la producción, distribución de agua potable y la recolección/tratamiento de efluentes cloacales en las ciudades de Posadas y Garupá, en las últimas semanas fue centro de innumerables críticas. 

En este sentido, algunos vecinos comenzaron a exigir un nuevo cuadro tarifario “porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.

“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó un usuario consultado por este medio. 

A su vez, se hicieron presentes quienes a la fecha, en barrios periféricos no logran contar con la regularización del servicio y deben abastecerse mediante la recarga en baldes de cinco litros y tanques. 

Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”

 

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Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”

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Asociación

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras, reclamó al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) por los problemas en el suministro de agua potable y las “facturas cada vez más impagables” de Samsa.

“Siempre nos dicen, del Eprac y la Defensoría del Pueblo, que no reciben ningún tipo de reclamo, cosa que es una gran falacia porque los vecinos tienen notas y comprobantes”, comentó Contreras.

“Estos dos organismos del Estado no le dan respuestas a la gente, no respetan las leyes, los derechos de los usuarios, que dicen las propias leyes que tienen que prestar”, afirmó.

Contreras señaló que la organización civil que preside impulsa un “reclamo que comprende a todos los ciudadanos de Posadas que se encuentren en la órbita de la empresa Samsa”.

Defender presentó este lunes una extensa nota a la titular del Eprac, Soledad Balán, con copia al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, donde se exponen detalladamente “irregularidades” y “abusos” de la empresa proveedora de agua provincial, como “cobros por consumos que no se realizan”, “falta de servicio y/o presión”, “cómputo de consumo”, “costos de reconexión extremadamente altos” y “anatocismo, intereses de intereses”, entre otros.

Tarifas

“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó.

En la nota a Balán, Passalacqua y Romero Spinelli, “exigimos que se haga una nueva tarifa, que se mejore el sistema porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.

“Deberíamos tener una tarifa escalonada y pedimos que se ponga como base mínima 7 metros cúbicos, que se cobre la mitad que es lo que corresponde”, reclamó.

“De este sistema, la manera en que lo llevan adelante, entendemos dos cosas: o son cómplices de que nosotros estemos regalando plata, o nos están incentivando a que despilfarremos el agua”, lanzó.

Contreras responsabilizó a ente a cargo de Balán: “El que ha permitido esto es el Eprac, que tiene el deber, la obligación y las facultades, por la ley, de ver todos estos temas”, acusó.

“La lista de reclamos es larga, tenemos puntos como ‘consumo cero’, donde igual le cobran al usuario una tarifa mínima; los cortes, las reconexiones, los costos impagables; las Carta Documento que les cobran al usuario, pero nunca se envían”, enumeró.

Contreras culpó al Eprac y la Defensoría del Pueblo por “no difundir información sobre la tarifa subsidiada de agua, que por el mecanismo que tiene puede abarcar casi a todos los usuarios de Posadas”.

“La única referencia a esto se encuentra en la página web de la Defensoría en octubre de 2025, y los que deberían difundirlo son el Eprac y la Defensoría, que para eso tienen presupuestos millonarios”, afirmó.

Sobrevivencia

Contreras, incluso, acusó al Eprac, Samsa y la Defensoría del Pueblo de “violar la ley, por acción u omisión”, en lo relacionado a los cortes de suministro de agua en la provincia.

“La ley es clara en todos los aspectos”, aseguró. “En lo formal, para cortarte el servicio tienen que enviarte una notificación del Eprac; después, se abre una instancia de mediación, y después, recién viene la resolución de corte”, explicó y afirmó: “No puede ser unilateral”.

También, aseguró que ni Samsa ni el Eprac cumplen con la legislación vigente que prohíbe a la empresa la interrupción total del servicio en los casos de usuarios morosos.

“La ley dice que tienen que dejar un paso mínimo de agua para abastecimiento y para supervivencia”, dijo Contreras y señaló:” No pueden cortar totalmente, pero tampoco eso cumplen”.

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