El diputado del Partido Libertario de Misiones (PLM), Martín Arjol, presentó en la sesión de ayer de la Legislatura un proyecto para la convocatoria a un segundo plebiscito por la represa de Corpus, luego del referéndum de 1996 en que la obra fue rechazada por el 88,63% de los votos emitidos.

Se trata del Expediente D-69993-26, firmado por Arjol y el diputado del bloque Algo Nuevo, Miguel Orlando Núñez, para que la Legislatura pida al Poder Ejecutivo que “arbitre los medios para la realización de un Plebiscito proponiendo la construcción de la Represa Hidroeléctrica Corpus Christi en el emplazamiento Pindo-i de dicha localidad misionera”.

El legislador libertario ingresó la iniciativa al Boletín de Asuntos Entrados (BAE) de la Cámara, junto a otro proyecto, el Expediente D70149/26, para la creación del “Régimen Provincial de Incentivo para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, destinado a promover la inversión, desarrollo, construcción, operación y explotación de centrales hidroeléctricas de pequeña escala en Misiones”.

Herramienta

En los fundamentos del proyecto para volver a plebiscitar la construcción de Corpus, Arjol argumentó que “la situación energética de la provincia es crítica” y culpó de la problemática a EMSA y “al manejo deficiente”, “partidario” y “proselitista” de la empresa.

“El principal vector energético para la región es la energía eléctrica, como no disponemos de reservas de hidrocarburos, ni siquiera de una conexión a la red nacional de gas natural, la energía eléctrica es nuestra herramienta para el progreso”, señaló.

Comentó que la Misiones tiene un único punto de conexión al Sistema Interconectado Nacional, que viene desde Ituzaingó, con una provisión de no más de 300 MW, mientras que “la demanda energética pico es de 642 MW”, lo que “muestra la situación crítica” que enfrenta la provincia.

Cuestionó que, para hacer frente a esta situación, se estén “utilizando recursos desesperados como la instalación de generación diésel”, que es “extremadamente caro y contaminante”, y asimismo desestimó la eficacia de las plantas generadoras con paneles solares, porque “solo funcionan si el resto del sistema funciona”, ya que “ante un corte de suministro eléctrico del SIP”, estos parques “no pueden abastecer siquiera una casa, porque se desconectan automáticamente del sistema”.

“Todo esto redunda en el pésimo sistema eléctrico provincial, con cortes de energía extremamente frecuentes y desesperantemente largos en algunos puntos de la provincia”, cargó Arjol y lanzó: “Tres apagones totales sufridos en los últimos años”.

“Nuestra Provincia carece de gas natural, petróleo, energía nuclear, litio, minerales críticos, carbón, pero es inmensamente rica en recursos hídricos, y es por eso que vengo discutir la necesidad urgente de aprovechar los principales recursos energéticos que tenemos, que son los aprovechamientos hidroeléctricos de nuestros ríos a gran escala”, argumentó.

“En la provincia contamos con potencial hidroeléctrico en los ríos Paraná y Uruguay, y el principal y más estudiado está en la ciudad de Corpus, en aguas del Río Paraná”, precisó.

“El aprovechamiento Corpus, en su emplazamiento de Pindo-í es un proyecto hidroeléctrico multipropósito de 2.880 MW de potencia instalada, con un costo estimado de U$S4.100 millones, que permitirá generar el 10% de la energía de la República Argentina a un precio de U$S31/MWh, y permitirá con sus obras complementarias mejorar los sistemas de agua potable de la provincia, rutas y autopistas de calidad que potencien el turismo; un sistema de salud más completo y distribuido en la provincia y, por sobre todo, un sistema eléctrico confiable y robusto que permita un verdadero y duradero crecimiento económico para la provincia”, detalló.

Cambios

El legislador libertario señaló que “muchas cosas han cambiado” desde la anterior consulta popular por Corpus, que el rechazo ciudadano de 1996 “sirvió para estudiar otros emplazamientos para la presa, buscando lugares de menor impacto”, y que “el principal argumento” de la negativa de hace 30 años fue “el mal ejemplo que constituía Yacyretá por aquellos tiempos”.

En tal sentido, Arjol sostuvo que “la culminación de de Yacyretá, en cuyo espejo se miró la ciudadanía en 1996, ha traído un conjunto de obras de vital importancia para la región”, que “esa imagen negativa que se proyectaba sobre la obra ha desaparecido”, y “solo un ultramontano puede negar hoy los enormes beneficios que ha traído”.

