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Yamila Ruiz mandó Carta Documento a Greenpeace “por faltar a la verdad”

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Greenpeace

La diputada nacional del Frente Renovador de la Concordia Social, Yamila Ruiz, del bloque de Innovación Federal que los misioneristas integran junto a otros parlamentarios de fuerzas provinciales, aparece señalada en una publicación de la organización ambientalista internacional Greenpeace entre “los legisladores que todavía no se enteraron que el medio ambiente está en peligro con la Ley Ómnibus”.

Esta situación fue desmentida por la legisladora misionera que confirmó a La Voz de Misiones que envió una Carta Documento a la organización ambientalista de origen canadiense “por faltar a la verdad”.

Ruiz se excusó en dar más detalles, alegando que se encontraba en una reunión de bloque de cara a la sesión preparatoria de la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento está previsto para mañana a las 10 en el Congreso.

Lo publicado

La publicación que se difunde en la cuenta de Greenpeace Argentina en Instagram forma parte de una campaña de la organización contra el paquete de reformas del gobierno, titulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y conocido como Ley Ómnibus, que modifica varias normativas como la Ley de Bosques, la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares.

“Más de 100 mil argentinos firmaron para salvar las leyes ambientales. Pero algunos diputados todavía ‘no se enteraron’ que el medio ambiente está en peligro con la Ley Ómnibus”, reza la portada de la campaña del capítulo argentino de la organización internacional de origen canadiense.

“Mirá quienes son”, apunta la imagen y despliega un listado con el nombre y la foto de 29 diputados: Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), integrado entre otros por la puertista obereña Florencia Klipauka; el ex funcionario kirchnerista Florencio Randazzo, también de HCF; Martín Menem, de La Libertad Avanza, presidente de la Cámara de Diputados; José Luis Espert, de Avanza Libertad, titular de la Comisión de Presupuesto, una de las que trabajó el dictamen del proyecto de ley; los radicales Facundo Manes, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Ana Carla Carrizo y Soledad Carrizo; los macristas Héctor Baldassi, Cristian Ritondo, Silvia Lospenato; Germán Martínez, de Unión por la Patria (UxP); Carolina Píparo, de Buenos Aires Libre; Paula Omodeo, de CRED; Gabriel Bornoroni, de LLA; Emilio Monzó, Nicolás Massot y Juan Manuel López, de HCF; Agustín Fernández, de Independencia (ex UxP); Oscar Zago, de LLA; Alvaro Martínez, de Unión Mendocina; Sergio Edgardo Acevedo, de Por Santa Cruz; Nancy Viviana Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Natalia de la Sota, de HCF; Nicolás Mayoraz, de LLA; y tres legisladores de Innovación Federal, Pamela Calletti, Agustín Domingo y la misionerista Ruiz.

El posteo guarda relación con la campaña de firmas de Greenpeace contra el proyecto legislativo del gobierno, disponible en el sitio: www.salvalasleyesambientales.org, que según contabiliza el reloj de la página ya firmaron unas 134.878 personas.

“La Ley Ómnibus avanza contra el medio ambiente. No podemos permitir que destruyan nuestros bosques, glaciares y humedales”, dice el texto de la publicación.

“Las normas que pretenden modificarse fueron el resultado de largos debates democráticos y no deben cambiarse en beneficio de sectores corporativos, lo que provocará la destrucción impune de bosques y glaciares, entre otros ecosistemas”, señala.

La publicación invita a firmar la petición y pide a los usuarios: “¡Exigiles (a los diputados) con tu firma que no destruyan nuestros bosques y glaciares!”.

Los peligros

El petitorio es parte de las acciones impulsadas por Greenpeace en las redes para advertir y frenar la sanción de la Ley Ómnibus e impedir que se modifique la legislación ambiental del país.

Señala Greenpeace que la Ley 26.331 “es una herramienta importantísima”, que ha contribuido a la protección de la masa boscosa del país, disminuyendo “notoriamente” la deforestación, en relación “a la década previa a la ley”.

La organización ambientalista advierte que la modificación del artículo 26, propuesta por el gobierno, “habilita el desmonte en todas las categorías de zonificación” protegidas por la ley.

“Haría legal o blanquearía crímenes ambientales, desaparición de especies en peligro de extinción, agravaría la crisis climática, exterminaría culturas y especies que subsisten en los bosques, y destruiría la potencial cura de enfermedades y los alimentos que nos brindan los bosques”, denuncia.

“Permite a los productores realizar cortafuegos y acciones hoy vedadas por la legislación; el Fondo de Bosques Nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin”, puntualiza.

