El gobernador Hugo Passalacqua envió este viernes a la Cámara de Representantes de Misiones el Proyecto de Ley General de Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el ejercicio financiero 2027, tal como establece el artículo 116, inciso 4, de la Constitución de Misiones.

Passalacqua hizo pública la noticia en su cuenta de X, donde posteó la nota que remitió a la Legislatura e informó que el proyecto presupuestario suma un total de $5.206.134.722.000 y destina el 63% a la inversión social, y el 14% para el desarrollo de la economía a través de la reactivación de la obra pública.

“El proyecto que hoy elevamos ratifica un fuerte compromiso con la inversión social, asegurando que la educación pública llegue a cada aula de nuestro territorio, que los misioneros cuenten con la tranquilidad de una salud pública accesible en cada rincón de la provincia, y consolidando las redes de contención para los sectores de mayor vulnerabilidad”, señala el gobernador en la nota a los diputados y precisa que, “en su conjunto, estas áreas prioritarias concentran el 62,95% de las asignaciones totales de este cálculo de gastos y recursos”.

“Este presupuesto se diseña en un marco marcado por la sostenida ausencia del Estado Nacional, profundizando un sendero de retiros de partidas y fondos que comenzó en 2024 y se extendió durante los ejercicios subsiguientes”, explica Passalacqua.

Asimismo, el mandatario misionero enumera recortes del gobierno nacional, como “la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la desarticulación de programas sanitarios esenciales, en las que para este ejercicio que viene se desarticula el ‘Programa Remediar’ que quedó sin financiamiento, la eliminación del fondo compensador del transporte y el abandono del financiamiento de la infraestructura vial federal, debilitando a la Dirección Nacional de Vialidad, y la reducción en el envío de los fondos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSes) para sostener las cajas previsionales provinciales”.

“Este desfinanciamiento sistemático traslada una pesada carga operativa y financiera a las arcas provinciales, que debemos absorber con recursos propios para no desatender las demandas básicas de la comunidad”, argumenta.

“A este persistente cuadro de asfixia fiscal se acopla una coyuntura macroeconómica sumamente adversa para las economías regionales”, apunta Passalacqua y alega que “la profunda desregulación de mercados, la apertura indiscriminada de importaciones y el marcado retraso cambiario configuran un escenario crítico que vulnera severamente a nuestro entramado productivo, a las empresas exportadoras -pilares de nuestra economía- y al comercio fronterizo”.

“Esto repercute de forma directa sobre el nivel de actividad, la estabilidad del empleo local y la recaudación fiscal”, sostiene el gobernador y señala que “frente a este panorama, nuestro Gobierno, bajo la premisa de un Estado eficiente y en constante colaboración con el sector privado, despliega herramientas paliativas para amortiguar el impacto de estas asimetrías”.

Cumpliendo con el mandato del artículo 116 inciso 4) de nuestra Constitución Provincial he presentado a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2027, por un monto de $5.206.134.722.000. Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los… pic.twitter.com/rrSq7SFbyu

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) July 31, 2026

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El concejal y ex presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, Jair Dib, anunció este viernes su salida de Encuentro Misionero para conformar el bloque unipersonal “Acuerdo Urbano”.

El movimiento representa el primer reordenamiento político dentro del cuerpo deliberativo desde que el oficialismo comenzó a reconfigurarse con la conformación de Encuentro Misionero, el espacio político referenciado en Carlos Rovira y Movimiento por lo que Viene, impulsado por un sector alineado al gobernador Hugo Passalacqua.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Dib inició su anuncio con una pregunta dirigida a la comunidad: “Si yo te preguntara cuáles son los problemas que más te preocupan de Posadas, seguramente lo tendrías claro”.

Seguidamente, el concejal aseguró que comparte esas preocupaciones y sostuvo: “Yo también. Porque una Posadas moderna es aquella en la que sus representantes conocen y se ocupan de las demandas de su comunidad”.

