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Exigen que la Justicia investigue los 201 casos de niñas obligadas a parir

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POSADAS. Organizaciones feministas realizaron denuncia penal ante los tres poderes por los 201 casos de niñas menores de 14 que dieron a luz durante este año. El ministro de Desarrollo Social de la Provincia reconoció que 201 menores fueron forzadas a tener sus bebés, producto de incestos y abusos sexuales. Son casos donde no se implementó la Interrupción Legal del Embarazo.

El martes 20 el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros convocó a organizaciones feministas en el Día Mundial de la Prevención de las violaciones contra niños y adolescentes frente al Palacio de Justicia de Posadas para denunciar ante los tres poderes del Estado los casos de las 201 niñas obligadas a parir en Misiones. En la movilización que empezó en el Palacio de Justicia, siguió en la Legislatura y terminó en la plaza 9 de Julio, con la consigna “¡Con les niñes, NO!”, exigieron el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal y la implementación de la Ley de Educación Sexual.

La denuncia de las organizaciones feministas insta a que el fiscal en turno “determine si existen elementos suficientes para dar inicio a la investigación jurisdiccional establecida en el Código Procesal Penal de la Provincia con respecto a las 201 madres niñas – de entre 12 y 14 años- que conforme información oficial de los Funcionarios del área, existen en la Provincia”. Hablamos de nenas que han mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento o sin que su consentimiento sea válido. Lo cierto es que estas mal llamadas ‘niñas madres’ no cuentan con la capacidad legal de prestar su consentimiento.

Ante esto, recordemos que hace cinco meses el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Lisandro Benmaor, dijo en medios locales que; “en la actualidad tenemos 26 mil nacimientos en Misiones, 5 mil nacimientos menores de 19 años y 201 nacimientos de madres menores de 15 años. Eso nos preocupa muchísimo, porque son sinónimos de violación”. Luego el ministro intentó corregir estos dichos que causaron polémica y que llegaron hasta los medios nacionales. Sin embargo, nada ocurrió más allá de un pedido de informes sobre políticas adoptadas con respecto a los 201 casos de niñas violadas y embarazadas realizado por el Partido Agrario y Social.

Por los embarazos y partos de estas niñas menores de edad, las militantes señalan en la denuncia que “estaríamos ante la posible existencias de los delitos contemplados en los arts. 119 y 120 del Código Penal Argentino contra las persona que lo hubieren efectuado y/o contra todo aquel que resulte responsable en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o , instigador por la posible comisión de estos delitos. Como asimismo, contra todo profesional de la medicina, que haya seguido y atendido durante el embarazo Y/O parto a esa niñas y que no haya efectuado la denuncia penal correspondiente, como también y en el caso de que las mismas estuvieran escolarizadas, contra los docentes y directivos de la escuela a la que asisten que hayan tenido conocimiento y q no hayan efectuado la denuncia penal pertinente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios Públicos.”

Por ende, a raíz de que no aparecen denuncias de oficio pertinentes y que hay inacción por parte del Estado, es que las organizaciones promueven formalmente la acción penal. Instan a que la Justicia investigue y esclarezca; “la concepción misma de dichos embarazos, determinándose quien es el padre, a nombre de quien se inscribieron los niños nacidos, a cargo de quien se encuentran los mismos y sus madres, si están en la misma casa que su posible violador, si los profesionales de la salud que atendieron dichos partos han efectuado la denuncia pertinente, si las niñas se encontraban escolarizadas, si continúan en esa situación, si los docentes y directivos de dichos establecimientos tomaron las medidas pertinentes y efectuaron las correspondientes comunicaciones”.

https://www.lavozdemisiones.com/2018/07/03/en-misiones-no-realizaron-abortos-no-punibles-a-mas-200-nenas-violadas-y-las-obligaron-a-parir/

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Marcha por el Día de la Mujer desde las 16 en el Mástil de Posadas

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Se postergó la movilización del 8M en Posadas por el paro de colectivos

Docentes, estudiantes y trabajadoras, nucleadas en diferentes organizaciones sociales y políticas, marcharán este lunes en defensa de sus derechos. La concentración iniciará a las 16 en el Mástil, para continuar rumbo hacia la plaza 9 de Julio donde culminará la jornada con un acto, micrófono abierto, grilla de artistas, feria de emprendedores y colecta de ropas y útiles escolares para quienes más lo necesitan.