Asimismo, Greenpeace Argentina indica que la reforma que propone el gobierno de la Ley de Quema 26.562, “autoriza” encender fuego sin necesidad de una autorización expresa de las autoridades.

“La modificación agrega que esa autorización, una vez solicitada, deberá expedirse en el plazo de 30 días y si esto no sucede, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”, explica.

Sobre la Ley de Tierras 26.737, que limita la titularidad y posesión de suelo a personas físicas y jurídicas extranjeras a un 15% del total, la organización canadiense específica que  la derogación propuesta en el DNU presidencial del 20 de diciembre, “habilita la entrega a otros países, a corporaciones económicas y financieras el acceso a tierras para intervenirlas, amenazando aún más los bosques con proyectos incompatibles con la preservación de estos frágiles ecosistemas”.

“Pone en riesgo bienes públicos esenciales para el bienestar social, ambiental y económico, como el agua”, argumenta.

En cuanto a la Ley para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, Greenpeace sostiene que las modificaciones establecidas en la Ley Ómnibus “elimina la prohibición a la actividad minera y petrolera” en estas zonas, y “elimina la definición del ambiente ‘periglacial’ que funciona como área reguladora para la conservación del agua congelada que conserva el glaciar”.

“En términos prácticos, elimina por tanto un aspecto esencial para la conservación de los glaciares, llegando al absurdo de que el título de la ley deja de tener sentido”, argumenta.

“Ley Ómnibus da cuenta de un conjunto de regresiones ambientales inaceptables que en nada benefician ni a Argentina, ni a la crisis ecológica que vive el planeta”, advierte la organización ambientalista y remata: “Se trata de una modificación sin precedentes, que atenta contra los principales mecanismos de defensa de nuestros bosques y glaciares, abriendo peligrosamente la puerta a la destrucción de estos ecosistemas”.

Política

El posadeño radicado en Miami que enfrenta a la EBY con Misiones

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La Entidad Binacional Yacyretá volvió a ser noticia en la escena local al intentar trasladar a los clubes náuticos establecidos en la bahía El Brete. El gobernador Hugo Passalacqua respaldó a las asociaciones civiles e intimó a la EBY a para que le entregue a Misiones los terrenos que no fueron afectados por el embalse, según dicta la Ley.

Pasada la mitad del año, la EBY puso en marcha un plan para impulsar modificaciones en torno al paseo capitalino en la vera del río Paraná, que fue presentado oficialmente en su sitio web como una “propuesta para el reordenamiento del espacio costero en El Brete”.

La maniobra, inconsulta con las autoridades locales, chocó de frente con el gobierno de Misiones que de inmediato tomó partido a favor de los clubes y los acuerdos vigentes, abriendo una disputa en la Justicia Federal sobre la titularidad de los terrenos que Yacyretá pretende modificar como si fueran propios.

“Resulta inadmisible cualquier acto de disposición que implique su privatización o mercantilización, por constituir un patrimonio común que pertenece al pueblo misionero”, advirtió el gobernador Hugo Passalacqua en una nota enviada al director ejecutivo de la Binacional por Argentina, Santiago Peña, ante la falta de información concreta sobre las pretensiones de la EBY.

Hasta ahora, la Entidad Binacional Yacyretá no respondió al planteo del gobierno de Misiones. No lo hizo a través del departamento jurídico, ni públicamente.

Misioneros en la EBY

Desde la designación del ingeniero civil Alfonso Peña como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá en diciembre de 2023, Misiones dejó de tener representantes oriundos de la tierra colorada en el máximo cargo de la Binacional, quedando Rodrigo de Arrechea como el único misionero entre los cuatro argentinos que integran el Consejo de Administración.

Otro misionero en la EBY es el primo de Rodrigo, Juan Pablo Arrechea, funcionario de carrera en la Entidad que ocupa actualmente la Secretaría General en representación argentina.

En medio de recortes, despidos y modificaciones, consecuencias de las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei, un nuevo actor desembarcó en la Entidad: el posadeño Ignacio Palacios, que trabaja sin un cargo destacado, pero con el aval de Santiago Caputo, quien a principios de este año impulsó su incorporación como un asesor con capacidades extraordinarias dentro de la Binacional.

Ignacio Palacios, “Nacho” para todo el mundo, nació y se crio en la Posadas de los años ’70s y ’80s, parte de una familia de clase alta con vínculos políticos y empresariales. Jugó de manera destacada al rugby en el Progreso Rowing Club y terminó la secundaria en la escuela Industrial en 1.985.

