Posadas
EBY vs clubes: “Privatizar sectores costeros sería violar el orden público”
El abogado, ex ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y ex asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Sergio Santiago, se pronunció luego de que el organismo intimara a tres clubes náuticos y a un astillero de Posadas a desalojar los terrenos sobre los que se encuentran ubicados, a pocos metros de la bahía El Brete, antes del 31 de diciembre.
Fue en una nota de opinión publicada por el diario digital Misiones Opina, donde recordó: “En Posadas, la historia de las tierras expropiadas por Yacyretá vuelve a interpelarnos. Y es necesario decirlo con claridad: la Entidad Binacional Yacyretá nunca expropió para sí misma, sino por cuenta y orden del Estado argentino, en nombre de la utilidad pública”.
Sobre lo que profundizó: “Esa diferencia no es un tecnicismo: es la clave para entender por qué hoy la privatización de sectores costeros constituye una violación del orden público y una frustración del bien común”.
El tema se apoderó de la agencia pública en los últimos días tras conocerse una carta documento que lleva la firma del abogado Julio Ricardo Skanata, jefe del Departamento de Obras Complementarias de la EBY, mediante la cual notificó la rescisión de los comodatos de 100 años que habían sido otorgados al Club Río Paraná, Club Vairuzú, Liceo Naval y el Astillero Río Libre en 2010.

Carta documento que intima el desalojo del club Vairuzú
La mirada de los clubes
Los tres clubes mencionados cuentan con modalidades similares, abocados a diversas actividades deportivas y náuticas de uso comunitario.
Tras la notificación de un posible desalojo, el director del Liceo, Capitán de Navío Martín Rodolfo Lucero, aseguró a FM Show que: “No estamos en condiciones de desalojar. La Armada Argentina, como históricamente lo ha hecho, se tendrá que sumar y acatar lo que diga la Justicia o la documentación legal que nos obligue -o bien que no nos obligue- a la medida”.
Y añadió: “Entiendo que no habrá ninguna medida fuera del ámbito judicial y legal, bajo la cual nosotros vamos a actuar. Recibidas las comunicaciones formales, si llegaran a existir, analizaremos en consecuencia y se tomarán las medidas que la Armada Argentina entienda corresponder”.
En tanto, desde la comisión directiva del Club de Canotaje Vairuzú, indicaron: “Para nosotros la decisión de la EBY de recuperar terrenos otorgados en comodato significa una gran preocupación. El club desarrolla actividades sociales, culturales y comunitarias que benefician directamente a la población y su restitución implicaría interrumpir proyectos que llevan años de trabajo”.
Por su parte, Adrián Palamarchuk, del club de canotaje Río Paraná, en comunicación con Radioactiva 100.7, señaló: “Tuvimos dos reuniones para ver qué se va a hacer con este tema; nuestra actividad es una parte importante del pilar del canotaje olímpico, ya que todos los años tenemos representante de la tierra colorada tanto en mundiales como en la Selección Argentina”.
Y agregó: “Tenemos un contrato comodato de uso del predio y obviamente tenemos ciertas pautas que respetar, los cuales el club desde el 2013 que está haciendo uso, nunca incumplimos ni uno de esos puntos. Nuestra cuestión hoy por hoy es acercándonos a la entidad y lograr un acuerdo. Según las primeras charlas quieren volver a relocalizarnos”.
La Voz de Misiones intentó comunicarse con directivos de la EBY, desde donde descartaron brindar declaraciones por el momento. Mientras tanto, los clubes evalúan medidas comunicativas, sociales y jurídicas para frenar posibles desalojos.
Legislación
La Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que la propiedad es inviolable y que solo puede ser privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización previa.
Al mismo tiempo, la función social de la propiedad (arts. 14, 17 y 41 CN; arts. 240 y 241 CCyC) impone que los bienes expropiados se integren al proyecto colectivo y no se privaticen en beneficio de unos pocos.
“La privatización de parcelas ribereñas, sin cumplir la finalidad de recomposición urbana o acceso público, constituye una violación del objeto expropiatorio y del orden público constitucional.”, concluye Santiago.
Posadas
Vecinos organizan protesta frente a Samsa por sobreprecios el 11 de marzo
Vecinos autoconvocados hicieron extensiva la convocatoria a todos los barrios de Posadas para manifestarse contra Samsa el próximo 11 de marzo, ante facturas con sobreprecios y la falta de acceso al servicio en zonas alejadas del centro.
