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Inspectores ya exigen la VTV a motociclistas en Posadas, hacerla cuesta casi $500

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Al igual que los automóviles, desde ahora será obligatorio que las motos cuenten con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al momento de circular por las calles posadeñas. El decreto 536/18 que salió publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Posadas, indica que la comuna se adhiere al decreto de Misiones 909/14 que establece el Sistema Provincial de Verificación Técnica de Moto. Por ello, quienes no tengan la documentación podrán ser multados y, además, la motocicleta será retenida debido a que se considera una falta de tránsito grave. En cuanto a la duración del documento, éste tendrá una validez de un año.

La nueva medida de la comuna surge luego de que el Concejo Deliberante de Posadas haya dado la libertad al Ejecutivo para que se adhiera a la normativa provincial que rige hace cuatro años en la tierra colorada. El decreto municipal considera que “la implementación de la medida es indispensable a fin de garantizar la circulación vehícular, minimizando al máximo el riesgo de accidente por fallas técnicas previsibles, además de proteger los derechos y obligaciones de los usuarios, garantizar la seguridad pública en las vías de circulación y preservar las condiciones del medioambiente”.

En lo que respecta a la importancia de que se cumpla con la medida en la ciudad capital, el concejal Miguel Acuña, quien está al frente de la Comisión de Transporte, explicó que “esto era necesario, sobre todo por una cuestión de seguridad, porque una vez que se haga la técnica la persona va a tener que dejar su registro, la copia de cédula de la moto, entre otros datos”.
Acuña también recordó que “de no contar con la documentación, la moto será retenida porque se considera una falta grave, es lo mismo que sucede con los autos”.

Por su parte, Alejandro Melgarejo -integrante de Motociclistas Misioneros Asociados- señaló que “desde el punto vista técnico se conseguirá un parque automotor más seguro, ya que en la actualidad se ve a muchas motos que circulan en estado deplorable y los inspectores de tránsito no tenían una herramienta como lo es la VTV o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que le permitiera retener esos vehículos”.

Detalló también que se favorecerá a que los usuarios de las motocicletas tomen conciencia sobre la necesidad de mantener en buenas condiciones la motocicleta.  En este punto, esbozó que hay dos tipos de motociclistas, por un lado están quienes cuidan la moto y la mantienen en regla. Este grupo representa el 20 por ciento del parque de motocicletas. Mientras, el restante 80 por ciento es considerado usuario de motos, ya que utiliza el vehículo por razones económicas. “Con esto se va a generar más conciencia sobre el mantenimiento del motovehículo, al menos, una vez al año”, manifestó. Asimismo, adicionó que “ayudará a luchar contra la circulación de motos robadas, porque sabemos que las motocicletas que se roban siguen circulando en la ciudad, sobre todo en los barrios”.

En la ciudad capital hay dos lugares habilitados para realizar la verificación técnica de motos. Uno está ubicado en calle Francia 3336 a metros de la avenida Santa Catalina; Y el otro, se encuentra asentado en calle Felipe Tamareu 6186 cerca de la avenida Almirante Brown. En lo que respecta a los precios de la VTV hay dos categorías: para las motos menor a 125 cilindradas cuesta 330 pesos y la mayor a dicha cilindrada vale 470 pesos. Para obtener la verificación, los conductores deben acercarse con la cédula de la motocicleta, el carné de conducir y el seguro.
Por día, uno de los talleres realiza un promedio de cinco verificaciones. En la revisión de la motocicleta se observa que funcione la suspensión, los frenos, las luces, los espejos, entre otros. Además, se miden los decibeles del escape, el cual no puede superar los 95 (decibeles). Entre las principales fallas que se detectan están las luces y la suspensión. Los técnicos que realizan la verificación explicaron que “si la moto tiene algún problema que no es muy grave, se le entrega el certificado condicional que tiene una validez de 30 días y una vez que arregle dicho problema, se acerca de nuevo para verificar que esté en condiciones y en se momento se entrega el certificado que tiene la duración de un año”.

El integrante de la Asociación de Motociclistas Asociados, Alejandro Melgarejo, subrayó que el precio de la verificación técnica para motos es elevado en Misiones, en comparación a otras provincias. Tal como se indicó, en Posadas ronda entre los 330 y 470 pesos dependiendo de las cilindradas. En Aristóbulo del Valle cuesta 490 pesos, por ejemplo. Mientras, en Buenos Aires ronda entre los 131 y 260 pesos. “Las motos de menor cilindrada representan casi un 75 por ciento del parque vehicular de motos, la gente necesita que no sea tan costosa la verificación así también se podrá adecuar rápido a la norma”, dijo.
Por otro lado, en el Concejo Deliberante -en su momento- se había barajado la posibilidad de presentar un proyecto de ordenanza para establecer un menor precio en las VTV de motos; sin embargo todavía no hay iniciativas presentadas.