Su pasión por los deportes, la mecánica y los autos lo llevaron a las pistas de carrera, primero de la mano de la familia Urrutia, para luego convertirse en parte del equipo de competición del cuádruple campeón de automovilismo nacional, Ernesto Tito Bessone, con quien forjó una amistad entrañable.

En el ambiente tuerca conoció a Carlos Menem Junior y a su hermana, Sulema, con quienes también cultivó una relación, siendo hoy la hija del expresidente una amiga cercana de Nacho Palacios.

Con el nuevo siglo, Nacho maduró su faceta empresarial y, a mediados de 2014, se radicó en Miami donde forjó un negocio exitoso que no para de crecer: Top Miami Rental, una agencia de alquiler de autos y yates con un tipo de servicio especializado, que posicionó la marca entre miles de argentinos -y personalidades del país- que visitan la península en Estados Unidos.

Las cualidades para las relaciones públicas y una agenda propia con vínculos relevantes, catapultaron a Nacho Palacios -merced a su relación con Santiago Caputo- al manejo de asuntos del poder.

En Misiones ahora se plantea un nuevo capítulo a partir de las pretensiones de la EBY -y su nuevo interlocutor, Nacho Palacios- de disponer de los terrenos costeros para desarrollar infraestructura (espacios de esparcimiento, paseos de compras y gastronomía), lo que convocaría a inversores privados que los exploten.

El pulso de Palacios para comunicar el proyecto de la EBY y sus beneficios para crecimiento de Posadas, generó hasta ahora un conflicto abierto no solo con el gobierno provincial, que ya hizo presentaciones en la Justicia; también los clubes y parte de la opinión pública se posicionaron en contra, ante la falta de claridad del mega plan.

Cronología del conflicto

Las intensiones de la EBY en Posadas salieron a la luz a partir de una intimación que se conoció el 24 de septiembre; llevaba la firma del Secretario del Comité Ejecutivo del Departamento de Obras Complementarias, Julio Ricardo Skanata, y requería el desalojo -con fecha límite el 31 de diciembre- de los clubes Río Paraná y Vayruzú; el Astillero Río Libre y al Liceo Naval Almirante Storni, todos instalados en torno a El Brete.

Ese día los clubes y el propio Liceo Storni revelaron el plan de Yacyretá que pocos conocen, y que comenzaba por romper los comodatos con las instituciones, el documento con el que la misma Entidad les otorgó una ocupación de los terrenos por 99 años.

El 25 de septiembre Yacyretá emitió un comunicado a través de su sitio web oficial, en el que insistió: “La EBY ha procedido conforme a lo expresamente previsto en los documentos firmados con los representantes de dichas instituciones, otorgándoles un plazo más que razonable para que los espacios que ocupan se adecuen real y efectivamente al ordenamiento territorial originalmente previsto, destinado al disfrute de toda la población”.

Al mismo tiempo, aclaró: “la Entidad mantiene un diálogo abierto, permanente y constructivo con las autoridades de las instituciones involucradas, con el objetivo de que las actividades deportivas, recreativas y educativas se desarrollen en ámbitos adecuados y seguros”.

Ante el revuelo mediático y social que provocó el anuncio de la medida, los clubes náuticos iniciaron una colecta de firmas para revertir la situación y convocaron a una movilización “por agua y tierra” que se concretó el 4 de octubre en la zona de los predios afectados.

El 2 de octubre el gobernador Hugo Passalacqua se sumó a la preocupación de la comunidad náutico-deportiva y emitió un documento a través del cual solicitó al titular de la EBY, Alfonso Peña, transferir a la provincia los terrenos costeros de El Brete, para que continúen siendo de uso público.

Al día siguiente, entidad binacional difundió un nuevo comunicado en el que manifestó que “en función de las interpretaciones erróneas que se produjeron respecto de las medidas adoptadas”, la EBY decidió suspender la medida del desalojo y presentó una serie de propuestas orientadas a optimizar el uso de la zona costera conocida como El Brete, “asegurando su plena accesibilidad y disfrute por parte de todos los habitantes y visitantes”.

Sin embargo, ante la ausencia de interlocutores válidos para ejercitar el diálogo, el 21 de octubre el gobernador Hugo Passalacqua firmó un Decreto a través del cual instruyó al fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte, a accionar ante la Justicia “…para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial, en pos del cumplimiento del objetivo de la Ley I – 158 y sus concordantes, relativas y/o cualquier norma que resulte aplicable a tal fin, y que pudiesen encontrarse afectados por acciones u omisiones de la Entidad Binacional Yacyretá”.

CON COLAPINTO. Nacho Palacios en noviembre de 2.024. FOTO EL TERRITORIO.

