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Inspectores ya exigen la VTV a motociclistas en Posadas, hacerla cuesta casi $500

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Al igual que los automóviles, desde ahora será obligatorio que las motos cuenten con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al momento de circular por las calles posadeñas. El decreto 536/18 que salió publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Posadas, indica que la comuna se adhiere al decreto de Misiones 909/14 que establece el Sistema Provincial de Verificación Técnica de Moto. Por ello, quienes no tengan la documentación podrán ser multados y, además, la motocicleta será retenida debido a que se considera una falta de tránsito grave. En cuanto a la duración del documento, éste tendrá una validez de un año.

La nueva medida de la comuna surge luego de que el Concejo Deliberante de Posadas haya dado la libertad al Ejecutivo para que se adhiera a la normativa provincial que rige hace cuatro años en la tierra colorada. El decreto municipal considera que “la implementación de la medida es indispensable a fin de garantizar la circulación vehícular, minimizando al máximo el riesgo de accidente por fallas técnicas previsibles, además de proteger los derechos y obligaciones de los usuarios, garantizar la seguridad pública en las vías de circulación y preservar las condiciones del medioambiente”.

En lo que respecta a la importancia de que se cumpla con la medida en la ciudad capital, el concejal Miguel Acuña, quien está al frente de la Comisión de Transporte, explicó que “esto era necesario, sobre todo por una cuestión de seguridad, porque una vez que se haga la técnica la persona va a tener que dejar su registro, la copia de cédula de la moto, entre otros datos”.
Acuña también recordó que “de no contar con la documentación, la moto será retenida porque se considera una falta grave, es lo mismo que sucede con los autos”.

Por su parte, Alejandro Melgarejo -integrante de Motociclistas Misioneros Asociados- señaló que “desde el punto vista técnico se conseguirá un parque automotor más seguro, ya que en la actualidad se ve a muchas motos que circulan en estado deplorable y los inspectores de tránsito no tenían una herramienta como lo es la VTV o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que le permitiera retener esos vehículos”.

Detalló también que se favorecerá a que los usuarios de las motocicletas tomen conciencia sobre la necesidad de mantener en buenas condiciones la motocicleta.  En este punto, esbozó que hay dos tipos de motociclistas, por un lado están quienes cuidan la moto y la mantienen en regla. Este grupo representa el 20 por ciento del parque de motocicletas. Mientras, el restante 80 por ciento es considerado usuario de motos, ya que utiliza el vehículo por razones económicas. “Con esto se va a generar más conciencia sobre el mantenimiento del motovehículo, al menos, una vez al año”, manifestó. Asimismo, adicionó que “ayudará a luchar contra la circulación de motos robadas, porque sabemos que las motocicletas que se roban siguen circulando en la ciudad, sobre todo en los barrios”.

En la ciudad capital hay dos lugares habilitados para realizar la verificación técnica de motos. Uno está ubicado en calle Francia 3336 a metros de la avenida Santa Catalina; Y el otro, se encuentra asentado en calle Felipe Tamareu 6186 cerca de la avenida Almirante Brown. En lo que respecta a los precios de la VTV hay dos categorías: para las motos menor a 125 cilindradas cuesta 330 pesos y la mayor a dicha cilindrada vale 470 pesos. Para obtener la verificación, los conductores deben acercarse con la cédula de la motocicleta, el carné de conducir y el seguro.
Por día, uno de los talleres realiza un promedio de cinco verificaciones. En la revisión de la motocicleta se observa que funcione la suspensión, los frenos, las luces, los espejos, entre otros. Además, se miden los decibeles del escape, el cual no puede superar los 95 (decibeles). Entre las principales fallas que se detectan están las luces y la suspensión. Los técnicos que realizan la verificación explicaron que “si la moto tiene algún problema que no es muy grave, se le entrega el certificado condicional que tiene una validez de 30 días y una vez que arregle dicho problema, se acerca de nuevo para verificar que esté en condiciones y en se momento se entrega el certificado que tiene la duración de un año”.

