Política
Tras choque en Garuhapé, organizaciones acusan al gobierno de avalar la violencia
Luego de que vecinos de Garuhapé corrieran con palos a miembros del MTR que reclamaban frente a la Municipalidad, sindicatos y organizaciones sociales salieron a repudiar el hecho, con un escrito en el que acusaron al gobierno de Misiones de avalar la conformación de “comandos civiles”.
En la misiva, que lleva la firma de 40 formaciones políticas populares, critican que, frente a la “crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales”, lo cual empuja los reclamos, “el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades”.
En cuanto a lo ocurrido en Garuhapé, adujeron que “es un claro ejemplo de las violencias que tolera y promueve el Estado provincial”.
Las organizaciones no ahorraron palabras para cuestionar el accionar del intendente local, Gerardo Schmied, quien justificó el hecho “diciendo que se trataba de ‘vecinos disgustados’ que ‘mancomunadamente se juntaron en la plaza y vinieron a hacerle un enfrentamiento a estos piqueteros’, naturalizando así la intervención de comandos civiles, parapoliciales”. fustigaron.
El alcalde había dicho en diálogo radial que “vino gente de otros pueblos en colectivos de línea a impedir que nosotros podamos circular por la ciudad y esto incomodó a los vecinos”, declaración que enojó a los militantes.
Según estos, “se trata de un hecho gravísimo que revela un modus operandi de grupos civiles que de manera concertada, convocada, se reúnen para impedir el ejercicio de la protesta social de acuerdo a sus propios criterios, acudiendo a formas violentas de acción, con la anuencia o complicidad de las autoridades”.
Además, aseguraron que lo sucedido en Garuhapé “tiene diversos antecedentes” en Misiones, donde “grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables, amparados bajo una supuesta legitimidad que les daría su carácter de ‘vecinos’ o ‘productores’”.
Asimismo, explicaron que “así como la protesta social es un derecho, la atribución que se toman estos grupos de amenazar o impedir esas formas de expresión son abiertamente ilegales”.
Insistieron en que el accionar es “concertado e ilegal” que es “exhibido ante los medios como formas de intervención legítima”, aunque “es propio de las organizaciones parapoliciales o paramilitares, que en la historia de la violencia política de nuestro país remite a los denominados, en otros tiempos, ‘comandos civiles’”, lanzaron.
Frente a este contexto, exigieron al gobierno provincial “que atienda en forma urgente las causas de la protesta social”, e “investigue y desarticule” la actuación de estos grupos.
Los firmantes
– Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros.
– CTA Autónoma de Misiones.
– ATE Misiones. Asociación de Trabajadores del Estado
– Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
– Asociación de la Calle a la Dignidad
– Espacio Chacabuco
– Socorristas Misiones en Socorristas en Red
– UTEM -Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones. -SUTRAS Sindicato Unico de Trabajadores de Seguridad Misiones.
– Izquierda Socialista
– MPL -Movimiento Pedagógico de Liberación
– MCL -Movimiento Campesino de Liberación
– Sindicato de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Desocupados. Montecarlo
– UTEP – MISIONES
– NUESTRAMÉRICA MP – MISIONES en el FRENTE PATRIA GRANDE
– MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)
– Movimiento Territorial de Liberación
– Partido Comunista de la Argentina
– Pueblo Unido
-Movimiento Evita Capitana.
-Campaña Nacional contra la Violencia Institucional Misiones.
– Frente Social Patria Nueva
– CCC (Corriente Clasista y Combativa)
– PTP – PCR
– La Azurduy – Corriente Nuestra Patria
– SOMOS Barrios de Pie
– Mov 26 de JULIO
– Mov Evita Misiones
– Tierra, Techo y Trabajo
– FENAT
– CTAA (Apóstoles)
– FNC
– Pueblos Originarios en Lucha
– Asoc. Civil SUEÑOS (Santa Ana)
– Proyecto 2 Arte Vivo “La Gracia”
– Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros
– La Rastrojera TV
– Casa Popular Artigas
– FOL Misiones
– Unidad Popular Misiones
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, arribará el lunes 11 de mayo a las 10:30 al Escuadrón 12 de Bernardo de Irigoyen, ubicado sobre ruta 14, chacra 15 de la mencionada localidad fronteriza, donde su cartera implementa el Plan Guacurarí, lanzado por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, y que involucra el tráfico fronterizo con Brasil.
