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Colegio privado cerró cuatro cursos secundarios para 2025 por baja matrícula

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Por no alcanzar las matrículas que exige el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), un colegio privado de Posadas cerró cuatro cursos del nivel secundario para el ciclo lectivo 2025 y los tutores fueron notificados formalmente este lunes.

“Todos los papás estamos desesperados, desilusionados y angustiados porque no se encuentra vacante en ningún colegio a esta altura del año”, expreso Gabriela, mamá de una estudiante de segundo año, en diálogo con La Voz de Misiones.

De acuerdo a lo que explicó la madre a LVM, el SPEPM establece como cantidad mínima 25 alumnos por aula para poder realizar la apertura de las currículas y, ante la baja de matrículas para el próximo año, el Instituto Posadas Educa (IPE) debió cerrar el 1º, 2°, 4° y 5° año del nivel secundario.

“Nos venían diciendo que capaz se cerraba porque no tenían la suficiente cantidad de chicos que le pide el SPEPM y hoy nos dicen que por resolución el organismo los intima a cerrar los cuatro cursos porque no llegan al cupo de 25 alumnos que es lo que solicitan”, detalló la mamá de la adolescente 14 años a LVM.

En esa línea, Gabriela continuó: “Hoy 23 de diciembre nos comunican, si nos hubieran avisado realmente se cierra definitivo en septiembre u octubre, cuando algunos pagamos la matrícula, entonces hubiéramos tenido un poco más de tiempo, por lo menos para poder luchar, ahora ya estamos con la soga al cuello”.

Este lunes las autoridades de la institución, que está ubicada en el centro posadeño, se reunieron con los tutores de los menores, quienes en algunos casos están desde el nivel inicial, para informales que, a pesar de haber solicitado al SPEMP la posibilidad de abrir las asignaturas con los cupos de alumnos inscriptos, no tuvieron una respuesta favorable por parte del organismo.

Sobre la cuestión de por qué no le comunicaron con antelación, la madre relató que el colegio argumentó que estaban esperando que se “inscribieran más chicos, que había algunos en lista de espera y después esa lista no prosperó” y que, además, la institución fue notifica a través de la Disposición 366, con fecha del 17 de diciembre, que los cuatro cursos del nivel secundario quedaban inhabilitados para el ciclo lectivo 2025.

“Mi hija viene desde segundo grado, otros vienen desde jardín, obviamente se separan todos, están tristes, angustiados, en eso tampoco pensó el SPEPM, porque pasaron por arriba los derechos de los chicos”, lamentó la madre.

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El concejal Zarza solicitó extender el horario de Transferencia hasta las 23

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El concejal posadeño Fernando Zarza presentó un proyecto de comunicación para solicitar la ampliación del horario de atención hasta las 23 de las terminales de Transferencias Unam y Quaranta. 

En comunicación con La Voz de Misiones,Zarza explicó que la presentación del proyecto fue el pasado 7 de abril y este jueves, en la última sesión ordinaria del HCD, se aprobó el pase a Comisión.

El edil comentó que “la iniciativa responde a una inquietud de distintos vecinos, trabajadores que salen muy tarde de sus puestos, y de estudiantes de la Unam que tienen que retirarse antes de las clases para no perder el colectivo”.  

El horario de atención actualmente es hasta las 22:00 y, según contó, esto resulta una complicación para un gran porcentaje de ciudadanos que son usuarios de las líneas de transporte público.

“Hay una necesidad de extender la atención de las terminales como mínimo hasta las 23, por eso solicitamos que esté abierto hasta esa hora”, sostuvo.

“Ya en comisión, el presidente de la Comisión de transporte, el concejal (Santiago) Horianski, propuso que el horario se extienda hasta las 00:00 horas. Una vez resuelto veremos qué horario queda acordado”, explicó. 

Según Zarza, que aún no esté habilitada la extensión del horario se debe a una cuestión de ahorro de costos por parte de la empresa.

“El servicio siempre fue deficiente. Hay quejas de los vecinos de Itaembé Guazú porque los colectivos no llegan hasta los barrios y eso genera que, para ir a sus trabajos a las 6 de la mañana, deban tomarse Uber que muchas veces cuenta alrededor de 20 mil pesos”, puntualizó.

La iniciativa se suma al pedido de varios centros de estudiantes y alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, presentado el pasado 9 de abril al intendente Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana Lucas Jardín.

Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23

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Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”

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Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793. 

La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.

Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes. 

Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.

“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.

“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.

Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas

La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.

En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.

El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera

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Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas

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Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. 

En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.

Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”. 

En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis. 

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas

Los principales cambios

Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. 

Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.

Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. 

De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.

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