Política
Los vínculos con el PRO de los abogados de procesado por el ataque a CFK
Dos de los abogados de Gabriel Nicolás Carrizo, el último de los cuatro detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), son asesores de parlamentarios del PRO, y el tercero defendió a los acusados en la causa que investiga el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
La novedad la dio el periodista Carlos Pagni, en su espacio Odisea Argentina, en el canal del diario porteño La Nación, LN+, y rápidamente se propagó al resto de los medios.
“Lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo el oficio, subrayo la actividad -dijo Pagni-, y aparecen enseguida varios abogados, cuya aparición es muy misteriosa por muchos motivos”.
El periodista apuntó, primero, a Gastón Marano, un abogado penalista que hasta el viernes pasado era asesor del senador del PRO por la provincia de Chubut, Ignacio Torres. “Y no lo asesoraba en cualquier comisión, sino en la comisión bicameral que vigila a los organismos de seguridad e inteligencia”, reveló.
Marano llegó a la comisión apadrinado por Torres como “especialista en inteligencia”, y de acuerdo a información publicada por el medio La Opinión Austral, tenía acceso a información sensible de la AFI a través de su puesto de asesor.
El medio de Río Gallegos publicó, incluso, un memorándum firmado por el mismo Torres, autorizando “expresamente” a Marano el acceso al último informe anual de la Comisión.
El Informe Anual de las Actividades de Inteligencia es de carácter secreto por ley, y es elaborado por Inteligencia para ser remitido a la Comisión Bicameral para su consideración.
Por su parte, el abogado de CFK señaló, además, al letrado por su cercanía con la embajada de Estados Unidos, y referentes del partido La Libertad Avanza, que lidera el diputado libertario Javier Milei.
Filtrada la información, el senador del PRO desvinculó a Marano de sus funciones. “Hablé con Leopoldo Moreau (presidente de la bicameral) y le pedí que lo echemos”, dijo al diario Perfil.
Freelance
Carrizo tiene una segunda abogada: Brenda Salva, que es asesora de la diputada del PRO por la provincia de San Luis, Karina Ethel Bachey, quien a diferencia de Torres resolvió no removerla del cargo.
“Brenda (Salva) ejerce su actividad en lo privado, no compré todo su tiempo. Ella asesora a nuestro equipo en la comisión de Discapacidad. Hemos hecho el trabajo en conjunto desde ahí”, afirmó la legisladora en declaraciones recogidas por los medios.
La diputada puntana tampoco oculta su escepticismo sobre el atentado que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta. “Entiendo que el 70% de la ciudadanía cree que esta cuestión no ha sido real”, escribió en sus redes.
Bachey llegó al Congreso de la mano de la titular del PRO Patricia Bullrich y del secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, Eduardo Machivelli. El cargo más alto que tiene es de secretaria en la Comisión de Minería de la Cámara.
Asumió en diciembre del año pasado. Presentó tres proyectos de ley: uno, contra el pase sanitario; otro para regular el régimen de la medicina estética, y un tercero para endurecer las penas de “los delitos contra la vida”. Ninguno fue tratado nunca en las comisiones.
Casualidades
“Pueden ser todas casualidades, seguramente son casualidades”, afirmó el periodista de LN+, como antesala para presentar al tercer abogado de Carrizo: Fernando Sicilia.
“Fue el abogado defensor de dos personas que fueron noticia durante los últimos dos, tres años: Leandro Araque y Facundo Melo, dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Majdalani, en la AFI durante el gobierno de Macri”, resumió Pagni.
Ambos integraban la banda conocida como “Mario Bros”, que espiaba a dirigentes políticos, algunos del mismo oficialismo de Cambiemos.
“La pregunta que uno se hace es: ¿cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados?”, finalizó Pagni.
Política
El gobierno desplazó a funcionaria por video en Cancún: “Fuera pobres”
El Gobierno de la provincia dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo. La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026 y a partir de la fecha deja sin efecto el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024.
Acosta, se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo – Unidad de Organización 01, Unidad Superior.
El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social.
La norma lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo.
Karina Acosta conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no existe), así como en sus diversas redes sociales, se presenta como creadora digital de Posadas y “counching Profesional”.
El gobierno decidió apartarla luego de la viralización de un video suyo en el que se la ve practicando parapente y afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres”. Luego esboza risas junto a quienes la acompañan y continúa con la frase: “Fuera, pobres”.
Además, en su cuenta de Facebook se presenta como presidenta de una asociación llamada Comunidad Solidaria y su última actividad publicada en redes sociales fue el 1 de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.
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Política
El gobernador Passalacqua congeló su sueldo hasta el 31 de diciembre
Mediante el Decreto N.° 232, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobernador de Misiones, Mario Hugo Passalacqua, dispuso que los aumentos salariales que se establezcan para la administración pública durante todo el año no sean aplicables a sus haberes.