“Es por eso que, con el eje puesto en trabajar sobre esos problemas que a vos te preocupan, decidí junto al equipo de Acuerdo Urbano conformar un bloque dentro del Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas”, comunicó Dib, quien presidió el HCD durante los períodos 2024 y 2025.

Hasta la conformación de su bloque unipersonal, Dib se encontraba alineado políticamente con el espacio referenciado en el ex gobernador Carlos Rovira. Ahora, resta conocer si el concejal se incorporará a las filas del gobernador Hugo Passalacqua o si buscará transitar un camino propio dentro del escenario político local.

La novedad se da además en la previa del inicio del segundo período de sesiones del año en el Concejo capitalino, que retomará su actividad el próximo 6 de agosto y abrirá un nuevo escenario de negociaciones y reacomodamientos dentro del cuerpo deliberativo.

 

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El diputado provincial Ramón Amarilla denunció este martes que fue impedido de ingresar a la cárcel de Loreto, para participar del acto de entrega de certificados a los reclusos que concluyeron los talleres que dicta la Organización de Familias Unidas de Argentina por la Inclusión y los Derechos (OFUAID), una asociación civil de apoyo a familiares de personas privadas de la libertad, que lo había invitado.

Amarilla grabó un video en el playón de acceso a la Unidad Penal I, que subió a sus redes sociales, donde afirma que al intentar ingresar al establecimiento carcelario le comunicaron que tenía “la entrada prohibida por orden de la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide Valeria Mereles, y por orden del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez”.

El ex policía, que integra el bloque “Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores” junto al legislador ex PRO Miguel Núñez, muestra en el video las notas que envió a Mereles, Pérez, y al alcaide Arturo Sebastián Stij, director de la Unidad Penal de Loreto.

“Hasta el momento no me han dado los fundamentos”, se queja Amarilla. En las notas, el ex policía detalla que la agenda no solamente incluye al penal de Loreto, donde no pudo ingresar; sino también a las cárceles de Miguel Lanús, Oberá y Cerro Azul, donde él estuvo detenido hasta que fue electo diputado, el año pasado.

“Esta es la provincia de Misiones, así nos tratan; y si tratan así a un diputado provincial, imagínense cómo le van a tratar al ciudadano común, al trabajador”, lanza Amarilla en el video.

En el final del spot, el ex policía cambia a tono de arenga y lanza: “Creo que esto es suficiente ejemplo para que sepamos qué hacer en el 2027, que sepamos elegir las autoridades para que podamos vivir, verdaderamente, en democracia, y que podamos vivir en la libertad que nos da la democracia; que nos respeten nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos”.

Sin competencia

Si bien, desde el Ministerio de Gobierno no hubo comentario oficial respecto de la situación denunciada por Amarilla, La Voz de Misiones pudo saber que este mediodía el ministro Pérez preparaba una nota de respuesta para el diputado provincial.

En el escrito, al que tuvo acceso LVM, Pérez deslinda responsabilidades y le informa al legislador que, si bien el Servicio Penitenciario está bajo la órbita de su cartera, la organización, administración, dirección y funcionamiento de las unidades penales son atribución exclusiva de este, por lo que su Ministerio “no posee competencia para autorizar o denegar ingresos” a los establecimientos penales de la provincia.

“El principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública impone a cada funcionario ejercer únicamente las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere. Por ello, emitir una autorización sobre una materia ajena a mi competencia implicaría exceder las facultades legalmente asignadas al cargo que desempeño”, explica el ministro.

Asimismo, reitera que “toda solicitud de acceso a una unidad penitenciaria debe ser evaluada por la autoridad competente con arreglo a criterios objetivos, generales e impersonales, compatibles con la seguridad institucional y con el principio de igualdad ante la ley”, y aclara que “la sola investidura pública del solicitante no constituye, por sí misma, fundamento suficiente para conferir un tratamiento diferenciado respecto de cualquier otro ciudadano que pretendiera acceder a actividades internas sin acreditar una causa legal o un interés institucional específico”.

Finalmente, Pérez pide a Amarilla que canalice su solicitud a través de la directora Penitenciaria Mereles.

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