Además de los distintos colectivos feministas presentes en la ciudad y las agrupaciones estudiantiles de las distintas casas de estudio, uno de los primeros sectores en sumarse a la iniciativa fue el conformado por docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Misiones, nucleado en el gremio Adunam

“Adunam adhiere al paro y movilización internacional feminista y transfeminista del 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, señalaron en el flyer de convocatoria y añadieron: “Traé tus carteles para sencibilziar y visibilizar nuestra lucha”.

De esta manera, las mujeres docentes y no docentes alzarán sus carteles en reclamo de, entre otros puntos, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

En ese contexto, sostienen que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que es una modificación que desconoce la deuda y daría un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado, y en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026.

Al mismo tiempo, el procedimiento es concebido como un tipo de violencia económica que salpicará de lleno al sector educativo en sus diferentes eslabones. 

Por otro lado, desde la Coordinadora de Mujeres y Disidencias Trabajadoras convocaron a toda la comunidad a movilizarse “para defender la democracia, la justicia social y nuestro derecho a vivir sin violencias”.

A través de un breve comunicado, señalaron: “Volvemos a las calles porque sabemos que, históricamente, fue nuestra organización popular la que nos permitió conquistar derechos y enfrentar las injusticias”.

Entre los principales reclamos se encuentran: el ajuste, el empobrecimiento planificado, el avance de los discursos de odio impulsados por el gobierno nacional -acompañados por el gobierno provincial- el desmantelamiento de derechos, “la reforma laboral esclavista, la baja de la edad de punibilidad y todas las políticas públicas de saqueo”. 

Mientras el ajuste avanza, la precarización se profundiza sobre quienes sostenemos la vida en los barrios, en los comedores y en los espacios de cuidado. Ante la feminización de la pobreza, los transfeminismos populares volvemos a ocuparnos de lo colectivo: no vamos a permitir que el odio y el autoritarismo avancen sobre nuestras vidas”, resaltaron en la misiva.

En esta oportunidad, con el lema “Transfeminismos en lucha para que la crueldad no avance”, se concentrarán a las 16 en el Mástil de Posadas, por Junín y Santiago del Estero, para marchar hacia la Plaza 9 de Julio “contra el ajuste y la crueldad”.

Passalacqua trasladó al 9 de marzo el asueto por el Día de la Mujer

 

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Vecinos organizan protesta frente a Samsa por sobreprecios el 11 de marzo

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Vecinos autoconvocados hicieron extensiva la convocatoria a todos los barrios de Posadas para manifestarse contra Samsa el próximo 11 de marzo, ante facturas con sobreprecios y la falta de acceso al servicio en zonas alejadas del centro. 

La concentración iniciará el miércoles a las 18 en la intersección de avenidas Tambor de Tacuarí y Corrientes para luego marchar hacia la sede de Samsa ubicada en avenida López y Planes casi Mitre. 

¡Los vecinos de Posadas decimos ya basta!”, sostiene el encabezado de la breve convocatoria que comenzó a circular por WhatsApp y redes sociales. 

Luego, detalla: “Samsa nos cobra aire por agua, y nos vienen facturas infladísimas. Nos generan deudas impagables, con cargos de desconexión y reconexión ilegales. Las refinanciaciones tienen intereses altísimos más propios de financieras que de una empresa de servicios públicos”.

“Por eso decimos BASTA DE ROBARNOS. Queremos que nuestro reclamo se haga visible.  Convocamos a toda la ciudadanía de Posadas a sumarse. ¡BASTA DE METER LA MANO EN NUESTRAS BILLETERAS!”, concluye.

