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Clausuran cancha de Guaraní por usar pirotecnia de alto impacto sonoro

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La Municipalidad de Posadas tomó la determinación anoche, finalizado el partido entre el local y Mitre. A pesar de una advertencia previa, la dirigencia “rompió el cielo” en Villa Sarita.

 

La vuelta de los espectáculos deportivos con público en las tribunas convocó en la noche del miércoles a una jornada histórica en la que Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre -clásico de la capital provincial- disputaron por primera vez un partido oficial en un torneo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En un marco de algarabía, familias enteras convertidas en hinchas coparon las tribunas del estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Los de Guaraní ocuparon en un 70 por ciento su espacio y, en una de las cabeceras, los simpatizantes de Mitre estaban casi a full.

Sin embargo, la fiesta deportiva más importante -desde que comenzó la pandemia- se vio opacada por la utilización de fuegos artificiales con estruendos desmedidos, una acción prohibida expresamente en una norma votada por el Concejo Deliberante que entró en vigencia en Posadas desde el año pasado a través del Decreto 2432/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, que reglamentó la Ordenanza “Posadas Libre de Pirotecnia de Alto Impacto Sonoro”.

Fue segundos antes de que los equipos ingresaran al campo de juego cuando comenzó el show de juegos artificiales. Detrás de una de las tribunas, donde siempre alienta la barra local, el cielo del barrio posadeño de Villa Sarita se iluminó de colores y, con las bengalas, sobrevino el sonido impactante de las bombas de estruendo que trasgredían la norma municipal.

Clausura preventiva

Mientras adentro del estadio todo era alegría, afuera “varios vecinos de la zona se comunicaron con la Dirección de Control Comunal y al número para denunciar ruidos molestos”, explicó el secretario de gobierno de la Municipalidad, Juan Pablo Ramírez, en una entrevista, hoy jueves, con Radio Libertad.

Entonces, finalizado el partido, inspectores del área de Medioambiente y de la Dirección de Control Comunal de la Municipalidad se hicieron presentes en el estadio y “se determinó la utilización de pirotecnia de alto impacto sonoro ante lo cual se procedió a labrar actas de infracción y de clausura preventiva luego de la finalización del evento deportivo”, explicó Ramírez.

Caso omiso

Para la sanción de la ordenanza que convierte a la ciudad de Posadas en un territorio con regulación específica en espectáculos que incluyan pirotecnia, se involucró un importante número de actores sociales que impulsaron aquel reclamo.

Familiares de personas con padecimientos específicos (síndrome rett o autismo), asociaciones protectoras de animales, ex combatientes de Malvinas y protectores del ambiente dieron fundamento a la legislación que incluyó un estudio de impacto sobre los decibeles que generan los cohetes y determinó, además, en qué lugar de la ciudad se podían realizar.

En la previa del partido de anoche, ya desde el mediodía, vecinos advirtieron a las autoridades municipales sobre la utilización de bombas de estruendo en la zona de estadio de Guaraní y, entonces, los inspectores tomaron nota y acudieron al lugar de manera preventiva.

“Optamos, preventivamente, ante una jornada o evento de estas características, sumado a las denuncias de los vecinos, efectuar una inspección para recordar que está vigente esta ordenanza que se ha sancionado y reglamentado el año pasado”, explicó Juan Pablo Ramírez, dejando en evidencia que los dirigentes del Club Guaraní Antonio Franco, encabezado por su presidente, Patricio Vedoya, hicieron caso omiso de la advertencia realizada por los funcionarios.

El caso está en manos del Tribunal de Faltas Municipal que deberán determinar si continúa la clausura preventiva del estadio y si le cabe al club alguna sanción monetaria por la contravención en la que incurrieron y de la que, inclusive, fueron advertidos.

Mamá reclama

A una cuadra de la cancha de la Franja vive Sandra Delgado, una vecina que acompañó el proceso para la sanción de la ordenanza de pirotecnia. Ella es mamá de una adolescente de 15 años con síndrome de Rett, una condición que tiene como uno de sus principales enemigos los estruendos de las bombas.

“Yo llamé temprano para advertir que usaban bombas excediendo lo permitido. Le escribí al intendente y al gobernador para que tomen nota”, advirtió.

Al ser consultada sobre las consecuencias de los sonidos estrepitosos en la condición de su hija, detalló: “Causa un desorden general, nerviosismo, desesperación. Mi hija quiere escapar sin saber a dónde. Todo lleva a una inestabilidad emocional que puede terminar en convulsión”.

La mamá, que salió en varios medios locales a contar su experiencia, espera sanciones ejemplificadoras que lleven a comprender la importancia de respetar la ordenanza “para poder convivir todos, más allá de una fiesta deportiva”.

Posadas

Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

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Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida. 

A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años. 

El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones

Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.

Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”. 

Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.

El caso

Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.

La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.

La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

Antecedentes 

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.

El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.

En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.

Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.

El desalojo

El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.

“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.

Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.

Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.

Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.

Antecedentes

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

El reconocido historiador Leo Duarte busca recaudar $1.500.000 para la operación de su esposa Mercedes, quien necesita una placa de titanio en la muñeca izquierda para recuperar la movilidad tras un accidente. A quienes ayuden a juntar la suma necesaria, “como muestra de agradecimiento”, recibieran un libro.

El pasado miércoles 16, Mercedes regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta, cuando un auto marca Fiat Palio blanco la atropelló en el barrio Itaembé Miní, en la intersección de las avenidas Arturo Jauretche y 170.

A raíz del impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto y el conductor del Fiat Palio se dio a la fuga del lugar sin asistirla.

La dejó tirada ahí y se fue, unos vecinos la socorrieron, ella volvió otra vez con la moto, asustada, vio que era un palio blanco, patente 836, pero no se acuerda mucho, son vagos los recuerdos que tiene del accidente”, contó el historiador posadeño en conversación con La Voz de Misiones.

En esa línea, el creador de la reconocida página de Facebook Posadas del Ayer precisó que su esposa sufrió fractura en cuatro partes de la muñeca izquierda y “le tienen que poner una placa de titanio, para que pueda recuperar la movilidad otra vez, igualmente la mano no va a quedar lo mismo, se le va a complicar mucho mover la mano”.

Para la operación, el matrimonio consiguió turno en el hospital Madariaga para dentro de seis meses. Sin embargo, es un tiempo que no pueden esperar, ya que Mercedes tiene un emprendimiento de churros y “es parte del sostén de la familia”, dijo Leo Duarte.

Ante esta situación, decidieron recaudar la suma de $1.500.000 para que Mercedes pueda operarse lo antes posible y recuperar la movilidad de su brazo izquierdo que tiene por completo enyesado y, a quienes decidan ayudar, a cambio el historiador le regalará un libro.

Número de Leo Duarte para ayudar: 3764600987

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