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Política

Edil pidió apartar al asesor denunciado por “violencia verbal” en El Soberbio

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La concejal Liliana Carvallo presentó un escrito formal al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de El Soberbio, Daniel Gauna, solicitando que se abra un sumario administrativo y se aparte del cargo al asesor legal del cuerpo, Luis “Lucho” Nielsen, a quien acusó de “violencia verbal” durante una reunión el último martes en el recinto.

En su escrito, la edil renovadora recordó que el episodio ocurrió en el marco de un encuentro interno con sus pares previo a la llegada de representantes de los ministerios del Agro y la Producción, Industria y Ecología de Misiones.

Seguidamente, la funcionaria expresó en el documento que el hecho sucedió en presencia del presidente del Concejo, otros ediles y personal administrativo. Y apuntó que Nielsen reaccionó de manera “violenta” dirigiéndose a ella con expresiones como “pelotuda”, “me tenés harto” y “fuiste a hacer quilombo a la provincia, eso no se puede hacer”.

Carvallo planteó que la situación constituyó un acto de “violencia verbal” y “psicológica”, generando un ambiente “hostil e intimidatorio” en el ámbito laboral.

También subrayó que el hecho adquiere “mayor gravedad” por tratarse del asesor legal del cuerpo legislativo, quien, según advirtió, debe actuar con “respeto”, “imparcialidad” y “apego a la ética pública”.

Ante lo denunciado, Carvallo pidió al presidente del HCD la apertura “inmediata” de un sumario administrativo para “investigar lo ocurrido”, el apartamiento de Nielsen del cargo de asesor legal y que se adopten medidas preventivas para garantizar un “ambiente institucional libre de violencia” o “tratos degradantes”.

La concejal fundamentó su denuncia en la Carta Orgánica Municipal, la Ley Provincial I-89 de Procedimientos Administrativos, la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el Convenio 190 de la OIT y el artículo 110 del Código Penal sobre injurias.

En el cierre del pedido, la renovadora señaló que el episodio “compromete” el normal funcionamiento del Concejo Deliberante y “vulnera” los principios básicos de convivencia y respeto que deben regir en el ejercicio público. Por ese motivo, pidió que su presentación sea tratada con “carácter urgente”.

Edil de El Soberbio reclamó insultos de un asesor: “Me atacó por ser mujer”

DENUNCIA HCD LILIANA
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Sebastián Macías confirmó que será candidato a presidente de la Legislatura

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Macías

El diputado provincial electo del Frente Renovador de la Concordia, Sebastián Macías, confirmó a La Voz de Misiones que aceptó la nominación de la Renovación para presidir la Legislatura provincial a partir del 10 de diciembre próximo, en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad, elegido diputado nacional.

“Efectivamente, me han propuesto y he aceptado”, afirmó Macías, consultado por LVM. El saliente titular de Vialidad Provincial confirmó, asimismo, que el oficialismo nominó también a la diputada Anazul Centeno para la Vicepresidencia Primera de la Cámara, y al diputado Alejandro Arnhold para la jefatura del bloque del Frente Renovador Neo.

El diputado renovador electo señaló que, en caso de resultar elegido presidente de la Legislatura por el pleno en la sesión del 10 de diciembre, volcará toda su experiencia de seis años al frente de Vialidad Provincial en la nueva tarea que le depara la función pública.

“Cuando uno ingresa a una función nueva, claramente hay mucho por aprender, pero también es cierto uno vuelca en ello su experiencia para darle una impronta propia a la gestión”, reflexionó.

“Yo traigo una trayectoria, no solo de los años que estuve al frente de Vialidad, sino del ejercicio de trabajar codo a codo con el Ejecutivo y con el Poder Legislativo”, remarcó.

“Las tareas de la Cámara respaldan todas las decisiones del gobernador”, opinó Macías y comentó que, para el próximo período legislativo, “la idea es que los diputados puedan hacer trabajo territorial, no solo para mantener la cercanía con la gente, sino para brindar herramientas y soluciones a los problemas de la provincia”.

Macías señaló, también, que habida cuenta de la decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar las obras públicas nacionales en las provincias, el tema adquiere “fundamental importancia” para la Legislatura misionera, que “tendrá que acompañar los reclamos del gobernador” y “buscar soluciones”.

“Es un tema que vamos a tener que abordar, porque siempre la obra pública es un tema prioritario, por todo lo que representa”, dijo Macías a LVM y agregó: “Todo el arco político de la provincia debe involucrarse en esta temática”.

“La obra pública es uno de los frentes más golpeados en este tiempo difícil que estamos viviendo y necesita mucho respaldo”, opinó.

 

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