Convocatoria a manifiestación contra Samsa en Posadas

Altos precios y falta de acceso al servicio

La reconocida empresa privada concesionaria responsable de la producción, distribución de agua potable y la recolección/tratamiento de efluentes cloacales en las ciudades de Posadas y Garupá, en las últimas semanas fue centro de innumerables críticas. 

En este sentido, algunos vecinos comenzaron a exigir un nuevo cuadro tarifario “porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.

“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó un usuario consultado por este medio. 

A su vez, se hicieron presentes quienes a la fecha, en barrios periféricos no logran contar con la regularización del servicio y deben abastecerse mediante la recarga en baldes de cinco litros y tanques. 

Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”

 

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Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”

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Asociación

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras, reclamó al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) por los problemas en el suministro de agua potable y las “facturas cada vez más impagables” de Samsa.

“Siempre nos dicen, del Eprac y la Defensoría del Pueblo, que no reciben ningún tipo de reclamo, cosa que es una gran falacia porque los vecinos tienen notas y comprobantes”, comentó Contreras.

“Estos dos organismos del Estado no le dan respuestas a la gente, no respetan las leyes, los derechos de los usuarios, que dicen las propias leyes que tienen que prestar”, afirmó.

Contreras señaló que la organización civil que preside impulsa un “reclamo que comprende a todos los ciudadanos de Posadas que se encuentren en la órbita de la empresa Samsa”.

Defender presentó este lunes una extensa nota a la titular del Eprac, Soledad Balán, con copia al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, donde se exponen detalladamente “irregularidades” y “abusos” de la empresa proveedora de agua provincial, como “cobros por consumos que no se realizan”, “falta de servicio y/o presión”, “cómputo de consumo”, “costos de reconexión extremadamente altos” y “anatocismo, intereses de intereses”, entre otros.

Tarifas

“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó.

En la nota a Balán, Passalacqua y Romero Spinelli, “exigimos que se haga una nueva tarifa, que se mejore el sistema porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.

“Deberíamos tener una tarifa escalonada y pedimos que se ponga como base mínima 7 metros cúbicos, que se cobre la mitad que es lo que corresponde”, reclamó.

“De este sistema, la manera en que lo llevan adelante, entendemos dos cosas: o son cómplices de que nosotros estemos regalando plata, o nos están incentivando a que despilfarremos el agua”, lanzó.

Contreras responsabilizó a ente a cargo de Balán: “El que ha permitido esto es el Eprac, que tiene el deber, la obligación y las facultades, por la ley, de ver todos estos temas”, acusó.

“La lista de reclamos es larga, tenemos puntos como ‘consumo cero’, donde igual le cobran al usuario una tarifa mínima; los cortes, las reconexiones, los costos impagables; las Carta Documento que les cobran al usuario, pero nunca se envían”, enumeró.

Contreras culpó al Eprac y la Defensoría del Pueblo por “no difundir información sobre la tarifa subsidiada de agua, que por el mecanismo que tiene puede abarcar casi a todos los usuarios de Posadas”.

“La única referencia a esto se encuentra en la página web de la Defensoría en octubre de 2025, y los que deberían difundirlo son el Eprac y la Defensoría, que para eso tienen presupuestos millonarios”, afirmó.

Sobrevivencia

Contreras, incluso, acusó al Eprac, Samsa y la Defensoría del Pueblo de “violar la ley, por acción u omisión”, en lo relacionado a los cortes de suministro de agua en la provincia.

“La ley es clara en todos los aspectos”, aseguró. “En lo formal, para cortarte el servicio tienen que enviarte una notificación del Eprac; después, se abre una instancia de mediación, y después, recién viene la resolución de corte”, explicó y afirmó: “No puede ser unilateral”.

También, aseguró que ni Samsa ni el Eprac cumplen con la legislación vigente que prohíbe a la empresa la interrupción total del servicio en los casos de usuarios morosos.

“La ley dice que tienen que dejar un paso mínimo de agua para abastecimiento y para supervivencia”, dijo Contreras y señaló:” No pueden cortar totalmente, pero tampoco eso cumplen”.

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