El integrante de la Asociación de Motociclistas Asociados, Alejandro Melgarejo, subrayó que el precio de la verificación técnica para motos es elevado en Misiones, en comparación a otras provincias. Tal como se indicó, en Posadas ronda entre los 330 y 470 pesos dependiendo de las cilindradas. En Aristóbulo del Valle cuesta 490 pesos, por ejemplo. Mientras, en Buenos Aires ronda entre los 131 y 260 pesos. “Las motos de menor cilindrada representan casi un 75 por ciento del parque vehicular de motos, la gente necesita que no sea tan costosa la verificación así también se podrá adecuar rápido a la norma”, dijo.
Por otro lado, en el Concejo Deliberante -en su momento- se había barajado la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanza para establecer un menor precio en las VTV de motos; sin embargo todavía no hay iniciativas presentadas.


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No se cobrará el SEM en Posadas desde mañana hasta el 2 de abril

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No se cobrará el SEM en Posadas desde mañana hasta el 2 de abril

De cara al feriado extralargo, la Secretaría de Movilidad Urbana de Posadas anunció que no regirá el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en el centro capitalino desde mañana 28 hasta el próximo martes 2 de abril.

De esta manera, el cobro de la tarifa para estacionar dentro de las cuatro avenidas principales de la ciudad se restablecerá el miércoles 3 de abril, dentro de sus horarios habituales.

Por otro lado, la Municipalidad comunicó que por Semana Santa, seguido por el feriado puente con fines turístico y el Día de los Veteranos y de los Caídos en la guerra de Malvinas, se reducirá el servicio de recolección de residuos, mientras que los puntos limpios estarán abiertos para los vecinos en su horario habitual, de 7 a 19, con excepción al día viernes 29.

En tanto, los ecopuntos distribuidos en diferentes barrios de la capital misionera estarán abiertos durante el fin de semana largo de 8 a 12 y de 16 a 20.


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Lo acusaron de Uber y se atrincheró en el auto: “No tienen justificación legal”

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uber atrincherado

Un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se atrincheró en su automóvil esta mañana en Posadas para evitar que su rodado sea secuestrado por agentes municipales que le labraron un acta de infracción al considerar que estaba prestando servicios de Uber.

El conflicto se inició hoy a las 10, sobre la calle San Luis, frente al Sanatorio Boratti, donde el agente penitenciario identificado como Hugo se encontraba a bordo de su automóvil Fiat Palio hasta que llegaron dos agentes de municipales que procedieron a labrar una multa por prestar “servicio de transporte de pasajeros sin habilitación”, lo cual incluía el secuestro del vehículo.

Ante esta situación, el uniformado se resistió al procedimiento y se negó a descender del automóvil, lo cual desató un conflicto que se extendió durante dos horas y que también derivó en la intervención de integrantes de la Dirección Agrupación Motorizada de la Policía de Misiones.

“Yo no estaba haciendo Uber. Simplemente estaba parado acá. No fueron capaces de mostrar una prueba para demostrar lo que solo ellos consideraban. Ellos no quisieron reconocer que se equivocaron. Está mal el procedimiento. El auto es mío, no me pueden sacar de adentro de mi propiedad. No tienen la justificación legal para sacarme el auto, por eso me rehusé”, expresó Hugo desde su auto durante un vivo de La Voz de Misiones.

En la escena también estuvo el abogado del automovilista, Gustavo Candia, que intercedió en el procedimiento y alegó que “el medio que tienen los agentes para constatar que mi cliente está haciendo Uber es inexacto. El error es brutal. No pueden retener el vehículo”.

“Los concejales tienen que redactar la norma porque hoy estamos en la nebulosa y se genera estaba pelea entre trabajadores”, agregó Candia y en mismo sentido opinó un taxista que se sumó al debate en plena calle: “El Concejo Deliberante tiene que poner fin a este asunto. O hacer legal o hacer ilegal. Yo no me tengo que pelear con nadie. El Concejo dejó que esto avance y no soluciona nada. Si no se puede levantar la aplicación, que se legalice”.

