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Bencivenga deja Posadas y se queda donde le otorgaron aumentos

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El llamado a licitación de las cuatro líneas de la empresa Bencivenga, confirmó que la empresa del  grupo empresarial Río Uruguay dejará de prestar servicio en el transporte público de Posadas.

Bencivenga ya había adelantado la noticia a través de su apoderado legal, Juan Manuel Fouce, que el 27 de diciembre presentó una nota en el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Transporte y la Municipalidad de Posadas, para reiterar “la denuncia por incumplimiento” y responsabilizándolos de la paralización de sus servicios.

El escrito, dirigido al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; al subsecretario de Transporte, René Kegler; y al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, acusa al gobierno provincial y a la Municipalidad de Posadas de “los daños ocasionados a la empresa”, intima el pago de lo adeudado en concepto de subsidios y amenaza con acciones legales.

El mismo titular del grupo empresarial, Darío Skrabiuk, relató, posteriormente, en declaraciones periodísticas, el trasfondo de la situación que lleva a la empresa a no continuar la concesión en la capital provincial.

“El 31 de diciembre desaparece Bencivenga de Posadas”, había anunciado Skrabiuk unos días antes de fin de año.

El empresario apuntó contra el gobierno provincial y la comuna posadeña, y habló de un “complot” para favorecer a las empresas del Grupo Z.

“La provincia lleva 14 meses de deudas atrasadas, otro tanto la municipalidad”, afirmó Skrabiuk y contó que “desde el mes de agosto existe una deuda por parte de Nación, vinculada al fideicomiso del uso de los pasajes y esto está vinculado a que la provincia manda tarde los informes y por eso no abonan lo que corresponde”.

Skrabiuk precisó que lo adeudado por la provincia suma más de $2 mil millones y describió un rosario de inconvenientes derivados del atraso en el pago de los subsidios, como problemas para cubrir la masa salarial, el mantenimiento de las unidades y la logística del servicio.

“Hoy tenemos muchas dificultades para abonar los salarios y sabemos que serán afectadas más de 100 familias”, lamentó Skrabiuk y aseguró: “Sabemos que estos empleados no serán absorbidos para trabajar en las empresas del Grupo Z”.

“Nuestros choferes realizan constantes capacitaciones en atención al público, en primeros auxilios y en atención al turista”, destacó Skrabiuk.

“La deuda es un tipo de castigo por el buen trabajo que hacemos”, opinó y argumentó: “Somos una empresa que tiene unidades de colectivos limpias, todas con aire acondicionado, puntuales y con asientos cómodos, y eso claramente molesta al Grupo Z”.

Skrabiuk comentó que un sondeo encargado por la empresa entre los usuarios de colectivos de Posadas, arrojó una alta valoración del servicio prestado por Bencivenga.

“Hicimos una encuesta de manera privada con usuarios de diferentes barrios, y los usuarios quieren y reconocen el servicio, y que cuando viajan con otras empresas viajan como animales, sin aire, todos apretados, con frecuencias que varían en los horarios o con tiempo de espera prolongados”, afirmó.

La licitación

El municipio abrió en agosto pasado la licitación pública Nº 01/2023 para la concesión de las cuatro líneas operadas por Bencivenga y dos de Don Casimiro, cuya apertura de sobres se realizará el próximo 26 de febrero en la sede del gobierno municipal.

Para cuando el municipio abrió el proceso licitatorio, la empresa de Skrabiuk había resuelto ya no renovar la concesión del servicio, y el mismo empresario lo reconoció en declaraciones periodísticas, donde cargó contra la licitación de sus líneas y renovó sus acusaciones contra el gobierno provincial, la municipalidad y el Grupo Z.

El propietario de Río Uruguay argumentó con el atraso de los subsidios y la “competencia desleal” que le suponen las empresas de la familia Zbikoski, aunque fuentes del municipio aseguran que Skrabiuk tomó la decisión de dejar Posadas disconforme con el precio del boleto en la ciudad.

“De hecho, fijate que Río Uruguay continúa prestando servicios en las ciudades donde el precio del boleto se acercó más a sus pretensiones, como Iguazú y Apóstoles”, sugirió un funcionario de la Secretaría de Movilidad Urbana, de la Municipalidad de Posadas.

La fuente aseguró a LVM que Skrabiuk pretendía un boleto a $450 y no los $270 del último aumento autorizado por la comuna.

