El Senado de la Nación le dio media sanción anoche a la nueva Ley de Biocombustibles, que eleva los porcentajes de mezcla obligatoria en los carburantes fósiles.

El proyecto se aprobó con 41 votos afirmativos, entre los que se contaron los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling; 25 negativos y ninguna abstención.

La reforma sube del 12% al 15% la mezcla de bioetanol en las naftas, y eleva del 7,5% al 10% la cantidad de biodiesel en el gasoil.

El debate recogió la controversia entre las grandes aceiteras exportadoras y las pymes regionales, por cuanto la nueva ley reconfigura el mercado de biodiésel, quitándole la exclusividad a las pequeñas empresas y reduciendo su nicho progresivamente, del 6,5% al 4% hasta 2031, para permitir el ingreso de las multinacionales al mercado interno.

Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la nueva ley los obliga a competir en absoluta desigualdad de condiciones y con la “cancha inclinada”.

La organización asegura que la nueva normativa pone en riesgo de quiebra a unas 25 plantas del interior del país y amenaza cerca de 10.000 puestos de trabajo regionales.

Bioetanol misionero

Inicialmente, la reforma alcanzaba solo a las provincias sojeras de la región pampeana y del NOA, productoras de caña de azúcar, pero por pedido del bloque de Arce y Rojas Decut, Misiones logró la incorporación, en el artículo 13 del proyecto de ley, de la biomasa forestal y los residuos celulósicos como materia prima para la producción de bioetanol.

Según los números mencionados en el recinto, la tierra colorada dispone de unas 13.000 hectáreas que podrían generar hasta 82 millones de litros anuales de bioetanol, atrayendo inversiones privadas a un sector forestal golpeado por la recesión.

Sin embargo, los parlamentarios misioneros no consiguieron incluir en el citado artículo la exigencia de que la materia prima provenga de bosques cultivados y no de bosques nativos.

Al momento de justificar el voto, Arce detalló que el respaldo al proyecto no significaba que la provincia hubiera abandonado el resguardo ambiental, que trasladó formalmente como una exigencia al órgano de aplicación, la Secretaría de Energía de la Nación.

“Acompañamos la ley porque nos incluye, pero le exigimos públicamente al Ejecutivo que constate que la materia prima sea exclusivamente cultivada”, señaló.

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Las cámaras empresariales de Puerto Iguazú reclamaron en el Senado de la Nación, una solución a la problemática del paso fronterizo en la cabecera argentina del puente Tancredo Neves, que comunica la ciudad con su vecina brasileña de Foz de Iguazú.

Los planteos de los gremios empresariales tuvieron lugar en el Encuentro sobre Integración Fronteriza que reunió, ayer en el Congreso, a hoteleros, gastronómicos y operadores turísticos de Puerto Iguazú, con funcionarios de todos los organismos públicos con injerencia en el tema.

En el evento, organizado por el senador del PRO Misiones, Martín Goerling, que se extendió por varias horas, volvieron a escucharse las quejas históricas del empresariado y el comercio de la ciudad de las cataratas por las demoras para el ingreso a Iguazú del flujo turístico proveniente de Brasil.

El empresario gastronómico, Juan Pablo Bauza, secretario de la Cámara de Turismo de Iguazú, explicó que el reclamo “es que se agilice, se modernice el paso; pedimos que se invierta en cuestiones necesarias, porque muchos años que venimos pidiendo y siempre el tema queda estancado”.

“Somos los mayores generadores de empleo en Iguazú; fuera de los empleos estatales, no existe otra actividad, la industria es el turismo”, afirmó y urgió una “flexibilización para que la dinámica de la frontera haga que se potencie la visita a nuestro destino”.

En la misma sintonía se expresó el presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Blanco, quien remarcó la “urgencia” del reclamo y precisó que Iguazú “depende en más de un 90% de la actividad turística y estamos ante un problema grave”.

“Muchas veces nos dicen los viajeros: ‘Cómo puede ser que de San Pablo a Foz tardemos una hora y media, y cruzar el puente a Puerto Iguazú nos lleve dos horas’”, comentó, por su parte, Patricia Durán Vaca, titular del Iguazú Convention Bureau (ICB).

“Necesitamos resolver ese problema, para beneficio de Misiones y Puerto Iguazú; eso le estamos pidiendo a los políticos”, argumentó.