La concentración iniciará el miércoles a las 18 en la intersección de avenidas Tambor de Tacuarí y Corrientes para luego marchar hacia la sede de Samsa ubicada en avenida López y Planes casi Mitre.
“¡Los vecinos de Posadas decimos ya basta!”, sostiene el encabezado de la breve convocatoria que comenzó a circular por WhatsApp y redes sociales.
Luego, detalla: “Samsa nos cobra aire por agua, y nos vienen facturas infladísimas. Nos generan deudas impagables, con cargos de desconexión y reconexión ilegales. Las refinanciaciones tienen intereses altísimos más propios de financieras que de una empresa de servicios públicos”.
“Por eso decimos BASTA DE ROBARNOS. Queremos que nuestro reclamo se haga visible. Convocamos a toda la ciudadanía de Posadas a sumarse. ¡BASTA DE METER LA MANO EN NUESTRAS BILLETERAS!”, concluye.

Convocatoria a manifiestación contra Samsa en Posadas
Altos precios y falta de acceso al servicio
La reconocida empresa privada concesionaria responsable de la producción, distribución de agua potable y la recolección/tratamiento de efluentes cloacales en las ciudades de Posadas y Garupá, en las últimas semanas fue centro de innumerables críticas.
En este sentido, algunos vecinos comenzaron a exigir un nuevo cuadro tarifario “porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.
“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó un usuario consultado por este medio.
A su vez, se hicieron presentes quienes a la fecha, en barrios periféricos no logran contar con la regularización del servicio y deben abastecerse mediante la recarga en baldes de cinco litros y tanques.
Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”
Posadas
Asociación reclama por el agua en Posadas: “Nos roban $20.000 a cada usuario”
El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Defender”, Marcos Contreras, reclamó al Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) por los problemas en el suministro de agua potable y las “facturas cada vez más impagables” de Samsa.
“Siempre nos dicen, del Eprac y la Defensoría del Pueblo, que no reciben ningún tipo de reclamo, cosa que es una gran falacia porque los vecinos tienen notas y comprobantes”, comentó Contreras.
“Estos dos organismos del Estado no le dan respuestas a la gente, no respetan las leyes, los derechos de los usuarios, que dicen las propias leyes que tienen que prestar”, afirmó.
Contreras señaló que la organización civil que preside impulsa un “reclamo que comprende a todos los ciudadanos de Posadas que se encuentren en la órbita de la empresa Samsa”.
Defender presentó este lunes una extensa nota a la titular del Eprac, Soledad Balán, con copia al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, donde se exponen detalladamente “irregularidades” y “abusos” de la empresa proveedora de agua provincial, como “cobros por consumos que no se realizan”, “falta de servicio y/o presión”, “cómputo de consumo”, “costos de reconexión extremadamente altos” y “anatocismo, intereses de intereses”, entre otros.
Tarifas
“Nos obligan a pagar por 15 metros cúbicos cuando la mayoría de los casos, 70 boletas de 100, los usuarios no consumen 15 metros cúbicos”, indicó.
En la nota a Balán, Passalacqua y Romero Spinelli, “exigimos que se haga una nueva tarifa, que se mejore el sistema porque esto significa un robo mensual, a la fecha de hoy, de $20.000 por cada usuario”.
“Deberíamos tener una tarifa escalonada y pedimos que se ponga como base mínima 7 metros cúbicos, que se cobre la mitad que es lo que corresponde”, reclamó.
“De este sistema, la manera en que lo llevan adelante, entendemos dos cosas: o son cómplices de que nosotros estemos regalando plata, o nos están incentivando a que despilfarremos el agua”, lanzó.
Contreras responsabilizó a ente a cargo de Balán: “El que ha permitido esto es el Eprac, que tiene el deber, la obligación y las facultades, por la ley, de ver todos estos temas”, acusó.
“La lista de reclamos es larga, tenemos puntos como ‘consumo cero’, donde igual le cobran al usuario una tarifa mínima; los cortes, las reconexiones, los costos impagables; las Carta Documento que les cobran al usuario, pero nunca se envían”, enumeró.
Contreras culpó al Eprac y la Defensoría del Pueblo por “no difundir información sobre la tarifa subsidiada de agua, que por el mecanismo que tiene puede abarcar casi a todos los usuarios de Posadas”.
