El intendente de Garupá, Luis “Lucho” Ripoll, vetó parcialmente la Ordenanza XVI N° 10, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para regular la prestación del servicio de agua potable, y dejó sin efecto algunos artículos centrales de la normativa, entre ellos la obligación de la empresa Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) de instalar dispositivos de purga o bloqueo de aire en las cañerías de todas las conexiones actuales y futuras.

Mediante el Decreto N° 07, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Misiones, el Ejecutivo municipal resolvió vetar parcialmente varios puntos de la ordenanza al considerar que avanzaban sobre competencias provinciales vinculadas a la regulación del servicio de agua y al funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC).

Entre los artículos vetados se encuentra el 4°, que establecía una “presunción” de presencia de aire en las conexiones ante “variaciones anormales de consumo” e “inconsistencias técnicas”, y exigía a SAMSA “garantizar la exactitud en la medición del consumo”.

El intendente Ripoll consideró que la disposición del artículo 4 modificaba principios vinculados al “equilibrio contractual” y al “debido proceso”, excediendo las facultades regulatorias del municipio.

También fueron vetados los artículos 5° y 6°, que obligaban a la empresa a instalar dispositivos de purga o bloqueo de aire en todas las conexiones actuales y futuras, con costos exclusivamente a cargo de la prestataria del servicio.

Según el decreto, esos aspectos configuran “una injerencia directa en aspectos técnicos, operativos y económicos propios del marco concesional, cuya regulación corresponde a la autoridad provincial”.

Otro de los puntos eliminados fue el artículo 10°, que prohibía interrumpir el servicio mientras existiera un reclamo en trámite. El municipio argumentó que la medida podía generar “situaciones de abuso o afectar la sustentabilidad del servicio”.

Además, el Ejecutivo anuló los artículos 12°, 13° y 14°, que obligaban a SAMSA a habilitar una oficina de atención al público dentro de Garupá en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Para el municipio local esa exigencia “implica una imposición sobre la organización interna de la empresa concesionaria que excede las atribuciones municipales”.

Asimismo, el veto parcial también alcanzó al régimen sancionatorio previsto entre los artículos 19° y 29° de la ordenanza, que contemplaba multas de entre 100 y 60.000 Unidades Tributarias por cortes prolongados, deficiencias en la medición, falta de información al usuario y otros incumplimientos.

La intendencia a cargo de Ripoll consideró que esas sanciones podían superponerse con “los previstos por la normativa provincial vigente, generando inseguridad jurídica y posible doble sanción por los mismos hechos”.

La Ordenanza XVI N° 10 había sido sancionada el 28 de abril con el objetivo de fijar pautas de mejora, control y regulación del servicio de agua potable dentro del ejido municipal.

Pese a los vetos, la ordenanza quedó parcialmente promulgada con su publicación en el Boletín Oficial. Permanecen vigentes los artículos vinculados a la continuidad y calidad del servicio, la obligación de informar cortes, la implementación de planes de contingencia, los canales de atención al usuario, la presentación de planes de inversión y la coordinación con el EPRAC.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo municipal sostuvo que el municipio puede intervenir en defensa de los usuarios y en aspectos administrativos del servicio, pero remarcó que debe hacerlo “en armonía” con el sistema regulatorio provincial y respetando la distribución de competencias vigente.

Proponen disolver el EPRAC y crear una Defensoría del Agua

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El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Cacho Bárbaro, propuso esta tarde en la sesión de la Legislatura la creación, a través de una ley, de un régimen de asistencia económica a pacientes oncológicos y de otras patologías graves que no cuenten con ingresos.

La iniciativa busca la creación del Régimen Provincial de Asistencia Económica para Personas con Enfermedades Oncológicas y Otras Enfermedades Graves de Alto Costo, destinado a garantizar un ingreso mínimo a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a fin de asegurar la continuidad y dignidad de los tratamientos.

“Yo sé que a los libertarios esto no les gusta, no les cae bien”, dijo Bárbaro en su alocución de esta tarde en la Cámara.

“Me acuerdo en un acto de (Javier) Milei, donde dijo ‘venimos a terminar con el verso de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque aumenta el gasto público”, agregó el legislador del PAyS y preguntó: “¿Qué hacemos con esa gente humilde? ¿El Estado tiene que estar ausente?”.

Bárbaro ponderó la “profesionalidad” y la “calidad de la atención del Parque de la Salud” de Misiones, y sostuvo que la demora en los turnos obedece al deterioro social provocado por “el modelo económico” que “destruyó el tejido social”.