Doble mano

El senador Goerling, anfitrión del evento, destacó la importancia de sentar a una misma mesa al empresariado y a los actores públicos, en cuyas manos está la solución del problema.

“Fue una buena reunión”, calificó y aseguró a La Voz de Misiones que “la voluntad política de resolver la situación, está” y que, por eso, “fue que los organismos se movilizaron”.

Goerling no quiso precisar, empero, conclusiones y habló, puntualmente, de la existencia de “un plan de trabajo que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, con Brasil”, cuyas “novedades” se revisarán “en otra reunión en 30 días, en Iguazú”.

“Se mencionaron varias herramientas que están en proceso de instrumentación, como la digitalización de Migraciones y la modernización de todo el sistema informático”, y también de las tratativas de Cancillería para “aprovechar el centro de frontera brasileños, que están haciendo algo muy grande”.

“La idea -dijo Goerling- es que el lado argentino sea solo el egreso, y poner todo el ingreso del lado brasilero”.

Encuentro sobre Integración Fronteriza, se tituló la convocatoria del senador del PRO Misiones, Martín Goerling.

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El proyecto de Presupuesto 2027, enviado anoche al Congreso por el gobierno de Javier Milei, profundiza el ajuste en discapacidad, universidades y ciencia, y recorta en un 20% las transferencias de capital -obra pública e inversiones- a las provincias.

En lo que hace a Misiones, el proyecto de Presupuesto del gobierno le asigna a la tierra colorada unos $3,43 billones, pero apenas el 1% de ese total – unos $13.383 millones – está destinado a gastos de capital y proyectos de inversión en obra pública.

El grueso de los recursos – $9 de cada $10 pesos – corresponden a seguridad social (58%) y transferencias corrientes (32%), lo que ubica a Misiones última entre las provincias del NEA, por debajo de Chaco, Corrientes y Formosa.

Caída

El proyecto presupuestario muestra un aumento real del 3,9% en los recursos nacionales ejecutados en territorio misionero, pero el desglose de los fondos revela fuertes restricciones, donde la mayor caída se visualiza en las partidas destinadas a la inversión en infraestructura.

Entre las obras contempladas, aparecen distintos proyectos en las rutas nacionales 12 y 105, mantenimiento vial, infraestructura aeroportuaria, y labores de saneamiento y viviendas.

Para la autovía de la ruta nacional 105, entre la rotonda de la 12 y la conexión con la 14, se proyectan $2.732 millones; para los desagües cloacales de Aristóbulo del Valle se prevén $2.200 millones; y para el tramo incompleto de autopista de la ruta 12, entre Posadas y San Ignacio, se destinan $848 millones.

El Presupuesto 2027 de Milei, incluye obras, pero dispone mínimos recursos de financiamiento. Así, mientras en el papel figuran proyectos faraónicos, como el soterramiento de la ruta 12 en Posadas, entre Las Heras y Tomás Guido, cuya inversión asciende a $27.947 millones, la partida asignada real es de apenas unos $322 millones.

Motosierra

En líneas generales, y a contramano de todas las proyecciones de consultoras especializadas, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) espera un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación interanual del 18% y un dólar a $1.847,6 para fin de año.

Tal como lo hicieron notar este miércoles en la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, además del recorte a las obras públicas, el Presupuesto 2027 de la Casa Rosada profundiza el ajuste en Discapacidad, ciencia y universidades.

El texto enviado al Congreso deroga las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, que el gobierno de Milei jamás cumplió, pese a los múltiples fallos judiciales.

La eliminación del nomenclador único de prestaciones y la actualización mensual por IPC, es “fatal” para la tierra colorada, según advierten los prestadores misioneros, porque la provincia no recibe el adicional del 20% por zona desfavorable que tiene la Patagonia, lo que arriesga la continuidad de los servicios “si los aranceles locales quedan rezagados”.

En lo que hace al financiamiento universitario, el Presupuesto de Milei, asigna $7,3 billones para el funcionamiento, inversión y programas especiales, muy por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de $11 billones para 2027.

La UNAM es una de las universidades nacionales que se verá afectada por el ajuste, ya que opera en base a costos de 2025, que no se condicen con los incrementos inflacionarios reales, ni lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo sigue sin cumplir.

Además, el porcentaje de actualización del 20% en gastos de funcionamiento que se había acordado, nunca se aplicó para las sedes de Posadas, Oberá, Eldorado y Apóstoles.

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