Política
Yamila Ruiz mandó Carta Documento a Greenpeace “por faltar a la verdad”
La diputada nacional del Frente Renovador de la Concordia Social, Yamila Ruiz, del bloque de Innovación Federal que los misioneristas integran junto a otros parlamentarios de fuerzas provinciales, aparece señalada en una publicación de la organización ambientalista internacional Greenpeace entre “los legisladores que todavía no se enteraron que el medio ambiente está en peligro con la Ley Ómnibus”.
Esta situación fue desmentida por la legisladora misionera que confirmó a La Voz de Misiones que envió una Carta Documento a la organización ambientalista de origen canadiense “por faltar a la verdad”.
Ruiz se excusó en dar más detalles, alegando que se encontraba en una reunión de bloque de cara a la sesión preparatoria de la Ley Ómnibus, cuyo tratamiento está previsto para mañana a las 10 en el Congreso.
Lo publicado
La publicación que se difunde en la cuenta de Greenpeace Argentina en Instagram forma parte de una campaña de la organización contra el paquete de reformas del gobierno, titulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y conocido como Ley Ómnibus, que modifica varias normativas como la Ley de Bosques, la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares.
“Más de 100 mil argentinos firmaron para salvar las leyes ambientales. Pero algunos diputados todavía ‘no se enteraron’ que el medio ambiente está en peligro con la Ley Ómnibus”, reza la portada de la campaña del capítulo argentino de la organización internacional de origen canadiense.
“Mirá quienes son”, apunta la imagen y despliega un listado con el nombre y la foto de 29 diputados: Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), integrado entre otros por la puertista obereña Florencia Klipauka; el ex funcionario kirchnerista Florencio Randazzo, también de HCF; Martín Menem, de La Libertad Avanza, presidente de la Cámara de Diputados; José Luis Espert, de Avanza Libertad, titular de la Comisión de Presupuesto, una de las que trabajó el dictamen del proyecto de ley; los radicales Facundo Manes, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Ana Carla Carrizo y Soledad Carrizo; los macristas Héctor Baldassi, Cristian Ritondo, Silvia Lospenato; Germán Martínez, de Unión por la Patria (UxP); Carolina Píparo, de Buenos Aires Libre; Paula Omodeo, de CRED; Gabriel Bornoroni, de LLA; Emilio Monzó, Nicolás Massot y Juan Manuel López, de HCF; Agustín Fernández, de Independencia (ex UxP); Oscar Zago, de LLA; Alvaro Martínez, de Unión Mendocina; Sergio Edgardo Acevedo, de Por Santa Cruz; Nancy Viviana Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Natalia de la Sota, de HCF; Nicolás Mayoraz, de LLA; y tres legisladores de Innovación Federal, Pamela Calletti, Agustín Domingo y la misionerista Ruiz.
El posteo guarda relación con la campaña de firmas de Greenpeace contra el proyecto legislativo del gobierno, disponible en el sitio: www.salvalasleyesambientales.org, que según contabiliza el reloj de la página ya firmaron unas 134.878 personas.
“La Ley Ómnibus avanza contra el medio ambiente. No podemos permitir que destruyan nuestros bosques, glaciares y humedales”, dice el texto de la publicación.
“Las normas que pretenden modificarse fueron el resultado de largos debates democráticos y no deben cambiarse en beneficio de sectores corporativos, lo que provocará la destrucción impune de bosques y glaciares, entre otros ecosistemas”, señala.
La publicación invita a firmar la petición y pide a los usuarios: “¡Exigiles (a los diputados) con tu firma que no destruyan nuestros bosques y glaciares!”.
Los peligros
El petitorio es parte de las acciones impulsadas por Greenpeace en las redes para advertir y frenar la sanción de la Ley Ómnibus e impedir que se modifique la legislación ambiental del país.
Señala Greenpeace que la Ley 26.331 “es una herramienta importantísima”, que ha contribuido a la protección de la masa boscosa del país, disminuyendo “notoriamente” la deforestación, en relación “a la década previa a la ley”.
La organización ambientalista advierte que la modificación del artículo 26, propuesta por el gobierno, “habilita el desmonte en todas las categorías de zonificación” protegidas por la ley.
“Haría legal o blanquearía crímenes ambientales, desaparición de especies en peligro de extinción, agravaría la crisis climática, exterminaría culturas y especies que subsisten en los bosques, y destruiría la potencial cura de enfermedades y los alimentos que nos brindan los bosques”, denuncia.
