Política
Motosierra de Alvarenga en el Pami Misiones: despidos y menos prestaciones
La directora del Pami Misiones, Ninfa Alvarenga, comenzó la semana pasada con despidos de personal del organismo, a la par que desde el gremio y los trabajadores se denuncian “dramáticos” recortes en las prestaciones médicas y sociales.
Si bien, el Pami Misiones no publicita sobre estas decisiones, fuentes del organismo manejado por Alvarenga precisaron a La Voz de Misiones que desde la semana pasada suman cinco los trabajadores despedidos.
“Hay dos en Posadas; uno, en San Vicente; uno, en Iguazú; y uno, en Eldorado”, detallaron.
Según señalaron a LVM, en el caso de Puerto Iguazú se da el absurdo de que, al despedir a la única trabajadora de la delegación, Alvarenga dispuso su reemplazo por personal enviado desde Posadas, con todo lo que significa en materia de traslado, alojamiento y viáticos.
“En términos presupuestarios resulta más caro reemplazar a la trabajadora despedida que mantenerla en su puesto”, argumentó una fuente del área contable del organismo, que sobrevivió a la debacle de los audios filtrados y la caída en desgracia de la anterior administración libertaria, encabezada por el médico Paulo César Zárate Ninamango, con Ricardo Zacarías y Sixto Cástor Fernández, todos ahora involucrados en una causa penal contra Alvarenga en la Justicia Federal.
Clima tenso
Desde el Sutepa, el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Pami, la dirigencia local manifestó a LVM que el gremio se mantiene “expectante” de los acontecimientos en curso y “dispuesto a enfrentar” la motosierra libertaria de Alvarenga en el organismo.
El gremio describe, asimismo, el ambiente laboral en el Pami Misiones como “tenso” y dice contabilizar episodios de “hostigamiento” del personal por parte de Alvarenga y su círculo íntimo.
“La relación de Ninfa con el empleado de Pami es tensa, hay hostigamiento, miedo”, comentó a LVM un delegado gremial de la sede Posadas.
Sobre la lógica de las desvinculaciones, desde el Sutepa Misiones, la ven como un “contrasentido” en relación con la actual plantilla de personal que contabiliza 127 empleados distribuidos en toda la provincia.
“En Misiones no sobra gente. Al contrario, falta gente”, apuntan y señalan: “En la gestión anterior se jubilaron un montón. En la gestión de (Mauricio) Macri hubo un retiro voluntario y muchos se acogieron”.
El gremio dijo no haber detectado que Alvarenga haya reemplazado ninguno de los puestos de los despedidos por nuevo personal de su espacio político, aunque no desestima que la referente libertaria pretenda llenar los casilleros vacíos con sus militantes.
De hecho, entre el torrente de declaraciones que explotó con la causa judicial por los audios filtrados, se habló de “promesas” de empleo público de Alvarenga a sus partidarios de Posadas y el interior.
Los mismos denunciantes, Zacarías y Fernández, relataron que Alvarenga pretendía que la gestión del médico Zárate Ninamango pasara la motosierra a la nómina de funcionarios, para “meter a su gente”.
Bicicleta
A los despidos en serie, la administración libertaria del Pami Misiones le suma cuestionamientos por recortes en materia de prestaciones médicas y sociales, que vienen siendo denunciadas por los mismos afiliados y sus organizaciones.
Si bien los recortes no son responsabilidad de la directora local, sino una política nacional del organismo que funciona en la órbita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la caída de la cobertura y los beneficios contrasta con la publicidad que Alvarenga hace de su gestión en sus redes y las del Pami.
“Los recortes son muchos”, indicó a LVM el delegado sindical. “En todo lo que es fisiatría, camas, sillas de rueda, colchones, a esta mitad de año no hay nada”, graficó.
“No se hicieron ajustes de los subsidios sociales, a los que están en situación de postración le siguen pagando ayudas de $8.500”, apuntó.
