Los interventores del PJ Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, ingresaron este martes a la sede partidaria de la avenida López y Planes, en Posadas, al cabo de más de un año de pulseada judicial con la anterior conducción del partido, que mantenía secuestrado el edificio inaugurado en 1993 por el entonces presidente Carlos Menem, que a su vez se desempeñaba como titular del Consejo Nacional Justicialista.

La comitiva se completó con el apoderado del PJ Misiones, Roberto Albornoz; y los apoderados de las listas que compitieron en las internas de abril: Julio Vázquez, de Fuerza Patria, y Claudio Quevedo, de La Julio Humada.

Todos ingresaron por un portón lateral, que conecta la playa de estacionamiento con el patio y la cochera cubierta.

Chernóbil

Adentro, el edificio remite a una postal apocalíptica, comparable, con poco esfuerzo, a las imágenes disponibles en Google, de Prípiat, la ciudad fantasma en el norte de Ucrania, abandonada tras el desastre nuclear de Chernóbil, del 26 de abril de 1986.

Polvo, vidrios rotos, muebles vencidos o destrozados; la biblioteca, que lleva el nombre de la dirigente Adriana Togny de Vely, fallecida en 1998 en un accidente de tránsito, saqueada; bustos de bronce del general Juan Domingo Perón y Evita, desaparecidos; el ascensor, inutilizado; basura, materia fecal y maleza avanzando sobre las instalaciones abandonadas.

“¡Qué desastre!”, se lamentan los interventores a medida que avanzan por el edificio. “Ahí está el responsable de toda esta desidia”, lanza Arrieta y señala el nombre de Alberto Arrúa en un destartalado cartel de la campaña de 2023, donde el ahora diputado nacional de Innovación Federal aparece junto a Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), la coalición que fusionó al peronismo con la Renovación para la elección que ganó Javier Milei: “Mandato Misionero”, reza la tela rasgada.

“Bueno, por lo menos, están los cuadros”, dice Rodríguez, en la recorrida por el salón de actos, donde solía sesionar el Congreso Provincial y al que se llega a través del patio. Las pinturas muestran a un Perón sonriente que abre, fraternalmente, los brazos, en un gesto que convirtió en marca del peronismo; del otro lado, Evita, arropada por una muchedumbre de descamisados que llegan de todos los confines.

“Acá está el atril de Ripoll”, apunta alguien. “¿Es un atril o falta el busto?”, pregunta Arrieta. Los restos del mueble, todavía con una placa que recuerda al diputado provincial peronista misionero asesinado en diciembre de 1972, sugieren una y otra cosa.

En los pisos superiores, el abandono es el mismo. Por todos lados, hay restos de basura; una rosca de Pascua en descomposición, en una silla; un saco, una camisa, una camiseta de Boca Juniors, un par de zapatillas; un monitor desconectado para siempre de su CPU; en ningún lado funciona la luz; Rodríguez prueba, por las dudas, el interruptor, y nada.

“Hay muchísimo faltante de mobiliario; básicamente, los bustos del general Perón, plaquetas; había Split en funcionamiento, había teléfonos; había computadoras, había bombas de agua, había disyuntores; está todo detallado en un acta de constatación notarial que se labró al momento de tomar posesión; y lo más importante es que no existe ninguna documental del partido; este es un partido que estaba lleno de documentos; lo único que se nos entregó fueron los libros del Congreso y del Consejo, nada más; o sea, no tenemos ni los títulos de propiedad”, señaló a LVM el apoderado partidario, Roberto Albornoz.

Todo roto

Al cabo de la recorrida, los interventores Arrieta y Rodríguez, y los apoderados Albornoz, Vázquez y Quevedo, comparecieron ante los medios que acompañaron la visita a la sede partidaria recuperada.

Arrieta y Rodríguez destacaron la realización de las elecciones internas del 19 de abril, que proclamaron como nuevo titular del partido a Christian Humada, hijo del ex gobernador y presidente del PJ Misiones, Julio Humada, cuando se inauguró el edificio de López y Planes en 1993.

