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Yamila Ruiz mandó Carta Documento a Greenpeace “por faltar a la verdad”

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La diputada nacional del Frente Renovador de la Concordia Social, Yamila Ruiz, del bloque de Innovación Federal que los misioneristas integran junto a otros parlamentarios de fuerzas provinciales, aparece señalada en una publicación de la organización ambientalista internacional Greenpeace entre “los legisladores que todavía no se enteraron que el medio ambiente está en peligro con la Ley Ómnibus”.

Esta situación fue desmentida por la legisladora misionera que confirmó a La Voz de Misiones que envió una Carta Documento a la organización ambientalista de origen canadiense “por faltar a la verdad”.

Ruiz se excusó en dar más detalles, alegando que se encontraba en una reunión de bloque de cara a la sesión preparatoria de la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento está previsto para mañana a las 10 en el Congreso.

Lo publicado

La publicación que se difunde en la cuenta de Greenpeace Argentina en Instagram forma parte de una campaña de la organización contra el paquete de reformas del gobierno, titulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y conocido como Ley Ómnibus, que modifica varias normativas como la Ley de Bosques, la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares.

“Más de 100 mil argentinos firmaron para salvar las leyes ambientales. Pero algunos diputados todavía ‘no se enteraron’ que el medio ambiente está en peligro con la Ley Ómnibus”, reza la portada de la campaña del capítulo argentino de la organización internacional de origen canadiense.

“Mirá quienes son”, apunta la imagen y despliega un listado con el nombre y la foto de 29 diputados: Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), integrado entre otros por la puertista obereña Florencia Klipauka; el ex funcionario kirchnerista Florencio Randazzo, también de HCF; Martín Menem, de La Libertad Avanza, presidente de la Cámara de Diputados; José Luis Espert, de Avanza Libertad, titular de la Comisión de Presupuesto, una de las que trabajó el dictamen del proyecto de ley; los radicales Facundo Manes, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Ana Carla Carrizo y Soledad Carrizo; los macristas Héctor Baldassi, Cristian Ritondo, Silvia Lospenato; Germán Martínez, de Unión por la Patria (UxP); Carolina Píparo, de Buenos Aires Libre; Paula Omodeo, de CRED; Gabriel Bornoroni, de LLA; Emilio Monzó, Nicolás Massot y Juan Manuel López, de HCF; Agustín Fernández, de Independencia (ex UxP); Oscar Zago, de LLA; Alvaro Martínez, de Unión Mendocina; Sergio Edgardo Acevedo, de Por Santa Cruz; Nancy Viviana Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Natalia de la Sota, de HCF; Nicolás Mayoraz, de LLA; y tres legisladores de Innovación Federal, Pamela Calletti, Agustín Domingo y la misionerista Ruiz.

El posteo guarda relación con la campaña de firmas de Greenpeace contra el proyecto legislativo del gobierno, disponible en el sitio: www.salvalasleyesambientales.org, que según contabiliza el reloj de la página ya firmaron unas 134.878 personas.

“La Ley Ómnibus avanza contra el medio ambiente. No podemos permitir que destruyan nuestros bosques, glaciares y humedales”, dice el texto de la publicación.

“Las normas que pretenden modificarse fueron el resultado de largos debates democráticos y no deben cambiarse en beneficio de sectores corporativos, lo que provocará la destrucción impune de bosques y glaciares, entre otros ecosistemas”, señala.

La publicación invita a firmar la petición y pide a los usuarios: “¡Exigiles (a los diputados) con tu firma que no destruyan nuestros bosques y glaciares!”.

Los peligros

El petitorio es parte de las acciones impulsadas por Greenpeace en las redes para advertir y frenar la sanción de la Ley Ómnibus e impedir que se modifique la legislación ambiental del país.

Señala Greenpeace que la Ley 26.331 “es una herramienta importantísima”, que ha contribuido a la protección de la masa boscosa del país, disminuyendo “notoriamente” la deforestación, en relación “a la década previa a la ley”.

La organización ambientalista advierte que la modificación del artículo 26, propuesta por el gobierno, “habilita el desmonte en todas las categorías de zonificación” protegidas por la ley.