El delegado habló también de “bicicleteo” en la provisión de medicamentos. “Le buscan el pelo a la sopa, van dilatando, demorando, los oncológicos, y dando de baja del Vademécum medicamentos que antes figuraban como esenciales y ahora los empezaron a cobrar”, explicó.
Política
Caraguatay: el Concejo trata hoy la licencia del intendente acusado de abuso
Tras la postergación del viernes pasado, el Concejo Deliberante de Caraguatay se reúne esta mañana para llevar adelante una sesión extraordinaria con el objetivo de tratar el pedido de licencia presentado por el intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, y en caso de su aprobación, avanzar en la designación de un alcalde interino, cargo que le correspondería a la concejal Norma Gularte.
Dicha cuestión ya iba a ser tratada el último viernes a la tarde, pero la sesión fue postergada ya que no habían el porcentaje mínimo de ediles requeridos y el pedido de licencia no constituye acefalía del Poder Ejecutivo que obligue a convocar sesión de inmediato, alegaron desde el HCD.
De esta manera, la sesión de hoy comenzará a las 11 y entre los temas incluidos en la orden del día son la licencia del intendente, la designación y la asunción del alcalde interino, como así también la designación y asunción del edil suplente que ocupará su lugar hasta el final del interinato.
Según ya adelantaron varios ediles, la intendencia quedaría en manos de Norma Gularte, concejal que llegó a ese puesto por el Frente Renovador, pero que en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
El intendente Peyer pidió su licencia el viernes de la semana pasada, luego de conocerse una denuncia por abuso sexual que pesa en su contra desde fines de diciembre.
La denuncia fue presentada por una trabajadora del Concejo Deliberante, quien el 11 de marzo compareció ante la Justicia y ratificó cada una de las acusaciones que dirigió hacia Peyer.
En su presentación, la mujer de 30 años contó que los hechos comenzaron con situaciones de acoso, pero en septiembre de 2025 todo se agravó cuando el jefe comunal la sometió sexualmente, en medio de golpes y maniobras de sujeción para mantenerse en una posición dominante.
Actualmente el acusado se encuentra notificado de una causa penal en su contra y tiene una restricción de acercamiento y contacto hacia la víctima. La Justicia, además, ya allanó sus oficinas, su domicilio y requisó su vehículo en busca de pruebas. También se incautó sus teléfonos celulares.
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
Política
Goerling no aceptó el aumento de la dieta: “Lo voy donar al Hospital de Niños”
El senador por el PRO, Martín Goerling, no aceptó el reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, elevando el salario de los funcionarios a más de $11 millones.
“Como todos los años, no acepté el aumento”, confirmó Goerling en comunicación con La Voz de Misiones.
Así como sus pares Arce y Rojas Decut del Frente Renovador renunciaron al aumento, el jefe del Bloque del Pro, se adhirió al acuerdo que el Senado realizó este año.
Según explicó, dicho acuerdo tiene como finalidad donar el incremento de la dieta de aquellos senadores que se adhieran. “Este año corresponde que se designe al Hospital de Niños”, precisó.
“La Presidencia del Senado manda un formulario para hacer efectiva la donación”, añadió Goerling.
El legislador indicó que el listado de los funcionarios que aceptaron la donación a través del formulario, se dará a conocer en la página oficial del Senado.
“Desde que asumí lo hice, el primer año lo doné, el segundo renuncié y este aumento lo voy a donar”, señaló.
El aumento acordado fue del 12,5% acumulativo, producto de la paritaria entre las autoridades del Senado y los gremios legislativos, impacta directamente en las dietas de los senadores que esta sujeta al salario del personal por la Resolución 8/24, que fija la dieta en 2.500 módulos. A ese monto se suman gastos de representación (1.000 módulos) y desarraigo (500 módulos para legisladores del interior).
Desde junio de 2025 los senadores pueden renunciar de manera individual a estos incrementos, medida incorporada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las polémicas por aumentos anteriores.
Política
Fernando Zarza: “Si Passalacqua quiere motosierra, que empiece por el Eprac”
El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.
“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.
En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.
“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.
El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.
“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.
Decisión política
Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.
“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.
“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.
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