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Viernes, 25 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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A tres años del asesinato por militares paraguayos de dos niñas de nacionalidad argentina, en un operativo contra el grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organizaciones de derechos humanos se manifestaron en Posadas, reclamando justicia para las víctimas y sus familias.
Se trata de las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, nacidas en Formosa y Misiones respectivamente, y residentes en la localidad de Puerto Rico, muertas a tiros el 2 de septiembre de 2020, en la zona de la localidad de Yby Yaú, en el norteño departamento de Concepción.
El episodio provocó indignación e incluso un entredicho diplomático entre Argentina y Paraguay, por el manejo que el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez hizo del caso, presentándolo como un logro de su gestión en el combate al grupo armado, y cerrando cualquier investigación sobre el accionar de los uniformados paraguayos, cuestionada dentro y fuera del país.
En diciembre de 2019, Laura Villalba Ayala, su hija María Carmen, y su sobrina Lilian Mariana, salían de Misiones hacia Paraguay para visitar a los padres de las pequeñas, integrantes del EPP.
El grupo se completaba con otras tres jovencitas de la rama argentina de los Villalba: Tania Tamara, Tamara Anahí, y Anahí Carmen Elizabeth, de 14 años, que también iban de visita al campamento guerrillero.
El episodio se registró el miércoles 2 de septiembre de 2020. El gobierno de Paraguay anunció que realizó un operativo contra el EPP. El presidente Abdo Benítez se trasladó al lugar y hablo del éxito del procedimiento. "Es un operativo exitoso, puede ser aún más, pero ya es exitoso porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP", indicó el mandatario en una rueda de prensa en el lugar.
De los insurgentes abatidos, el mandatario no dio precisiones. Horas más tarde, el fiscal Federico Delfino, informó que las personas muertas eran “dos ciudadanas paraguayas que prefirieron enfrentarse a la fuerza de seguridad que enfrentarse a la Justicia". Hacia la noche, el vocero de las fuerzas militares, Luis Apesteguía, habló de “dos adolescentes” fallecidas. Finalmente, frente a la presión de organizaciones y familiares, las autoridades del vecino país, reconocieron la identidad de las víctimas y su verdadera edad.
Los articuladores de la campaña internacional #EranNiñas visibilizaron este lunes nuevamente el caso en la capital misionera, con una intervención en la plaza 9 de Julio, y una convocatoria frente al Consulado paraguayo.
“Seguimos exigiendo justicia por el crimen estas niñas misioneras, argentinas, asesinadas en un suceso que todavía no se dilucidó”, señaló a La Voz de Misiones, Florencia Aguirre, miembro del colectivo de organizaciones.
“Recordemos que vivían en Puerto Rico, Misiones, y estaban ese 2 de septiembre en un campamento al que fueron para visitar a sus padres”, apuntó Aguirre.
La aclaración sobre la nacionalidad de las víctimas cobra valor frente al hecho de que el gobierno paraguayo puso en duda desde el comienzo la documentación de las niñas, llegando a cuestionar los DNI emitidos por las oficinas del Renaper, de las localidades de Clorinda, en Formosa, y Puerto Rico, en Misiones.
Aguirre, abonó a las denuncias que sostienen que Lilian y María fueron capturadas con vida y ejecutadas sumariamente por los militares paraguayos, una vez acabada la incursión en el campamento guerrillero.
“Desde el primer momento han mentido, dijeron que se trataba de mujeres guerrilleras, pero después todas las mentiras se fueron cayendo, se conoció la edad y la nacionalidad”, sostuvo Aguirre.
La teoría de que ambas niñas fueron capturadas y ejecutadas tiene su base en el testimonio que ofrecieron a instancias internacionales las adolescentes Tania Tamara y Tamara Anahí, que consiguieron escapar y regresar a Argentina.
“Seguimos casi en la misma situación con el gobierno paraguayo que no responde, que después de reivindicar el asesinato, de festejarlo, no dio ninguna respuesta a los reclamos”, sostuvo la sindicalista posadeña Cecilia Rodríguez, también integrante de la campaña y de la red de apoyo a los familiares.
“Las niñas son parte de una familia extensa que esta viviendo en Misiones, parte de la familia integra el EPP, la guerrilla paraguaya”, señaló. “Estas niñas fueron a visitar a sus familiares, fueron asesinadas, y fueron presentadas la prensa como mujeres adultas, guerrilleras muertas en combate”, indicó.
“Esta versión se desarmó a las pocas horas, pero no se dio ninguna otra explicación, hasta ahora”, afirmó Rodríguez.
El balance del operativo se cerró con la desaparición de una de las primas de las nenas asesinadas, Anahí Carmen Elizabeth, “Lichita”, de 14 años, que herida de bala en una pierna alcanzó a huir junto a su tía, Laura Villalba, que fue detenida cuando intentaba romper el cerco para regresar a territorio argentino.
El caso mereció la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidido por la ex presidenta chilena Michele Bachelet, que pidió al Estado paraguayo “buscar urgentemente” a la adolescente, a quien un único testigo ocular había ubicado siendo trasladada por efectivos militares.
Bachelet, también apunto en su pronunciamiento al gobierno paraguayo por la destrucción de pruebas fundamentales, como la ropa que llevaban las niñas asesinadas, y la negativa a efectuar una pericia independiente, en un caso en que las autoridades del vecino país negaron en todo momento a la familia de las víctimas el acceso a las actuaciones oficiales.
“Lichita” está desaparecida desde noviembre de 2020, y su paradero es también objeto de una campaña internacional que acusa al Estado paraguayo de “infanticidio”.
El caso de “Lichita” mereció, asimismo, una acción urgente en el comité de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, dónde la respuesta del Estado paraguayo fue, otra vez, desconocer la responsabilidad de las fuerzas militares en su desaparición, y el asesinato de sus primas.
En Julio de 2021, el gobierno paraguayo expulsó a un grupo de referentes de organizaciones argentinas de derechos humanos, que se habían trasladado a Paraguay en busca de información que permitieran saber qué sucedió con la adolescente. Fueron escoltados hasta la frontera por efectivos armados.