El proyecto de Presupuesto 2027, enviado anoche al Congreso por el gobierno de Javier Milei, profundiza el ajuste en discapacidad, universidades y ciencia, y recorta en un 20% las transferencias de capital -obra pública e inversiones- a las provincias.

En lo que hace a Misiones, el proyecto de Presupuesto del gobierno le asigna a la tierra colorada unos $3,43 billones, pero apenas el 1% de ese total – unos $13.383 millones – está destinado a gastos de capital y proyectos de inversión en obra pública.

El grueso de los recursos – $9 de cada $10 pesos – corresponden a seguridad social (58%) y transferencias corrientes (32%), lo que ubica a Misiones última entre las provincias del NEA, por debajo de Chaco, Corrientes y Formosa.

Caída

El proyecto presupuestario muestra un aumento real del 3,9% en los recursos nacionales ejecutados en territorio misionero, pero el desglose de los fondos revela fuertes restricciones, donde la mayor caída se visualiza en las partidas destinadas a la inversión en infraestructura.

Entre las obras contempladas, aparecen distintos proyectos en las rutas nacionales 12 y 105, mantenimiento vial, infraestructura aeroportuaria, y labores de saneamiento y viviendas.

Para la autovía de la ruta nacional 105, entre la rotonda de la 12 y la conexión con la 14, se proyectan $2.732 millones; para los desagües cloacales de Aristóbulo del Valle se prevén $2.200 millones; y para el tramo incompleto de autopista de la ruta 12, entre Posadas y San Ignacio, se destinan $848 millones.

El Presupuesto 2027 de Milei, incluye obras, pero dispone mínimos recursos de financiamiento. Así, mientras en el papel figuran proyectos faraónicos, como el soterramiento de la ruta 12 en Posadas, entre Las Heras y Tomás Guido, cuya inversión asciende a $27.947 millones, la partida asignada real es de apenas unos $322 millones.

Motosierra

En líneas generales, y a contramano de todas las proyecciones de consultoras especializadas, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) espera un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación interanual del 18% y un dólar a $1.847,6 para fin de año.

Tal como lo hicieron notar este miércoles en la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, además del recorte a las obras públicas, el Presupuesto 2027 de la Casa Rosada profundiza el ajuste en Discapacidad, ciencia y universidades.

El texto enviado al Congreso deroga las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, que el gobierno de Milei jamás cumplió, pese a los múltiples fallos judiciales.

La eliminación del nomenclador único de prestaciones y la actualización mensual por IPC, es “fatal” para la tierra colorada, según advierten los prestadores misioneros, porque la provincia no recibe el adicional del 20% por zona desfavorable que tiene la Patagonia, lo que arriesga la continuidad de los servicios “si los aranceles locales quedan rezagados”.

En lo que hace al financiamiento universitario, el Presupuesto de Milei, asigna $7,3 billones para el funcionamiento, inversión y programas especiales, muy por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de $11 billones para 2027.

La UNAM es una de las universidades nacionales que se verá afectada por el ajuste, ya que opera en base a costos de 2025, que no se condicen con los incrementos inflacionarios reales, ni lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo sigue sin cumplir.

Además, el porcentaje de actualización del 20% en gastos de funcionamiento que se había acordado, nunca se aplicó para las sedes de Posadas, Oberá, Eldorado y Apóstoles.

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El diputado nacional de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, cuestionó el ajuste a la Discapacidad que plantea el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto 2027, enviado anoche, a última hora, al Congreso.

La crítica del legislador misionero se dio en la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados de la Nación, por la prorroga de la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Así, como nos hacen creer en la inocencia fiscal, tenemos creer en la inocencia legislativa”, disparó Herrera Ahuad.

“Tenemos que creer que el Presupuesto General de la República Argentina, que sentencia a la discapacidad, a la desaparición de los derechos de las personas con discapacidad, nos enteramos todos juntos a las once y media de la noche, oficialistas, opositores, y todos los que estamos acá”, cargó.

“Si no estamos acuerdo con ese presupuesto, yo propongo que hagamos un dictamen unificado, derogando eso, y que el dictamen que saque esta comisión sea la mandante de la Ley de Presupuesto de la República Argentina”, lanzó el ex gobernador de Misiones.

Según pudo saber La Voz de Misiones, Herrera Ahuad llegó “muy molesto” a la reunión de este mediodía, por el “contrasentido” de discutir la extensión de la emergencia, cuando el gobierno envía al Congreso un proyecto de Presupuesto que profundiza el ajuste del sector destinatario de la prórroga.

En efecto, el Presupuesto 2027, de la Casa Rosada, elimina la actualización obligatoria, mensual y automática, de los pagos a prestadores de acuerdo con el IPC del INDEC, y la reemplaza por una pauta trimestral discrecional; a la vez que elimina el Certificado Único de Discapacidad como herramienta para el acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector formal, tanto en empleos en relación de dependencia como monotributo hasta dos salarios mínimos.

La reunión conjunta de las comisiones, que se realizó en cumplimiento del emplazamiento del pleno de Diputados el día 9 de septiembre pasado, se extendió por más de cuatro horas y contó con la presencia de más de veinte invitados, entre funcionarios de discapacidad de varias provincias, como y referentes de organizaciones privadas del sector.

