Por mayoría, la oposición logró rechazar cinco decretos del presidente Javier Milei, oficializados en la última semana a través de sus facultades delegadas. De los legisladores misioneros presentes los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra de todas las normativas de decreto, mientras que Martín Goerling (PRO) decidió acompañar las medidas libertarias.

De esta manera, el Senado se opuso a la intervención de organismos públicos autárquicos que fueron absorbidos por carteras del Ejecutivo. Lo que implicó el rechazó a los decretos 351/2025 del Banco Nacional de Datos Genéticos, el 340/2025 de Marina Mercante y el 345/2025, correspondiente al Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Al mismo tiempo, enfrentaron los decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 de Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte y el 462/2025 correspondiente al Inti, Inta, Inpi, ARICCAME, Inase e INV.

Los cambios

A pesar de la decisión del Senado sobre los decretos presidenciales, que el Gobierno tomó en el marco de las facultades administrativas delegadas por el propio Congreso, muchos de los organismos involucrados sufrieron este mes sensibles transformaciones que no serían revertidas.

Entrevistado por Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aclaró: “Por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”.

En este sentido, las intervenciones más concretas se dieron en los organismos históricos y culturales alcanzados por el decreto 345: en el último mes, se designó a Federico Brunetti como director del Instituto Nacional del Teatro y a Fernando Ferreyra como titular de la Comisión Nacional de Monumentos, institución que define si un inmueble es protegido al considerarlo patrimonio histórico. Los dos espacios eran autárquicos hasta este año y pasaron a quedar bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, intervenida por el decreto 461, cuyos profesionales serán reemplazados por personal de Gendarmería Nacional, sufrió esta semana (por decreto 585) el cierre de la Dirección de Campañas -de capacitación de agentes-, el Sistema Nacional de Infracciones -registro único de faltas a nivel federal- y la Línea 149 -de asistencia a víctimas viales-.

Paralelamente, el pasado lunes se disolvió la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con el decreto 584, ahora absorbido por el Ministerio de Economía.

Respecto al Inta, tras la eliminación del rol de Dirección Nacional en agosto pasado, alcanzado por el decreto 462, las intervenciones sobre este organismo, además de Vialidad Nacional, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, fueron detenidas luego de que la Justicia dé curso a apelaciones de organismos sindicales, paralizara temporalmente los efectos de los decretos presidenciales.

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La Legislatura rechazó el proyecto de comunicación del diputado provincial por el Partido Libertario, Javier Mela, para que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, intervenga en la disputa de tierras privadas que se conoció esta semana en Colonia Polana, a raíz de una investigación periodística de La Voz de Misiones.

El trámite del proyecto no tuvo debate en el recinto y solo contó con la presentación que hizo Mela, tras lo cual sobrevino la votación, que registró 24 votos a favor y 12 en contra.

“Quiero plantear la intervención del gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, por un conflicto, que ha tomado estado público, entre las autoridades comunales de Colonia Polana y los herederos de un predio de 100 hectáreas”, presentó el tema el legislador.

Mela relató los pormenores de la disputa entre los hermanos Llanos y la familia del presidente del Concejo Deliberante local, Raúl Francisco Núñez, que mediante un boleto de compra venta, supuestamente apócrifo, ocupa actualmente la propiedad.

“Esta es una situación de absoluta anomalía, de nepotismo”, opinó Mela y argumentó: “Nos da la sensación de que tenemos que intervenir como Poder Legislativo y explicar a la familia Llanos que en la provincia de Misiones rige el Estado de derecho”.

El legislador valoró que “el gobierno provincial haya desplazado al funcionario de la comisaria de Colonia Polana que hostigaba a los Llanos” y lo consideró “un avance”, pero opinó que “bien podría intervenir el subsecretario de Asuntos Municipales para darle garantías a la familia, solidarizarnos con ellos frente a una situación de total atropello”.

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La docente y concejal electa de La Libertad Avanza (LLA) en Montecarlo, Patricia Buckmayer, sumariada por el Consejo General de Educación (CGE) por su posteo en Facebook del Falcon verde de la dictadura con “el baúl mejorado para acarrear zurditos llorando”, será reubicada en una Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA).

La noticia fue confirmada a La Voz de Misiones por la titular del CGE, Daniela López, aunque la funcionaria no supo precisar a qué institución será trasladada Buckmayer, que hasta el escándalo del Falcon verde se desempeñaba como vicedirectora y maestra de grado en la Escuela 661 de Montecarlo.

“Ella está en proceso de investigación sumaria y mientras dura el sumario se reubica transitoriamente en escuela modalidad EPJA”, se limitó a comentar López.

La funcionaria evitó hablar de la Disposición 280/25, del organismo a su cargo, que resolvió “ubicar preventiva y provisoriamente” a Buckmayer en la Escuela N° 156 El Guatambu, de Montecarlo, que provocó el inmediato rechazo del plantel docente y la comunidad educativa local, y reclamos concretos al CGE.

“Hicimos una queja y se nos comunicó que esta docente sería trasladada a otra escuela”, comentó Rubén Ortíz, delegado del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), gremio docente de influencia en esa zona de Misiones.

“Este es un logro de la comunidad, que siempre está alerta”, valoró Ortíz. “Al CGE le faltó criterio, no tiene lógica lo que intentaron hacer”, opinó y explicó: “Escuela donde vaya va a tener dificultades, porque la gente entiende que ella tiene una conducta que lesiona gravemente la posibilidad de estar frente al aula, y entendemos que debe ser reubicada en un lugar que no sea una escuela”.

El sindicalista adelantó a LVM que el martes próximo el MPL tiene agendada una reunión con López, donde además de la cuestión salarial y la situación del personal de servicio no docente, “le vamos a plantear este tema puntual”.

A la par del sumario, Buckmayer, enfrenta dos denuncias penales por apología del delito en la Justicia provincial.

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