A las piñas

La rivalidad de Skrabiuk con los hermanos Zbikoski, propietarios de Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, las otras tres firmas que prestan el servicio de transporte urbano en Posadas, se remonta a 2017, cuando Río Uruguay compra Bencivenga y empieza a operar las líneas 14, 16, 23 y 28, que conectaban la zona oeste de la capital provincial.

El primero de los conflictos se presentó por el ingreso a la Terminal de Transferencia de Quaranta, con acusaciones cruzadas entre Skrabiuk y Zbikoski.

En concreto, Bencivenga acusaba al Grupo Z de no permitir el acceso de sus colectivos a la estación de transferencia, pero del otro lado se remarcaba la negativa de Skrabiud de compartir las inversiones que significan operar la terminal.

Documentos a los que accedió La Voz de Misiones dan cuenta que el grupo empresario de los hermanos Zbikoski envió al grupo de Skrabiuk una serie de notas en ese sentido.

Otro de los problemas entre ambos empresarios se suscitó cuando Bencivenga acusó al Grupo Z, propietario de la firma Servicios Urbanos que administra la tarjeta SUBE Misionero y el sistema para el pago a través del Código QR, de no suministrarle los equipos y software.

En un comunicado publicado en septiembre pasado, Bencivenga habló de un “ostensible acto de discriminación” por parte de Servicios Urbanos.

“Servicios Urbanos SA en octubre de 2020 invitó a Bencivenga a sumar este servicio a sus usuarios. Siempre con respuestas negativas”, contestó entonces el Grupo Z.

La rivalidad entre ambos grupos escaló a tal punto, que Marcelo Zbikoski y Skrabiuk se agarraron a trompadas la noche del martes 4 de julio, durante una reunión en la sede de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), ubicada en la avenida Mitre casi López Torres, en Posadas.

En ese marco, los empresarios se embarcaron en una discusión que fue subiendo de tono hasta que se trenzaron a golpes, y si bien ninguno quiso referirse al episodio, las fotografías viralizadas en las redes mostraban las secuelas de una pelea en la que, a juzgar por las imágenes, Skrabiuk llevó las de perder y terminó con grandes moretones en el ojo izquierdo y la oreja derecha.

 


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La protesta policial crece en manifestantes y se suman docentes al reclamo

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protesta policial

“Anoche éramos unas 5.000 personas acá, ahora debemos ser 6.000, porque hay camaradas que siguen bajando desde diferentes puntos de la provincia”, estimó este mediodía Germán Palaveccino, uno de los voceros de la protesta policial que desde el viernes a la madrugada concita la atención del país en Posadas.

Los uniformados, tanto activos como retirados, amanecieron frente a la dependencia policial ubicada sobre la avenida Uruguay, sobrellevando el frío al calor de ollas populares y a la convicción de continuar con la medida hasta que el gobierno provincial realice un ofrecimiento salarial conforme a las expectativas. 

Ni siquiera las amenazas de una posible intervención de las fuerzas federales, con lo cual la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estrenaría su “protocolo anti-piquetes” fuera de Ciudad de Buenos Aires, amedrenta a los manifestantes que reclaman un aumento salarial para que los agentes recién iniciados “superen la canasta básica”.

Sería irracional que intervengan las fuerzas federales. Nuestro reclamo no es político, es salarial. Entendemos que la legitimidad del gobierno que fue votado por la gran mayoría del pueblo. Por eso pedimos recuperar el diálogo y que cesen las acciones que criminalizan este reclamo. Acá no hay ánimos sediciosos”, sostuvo a La Voz de Misiones Palaveccino, quien además reiteró que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicios con normalidad.

A fin de apaciguar aún más las aguas, el vocero y referente de la mesa diálogo policial junto al suboficial retirado Ramón Amarilla, afirmó que ningún agente activo que forma parte de la protesta está armado. “Hemos dispuesto de un lugar especial para guardar las armas de los agentes activos, así preservamos la seguridad y evitamos cualquier tipo de incidente”, tranquilizó.

Grupos de docentes trasladaron su propio reclamo a la avenida Uruguay y se sumaron a los policías. FOTO: Fernando Oz.

En paralelo, al acampe de policías se sumaron grupos de docentes dispuestos a acompañar la medida y trabar fuerzas para lograr una mayor visibilización del conflicto salarial que también los aqueja. 