Desmantelamiento

Entre los expositores invitados, se encontraba Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, que advirtió por demoras en medicamentos, ayudas técnicas y pagos a prestadores, y también cuestionó el ajuste del sector en el proyecto de Presupuesto del gobierno.

Antúnez desmintió que el Consejo Federal de Discapacidad haya prestado acuerdo al ajuste presupuestario del sector, porque durante el año el organismo “fue convocado solo en dos oportunidades”.

“Les aseguro que como representantes del Consejo Federal jamás, jamás hemos votado ni apoyado ninguna medida de la SENADIS que haya ido en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.

Antúnez precisó que en Misiones hay unas 36.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y unas 48.000 afiliadas al Programa Federal Incluir Salud; y remarcó que la mayoría de esa población vive en zonas rurales y periurbanas, lo que suma dificultades de acceso a los servicios de salud, rehabilitación y medios de transporte.

La funcionaria misionera denunció la falta de envío de medicamentos de alto costo a través de Incluir Salud, como los destinados a pacientes con hemofilia y ELA; y advirtió que en la provincia hay 316 personas que esperan desde mayo una respuesta vinculada con sus tratamientos.

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El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Candelaria derogó la Ordenanza N.º 18/2019, mediante la cual se creó el Banco Municipal de Tierras y se facultó al intendente, Carlos Flores, a “incorporar tierras y/o lotes” al patrimonio de la comuna, con el objetivo de generar “recursos genuinos” destinados principalmente a atender la demanda habitacional de personas sin recursos y al “desarrollo Habitacional y Asentamientos Industriales”.

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales dejaron sin efecto, a través de la Ordenanza N.º 12/2026, la norma impulsada por el Ejecutivo municipal en 2019, durante la gestión del actual intendente Flores.

La derogación de la norma fue presentada por el presidente del HCD de Candelaria, Daniel Gauto, quien señaló entre los considerandos del proyecto que la medida responde a la falta de respuestas del Ejecutivo a los pedidos realizados desde 2023, a la ausencia del original de la normativa en el archivo recibido por la actual gestión y a la falta de remisión de una copia certificada, solicitada formalmente por el cuerpo legislativo.

Por otra parte, el proyecto alude a la existencia de “controversias de orden público” vinculadas con el Banco Municipal de Tierras y plantea que, ante la falta de respuestas a los requerimientos formulados por los concejales, la derogación constituye una “necesidad Institucional y la obligación republicana”.

Según pudo saber La Voz de Misiones, actualmente existe un conflicto entre el Ejecutivo comandado por Flores y el cuerpo legislativo, vinculado a la falta de un Digesto Jurídico en Candelaria y al desconocimiento de las ordenanzas utilizadas por el gobierno comunal, entre otras cuestiones. En este caso, la disputa surgió a raíz de la donación de lotes al empresario Roberto Lagier, para la cual se invocó como respaldo la normativa ahora derogada.

Cabe mencionar que, para elaborar el proyecto de derogación de la normativa municipal, el concejal Gauto tuvo que recurrir al Libro de Actas del Concejo Deliberante, donde quedó registrada la Sesión Especial N.º 02/2019, en la que se trató y aprobó la creación del Banco Municipal de Tierras, con la presencia del intendente Flores.

Derogación

La nueva ordenanza establece que, desde su promulgación, cesarán las incorporaciones, adjudicaciones, transferencias, cesiones o cualquier otro acto administrativo que pretenda fundarse exclusivamente en la norma de 2019.

Al mismo tiempo, aclara que esto “no importará, por sí misma, declaración de nulidad ni revocación automática” de los actos particulares realizados durante su vigencia, que deberán ser analizados de manera individual.

Entre las principales medidas, el Ejecutivo Municipal deberá remitir al HCD, en un plazo de diez días hábiles, la documentación vinculada con el funcionamiento del Banco Municipal de Tierras. El informe deberá detallar los inmuebles incorporados, su situación jurídica, los beneficiarios y los actos administrativos mediante los cuales fueron adjudicados, cedidos o transferidos.

La norma también ordena realizar un “Inventario General” de los inmuebles que hayan integrado el Banco y establece que, hasta completar ese relevamiento, el Ejecutivo deberá abstenerse de disponer de esos bienes. Además, prohíbe la “destrucción, eliminación, alteración, sustitución” de la documentación relacionada con el régimen.

Por último, se establece que cualquier futuro Banco Municipal de Tierras, programa de acceso al suelo o plan habitacional deberá contar con una nueva ordenanza que determine expresamente sus mecanismos de adjudicación, criterios de selección de beneficiarios, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y control legislativo.

El proyecto fue sometido a votación durante la sesión ordinaria del último martes y resultó aprobado con los votos de los ediles Nélida Tassi, Nélida Yolanda Villalba y Verónica Suomela, del presidente del cuerpo, Daniel Gauto, y del concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Claudio Ponce. En contra votaron los concejales Rufina Antonia Rodríguez y Aldo Silva, alineados con el intendente Flores.

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