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La educación privada en jaque, es lo que más subió según el Indec

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Los colegios privados suelen hacer pasar los sueldos como principales rubros de incremento. Según datos del Indec, la educación privada subió 17,9 por ciento en el último mes.

MISIONES. Conocida la inflación de 4,7 por ciento, correspondiente a marzo, la más alta del trimestre, el rubro de la educación fue uno de los que mayor aumento sufrieron, según datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec): 17,9 por ciento, basado principalmente en el incremento de las cuotas de los colegios privados.

Desde el Sindicato Argentino de Docentes de Docentes Privados (Sadop) aseguraron que esa suba no está relacionada con los salarios docentes, sino que se utiliza para financiar las reformas edilicias de las escuelas o forma parte de la ganancia de los dueños de los establecimientos educativos.

Intentan ligar el aumento salarial con el aumento de la cuota del colegio, pero nosotros hicimos un estudio en el que quedó demostrado que la incidencia del salario es de entre un 2 o 3 por ciento en la estructura del colegio, sumado a que la gran mayoría cuenta con subsidios”, dijo a Gerardo Alzamora, secretario de Prensa de Sadop.

Respecto a marzo de 2018, el Indec informó que la inflación en educación fue del 36,5 por ciento mientras que de diciembre de 2018 a marzo de este año el incremento fue de 20,6 por ciento.

Alzamora afirmó que, aunque se intenta señalar a los salarios docentes como causa de los aumentos en las cuotas, buena parte de las escuelas de gestión privada cuentan con subsidios estatales para sostener la plantilla docente. “Lo que subsidia el Estado son los salarios.

Los subsidios van direccionados a la escuela con nombre y apellido del docente y el dueño (de la escuela) debe hacer el traslado a la cuenta salario del docente”, explicó. El porcentaje del subsidio varía según la institución educativa y el Estado puede financiar el 100, el 80 o el 60 por ciento de la plantilla docente. “No se subsidian los gastos diarios ni la ganancia de los patrones”, agregó.

El aumento en las cuotas generó una baja en las matrículas de las escuelas privadas. Si bien no cuentan con datos oficiales, los cuales no serían difundidos por las cámaras patronales, los docentes privados denunciaron que desde 2016 ha disminuido la cantidad de alumnos en las escuelas de gestión privada.

“Básicamente tiene que ver con la imposibilidad de pagar la cuota por la crisis –explicó– A los padres no pagadores los invitan a retirarse o a cambiar a sus hijos de colegio”. Como consecuencia de la merma de alumnos, se eliminan o fusionan cursos.

Esta reducción trae aparejados despidos. “Desde 2016 a la fecha hemos visto que se han venido sucediendo despidos, es un fenómeno hormiga”, detalló el dirigente de Sadop.

Alzamora afirmó que a inicios del ciclo lectivo se registraron despidos en distintos puntos del país. En Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado, se registraron 250 despidos, mientras que en Chubut se registraron 40. “Los despidos son fundamentalmente en secundaria”, denunció.

Asimismo, desde Sadop aseguraron que existen “despidos encubiertos”. “Le dicen (al docente) que la escuela no está bien y lo invitan a renunciar bajo el compromiso de convocarlo después o de contactarlo con otra escuela que lo tome.

Es lo que más se da y lo menos cuantificable”, sostuvo Alzamora. Estos despidos son los que suelen darse en localidades pequeñas del interior del país, donde si el docente hace visible su reclamo, es difícil que pueda conseguir trabajo.

Otro problema detectado por Sadop es que las escuelas han comenzado a demorar los pagos de los salarios. Según Alzamora, “producto de la crisis” cada vez hay más docentes que cobran su salario después del quinto día hábil del mes, mientras que otros directamente cobran en cuotas.

El aumento en educación también se da en los útiles escolares. Según Sadop, los bienes vinculados a la canasta escolar, como es el caso de útiles y uniformes, sufrieron aumentos de precio. De acuerdo al Índice de Precio al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, un cuaderno escolar, por ejemplo costaba 72,5 pesos en marzo de 2018 y un año más tarde cuesta 120.

“No estamos viendo una merma de matrículas, pero sí un corrimiento de matriculas de colegio de mayor cuota hacia colegios de menor cuota”, dijo a este medio Javier Astoraga, secretario de relaciones institucionales de Sadop Capital, respecto a la situación de las escuelas porteñas. Astoraga afirmó que hay un aumento en la cantidad de alumnos de escuelas parroquiales y esto “daría cuenta de que esos padres no encuentran matrícula en colegios de gestión pública”.

“En términos generales, este proceso empezó en 2016, pero recién ahora lo vemos con preocupación y creemos que esto es así porque lo último que uno tiende a cortar es la educación de los hijos”, opinó.

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Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

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Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida. 

A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años. 

El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones

Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.

Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”. 

Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.

El caso

Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.

La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.

La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

Antecedentes 

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.

El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.

En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.

Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.

El desalojo

El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.

“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.

Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.

Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.

Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.

Antecedentes

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

El reconocido historiador Leo Duarte busca recaudar $1.500.000 para la operación de su esposa Mercedes, quien necesita una placa de titanio en la muñeca izquierda para recuperar la movilidad tras un accidente. A quienes ayuden a juntar la suma necesaria, “como muestra de agradecimiento”, recibieran un libro.

El pasado miércoles 16, Mercedes regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta, cuando un auto marca Fiat Palio blanco la atropelló en el barrio Itaembé Miní, en la intersección de las avenidas Arturo Jauretche y 170.

A raíz del impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto y el conductor del Fiat Palio se dio a la fuga del lugar sin asistirla.

La dejó tirada ahí y se fue, unos vecinos la socorrieron, ella volvió otra vez con la moto, asustada, vio que era un palio blanco, patente 836, pero no se acuerda mucho, son vagos los recuerdos que tiene del accidente”, contó el historiador posadeño en conversación con La Voz de Misiones.

En esa línea, el creador de la reconocida página de Facebook Posadas del Ayer precisó que su esposa sufrió fractura en cuatro partes de la muñeca izquierda y “le tienen que poner una placa de titanio, para que pueda recuperar la movilidad otra vez, igualmente la mano no va a quedar lo mismo, se le va a complicar mucho mover la mano”.

Para la operación, el matrimonio consiguió turno en el hospital Madariaga para dentro de seis meses. Sin embargo, es un tiempo que no pueden esperar, ya que Mercedes tiene un emprendimiento de churros y “es parte del sostén de la familia”, dijo Leo Duarte.

Ante esta situación, decidieron recaudar la suma de $1.500.000 para que Mercedes pueda operarse lo antes posible y recuperar la movilidad de su brazo izquierdo que tiene por completo enyesado y, a quienes decidan ayudar, a cambio el historiador le regalará un libro.

Número de Leo Duarte para ayudar: 3764600987

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