“Estamos acá desde anoche, acompañando y haciendo visible nuestro reclamo. Los maestros estamos con un sueldo de 240.000 pesos. Es una miseria. La provincia se está incendiando porque los empleados públicos cobramos muy mal”, sumó Romina Sartori, una docente que vino desde Bonpland para dar el presente en la manifestación.

Protesta y comité de crisis

La protesta policial comenzó el viernes a las 3 de la madrugada, cuando uniformados retirados, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), levaron el acampe de tres días que efectuaban frente a la Jefatura y los agentes activos decidieron profundizar la medida de fuerza.

Así fue como se cruzaron los primeros patrulleros que interrumpieron el tránsito sobre la avenida Uruguay, se encendieron las primeras cubiertas y se hicieron sonar las sirenas.

Al poco tiempo, se sumaron más y más uniformados, de manera tal que la ciudad amaneció con policías rodeando el comando.

En paralelo, la Justicia recibió al menos tres denuncias por diversos delitos considerados en flagrancia durante la protesta, lo cual motivó la intervención del fiscal René Casals y el juez Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis, el cual firmó una orden de desalojo, aunque la medida hasta el momento no se efectivizó.

“Acá no hay ánimos sediciosos”, afirmó Germán Palaveccino, vocero de la protesta.

Para la noche, en tanto, se conoció que el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, acudió a la Nación para solicitar la conformación de un comité de crisis para diagramar estrategias de acción tendientes a recuperar la “seguridad interior” de la provincia.

El pedido tuvo respuesta positiva de parte y dicho comité fue conformado con la ministra Patricia Bullrich como presidenta, el gobernador Hugo Passalacqua como co-presidente y los titulares de todas las fuerzas federales como integrantes activos.

La resolución puso a disposición de las autoridades a todas las fuerzas federales para que actúen cuando se lo requiera.

Anoche, los trascendidos indicaban que había al menos 200 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de Rosario que estaban “aprestos” a desembarcar en la capital misionera para recuperar el orden y aplicar el protocolo antipiquetes, pero hasta el momento nada de ello sucedió.

“Un enfrentamiento entre fuerzas podría ser muy grave”, alertó esta mañana Ramón Amarilla, durante un diálogo con C5N desde la protesta.


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Bullrich y Passalacqua encabezan comité crisis por protesta policial

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protesta policial

Un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación revela que, tras la protesta policial iniciada esta madrugada en Posadas, se conformó un comité de crisis que será encabezado por Patricia Bullrich y el gobernador Hugo Passalacqua, quienes ahora tendrán a su disposición todas las fuerzas federales para intervenir en el conflicto con el objetivo de “restaurar la seguridad interior” en la tierra colorada.

En la resolución argumentan que fue el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, el que acudió a Nación con el objetivo de conformar un comité de crisis para disponer de los recursos necesarios para intervenir en el conflicto y diagramar estrategias de acción.

“En tal sentido, y atento a las competencias asignadas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, resulta oportuno y conveniente convocar al COMITÉ DE CRISIS, a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de la PROVINCIA DE MISIONES”, fundamentan desde la cartera que dirige Bullrich.

De esta manera, resolvieron el armado del mencionado comité de crisis, el cual será presidido por la propia Bullrich y copresidido por el gobernador Passalacqua, al tiempo que estará integrado por los titulares de todas las fuerzas federales, es decir: Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Una decena de móviles policiales ya son parte de la protesta que lleva más de 18 horas activa.

Según lo dictaminado, ambas autoridades serán quienes “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. También “podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto”.

La resolución, a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso, además dispone que “la comunicación pública de las acciones, planes y resultados que surjan como producto de las operaciones de seguridad interior llevadas a cabo por el COMITÉ DE CRISIS serán brindados de manera unificada y oficial por el MINISTERIO DE SEGURIDAD y la Gobernación de la PROVINCIA DE MISIONES”.

La medida entró en vigencia a partir de la firma de la resolución y se mantendrá activa hasta “se restablezca la seguridad en la provincia”.

“Hasta las últimas consecuencias”

Mientras tanto, frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas, ubicado sobre la avenida Uruguay, la protesta continúa y conforme al paso de las horas suma participantes, incluido quienes llegan desde otros puntos de la provincia y ya avisaron que no piensan abandonar la medida de fuerza.

