La creación está contemplada entre los 94 nuevos juzgados que se crearán en todo el país. El objetivo es “el fortalecimiento de la justicia en el interior”, dijo el Presidente al presentar la iniciativa. Funcionarán en Oberá, Puerto Iguazú, Eldorado y dos en Posadas.

El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma de la Justicia que contempla la creación de 94 juzgados federales, de los cuales cinco funcionarán en Eldorado, Puerto Iguazú, Oberá y dos en Posadas, según se supo.

El dato de importancia para Misiones, no fue desglosado por el mandatario al dar a conocer aspectos generales de la iniciativa que impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo.

“También propone el fortalecimiento de la justicia en el interior del país”, se limitó a señalar en su discurso, aunque una revisión periodística del contenido permitió conocer otros detalles contemplados en el proyecto.

El Jefe de Estado expuso los alcances del proyecto que enviará al Congreso de la Nación en la Casa de Gobierno, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, e integrantes del Consejo Consultivo.

Aseguró que “la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma” y que “el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión”.

En el acto, donde también estuvieron la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco; rectores de universidades y legisladores nacionales, el primer mandatario repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina.

El proyecto

Al referirse a los propósitos que se persiguen con los cambios dijo que la iniciativa propone “organizar y mejor la justicia federal” y que “el poder decisorio no se concentre en poco magistrados”, porque eso fue lo que llevó a que ese fuero “se politizara”, los procesos “no se desarrollaran con eficacia” y se “manipularan los tiempos en función del clima político imperante”.

Fernández destacó la necesidad de una reforma judicial para que “nunca más” exista “una política que judicializa los disensos”, y aseguró que sin un sistema de justicia “independiente del poder político, no hay república y democracia”.

Asimismo, expresó que el proyecto propone, entre otras cuestiones, un “fortalecimiento de la justicia federal” con la creación de juzgados en las provincias y una “especialización por materia”.

En otra parte de su exposición, el Presidente dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales” y “el principio de inocencia en juicio se vulneró”.

“Lo que estamos proponiendo es consolidar una justicia independiente”, destacó, y dijo que se busca “que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”.

Así figura en un informe publicado del diario La Nación. El beneficio le corresponde por haber ejercido la Presidencia de la Nación por poco más de un día. Fue durante los sucesos de 2001 cuando Argentina tuvo 5 mandatarios en 11 días.

El misionero Ramón Puerta no tramitó la pensión vitalicia que le corresponde por haber ejercido la Presidencia de la Nación, aunque por un lapso de horas, como sí lo hicieron nueve expresidentes, ex vicepresidentes o cónyuges, según un informe del diario porteño La Nación.

En la misma situación que Puerta figura Eduardo Camaño, ya que ambos fueron protagonistas en las marchas y contramarchas del 20 y 21 de diciembre de 2001, cuando en once días la Argentina tuvo cinco presidentes.

De acuerdo con el informe periodístico “los expresidentes Ramón Puerta y Eduardo Camaño decidieron no tramitar esta asignación”, según se cita en las dos líneas que describe la situación de ambos frente al beneficio inveetigado.

En cambio añade que solo nueve expresidentes, exvicepresidentes o cónyuges de exmandatarios fallecidos perciben una pensión vitalicia por haber ocupado el cargo, por montos que parten de los 140.000 pesos y llegan a los 600.000 pesos netos mensuales.

En tal concepto la ANSES eroga más de 3 millones de pesos por mes para pagar estos beneficios de por vida a quienes ocuparon los mayores cargos electivos. A esa lista de beneficiarios, a partir de agosto, se sumarán otros tres exfuncionarios: Mauricio Macri , Gabriela Michetti y Amado Boudou .

De Levingston a Macri

Carlos Menem percibe la pensión más importante, como presidente entre 1989 y 1999. En febrero de este año el exmandatario recibió 600.791 pesos netos, de acuerdo con la respuesta oficial a un pedido de información pública.

El exmandatario, en cambio, resigna su dieta como senador, puntualizaron desde su entorno familiar. “Renunció al sueldo por cobrar la jubilación de expresidente”, señalaron.

Su sucesor, Fernando de la Rúa, percibió una pensión neta de unos 595.000 pesos que tras su muerte, en julio de 2019, pasó a su esposa, Inés Pertiné. De acuerdo con lo que fija la ley, la viuda conservó el 75 por ciento de ese monto, es decir, unos 397.000 pesos mensuales.

