Posadas
Exigen que la Justicia investigue los 201 casos de niñas obligadas a parir
POSADAS. Organizaciones feministas realizaron denuncia penal ante los tres poderes por los 201 casos de niñas menores de 14 que dieron a luz durante este año. El ministro de Desarrollo Social de la Provincia reconoció que 201 menores fueron forzadas a tener sus bebés, producto de incestos y abusos sexuales. Son casos donde no se implementó la Interrupción Legal del Embarazo.
El martes 20 el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros convocó a organizaciones feministas en el Día Mundial de la Prevención de las violaciones contra niños y adolescentes frente al Palacio de Justicia de Posadas para denunciar ante los tres poderes del Estado los casos de las 201 niñas obligadas a parir en Misiones. En la movilización que empezó en el Palacio de Justicia, siguió en la Legislatura y terminó en la plaza 9 de Julio, con la consigna “¡Con les niñes, NO!”, exigieron el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal y la implementación de la Ley de Educación Sexual.
La denuncia de las organizaciones feministas insta a que el fiscal en turno “determine si existen elementos suficientes para dar inicio a la investigación jurisdiccional establecida en el Código Procesal Penal de la Provincia con respecto a las 201 madres niñas – de entre 12 y 14 años- que conforme información oficial de los Funcionarios del área, existen en la Provincia”. Hablamos de nenas que han mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento o sin que su consentimiento sea válido. Lo cierto es que estas mal llamadas ‘niñas madres’ no cuentan con la capacidad legal de prestar su consentimiento.
Ante esto, recordemos que hace cinco meses el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Lisandro Benmaor, dijo en medios locales que; “en la actualidad tenemos 26 mil nacimientos en Misiones, 5 mil nacimientos menores de 19 años y 201 nacimientos de madres menores de 15 años. Eso nos preocupa muchísimo, porque son sinónimos de violación”. Luego el ministro intentó corregir estos dichos que causaron polémica y que llegaron hasta los medios nacionales. Sin embargo, nada ocurrió más allá de un pedido de informes sobre políticas adoptadas con respecto a los 201 casos de niñas violadas y embarazadas realizado por el Partido Agrario y Social.
Por los embarazos y partos de estas niñas menores de edad, las militantes señalan en la denuncia que “estaríamos ante la posible existencias de los delitos contemplados en los arts. 119 y 120 del Código Penal Argentino contra las persona que lo hubieren efectuado y/o contra todo aquel que resulte responsable en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o , instigador por la posible comisión de estos delitos. Como asimismo, contra todo profesional de la medicina, que haya seguido y atendido durante el embarazo Y/O parto a esa niñas y que no haya efectuado la denuncia penal correspondiente, como también y en el caso de que las mismas estuvieran escolarizadas, contra los docentes y directivos de la escuela a la que asisten que hayan tenido conocimiento y q no hayan efectuado la denuncia penal pertinente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios Públicos.”
Por ende, a raíz de que no aparecen denuncias de oficio pertinentes y que hay inacción por parte del Estado, es que las organizaciones promueven formalmente la acción penal. Instan a que la Justicia investigue y esclarezca; “la concepción misma de dichos embarazos, determinándose quien es el padre, a nombre de quien se inscribieron los niños nacidos, a cargo de quien se encuentran los mismos y sus madres, si están en la misma casa que su posible violador, si los profesionales de la salud que atendieron dichos partos han efectuado la denuncia pertinente, si las niñas se encontraban escolarizadas, si continúan en esa situación, si los docentes y directivos de dichos establecimientos tomaron las medidas pertinentes y efectuaron las correspondientes comunicaciones”.
Posadas
Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Posadas
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
Posadas
Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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