“Permite a los productores realizar cortafuegos y acciones hoy vedadas por la legislación; el Fondo de Bosques Nativos pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin”, puntualiza.
Asimismo, Greenpeace Argentina indica que la reforma que propone el gobierno de la Ley de Quema 26.562, “autoriza” encender fuego sin necesidad de una autorización expresa de las autoridades.
“La modificación agrega que esa autorización, una vez solicitada, deberá expedirse en el plazo de 30 días y si esto no sucede, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”, explica.
Sobre la Ley de Tierras 26.737, que limita la titularidad y posesión de suelo a personas físicas y jurídicas extranjeras a un 15% del total, la organización canadiense específica que la derogación propuesta en el DNU presidencial del 20 de diciembre, “habilita la entrega a otros países, a corporaciones económicas y financieras el acceso a tierras para intervenirlas, amenazando aún más los bosques con proyectos incompatibles con la preservación de estos frágiles ecosistemas”.
“Pone en riesgo bienes públicos esenciales para el bienestar social, ambiental y económico, como el agua”, argumenta.
En cuanto a la Ley para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, Greenpeace sostiene que las modificaciones establecidas en la Ley Ómnibus “elimina la prohibición a la actividad minera y petrolera” en estas zonas, y “elimina la definición del ambiente ‘periglacial’ que funciona como área reguladora para la conservación del agua congelada que conserva el glaciar”.
“En términos prácticos, elimina por tanto un aspecto esencial para la conservación de los glaciares, llegando al absurdo de que el título de la ley deja de tener sentido”, argumenta.
“Ley Ómnibus da cuenta de un conjunto de regresiones ambientales inaceptables que en nada benefician ni a Argentina, ni a la crisis ecológica que vive el planeta”, advierte la organización ambientalista y remata: “Se trata de una modificación sin precedentes, que atenta contra los principales mecanismos de defensa de nuestros bosques y glaciares, abriendo peligrosamente la puerta a la destrucción de estos ecosistemas”.
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El abogado y flamante concejal de Puerto Iguazú por La Libertad Avanza (LLA), Fabián De Sá, salió al cruce de Nickillo Llera por sus críticas hacia la Ciudad de las Cataratas, calificándolo como “ñoqui de primera línea” y cuestionando el pasado político de su padre como intendente como de esa localidad.
“Hola Vecinos!! Todo empezó cuando yo recién había nacido. Pero ahora les cuento…”, introdujo el edil libertario en la publicación efectuada esta tarde en su cuenta de Facebook, para luego contextualizar: “Durante estos días fui objeto de ataques, replicados en medios renovadores provinciales. Todo producto del trabajo que venimos haciendo sin pedir permiso a nadie”.
Y, sin rodeos, párrafo siguiente apuntó directamente contra Nicolás “Nickillo” Llera, también abogado, pero además gerente de Multimedios Sapem y productor general del exitoso ciclo de streaming político Dólar Blue, quien recientemente generó debate al cuestionar el “nivel de desidia y abandono” de Puerto Iguazú por la cantidad de personas adictas deambulando por sus calles.
“El Nikillo Llera, uno de los tantos ñoquis de primera línea, busca llamar mi atención. Busca ser importante a costa mía y desviar mi atención. Son quienes apenas acomodados en el poder, se mudaron de Iguazú”, disparó De Sá.
El concejal también mencionó al padre de Nickillo, Timoteo Llera, ex intendente de Puerto Iguazú. “Su Padre T. Llera, el mentor de Filippa entre ambos, desgobernaron Iguazú 30 años y quieren seguir 6 años más”, arremetió.
Pero la publicación no termina allí, ya que el concejal que asumió en diciembre analizó en otro párrafo que “los resultados, están a la vista. No solo nos condenaron al atraso y destruyeron las oportunidades de desarrollo”.
Y continuó: “Además, antes de ellos, la droga ni siquiera existía acá, con ellos no solo empezó, sino que se desarrolló con la complicidad y la colaboración del poder. Y hoy quieren hablar de uno de los problemas que ellos mismos generaron, cuando tienen toda la fuerza del estado para combatirla, si quisieran”.
Para De Sá, a sus críticos renovadores “no les preocupa la droga, ni el abandono de Iguazú, les preocupa el fin de ciclo de la mafia y perder sus lugares de privilegios, que le da Iguazú al ser un territorio controlado por la Renovación. Si pierden Iguazú, pierden sus privilegios de vivir a costa del pueblo”.