Arjol señaló que, en el caso de que Corpus se construya, el impacto alcanzaría a unas 7.000 hectáreas en el lado argentino y que “muy pocas familias” misioneras se verían afectadas por la obra.

“La energía hidroeléctrica es renovable y limpia. No genera emisiones de gases de efecto invernadero”, ponderó el legislador y valoró también el impacto de la mega obra en la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Habrá muchas empresas misioneras que deberán proveer bienes y servicios, exigencia que debe estar en el pliego de condiciones, y se abrirá un circulo virtuoso de empleo que atacará unas de las mayores calamidades que nos afectan: el desempleo”, argumentó.

“Otro punto importante es que las regalías de las represas serán en su totalidad para Misiones, lo que representa una cantidad importantísima fondos que adicionalmente se incorporan al fisco provincial, y que con una adecuada articulación política podría ser destinada por ley al subsidio de la energía en suelo misionero”, destacó.

Arjol remarcó que su proyecto “se encuentra en plena consonancia con los compromisos asumidos a nivel federal en el Pacto de Mayo, suscripto entre el Estado Nacional y las provincias, cuyo punto 6 establece como principio rector la obligación de promover el aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales como base del crecimiento económico y la generación de riqueza”.

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La interna oficialista en Puerto Piray sumó un nuevo capítulo con la denuncia penal presentada por dos concejales contra la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano por “presuntos delitos” en la administración pública, a raíz de la adquisición por parte del Ejecutivo municipal de dos camionetas 4×4 valuadas en alrededor de 49 millones de pesos cada una y que, según sostienen, “no aparecen”.

Los ediles Remigio Smith y Elizabeth Mercado, del bloque Juntos Podemos Piray, realizaron la presentación formal ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico luego de agotar las instancias administrativas sin obtener una respuesta del área legal de la Municipalidad.

La situación salió a la luz durante el análisis en comisión del Balance Municipal 2025 enviado al Honorable Concejo Deliberante (HCD) por la intendenta Lezcano, donde los ediles denunciantes detectaron la compra de dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 doble cabina, registradas como adquiridas en marzo de 2025 por un monto superior a los 49 millones pesos cada una.

“Para que ellos realicen esa compra, tendría que haber pasado por el Concejo y en ningún momento ingresó un expediente para una adquisición de esa magnitud”, apuntó la concejal Mercado en diálogo con La Voz de Misiones.

Mercado relató a LVM que la compra figura en el apartado de Patrimonio Municipal del Balance, aunque señaló que no cuenta con mayores precisiones sobre la operación, motivo por el cual desde su bloque decidieron enviar una carta documento al Ejecutivo de Piray para acceder al expediente de la adquisición.

“Se supone que, si realizaron esa compra, tienen que tener un expediente’”, sostuvo la edil y continuó: “Nos acercamos al Municipio después de enviar la carta documento y nos derivaron al área legal. El abogado nos dijo que no había recibido nada, que no sabía del tema y que iba a preparar una respuesta formal”.

La concejal afirmó que, según lo establecido en el Artículo 70 de la Constitución Provincial de Misiones, la compra de las camionetas debía ingresar al Concejo mediante una licitación pública y contar con la aprobación de los ediles.

“Toda enajenación de bienes fiscales o municipales, compra, obra pública y demás contratos se hará por el sistema de subasta o licitación pública, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes”, sostiene la Constitución de Misiones en su Artículo 70.

Mercado cuestionó que “hasta el día de hoy estamos esperando la respuesta del abogado” y añadió que concurrieron en al menos tres oportunidades más a la Municipalidad, pero ante la falta de información sobre la compra decidieron avanzar por la vía judicial.

Además, la edil contó que, en el marco del análisis del Balance que continúa en comisión, citaron a la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano a comparecer en una reunión “para dar explicaciones”.

Sin embargo, Mercado sostuvo que el Concejo “está manejado por los concejales de ella” y deslizó que la nota de citación “aún no fue enviada”.

Interna local

La tensión política entre los concejales del bloque Juntos Podemos Piray y la intendenta Lezcano, todos integrantes del espacio Encuentro Misionero, arrastra varios capítulos en Puerto Piray.

El año pasado, Remigio Smith y Elizabeth Mercado impulsaron la creación de una Comisión Investigadora contra la jefa comunal luego de que se ausentara a dos sesiones especiales convocadas para brindar explicaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión, aunque la iniciativa finalmente no prosperó en el Concejo.

Meses después, durante la apertura de sesiones ordinarias 2026, la concejal Mercado volvió a exponer públicamente las diferencias internas al exhibir carteles con reclamos por falta de transparencia y cuestionamientos al manejo del Ejecutivo municipal.

