Dos de los abogados de Gabriel Nicolás Carrizo, el último de los cuatro detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), son asesores de parlamentarios del PRO, y el tercero defendió a los acusados en la causa que investiga el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

La novedad la dio el periodista Carlos Pagni, en su espacio Odisea Argentina, en el canal del diario porteño La Nación, LN+, y rápidamente se propagó al resto de los medios.

“Lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo el oficio, subrayo la actividad -dijo Pagni-, y aparecen enseguida varios abogados, cuya aparición es muy misteriosa por muchos motivos”.

El periodista apuntó, primero, a Gastón Marano, un abogado penalista que hasta el viernes pasado era asesor del senador del PRO por la provincia de Chubut, Ignacio Torres. “Y no lo asesoraba en cualquier comisión, sino en la comisión bicameral que vigila a los organismos de seguridad e inteligencia”, reveló.

Marano llegó a la comisión apadrinado por Torres como “especialista en inteligencia”, y de acuerdo a información publicada por el medio La Opinión Austral, tenía acceso a información sensible de la AFI a través de su puesto de asesor.

El medio de Río Gallegos publicó, incluso, un memorándum firmado por el mismo Torres, autorizando “expresamente” a Marano el acceso al último informe anual de la Comisión.

El Informe Anual de las Actividades de Inteligencia es de carácter secreto por ley, y es elaborado por Inteligencia para ser remitido a la Comisión Bicameral para su consideración.

Por su parte, el abogado de CFK señaló, además, al letrado por su cercanía con la embajada de Estados Unidos, y referentes del partido La Libertad Avanza, que lidera el diputado libertario Javier Milei.

Filtrada la información, el senador del PRO desvinculó a Marano de sus funciones. “Hablé con Leopoldo Moreau (presidente de la bicameral) y le pedí que lo echemos”, dijo al diario Perfil.

Freelance

Carrizo tiene una segunda abogada: Brenda Salva, que es asesora de la diputada del PRO por la provincia de San Luis, Karina Ethel Bachey, quien a diferencia de Torres resolvió no removerla del cargo.

“Brenda (Salva) ejerce su actividad en lo privado, no compré todo su tiempo. Ella asesora a nuestro equipo en la comisión de Discapacidad. Hemos hecho el trabajo en conjunto desde ahí”, afirmó la legisladora en declaraciones recogidas por los medios.

La diputada puntana tampoco oculta su escepticismo sobre el atentado que casi le cuesta la vida a la vicepresidenta. “Entiendo que el 70% de la ciudadanía cree que esta cuestión no ha sido real”, escribió en sus redes.

Bachey llegó al Congreso de la mano de la titular del PRO Patricia Bullrich y del secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, Eduardo Machivelli. El cargo más alto que tiene es de secretaria en la Comisión de Minería de la Cámara.

Asumió en diciembre del año pasado. Presentó tres proyectos de ley: uno, contra el pase sanitario; otro para regular el régimen de la medicina estética, y un tercero para endurecer las penas de “los delitos contra la vida”. Ninguno fue tratado nunca en las comisiones.

Casualidades

“Pueden ser todas casualidades, seguramente son casualidades”, afirmó el periodista de LN+, como antesala para presentar al tercer abogado de Carrizo: Fernando Sicilia.

“Fue el abogado defensor de dos personas que fueron noticia durante los últimos dos, tres años: Leandro Araque y Facundo Melo, dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Silvia Majdalani, en la AFI durante el gobierno de Macri”, resumió Pagni.

Ambos integraban la banda conocida como “Mario Bros”, que espiaba a dirigentes políticos, algunos del mismo oficialismo de Cambiemos.

“La pregunta que uno se hace es: ¿cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados?”, finalizó Pagni.

---

---

---

---

---