Nuestro reclamo es netamente salarial. Acá no pedimos la cabeza de nadie. No tenemos intereses políticos, solo queremos sueldos dignos y por eso vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias. Esto se va a terminar cuando el gobierno vuelva a dialogar con nosotros”, expresó ante la masa el policía retirado y referente de la mesa diálogo Ramón Amarilla.

El policía retirado Ramón Amarilla es uno de los representantes de la mesa de diálogo.

El vocero de los uniformados en protesta además sostuvo que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicio con normalidad. El tránsito sobre la avenida Uruguay, en tanto, continúa interrumpido, con cubiertas desparramadas por la acera y al menos 10 móviles policiales que activan sirenas para celebrar la llegada de más y más camaradas.

En las veredas lindantes, por su parte, cada vez hay más gazebos y carpas de manifestantes que se preparan para pasar la noche frente a la dependencia policial. Todo eso sucede en medio de una tensa calma cuyo pulso se mide a partir de las diferentes versiones que corren respecto al posible accionar de fuerzas federales para cumplir con la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Desde el gobierno, en tanto, hicieron trascender que el lunes se anunciarán aumentos para toda la administración pública, lo cual alcanza a docentes, médicos, policías y penitenciarios, aunque no precisaron porcentajes.


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Protesta policial en Posadas: “El juez dijo que va a tratar de interceder”

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protesta policial

Las autoridades judiciales en turno en Posadas se presentaron este mediodía en la protesta policial que se desarrolla frente al Comando Radioeléctrico I sobre la avenida Uruguay y tras una breve reunión con referentes policiales acordaron intermediar con el gobierno antes de librar la orden de desalojo.

“Charlamos con el doctor, él nos conoce. Vino a interiorizarse de la situación. Nos comentó que tiene la orden de desalojo sobre su despacho pero que aún no la firmó. Nosotros le respondimos que agotamos todas las vías posibles pero nos cortaron el diálogo y solo recibimos represalias o traslados. Nos respondió que va a tratar de mediar con el ministro de Gobierno para que esto se resuelva de la mejor manera posible”, refirió el policía retirado Ramón Amarilla respecto a la conversación mantenida con el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis.

En el lugar también estuvo presente el fiscal René Casals, quien junto al juez Balor y a los referentes de la mesa de diálogo policial se reunieron en una oficina contigua a la dependencia policial ubicada sobre avenida Uruguay y calle Félix Bogado.

“Al doctor también le comentamos que el comando no está tomado. La dependencia policial está prestando servicios normalmente. Queremos llevar esa tranquilidad también al pueblo posadeño”, añadió Amarilla.

Luego de la reunión con las autoridades judiciales, el policía retirado y referente de la mesa de diálogo policial se pronunció ante los manifestantes que cortan el tránsito sobre la avenida Uruguay para poner en conocimiento de todos los ítems de la charla, donde alentó a continuar con la medida de fuerza y “resistir” en caso de que se concrete el desalojo.

La protesta frente al Comando Radioeléctrico I comenzó esta madrugada.

Protesta y orden desalojo

La protesta frente al Comando comenzó esta madrugada, cerca de las 3, cuando los primeros grupos en protesta llegaron hasta la dependencia policial ubicada sobre la avenida Uruguay y calle Félix Bogado. La medida fue decidida tras tres días de acampe frente a la Jefatura.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la Justicia recibió una denuncia por la usurpación de la dependencia policial y otros delitos considerados en flagrancia, entre los cuales podrían incluirse “daños”, “alteración del servicio de comunicaciones y transporte”, “incendio” e “intimidación pública”.

La denuncia radicada apuntó contra retirados y agentes activos de la fuerza provincial quienes además de pasar a la acción en horas de la madrugada a través de redes sociales realizaron convocatorias a nombre de jefes de unidad que apuntaban a “parar la Policía” como completo.

“Independiente del corte del tránsito y de la usurpación de la dependencia policial, acá cubiertas prendidos fuego. Eso también representa un riesgo de incendio de arsenal que se guarda en el lugar”, alertó una fuente consultada por este medio.

En este contexto, la Justicia ya dispuso medidas concretas: el desalojo de la protesta, la liberación del tránsito sobre la avenida Uruguay y el recupero de los móviles que fueron tomados por manifestantes policiales.

Las fuentes explicaron que para llevar adelante la medida se podría utilizar un grupo especial de la propia institución o bien podría intervenir una fuerza federal.


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