“No hay que quejarse de las autoridades del Parque de la Salud, de los médicos, de las enfermeras; hay que quejarse del gobierno de Milei; del gobierno de Karina 3%; del gobierno de Adorni y su cascada”, disparó.

“Misiones hoy tiene 10 mil trabajadores que quedaron sin trabajo desde que asumió Milei. Familias que quedaron sin obra social, que absorbe el hospital público; los gendarmes, el Ejército; el empleado púbico que no tiene para pagar el plus y va al Parque de la Salud; ni hablar de los jubilados, que antes se operaban en clínicas privadas”, afirmó.

“Hay tantos casos de gente muy humilde, pobre, de Pozo Azul, San Pedro, que tienen que venir un día antes, y no tienen un mango en el bolsillo para sostenerse, ni para comer”, describió Bárbaro y planteó: “Mi proyecto apunta a crear una herramienta del Estado provincial para que podamos ayudar a esa gente humilde”.

El diputado del PAyS reconoció que su proyecto, que propone otorgar a los beneficiarios una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil, “genera erogaciones al Estado provincial” y estimó en “unas 500 familias” el universo de destinatarios.

“Sabemos que la provincia atraviesa una crisis de recursos de la Nación, recortes de coparticipación”, dijo Bárbaro y pidió: “Espero que busquemos la forma de concretarlo”.

“Vos le escuchas al gobierno diciendo que no hay plata, pero vemos cómo le sacan impuestos a los bienes de lujo y a los pobres no le dan para tratar su enfermedad”, se quejó.

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El diputado provincial Santiago Koch (Unión Cívica Radical) presentó un proyecto de ley que propone la disolución del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y la creación de una nueva Defensoría del Usuario del Agua (DUA), dependiente del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

“Con este proyecto vamos a ser claros: le decimos chau al EPRAC, y no solamente porque es una cuestión administrativa, sino porque consideramos que Misiones tiene un ente que cobra una tasa, que tiene un directorio y vocalías, pero cuando un usuario abre la canilla y no sale agua, ese ente no está o actúa demasiado tarde”, apuntó Koch en su primera alocución como diputado este jueves en la Legislatura misionera.

En esa línea, el legislador radical cuestionó el presupuesto asignado al organismo, presidido por Soledad Balán, y señaló que, tras una ampliación presupuestaria otorgada meses atrás, el EPRAC contará este año con casi 700 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, sostuvo que esos recursos “realmente no se verifican en el accionar de este ente”.

Asimismo, Koch planteó que la iniciativa no solo propone la eliminación del EPRAC y la supresión de su directorio y estructura política, sino también quitar la tasa que actualmente pagan los usuarios para financiar el organismo. “El ciudadano debe dejar de pagar por un organismo que no lo defiende”, expresó durante su exposición en la Cámara de Representantes.

En paralelo, afirmó que el proyecto prevé que los recursos liberados sean destinados a la reparación de redes de agua y cloacas, además de atender eventuales emergencias hídricas.

En ese marco, propuso la creación de una Defensoría del Usuario del Agua, con una “estructura mínima y técnica” dependiente de un ministerio, que tenga entre sus funciones recibir reclamos, intervenir y sancionar a empresas prestatarias que incumplan con el servicio.

Sometido a votación, el proyecto de ley del diputado radical obtuvo 38 votos afirmativos y fue girado a la comisión correspondiente para continuar con su tratamiento legislativo.

Problemática del agua

El proyecto impulsado por Koch se da luego de una serie de reclamos vecinales por presuntas irregularidades en la facturación del servicio de agua potable por parte de la empresa Servicios de Aguas de Misiones S. A. (SAMSA).

En marzo pasado, durante una reunión en el Concejo Deliberante de Posadas, la titular del EPRAC, Soledad Balán, reconoció que en algunos casos “hubo aire en las cañerías” y que eso derivó en un aumento del consumo registrado en las boletas, lo que motivó pedidos de refacturación para usuarios afectados.

En paralelo, el Concejo capitalino debatió un proyecto para obligar a la prestataria a instalar válvulas o bloqueadores de aire en los medidores domiciliarios, con el objetivo de evitar que los usuarios paguen por aire acumulado en las cañerías tras cortes del servicio. La iniciativa, presentada por el concejal Jair Dib, finalmente fue rechazada en el recinto a fines de abril, pese a que había obtenido dictamen favorable en comisión.

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