“Haría legal o blanquearía crímenes ambientales, desaparición de especies en peligro de extinción, agravaría la crisis climática, exterminaría culturas y especies que subsisten en los bosques, y destruiría la potencial cura de enfermedades y los alimentos que nos brindan los bosques”, denuncia.

“Permite a los productores realizar cortafuegos y acciones hoy vedadas por la legislación; el Fondo de Bosques Nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin”, puntualiza.

Asimismo, Greenpeace Argentina indica que la reforma que propone el gobierno de la Ley de Quema 26.562, “autoriza” encender fuego sin necesidad de una autorización expresa de las autoridades.

“La modificación agrega que esa autorización, una vez solicitada, deberá expedirse en el plazo de 30 días y si esto no sucede, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”, explica.

Sobre la Ley de Tierras 26.737, que limita la titularidad y posesión de suelo a personas físicas y jurídicas extranjeras a un 15% del total, la organización canadiense específica que  la derogación propuesta en el DNU presidencial del 20 de diciembre, “habilita la entrega a otros países, a corporaciones económicas y financieras el acceso a tierras para intervenirlas, amenazando aún más los bosques con proyectos incompatibles con la preservación de estos frágiles ecosistemas”.

“Pone en riesgo bienes públicos esenciales para el bienestar social, ambiental y económico, como el agua”, argumenta.

En cuanto a la Ley para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, Greenpeace sostiene que las modificaciones establecidas en la Ley Ómnibus “elimina la prohibición a la actividad minera y petrolera” en estas zonas, y “elimina la definición del ambiente ‘periglacial’ que funciona como área reguladora para la conservación del agua congelada que conserva el glaciar”.

“En términos prácticos, elimina por tanto un aspecto esencial para la conservación de los glaciares, llegando al absurdo de que el título de la ley deja de tener sentido”, argumenta.

“Ley Ómnibus da cuenta de un conjunto de regresiones ambientales inaceptables que en nada benefician ni a Argentina, ni a la crisis ecológica que vive el planeta”, advierte la organización ambientalista y remata: “Se trata de una modificación sin precedentes, que atenta contra los principales mecanismos de defensa de nuestros bosques y glaciares, abriendo peligrosamente la puerta a la destrucción de estos ecosistemas”.

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Senadores misioneros rechazaron cinco decretos de Milei

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Por mayoría, la oposición logró rechazar cinco decretos del presidente Javier Milei, oficializados en la última semana a través de sus facultades delegadas. De los legisladores misioneros presentes los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra de todas las normativas de decreto, mientras que Martín Goerling (PRO) decidió acompañar las medidas libertarias.

De esta manera, el Senado se opuso a la intervención de organismos públicos autárquicos que fueron absorbidos por carteras del Ejecutivo. Lo que implicó el rechazó a los decretos 351/2025 del Banco Nacional de Datos Genéticos, el 340/2025 de Marina Mercante y el 345/2025, correspondiente al Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Al mismo tiempo, enfrentaron los decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 de Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el 462/2025 correspondiente al Inti, Inta, Inpi, ARICCAME, Inase e INV.

Los cambios

A pesar de la decisión del Senado sobre los decretos presidenciales, que el Gobierno tomó en el marco de las facultades administrativas delegadas por el propio Congreso, muchos de los organismos involucrados sufrieron este mes sensibles transformaciones que no serían revertidas.

Entrevistado por Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aclaró: “Por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”.

En este sentido, las intervenciones más concretas se dieron en los organismos históricos y culturales alcanzados por el decreto 345: en el último mes, se designó a Federico Brunetti como director del Instituto Nacional del Teatro y a Fernando Ferreyra como titular de la Comisión Nacional de Monumentos, institución que define si un inmueble es protegido al considerarlo patrimonio histórico. Los dos espacios eran autárquicos hasta este año y pasaron a quedar bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, intervenida por el decreto 461, cuyos profesionales serán reemplazados por personal de Gendarmería Nacional, sufrió esta semana (por decreto 585) el cierre de la Dirección de Campañas -de capacitación de agentes-, el Sistema Nacional de Infracciones -registro único de faltas a nivel federal- y la Línea 149 -de asistencia a víctimas viales-.

