Posadas
Abogada sobre caso Tablado: “No tiene herramientas para reinsertarse en la sociedad”
La abogada y activista por los derechos de las mujeres, Florencia González habló con La Voz de Misiones sobre como atraviesa el colectivo feminista el hecho de que el femicida Fabián Tablado se radique en la ciudad de Posadas.
“Se generó una situación bastante angustiante, si se quiere, no solamente para el movimiento feminista, sino que, para todas las mujeres, para los vecinos y vecinas de la ciudad de Posadas, porque no deja de ser una situación alarmante teniendo en cuenta los antecedentes de esta persona”, comenzó la letrada.
González reconoció que la noticia la puso en un conflicto personal, por un lado, está “mi lugar de activista por los derechos de las mujeres”, y por otro, “no puedo dejar de lado mi rol profesional”.
“Este hombre tiene derecho a una vivienda, eso no lo podemos negar, porque dejar de lado esa cuestión sería invisibilizar los derechos humanos”, argumentó, al tiempo que puso el foco en la necesidad de gestionar políticas públicas efectivas: “Que no sea demagogia la problemática de la violencia hacia las mujeres”.
La activista sostuvo que la problemática no termina con una “condena cumplida, en este caso el hombre cumplió una condena efectiva dentro de la cárcel”, dijo y cuestionó: “¿Pero qué hacemos con una persona que ha tenido prácticas de violencia sistemáticamente?”.
En esa línea, la abogada detalló el prontuario de Fabián Tablado: “No solamente el caso paradigmático de las 113 puñaladas, sino que sabemos que posteriormente, durante el cumplimiento de su condena, también ejerció violencia hacia una novia que tuvo dentro del penal, de hecho, por eso se le alargó la condena; cuando salió tuvo situaciones de violencia con una pareja en Córdoba”.
Con esos antecedentes, la activista analizó la actualidad del femicida de Carolina Aló. “Si bien se cumplió una condena, hay una sentencia judicial, no hay una recapacitación por parte de este hombre respectos a sus hechos o actos violentos”.
“Es necesario repensar políticas públicas en donde hablemos de un acompañamiento, de un equipo interdisciplinario que haga un seguimiento psicológico, un asistente social, un psiquiatra en caso de ser necesario, para ir viendo y evaluando esta conducta”, sostuvo Florencia.
En ese punto, la mujer recordó como nació la Ley Micaela, número 27.499, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
“Así, hoy por hoy, tenemos infelizmente la Ley Micaela García. Una persona que, si bien no había cumplido una condena, pero estaba en libertad condicional por haber cumplido los requisitos legales, sale y a los dos días mata a Micaela”.
“La realidad es que nos tenemos que terminar cuidando entre nosotras, porque no hay una herramienta efectiva para protegernos de este tipo de situaciones”, enfatizó la activista.
Con respecto al hecho de que el femicida Tablado se instale en la capital misionera, Florencia sostuvo: “Yo puedo decir desde mi lugar como mujer y feminista que no, que la provincia o que la ciudad no lo instalen, pero acá hay que mirar más allá del árbol, porque puedo decir que no se instale en Posadas, pero se va a ir a Iguazú, a Córdoba y el problema de raíz sigue siendo el mismo, es que no tiene las herramientas para reinsertarse en la sociedad”.
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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