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Jefes de la Policía acusaron robo de móviles y aprietes hacia personal activo

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A través de sendas publicaciones en redes sociales, las máximas autoridades de la Policía de Misiones se expresaron sobre la protesta que llevan adelante tanto agentes activos como retirados de la fuerza provincial desde el viernes a la madrugada en Posadas. Por un lado denunciaron el robo de móviles oficiales para su utilización en el reclamo y aprietes hacia quienes continúan prestando servicios, como así también prometieron “medidas en consecuencia”.

El primero en pronunciarse fue Marcelo López Asencio, subjefe de la Policía, quien en su cuenta de Instagram compartió en formato de storie un video en el que se observa como un grupo de encapuchados toma posesión de al menos dos trafics que pertenecerían a la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones (UFSPM).

“Robaron vehículos de la universidad de la fuerza”, consigna uno de los mensajes colocados sobre el video que comenzó a circular por grupos de mensajería instantánea y redes sociales entre la noche del viernes y la madrugada de hoy.

Los móviles oficiales como particulares de los uniformados en protesta fueron creciendo en cantidad desde anoche.

 “Somos policías, no delincuentes”, se añade en la continuidad del audiovisual, mientras que como mensaje final el material compartido por López Asencio expresa que “el gobierno entiende sobre su justo reclamo, pero estas acciones atentan contra la seguridad y se convierten en un delito contra el Estado”.

“No vamos a tolerar estos actos que evidencian otros fines”, culmina.

En este contexto, sobre la avenida Uruguay cada vez son más los patrulleros desplegados en el marco de la protesta, desde motocicletas, automóviles y camionetas hasta un autobomba.

Las denuncias formales por la sustracción y utilización de estos móviles para la medida de fuerzas son radicadas ante la Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, a cargo de René Casals, que a su vez notifica de los hechos al magistrado Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis.

“Llamadas y amenazas”

Casi en la misma sintonía se pronunció el propio jefe de la fuerza, el comisario general Sandro Martínez, quien asumió al cargo en diciembre del año pasado.

Martínez, en tanto, eligió comunicarse a través de un estado de WhastApp, donde agradeció al personal que continúa prestando servicio y prometió acciones contra quienes realizan aprietes hacia efectivos que no adhieren a la protesta que desde ayer a la madrugada concita la atención del país.

“Al personal que se encuentra brindando seguridad en la provincia, quiero que sepan que cuentan con todo mi apoyo. Sé que están recibiendo llamadas y amenazas para que abandonen el servicio, pero ya estoy actuando en consecuencia para respaldarlos en todo momento”, fue el mensaje publicado por la máxima autoridad de la Policía de Misiones a las 14.50 de hoy.


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La protesta policial crece en manifestantes y se suman docentes al reclamo

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“Anoche éramos unas 5.000 personas acá, ahora debemos ser 6.000, porque hay camaradas que siguen bajando desde diferentes puntos de la provincia”, estimó este mediodía Germán Palaveccino, uno de los voceros de la protesta policial que desde el viernes a la madrugada concita la atención del país en Posadas.

Los uniformados, tanto activos como retirados, amanecieron frente a la dependencia policial ubicada sobre la avenida Uruguay, sobrellevando el frío al calor de ollas populares y a la convicción de continuar con la medida hasta que el gobierno provincial realice un ofrecimiento salarial conforme a las expectativas. 

Ni siquiera las amenazas de una posible intervención de las fuerzas federales, con lo cual la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estrenaría su “protocolo anti-piquetes” fuera de Ciudad de Buenos Aires, amedrenta a los manifestantes que reclaman un aumento salarial para que los agentes recién iniciados “superen la canasta básica”.

Sería irracional que intervengan las fuerzas federales. Nuestro reclamo no es político, es salarial. Entendemos que la legitimidad del gobierno que fue votado por la gran mayoría del pueblo. Por eso pedimos recuperar el diálogo y que cesen las acciones que criminalizan este reclamo. Acá no hay ánimos sediciosos”, sostuvo a La Voz de Misiones Palaveccino, quien además reiteró que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicios con normalidad.

A fin de apaciguar aún más las aguas, el vocero y referente de la mesa diálogo policial junto al suboficial retirado Ramón Amarilla, afirmó que ningún agente activo que forma parte de la protesta está armado. “Hemos dispuesto de un lugar especial para guardar las armas de los agentes activos, así preservamos la seguridad y evitamos cualquier tipo de incidente”, tranquilizó.

Grupos de docentes trasladaron su propio reclamo a la avenida Uruguay y se sumaron a los policías. FOTO: Fernando Oz.

En paralelo, al acampe de policías se sumaron grupos de docentes dispuestos a acompañar la medida y trabar fuerzas para lograr una mayor visibilización del conflicto salarial que también los aqueja. 

“Estamos acá desde anoche, acompañando y haciendo visible nuestro reclamo. Los maestros estamos con un sueldo de 240.000 pesos. Es una miseria. La provincia se está incendiando porque los empleados públicos cobramos muy mal”, sumó Romina Sartori, una docente que vino desde Bonpland para dar el presente en la manifestación.

Protesta y comité de crisis

La protesta policial comenzó el viernes a las 3 de la madrugada, cuando uniformados retirados, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), levaron el acampe de tres días que efectuaban frente a la Jefatura y los agentes activos decidieron profundizar la medida de fuerza.