Ahora, el conflicto sumó un nuevo episodio con la presentación realizada por los concejales ante la Justicia, donde solicitaron que se investigue la compra de las dos camionetas Ford Ranger XL 4×4 registradas en el Balance Municipal 2025 y cuyo expediente administrativo, según sostienen, no fue puesto a disposición del Concejo Deliberante.

 

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El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, defendió este jueves el proceso de desregulación del sector yerbatero durante una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación y aseguró que el nuevo esquema “es el único camino comprobado hacia una industria moderna, competitiva, exportadora e independiente”.

El encuentro reunió a productores, cooperativistas, trabajadores, directivos del Inym y legisladores nacionales para debatir la situación actual del sector. Durante su exposición, Correa leyó un documento en el que cuestionó el histórico sistema de fijación de precios y sostuvo que la eliminación del precio mínimo obligatorio permitió iniciar un proceso de “saneamiento” del mercado.

Según explicó, al asumir encontró un organismo “sobredimensionado”, con exceso de cargos jerárquicos y problemas de control interno. En ese marco, indicó que en cinco meses de gestión se modificó el organigrama y se redujo un 25% del plantel en áreas administrativas.

En la continuidad de la lectura, Correa afirmó que “la eliminación del precio mínimo obligatorio marcó el paso de una economía administrada a un funcionamiento basado en la libre competencia”.

En ese marco, postuló que “los datos del último quinquenio desmiente los pronósticos del colapso y demuestran un proceso de saneamiento” y sostuvo que “tras la desregulación los precios en góndola han experimentado una caída real de 46%, terminando con la distorsión de precios que perjudicaban a los consumidores”.

También enumeró que en su gestión “logramos sostener los volúmenes productivos. Los análisis muestran que la producción de hoja verde se ha mantenido estable con un promedio de 892 mil toneladas; logramos una competencia real, registramos un mapa con 106 molinos elaboradores y 208 secadores, esto demuestra que existen suficientes oferentes para garantizar la libre competencia”.

“Desarmar la retórica populista”

El titular del Inym apuntó que “es fundamental desarmar la retórica populista, que sostiene que la regulación protegía al eslabón más débil. Los registros históricos de la última década muestran que el control de precios fue la estructura que mantuvo al 60% de los pequeños productores, hasta 10 hectáreas, atrapados en la dependencia y el minifundio”.

“El precio oficial actuó como una anestesia que limitó el crecimiento a escala. La libertad de mercado ha traído a la superficie la realidad de los estratos productivos, mediante la dispersión de precios. Hoy observamos un mercado donde coexisten valores de 240 pesos por kilogramo de hoja verde para quienes entregan materia prima estandarizada, frente a 380 pesos por kilogramos en zonas de alta tecnificación y calidad”, arrojó.

En ese punto, fue claro: “El mensaje es unívoco, el que espera el precio oficial y estático se estanca. El que busca eficiencia, tecnología y calidad, progresa”.

Para Correa, “la regulación de precios instauró la peligrosa noción de un commodity idéntico, donde el esfuerzo no tenía premio. El precio regulado le enseñó al productor a entregar su trabajo y preguntar pasivamente cuánto le iban a pagar. Por el contrario, la libertad le muestra al productor que él es un empresario agrícola que debe poner valor a su propio trabajo mediante la excelencia de su cosecha. La rentabilidad real no se fija por una resolución del Inym o por el laudo, la rentabilidad se construye en la chacra, midiendo los kilómetros obtenidos por hectáreas”.

“Para finalizar queremos ratificar que la posición institucional del Inym es firme e irreversible. El instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia. Nuestras competencias legales se enfocarán estrictamente en garantizar la transparencia de los datos de mercado, proveer de asistencia técnica y potenciar la marca de la yerba mate argentina en el mundo”, precisó.

Y cerró: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino comprobado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y fundamentalmente independiente”

Durante la jornada también participaron productores yerbateros, quienes expusieron las dificultades que atraviesa el sector y describieron la situación en las chacras. Entre los legisladores presentes estuvieron Julia Strada, Carlos Arce y Oscar Herrera Ahuad, que también se refirió al asunto y cuestionó la política desregulatoria.

Al cierre del encuentro, Correa destacó que el oficialismo habilite el debate en las comisiones legislativas y sostuvo que “si no convocan a las comisiones de trabajo es imposible discutir los proyectos”.

Herrera Ahuad sobre la yerba: “En lo productivo e industrial demuestra crisis”

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