“No pierdan tiempo. No perdamos tiempo. 30 años fueron demasiado tiempo tirado a la basura y mucho es el costo que tenemos que pagar”, avisó después y cerró: “Ni siquiera dije si quería ser candidato a Intendente y se adelantaron a pegarme por las dudas. No me preocupa. Donde esté, voy a defender a Iguazú. Se muy bien cuáles son las consecuencias, pero creo que Iguazú se merece vale la pena”.
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El apoderado de las municipalidades de Concepción de la Sierra y Tres Capones, el abogado Marcelo Fabián Dudych, figura también en el listado de deudores de la cuota alimentaria, publicado en estos días en la página web del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el Boletín Oficial de la provincia.
El letrado aparece en el informe mensual del Registro Público de Alimentantes Morosos del STJ, con dos expedientes del Juzgado de Familia Nº 1: una demanda por alimentos, de 2014, y otra de tenencia y régimen de visitas, de julio de 2025, de su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez.
El informe oficial no ofrece mayores detalles de la situación de las causas, más que los números de expediente, carátulas, el juzgado donde se tramita y los nombres de la demandante y el demandado; y tampoco a cuánto asciende la deuda en cuotas alimentarias de Dudych.
El Registro Público de Alimentantes Morosos fue creado en Misiones por la Ley IV Nº 31, que impone restricciones a quienes adeudan más de dos cuotas alimentarias, como impedimentos para obtener habilitaciones comerciales, licencias, créditos, beneficios sociales, realizar trámites municipales y acceder a cargos públicos, como el que ostenta Dudych, que ejerce la representación legal de ambas municipalidades misioneras.
Según se aclara en la web del STJ, “el ingreso, alta, egreso y baja de Deudores Alimentarios Morosos en el Registro Público, se realiza por orden escrita emanada de los señores jueces competentes de las distintas circunscripciones judiciales de la Provincia y, de aquellos de Extraña jurisdicción que así lo ordenen por Mandato Judicial”.
Extracto del informe mensual del STJ, donde figura el abogado Dudych.
El concejal posadeño del partido Por la Vida y los Valores (PVV), Fernando Sebastián Zarza, reconoció que figura en el listado del Registro Público de Alimentantes Morosos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero aseguró que se encuentra al día con la cuota alimentaria del hijo que tiene con su ex pareja.
“Para figurar en el Registro te tenés que atrasar dos meses, y ese no es mi caso”, afirmó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones, y señaló: “Yo pago todos los meses la cuota”.
“La Justicia tendrá que explicar por qué me incluyeron si yo no soy deudor”, dijo el edil del partido que encabeza el diputado provincial y vicepresidente primero de la Legislatura, Walter Ríos, y contó que se enteró de la novedad “hace una semana, a través de un amigo”.
Zarza comentó que el tema llegó a estrados judiciales en 2021, por desacuerdos con la madre de su hijo acerca de la suma que él debería pasarle mensualmente en concepto de cuota alimentaria, y el expediente se radicó en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nº 2, de Posadas.
“En un momento tuve un litigio judicial porque no nos poníamos de acuerdo en el monto; fuimos a la Justicia, que falló no solamente en la cuota, sino también en todo lo relacionado con el régimen de visita y las vacaciones”, relató.
“Hasta entonces, yo venía pasándole dinero, pero de modo informal; y a partir del fallo judicial quedó todo homologado”, afirmó.
El concejal posadeño comentó que por orden judicial le transfiere a su ex pareja el equivalente de dos salarios mínimos, y que, a veces, como en el depósito que hizo el 9 de enero pasado al mediodía, “le paso un poco más, porque queda un saldo del mes anterior o porque ella necesita”.
El Registro Público de Alimentantes Morosos fue creado en Misiones por la Ley IV Nº 31, que impone restricciones a quienes adeudan más de dos cuotas alimentarias, como impedimentos para obtener habilitaciones comerciales, licencias, créditos, beneficios sociales, realizar trámites municipales y acceder a cargos públicos, como el que ostenta Zarza, que asumió la banca de concejal en diciembre de 2025, en reemplazo del empresario Francisco Pepi Wipplinger, fallecido en enero pasado, quien había resultado electo en las elecciones de junio, pero renunció cuatro meses después.
“La verdad que me sorprendió figurar en ese listado, porque yo siempre estoy cumpliendo con mis obligaciones, no solo en el tema de la cuota alimentaria, sino en el relacionamiento con mi hijo”, dijo Zarza y adelantó que ya instruyó a su abogada, la doctora Nora Rahn, para que “pida por escrito que se me retire del Registro”.
Comprobante de depósito bancario de Fernando Zarza, del 9 de enero pasado.
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