En los considerandos del documento oficial, el gobierno sostiene que “se mantienen las circustancias expresadas” en decretos anteriores sobre la situación económica nacional y provincial, que imponen la necesidad de “adoptar” medidas para reducir el gasto público.
En base a ello, se estableció en el primer artículo de la medida que, “a partir de la fecha de publicación y hasta el 31 de diciembre de 2026, los aumentos de haberes que se dispongan para el personal dependiente de la Administración Pública Central, no serán aplicables para los haberes que perciba el señor gobernador“.
El decreto lleva la firma del gobernador Passalacqua, así como también la del ministro de Gabinete, Héctor Safrán, y del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Política
Con las firmas de Herrera y Hartfield, LLA logró dictamen de la reforma laboral
Tras retirar el artículo 44 de licencias médicas, el gobierno de Javier Milei logró, en la reunión de hoy de las comisiones de Legislación, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, el dictamen de mayoría para el proyecto de reforma laboral, que se tratará mañana en el recinto.
El anuncio del dictamen corrió por cuenta del presidente de la plenaria de comisiones, el libertario correntino Lisandro Almirón, cuando transcurría menos de la mitad de la sesión y apenas había comenzado a correr la lista de diputados anotados como oradores.
“Quiero comunicarles que tenemos dictamen de mayoría con la firma de 44 diputados”, dijo Almirón y estallaron los aplausos entre los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados.
Entre los 44 firmantes del proyecto de reforma laboral del oficialismo, se anotaron los misioneros Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador Neo, y el bróker financiero obereño, Diego Hartfield, de LLA Misiones.
“En Comisiones, obtuvimos el dictamen de mayoría para la Ley de Modernización Laboral. Mañana vamos por su sanción en el recinto. Seguimos avanzando en lo que prometimos”, posteó Hartfield en su cuenta de Instagram, poco después del festejo oficialista que siguió al anuncio de Almirón.
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La plenaria de comisiones comenzó pasadas las 14:00 horas y transcurrió en un ambiente espeso, producto del cierre de Fate, y arrancó con el desfile en el micrófono de dirigentes de las tres centrales sindicales, la CGT y las dos CTA, que adhieren al paro de mañana; un CEO de la plataforma Rappi, varios empresarios y un par de jueces del fuero laboral.
Entre unos y otros, se repartieron el apoyo y las críticas al proyecto de ley que desvela a la Casa Rosada y puso en pie de guerra a la oposición política y las organizaciones obreras argentinas.
“Este proyecto de ley, de clara inconstitucionalidad, no es una ley que se pueda tratar en instancias extraordinarias; todos, los 200 artículos, son en contra de los trabajadores y a favor de un grupo muy reducido de empresarios”, lanzó Hugo Godoy, de la CTA.
La idea fue refrendada por los cegetistas Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, que siguieron a Godoy en el uso de la palabra.
Después, vinieron Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, que hizo un repaso de datos duros de la plataforma de delivery que opera en Argentina desde 2018; Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (Alal); y el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Roberto Báez.
Buenos y Baez, ponderaron la reforma laboral mileista y abogaron por un dictamen del gobierno: “Es una herramienta necesaria para construir un país más competitivo, con más producción y desarrollo”, dijo el empresario correntino. Cremonte ratificó la posición de rechazo de la Alal.
La lista de invitados continuó con Claudio Marín, de la CTA; Julio Piumato, de la CGT; Mariano Biocca, de la Cámara Argentina Fintech; Roberto Pompa, de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; Santiago Mignone, presidente de IDEA; Gustavo Del Boca, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba; Andrea García Vior, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y Vanesa Pagani, de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima).
Aquí también, las aguas se dividieron entre el taxativo rechazo y el apoyo incondicional. “Se escribió con una vieja máquina de escribir”, dijo, por ejemplo, Piumato. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, los une para avanzar”, terció, por su parte Mignone. “Nos están engañando con el lenguaje”, tiró la jueza García Vior y recargó: “La intención es disolver la justicia nacional del trabajo”. “Es el fin del modelo sindical como lo tenemos actualmente”, lanzó.
Pagani, la trabajadora de Apima, pidió por dos artículos de los 219 que tiene el proyecto mileista, el 210 y 211. “No entendemos por qué forma parte de un proyecto como este”, dijo Pagani y explicó que tales normativas “desfinancian al cine independiente”, al restar de los tickets de los espectáculos un aporte que va a sector. “Se van a perder muchos empleos formales”, alertó.
El resto de la plenaria continúa todavía con la intervención de los diputados miembros de las comisiones, con el oficialismo y sus aliados con la tranquilidad de haber asegurado el dictamen de mayoría del proyecto aprobado en el Senado la semana pasada; y la oposición, del peronismo y la izquierda, fustigando el texto que bajará al recinto mañana.
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