Finalmente, el conflicto culminó pasada las 12.15, cuando las partes acordaron colocar una faja de clausura sobre el rodado y que el propio conductor traslade el vehículo hasta el corralón municipal con la escolta de efectivos policiales.

Uber, debate y polémica

Los polémica y los conflictos suscitados a partir del funcionamiento de Uber en Posadas no es un tema nuevo.

Lo último en relación a la cuestión fue un proyecto de ordenanza municipal presentado por el concejal radical Pablo Velázquez que buscar regular la actividad del transporte de pasajeros a través de aplicaciones, aunque la comisión para tratar el asunto el último lunes debió suspenderse por la acalorada discusión generada entre los sectores involucrados, ante lo cual se decidió armar reuniones por separado.

En diálogo con FM de las Misiones 89.3, Federico Semilla, empresario vinculado a agencias de remises y taxis, aseguró en “el transporte es un servicio público y no privado como plantea el concejal Velázquez. El pasajero paga por el servicio público, por lo tanto debe ser regulado y controlado por el municipio. (…) Entonces Uber, una plataforma móvil como otras multinacionales del rubro, no se quieren atener a las legislaciones vigentes. Lo que plantea Velázquez está bastante fuera de lugar”.

Proyecto busca regular Uber en Posadas: “Ya probamos con la prohibición”


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Homenajes y reivindicaciones marcaron la marcha del 24 de marzo en Posadas

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Cientos de personas provenientes de espacios independientes, académicos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, se hicieron presentes con banderas, pasacalles y pañuelos en la intersección de calle Buenos Aires y avenida Mitre de la capital misionera para marchar hacia la Plaza 9 de Julio, en repudio del golpe militar de 1976 y exigieron el cumplimiento de los derechos humanos en la actualidad. 

Alrededor de las 9, una columna integrada por alrededor de 500 personas con carteles y retratos de los desaparecidos misioneros, banderas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Libres, Sitba, PCR, Aníbal Verón, Frente Patria, entre otros, iniciaron el recorrido de la marcha que a su paso fue señalando algunos de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el microcentro posadeño entre 1976 y 1983.

La primera parada fue frente a la sede del Servicio Administrativo de Policía y Servicio Penitenciario Provincial, sobre calle Buenos Aires casi Santiago del Estero. La dirigente de ATE, Mónica Gurina, aseguró que “por allí pasaron más de 600 presos políticos misioneros y también de diferentes puntos del país, Chile y Paraguay. Aquí se los traía luego de su secuestro, esposados y encapuchados para luego torturarlos para sacar información de quiénes eran los otros compañeros y dirigentes”. 

“Aquí soportaron ese horror estudiantes secundarios y universitarios que participaban en agrupaciones políticas estudiantiles o en centros de estudiantes, pero también pequeños y medianos productores del Movimiento Agrario Misionero, de las ligas agrarias, tareferos afiliados a Fatre y empleadas domésticas que tuvieron la osadía de armar un sindicato. Docentes en lucha, trabajadores de la construcción, panaderos y empleados públicos afiliados o no a la ATE”, continuó enumerando Gurina.

Luego nombró a algunas de las víctimas: en 1976 el ex militante de la UES, Miguel Ángel Sánchez, nacido en el barrio Tiro Federal de Posadas, fue brutalmente torturado y su cuerpo fue entregado a sus padres en un cajón cerrado. En 1977 Leonor Victorina Chervo de González, militante de la Acción Católica de Posadas. En 1978 Pedro Luis Lunge Golemba, obrero de una fábrica de bolsas de plástico de Leandro N Alem, cuyo cuerpo continúa desaparecido. Ese mismo año, fue asesinado en ese lugar Sergio Trinidad Paniagua, estudiante de Ciencias Económicas en La Plata. 

El segundo punto de memoria fue la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales donde asistieron varios estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos durante la dictadura, como Carlos Enrique Tereszecuk, asesinado en la Masacre de Margarita Belén a los 24 años, Luis Arturo Franzen y Juan Figueredo, entre otros.