El objetivo de su visita a la provincia misionera será presentar el “Desafío Táctico Femenino 2026”, el cual se desarrollará del 11 al 15 de mayo en la Unidad de Operaciones Especiales en Monte de la Gendarmería Nacional en Misiones.
En esta primera edición destacarán destrezas individuales y grupales, incluyendo eventos acuáticos, pruebas de esfuerzo físico, marchas forzadas, eventos combinados, de tiro y pasaje de pista de obstáculos.
Desde la organización, detallaron que estas actividades “no se orientan exclusivamente al desempeño táctico, sino también al intercambio de experiencias, saberes operativos y valores profesionales entre mujeres que integran las distintas Fuerzas”.
Durante el evento, participarán representantes de los países limítrofes de la República Argentina y las Fuerzas de Seguridad Federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.
La visa de Monteoliva se anota en el Plan Guacurarí, oficializado en mayo de 2025 con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera seca entre Misiones y Brasil, en la zona de Bernardo de Irigoyen, localidad limítrofe con Dionisio Cerqueira y Barracao, pertenecientes a los estados de Santa Catarina y Paraná, respectivamente.
La medida fue dispuesta mediante la resolución 625/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con la firma de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo documento consigna que el punto caliente se da “en una frontera seca sin barreras naturales que se extiende por más de 25 kilómetros lineales”.
Y añadió que “la región enfrenta múltiples desafíos vinculados con actividades ilícitas como el contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, los cuales se ven agravados por pasos clandestinos que facilitan el flujo irregular de personas y mercancías”.
Invitación compartida por el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez
Se oficializó el Plan Guacurarí para reforzar la seguridad en la frontera seca
En el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial.
La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.
La medida, establecida por decreto, alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal superior de la administración central, e incluye además a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado provincial y sociedades con participación estatal mayoritaria.
Asimismo, se extiende a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública. En todos los casos, se dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales.
Quienes se encuentren en ejercicio de sus cargos deberán someterse al examen “de manera anual y aleatoria para asegurar la coherencia en el tiempo y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, informó el mandatario provincial.
Según el artículo 4 del Decreto N° 776, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la elaboración del procedimiento y de la normativa complementaria, pudiendo hacerlo en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática así lo requiera.
Además, el decreto establece que, ante la detección de sustancias psicotrópicas ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente. También dispone que se garanticen instrumentos de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria para las personas alcanzadas por la medida.
La normativa fija además principios rectores para la implementación de los exámenes, entre ellos la confidencialidad, la privacidad, la no discriminación, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la preservación del interés público.
“Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, sostuvo Passalacqua finalmente.
En el marco del “Año de la prevención de consumos problemáticos”, he firmado el Decreto N° 776 para implementar la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en la función pública. Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la… pic.twitter.com/llgamvP7Zc
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 8, 2026
El Partido Justicialista distrito Misiones confirmó el acompañamiento a la cuarta marcha federal universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo a las 14, desde el Mástil de avenidas Uruguay casi Mitre hacia la plaza 9 de Julio de Posadas.
“Acompañamos la marcha federal universitaria en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo”, expresó el partido político mediante un flyer difundido a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Al mismo tiempo, citaron una frase de Juan Domingo Perón: “La conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros”.
“Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra Patria. Es garantizar igualdad de oportunidades, es apostar al conocimiento como motor de desarrollo y justicia social. Como pueblo y como peronistas, tenemos la obligación histórica de estar del lado de quienes estudian, enseñan, investigan y trabajan por una Argentina más libre, más justa y más soberana”, concluyeron.
La movilización fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente.
Uno de los principales reclamos es que las transferencias cayeron un 45,6% desde 2023 y que la pérdida salarial de los docentes alcanza el 50%. Por este motivo, reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional y reiterada por la Justicia.
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