Adolfo Rodríguez Saá, que en diciembre de 2001 quedó a cargo de la presidencia durante una semana, percibió en febrero 529.749 pesos. De acuerdo con la información oficial, el puntano -que hoy es senador nacional- recibió el alta en la ANSES en agosto de 2007.

En el listado figura también el exvicepresidente Julio Cobos, que en febrero percibió unos 407.000 pesos. Senador por Mendoza, Cobos actualmente percibe el 50% de la pensión (es divorciado) y dona su dieta como legislador nacional, afirmaron en su entorno.

Daniel Scioli, según la información oficial, recibió en febrero unos 299.000 pesos por su mandato como vicepresidente de Néstor Kirchner, un beneficio que tramitó tras dejar su cargo como gobernador.

En el listado figuran tres herederas de ex mandatarios que ocuparon cargos entre 1962 y 1989: Betty Andrés, esposa del ex presidente Roberto Levingston; Amalia Guido, hija del ex presidente José María Guido, y Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón.

Wellbach, Sartori y Morales contribuirían para alcanzar el quórum como integrantes del interbloque Unidad y Equidad Federal. Pidieron que se extienda el plazo de adhesión; exigencias para las obras sociales y ART y premios para los cumplidores.

El Gobierno nacional tiene centradas sus esperanzas en los misioneros y en los cordobeses para que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de moratoria fiscal, ya que necesita al menos once votos para conseguir el quórum y lograr este objetivo.

De acuerdo con las conjeturas que se tejen, el Frente de Todos tiene 118 votos propios, ya que José Ignacio de Mendiguren está de licencia para presidir el BICE, y necesita once para el quórum propio y podría alcanzarlo con los tres misioneros.

Son los diputados del bloque del Frente Renovador de la Concordia que preside Ricardo Wellbach y está integrado además por Diego Sartori y Flavia Morales, quienes se sumarían como miembros Unidad y Equidad Federal que encabeza José Luís Ramón.

Con el mendocino Ramón apoyarán el proyecto del Gobierno el bonaerense Pablo Ansaloni y el santacruceño Antonio Caramba, además de Beatriz Ávila y Luis Di Giácomo, Alma Sapag y los cuatro de Córdoba Federal.

El grupo se alineó con las reformas que propuso Sartori para que sean incorporadas al proyecto del oficialista para extender dos meses el plazo de adhesión a la moratoria (del 31 de octubre al último día del año).

También pretende que se instruya a las obras sociales y ART a otorgar planes de financiación de deudas “en condiciones parecidas” a los planes de pago del proyecto y establecer incentivos a los contribuyentes cumplidores mediante diferimientos de aportes previsionales e impositivos,

Las modificaciones están en manos de Carlos Heller, presidente la comisión de Presupuesto, quien recibió la propuesta antes de la última reunión de Comisión del martes y prefirió demorar una semana el dictamen para no arriesgarse a perder la votación en particular de algún artículo, cuando llegara el debate en el recinto.

Ahora Heller será el encargado de las consultas para que los cambios propuestos puedan plasmarse, que el martes se firme el dictamen y que el miércoles sea aprobado en una nueva sesión remota de la Cámara baja.

Los medios nacionales consignaron que en las tratativas previas, hasta este viernes, el gobernador Juan Schiaretti, no pidió modificaciones y agradeció las últimas ayudas del Gobierno nacional: 800 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y 857 millones a la Caja de Jubilaciones, como parte de un compromiso asumido por Alberto Fernández con los gobernadores el 20 de marzo, cuando lanzó la cuarentena.

Aspectos del proyecto

La ley que envió el Ejecutivo contempla un plan de pago para deudas vencidas hasta el 30 de junio, con una primera cuota el 16 de noviembre y planes de hasta 96 o 120 según el tamaño del contribuyente. Para las obligaciones de seguridad social habrá entre 48 y 60. No se cobran multas y el interés es fijo y mensual del 2% hasta enero. A partir de ahí, hay una tasa variable.

Se acepta cancelar pasivos con devoluciones aprobadas y pendientes de pago y hay restricciones a las empresas grandes que se sumen: no están habilitadas a girar dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado de divisas para realizar pagos a entidades vinculadas.

Cambiemos también solicitó prohibir a las firmas quebradas, a las del juego y a las de combustibles, facilidades que considera “un traje a medida” de Oil Combustibles, la compañía de Cristóbal López, el dueño de C5N, que pasó casi dos años en prisión acusado de evasión fiscal.