El tercero fue la sede de la Policía Federal, sobre calle Ayacucho casi Salta, allí se habrían producido secuestros planificados y organizados por las fuerzas armadas. “La Jefatura del Área II, III, II señalizada por el Estado nacional, dirigía toda la represión de la provincia y dependía del segundo cuerpo del Ejército con asiento en Rosario que a su vez incluía a las seis provincias de nuestro litoral. Durante la dictadura, aquí se decidía quiénes vivirían, quiénes serían asesinados, quiénes serían desaparecidos y quiénes estarían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto del ministro del Interior pasando a ser un preso legal, aunque en muchos de los casos no garantizaba la vida”. 

El cuarto sitio de memoria fue el CEP N°4. Según datos históricos relatados por docentes presentes “un estudiante secundario de 16 años contó que aquí escuchaba cómo torturaban a niños para que sus padres dijeran dónde estaban y quiénes eran sus compañeros”. 

“Durante los juicios de lesa humanidad encontraron registros de estudiantes que ingresaban, las listas para participar en las elecciones de los centros de estudiantes y de los afiliados a sindicatos y partidos políticos, principalmente del Partido Auténtico que en 1975 participó de las elecciones provinciales. En esas elecciones fueron electos dos diputados de ese partido Juan Figueredo, quien fue secuestrado y aún continúa desaparecido, y Pablo Fernández que en su inminente secuestro, aún en democracia, en septiembre de 1975 se exilió en Suecia. Luego fueron secuestrados los afiliados del partido a lo largo y ancho de la provincia”, aseguraron.

El quinto y último lugar visitado previo a la llegada a la plaza 9 de Julio fue la sede de la Agrupación IV Misiones de Gendarmería Nacional. Estos son solo cinco de los 36 centros clandestinos de detención identificados en Misiones, la mayoría ubicados en la capital provincial, pero también presentes en otras localidades como Oberá, Iguazú, Montecarlo, Eldorado, San Ignacio y Puerto Rico. 

De la dictadura a la pérdida de derechos en democracia

Graciela Franzen (69), tenía 21 años cuando los acontecimientos comenzaron a precipitarse, desde los allanamientos en su casa sobre calle Sargento Brítez, las persecuciones, reiteradas detenciones y la masacre en Chaco que terminó con la vida de su hermano Luis Enrique. 

Desde muy joven militó por los derechos humanos desde el barrio y las instituciones educativas de las que formó parte. A 48 años de los episodios que marcaron la última dictadura militar, y como en los últimos años, este 24 de marzo volvió a las calles para realizar el recorrido completo de la marcha y reivindicar derechos. 

Al hacer un balance sobre la situación política actual, en diálogo con La Voz de Misiones, analizó “Hoy estamos mucho peor. Antes teníamos fábricas, no había desocupación, no había trabajo precario, los trabajadores estaban en planta permanente o contratados con relación de dependencia”. 

En ese sentido, lamentó “todo lo que no perdimos en dictadura, perdimos en democracia, hoy vemos que los jóvenes están precarizados o se están cerrando fábricas y se quiere privatizar el Banco Nación que es nuestra soberanía, como pasó con los puertos”. 

A lo que sumó: “No podemos permitir que nuestra población pase hambre cuando producimos alimentos, carne, verduras, frutas para más de quinientos millones de personas, podemos alimentar a todos los continentes y estamos pasando hambre. Esto no vamos a permitir. Los militantes y sobrevivientes decimos Nunca Más genocidio del hambre. Van a tener que ir presos y condenados a cadena perpetua como los genocidas de la dictadura”.

 

La marcha culminó en la plaza central donde se realizó el acto conmemorativo, con una intervención artística de la Murga de la Estación y se hicieron visibles las diferentes banderas sociales y políticas que repudiaron los “despidos masivos” producidos en todo el país, así como también “el vaciamiento de programas y planes sociales, el desfinanciamiento del sistema público de salud, la educación, el ataque al sistema científico nacional, organismos del Estado como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el INCAA, Agricultura Familiar, Télam, Anses, entre otros”.


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