Paralelamente, el pasado lunes se disolvió la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con el decreto 584, ahora absorbido por el Ministerio de Economía.

Respecto al Inta, tras la eliminación del rol de Dirección Nacional en agosto pasado, alcanzado por el decreto 462, las intervenciones sobre este organismo, además de Vialidad Nacional, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, fueron detenidas luego de que la Justicia dé curso a apelaciones de organismos sindicales, paralizara temporalmente los efectos de los decretos presidenciales.

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Legislatura rechazó pedido para investigar conflicto territorial en Colonia Polana

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La Legislatura rechazó el proyecto de comunicación del diputado provincial por el Partido Libertario, Javier Mela, para que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, intervenga en la disputa de tierras privadas que se conoció esta semana en Colonia Polana, a raíz de una investigación periodística de La Voz de Misiones.

El trámite del proyecto no tuvo debate en el recinto y solo contó con la presentación que hizo Mela, tras lo cual sobrevino la votación, que registró 24 votos a favor y 12 en contra.

“Quiero plantear la intervención del gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, por un conflicto, que ha tomado estado público, entre las autoridades comunales de Colonia Polana y los herederos de un predio de 100 hectáreas”, presentó el tema el legislador.

Mela relató los pormenores de la disputa entre los hermanos Llanos y la familia del presidente del Concejo Deliberante local, Raúl Francisco Núñez, que mediante un boleto de compra venta, supuestamente apócrifo, ocupa actualmente la propiedad.

“Esta es una situación de absoluta anomalía, de nepotismo”, opinó Mela y argumentó: “Nos da la sensación de que tenemos que intervenir como Poder Legislativo y explicar a la familia Llanos que en la provincia de Misiones rige el Estado de derecho”.

El legislador valoró que “el gobierno provincial haya desplazado al funcionario de la comisaria de Colonia Polana que hostigaba a los Llanos” y lo consideró “un avance”, pero opinó que “bien podría intervenir el subsecretario de Asuntos Municipales para darle garantías a la familia, solidarizarnos con ellos frente a una situación de total atropello”.

 

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Política

La concejal del Falcon verde será reubicada en una escuela para adultos

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La docente y concejal electa de La Libertad Avanza (LLA) en Montecarlo, Patricia Buckmayer, sumariada por el Consejo General de Educación (CGE) por su posteo en Facebook del Falcon verde de la dictadura con “el baúl mejorado para acarrear zurditos llorando”, será reubicada en una Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA).

La noticia fue confirmada a La Voz de Misiones por la titular del CGE, Daniela López, aunque la funcionaria no supo precisar a qué institución será trasladada Buckmayer, que hasta el escándalo del Falcon verde se desempeñaba como vicedirectora y maestra de grado en la Escuela 661 de Montecarlo.

“Ella está en proceso de investigación sumaria y mientras dura el sumario se reubica transitoriamente en escuela modalidad EPJA”, se limitó a comentar López.

La funcionaria evitó hablar de la Disposición 280/25, del organismo a su cargo, que resolvió “ubicar preventiva y provisoriamente” a Buckmayer en la Escuela N° 156 El Guatambu, de Montecarlo, que provocó el inmediato rechazo del plantel docente y la comunidad educativa local, y reclamos concretos al CGE.

“Hicimos una queja y se nos comunicó que esta docente sería trasladada a otra escuela”, comentó Rubén Ortíz, delegado del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), gremio docente de influencia en esa zona de Misiones.

“Este es un logro de la comunidad, que siempre está alerta”, valoró Ortíz. “Al CGE le faltó criterio, no tiene lógica lo que intentaron hacer”, opinó y explicó: “Escuela donde vaya va a tener dificultades, porque la gente entiende que ella tiene una conducta que lesiona gravemente la posibilidad de estar frente al aula, y entendemos que debe ser reubicada en un lugar que no sea una escuela”.

El sindicalista adelantó a LVM que el martes próximo el MPL tiene agendada una reunión con López, donde además de la cuestión salarial y la situación del personal de servicio no docente, “le vamos a plantear este tema puntual”.

A la par del sumario, Buckmayer, enfrenta dos denuncias penales por apología del delito en la Justicia provincial.

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