“La única referencia a esto se encuentra en la página web de la Defensoría en octubre de 2025, y los que deberían difundirlo son el Eprac y la Defensoría, que para eso tienen presupuestos millonarios”, afirmó.
Sobrevivencia
Contreras, incluso, acusó al Eprac, Samsa y la Defensoría del Pueblo de “violar la ley, por acción u omisión”, en lo relacionado a los cortes de suministro de agua en la provincia.
“La ley es clara en todos los aspectos”, aseguró. “En lo formal, para cortarte el servicio tienen que enviarte una notificación del Eprac; después, se abre una instancia de mediación, y después, recién viene la resolución de corte”, explicó y afirmó: “No puede ser unilateral”.
También, aseguró que ni Samsa ni el Eprac cumplen con la legislación vigente que prohíbe a la empresa la interrupción total del servicio en los casos de usuarios morosos.
“La ley dice que tienen que dejar un paso mínimo de agua para abastecimiento y para supervivencia”, dijo Contreras y señaló:” No pueden cortar totalmente, pero tampoco eso cumplen”.
Posadas
Municipal denuncia despido injustificado y bloquea acceso a planta El Zaimán
Luego de trabajar durante 16 años en el área de servicios públicos y recolección de basura, a cargo de la Municipalidad de Posadas, Miguel Machado, denunció públicamente su “despido injustificado” con una protesta y bloqueo de camiones en la base del Zaimán.
La medida comenzó en la mañana de este lunes, alrededor de las 6, en la zona donde funciona el centro operativo centralizado de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicada en la colectora oeste de la ruta 12 a la altura del Zaimán, donde se gestiona el mantenimiento, la higiene urbana, recolección de residuos y talleres.
Al ser consultado por La Voz de Misiones sobre la medida que se extendió a lo largo de dos horas, Machado relató: “Decidí bloquear el ingreso de camiones, motivando al paro de servicios públicos porque me echaron injustamente de mi trabajo y no tengo respuesta del sindicato que nos representa. Llegué a esta instancia porque no me queda otra opción”.
Con estas palabras se refirió al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp), cuyos referentes, durante el transcurso del corte se apersonaron en el lugar junto a otros trabajadores que se desempeñan durante el turno mañana y conforman un equipo que superaría los 100 empleados.
Sin embargo, reconoció: “Muchos compañeros también fueron despedidos, pero no se animan a pelear por su trabajo. Yo decidí pelear porque quiero que me reintegren, es lo único que tengo hace 16 años”.
Y añadió: “Es mi única fuente de ingreso con la que mantengo a mi familia, cuando empecé era joven y sano, hoy con casi 40 años estoy enfermo de trabajar con la basura. No es nada fácil. El intendente quiere tapar todo con un dedo diciendo que ganamos bien y es mentira”.
En este sentido, recordó que en su área se desempeñan de lunes a viernes durante seis horas por un salario que oscila entre los 650.000 y 700.000 pesos mensuales. “Eso nos obliga a ir los sábados y feriados para sumar un poquito más, nosotros lo hacemos porque tenemos familia y hay que mantener”, afirmó.
Al mismo tiempo, resaltó que no reciben la indumentaria específica para la tarea que desarrollan. “Siempre estamos expuestos a agachar la cabeza saliendo a trabajar sin los elementos correspondientes, estamos días de sol, de frío y lluvia. Al intendente no le importa nada lo que nosotros pasamos, ni siquiera sabe quiénes somos”.
Respecto a la enfermedad que habría contraído realizando la recolección sin la protección necesaria, detalló: “Por el momento me dijeron que son manchas en la piel por sarpullidos, como respuesta del cuerpo humano a las partículas de agua podrida que se juntan en las bolsas de basura. Al hacer el servicio de recolección eso salpica permanentemente sobre el cuerpo”.
Previamente a esto, recordó: “En el año 2012 tuve un accidente, sufrí una fractura de fémur. En ese tiempo estaba en negro y estuve tirado durante un año con un clavo de 35 centímetros. Aguantar todo eso para llegar así a los 40 años… Hoy en día siento dolores y así y todo sigo trabajando para que hoy me quieran sacar el pan de mi familia de la noche a la mañana, es muy injusto”.
Hasta el momento Machado no obtuvo respuestas y asegura que del lugar fue retirado por la policía “bajo amenaza”.
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