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Exigen que la Justicia investigue los 201 casos de niñas obligadas a parir

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POSADAS. Organizaciones feministas realizaron denuncia penal ante los tres poderes por los 201 casos de niñas menores de 14 que dieron a luz durante este año. El ministro de Desarrollo Social de la Provincia reconoció que 201 menores fueron forzadas a tener sus bebés, producto de incestos y abusos sexuales. Son casos donde no se implementó la Interrupción Legal del Embarazo.

El martes 20 el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros convocó a organizaciones feministas en el Día Mundial de la Prevención de las violaciones contra niños y adolescentes frente al Palacio de Justicia de Posadas para denunciar ante los tres poderes del Estado los casos de las 201 niñas obligadas a parir en Misiones. En la movilización que empezó en el Palacio de Justicia, siguió en la Legislatura y terminó en la plaza 9 de Julio, con la consigna “¡Con les niñes, NO!”, exigieron el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal y la implementación de la Ley de Educación Sexual.

La denuncia de las organizaciones feministas insta a que el fiscal en turno “determine si existen elementos suficientes para dar inicio a la investigación jurisdiccional establecida en el Código Procesal Penal de la Provincia con respecto a las 201 madres niñas – de entre 12 y 14 años- que conforme información oficial de los Funcionarios del área, existen en la Provincia”. Hablamos de nenas que han mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento o sin que su consentimiento sea válido. Lo cierto es que estas mal llamadas ‘niñas madres’ no cuentan con la capacidad legal de prestar su consentimiento.

Ante esto, recordemos que hace cinco meses el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Lisandro Benmaor, dijo en medios locales que; “en la actualidad tenemos 26 mil nacimientos en Misiones, 5 mil nacimientos menores de 19 años y 201 nacimientos de madres menores de 15 años. Eso nos preocupa muchísimo, porque son sinónimos de violación”. Luego el ministro intentó corregir estos dichos que causaron polémica y que llegaron hasta los medios nacionales. Sin embargo, nada ocurrió más allá de un pedido de informes sobre políticas adoptadas con respecto a los 201 casos de niñas violadas y embarazadas realizado por el Partido Agrario y Social.

Por los embarazos y partos de estas niñas menores de edad, las militantes señalan en la denuncia que “estaríamos ante la posible existencias de los delitos contemplados en los arts. 119 y 120 del Código Penal Argentino contra las persona que lo hubieren efectuado y/o contra todo aquel que resulte responsable en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o , instigador por la posible comisión de estos delitos. Como asimismo, contra todo profesional de la medicina, que haya seguido y atendido durante el embarazo Y/O parto a esa niñas y que no haya efectuado la denuncia penal correspondiente, como también y en el caso de que las mismas estuvieran escolarizadas, contra los docentes y directivos de la escuela a la que asisten que hayan tenido conocimiento y q no hayan efectuado la denuncia penal pertinente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios Públicos.”

Por ende, a raíz de que no aparecen denuncias de oficio pertinentes y que hay inacción por parte del Estado, es que las organizaciones promueven formalmente la acción penal. Instan a que la Justicia investigue y esclarezca; “la concepción misma de dichos embarazos, determinándose quien es el padre, a nombre de quien se inscribieron los niños nacidos, a cargo de quien se encuentran los mismos y sus madres, si están en la misma casa que su posible violador, si los profesionales de la salud que atendieron dichos partos han efectuado la denuncia pertinente, si las niñas se encontraban escolarizadas, si continúan en esa situación, si los docentes y directivos de dichos establecimientos tomaron las medidas pertinentes y efectuaron las correspondientes comunicaciones”.

https://www.lavozdemisiones.com/2018/07/03/en-misiones-no-realizaron-abortos-no-punibles-a-mas-200-nenas-violadas-y-las-obligaron-a-parir/

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Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

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Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida. 

A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años. 

El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones

Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.

Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”. 

Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.

El caso

Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.

La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.

La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

Antecedentes 

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.

El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.

En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.

Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.

El desalojo

El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.

“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.

Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.

Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.

Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.

Antecedentes

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

El reconocido historiador Leo Duarte busca recaudar $1.500.000 para la operación de su esposa Mercedes, quien necesita una placa de titanio en la muñeca izquierda para recuperar la movilidad tras un accidente. A quienes ayuden a juntar la suma necesaria, “como muestra de agradecimiento”, recibieran un libro.

El pasado miércoles 16, Mercedes regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta, cuando un auto marca Fiat Palio blanco la atropelló en el barrio Itaembé Miní, en la intersección de las avenidas Arturo Jauretche y 170.

A raíz del impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto y el conductor del Fiat Palio se dio a la fuga del lugar sin asistirla.

La dejó tirada ahí y se fue, unos vecinos la socorrieron, ella volvió otra vez con la moto, asustada, vio que era un palio blanco, patente 836, pero no se acuerda mucho, son vagos los recuerdos que tiene del accidente”, contó el historiador posadeño en conversación con La Voz de Misiones.

En esa línea, el creador de la reconocida página de Facebook Posadas del Ayer precisó que su esposa sufrió fractura en cuatro partes de la muñeca izquierda y “le tienen que poner una placa de titanio, para que pueda recuperar la movilidad otra vez, igualmente la mano no va a quedar lo mismo, se le va a complicar mucho mover la mano”.

Para la operación, el matrimonio consiguió turno en el hospital Madariaga para dentro de seis meses. Sin embargo, es un tiempo que no pueden esperar, ya que Mercedes tiene un emprendimiento de churros y “es parte del sostén de la familia”, dijo Leo Duarte.

Ante esta situación, decidieron recaudar la suma de $1.500.000 para que Mercedes pueda operarse lo antes posible y recuperar la movilidad de su brazo izquierdo que tiene por completo enyesado y, a quienes decidan ayudar, a cambio el historiador le regalará un libro.

Número de Leo Duarte para ayudar: 3764600987

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