Así fue como se cruzaron los primeros patrulleros que interrumpieron el tránsito sobre la avenida Uruguay, se encendieron las primeras cubiertas y se hicieron sonar las sirenas.

Al poco tiempo, se sumaron más y más uniformados, de manera tal que la ciudad amaneció con policías rodeando el comando.

En paralelo, la Justicia recibió al menos tres denuncias por diversos delitos considerados en flagrancia durante la protesta, lo cual motivó la intervención del fiscal René Casals y el juez Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis, el cual firmó una orden de desalojo, aunque la medida hasta el momento no se efectivizó.

“Acá no hay ánimos sediciosos”, afirmó Germán Palaveccino, vocero de la protesta.

Para la noche, en tanto, se conoció que el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, acudió a la Nación para solicitar la conformación de un comité de crisis para diagramar estrategias de acción tendientes a recuperar la “seguridad interior” de la provincia.

El pedido tuvo respuesta positiva de parte y dicho comité fue conformado con la ministra Patricia Bullrich como presidenta, el gobernador Hugo Passalacqua como co-presidente y los titulares de todas las fuerzas federales como integrantes activos.

La resolución puso a disposición de las autoridades a todas las fuerzas federales para que actúen cuando se lo requiera.

Anoche, los trascendidos indicaban que había al menos 200 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de Rosario que estaban “aprestos” a desembarcar en la capital misionera para recuperar el orden y aplicar el protocolo antipiquetes, pero hasta el momento nada de ello sucedió.

“Un enfrentamiento entre fuerzas podría ser muy grave”, alertó esta mañana Ramón Amarilla, durante un diálogo con C5N desde la protesta.


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Bullrich y Passalacqua encabezan comité crisis por protesta policial

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Un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación revela que, tras la protesta policial iniciada esta madrugada en Posadas, se conformó un comité de crisis que será encabezado por Patricia Bullrich y el gobernador Hugo Passalacqua, quienes ahora tendrán a su disposición todas las fuerzas federales para intervenir en el conflicto con el objetivo de “restaurar la seguridad interior” en la tierra colorada.

En la resolución argumentan que fue el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, el que acudió a Nación con el objetivo de conformar un comité de crisis para disponer de los recursos necesarios para intervenir en el conflicto y diagramar estrategias de acción.

“En tal sentido, y atento a las competencias asignadas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, resulta oportuno y conveniente convocar al COMITÉ DE CRISIS, a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de la PROVINCIA DE MISIONES”, fundamentan desde la cartera que dirige Bullrich.

De esta manera, resolvieron el armado del mencionado comité de crisis, el cual será presidido por la propia Bullrich y copresidido por el gobernador Passalacqua, al tiempo que estará integrado por los titulares de todas las fuerzas federales, es decir: Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Una decena de móviles policiales ya son parte de la protesta que lleva más de 18 horas activa.

Según lo dictaminado, ambas autoridades serán quienes “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. También “podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto”.

La resolución, a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso, además dispone que “la comunicación pública de las acciones, planes y resultados que surjan como producto de las operaciones de seguridad interior llevadas a cabo por el COMITÉ DE CRISIS serán brindados de manera unificada y oficial por el MINISTERIO DE SEGURIDAD y la Gobernación de la PROVINCIA DE MISIONES”.

La medida entró en vigencia a partir de la firma de la resolución y se mantendrá activa hasta “se restablezca la seguridad en la provincia”.

“Hasta las últimas consecuencias”

Mientras tanto, frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas, ubicado sobre la avenida Uruguay, la protesta continúa y conforme al paso de las horas suma participantes, incluido quienes llegan desde otros puntos de la provincia y ya avisaron que no piensan abandonar la medida de fuerza.

Nuestro reclamo es netamente salarial. Acá no pedimos la cabeza de nadie. No tenemos intereses políticos, solo queremos sueldos dignos y por eso vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias. Esto se va a terminar cuando el gobierno vuelva a dialogar con nosotros”, expresó ante la masa el policía retirado y referente de la mesa diálogo Ramón Amarilla.

El policía retirado Ramón Amarilla es uno de los representantes de la mesa de diálogo.

El vocero de los uniformados en protesta además sostuvo que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicio con normalidad. El tránsito sobre la avenida Uruguay, en tanto, continúa interrumpido, con cubiertas desparramadas por la acera y al menos 10 móviles policiales que activan sirenas para celebrar la llegada de más y más camaradas.

En las veredas lindantes, por su parte, cada vez hay más gazebos y carpas de manifestantes que se preparan para pasar la noche frente a la dependencia policial. Todo eso sucede en medio de una tensa calma cuyo pulso se mide a partir de las diferentes versiones que corren respecto al posible accionar de fuerzas federales para cumplir con la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Desde el gobierno, en tanto, hicieron trascender que el lunes se anunciarán aumentos para toda la administración pública, lo cual alcanza a docentes, médicos, policías y penitenciarios, aunque no precisaron porcentajes.


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