“Sin ser gobierno nacional, ni provincial; sin el acompañamiento de ningún intendente, de ningún bloque de concejales que se identifiquen con el partido, los afiliados han elegido las nuevas autoridades que tendrán la responsabilidad de conducir el presente y el futuro del justicialismo en Misiones”, afirmó Arrieta.

El interventor anunció, en tal sentido, que este miércoles o jueves “estaremos entregando toda la documentación, para que Christian Humada, el presidente electo, asuma la conducción del PJ en un escenario de país, que es la representación de lo que han dejado en la sede que acabamos de recorrer”.

Y, enseguida, volvió a cargar contra Arrúa y disparó: “Estos, que se autoperciben compañeros, pero terminan sentándose en las bancas para votar la Ley Bases o la Ley de Glaciares y están destruyendo el país”.

“Cerraron 26.000 empresas, hay 350 mil trabajadores en la calle; todo el entramado industrial está destruido; vemos todos los días cómo se cae el consumo, porque nuestra gente no llega a fin mes”, describió y agregó: “En este escenario de crisis es el peronismo el que debe ponerse de pie para parar este proyecto de país, de Milei, de Arrúa, de Lilia Lemoine, de Caputo, Sturzenegger, que está llevando a los argentinos a la miseria”.

Y sobre el edificio de López y Planes, lanzó: “Lo de la sede es lamentable, es el reflejo de cómo rompen todo”.

 

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La cuarta Marcha Federal Universitaria dejó en Misiones una imagen difícil de recordar en los últimos años: una movilización que desbordó las calles del centro de Posadas y convirtió a la plaza 9 de Julio en el punto de llegada de una multitud atravesada por la defensa de la educación pública.

El punto de convocatoria fue el Mástil de la avenida Uruguay, a las 14. Desde allí, la columna avanzó por la calle Ayacucho hasta la intersección con Bolívar, en dirección a la plaza. Más de doce cuadras de manifestantes recorrieron el centro posadeño en una caravana que, a cada paso, sumaba más personas.

Cuatro cuadras y media podían contarse cuando la columna todavía estaba lejos del acto central. Minutos después, siete cuadras completas avanzaban entre cánticos, banderas y aplausos. Una convocatoria que los presentes describieron como una de las más masivas que haya vivido la provincia.

La columna avanzó por calle Ayacucho y llegó a cubrir más de siete cuadras.

Estudiantes, docentes, no docentes, jubilados y trabajadores universitarios se sumaron unidos contra el desfinanciamiento, apenas un día después de conocerse nuevos recortes y quita de subsidios a las universidades nacionales, y horas antes de una reunión clave entre el gobierno nacional y las autoridades universitarias.

“Exigimos que se cumplan los principios democráticos. No puede ser que el gobierno nacional actúe de manera inconstitucional”, expresó Gisela Spasiuk, docente y Secretaria General Académica de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). 

Al llegar al centro de la ciudad, el acto principal tuvo como eje la lectura de un memorándum consensuado por las organizaciones universitarias y replicado en cada una de las marchas realizadas en el país. El documento expuso el rechazo al ajuste sobre las universidades públicas y reclamó la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025 y aún sin aplicación plena.

“Marcho por una universidad de calidad, por un sueldo digno, porque tuvimos una pérdida salarial enorme producto de la devaluación y aun así seguimos enseñando. Esta es nuestra lucha, la de los docentes y la de los alumnos, porque nosotros también estudiamos en una facultad pública”, sostuvo una docente de la Facultad de Ciencias Exactas.

Estudiantes, docentes, no docentes y vecinos se sumaron a la movilización.

La trabajadora universitaria contó que estuvo tres años trabajando ad honorem y que hoy, con un cargo de ayudante de primera de diez horas semanales, percibe un salario de $250.000.

Nahuel, estudiante avanzado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, marchó en reclamo de mayor financiamiento universitario. Contó que fue uno de los perjudicados por el recorte de políticas estudiantiles, como el desfinanciamiento del comedor universitario, las becas y la quita de las becas Progresar.

“No hay una respuesta de por qué me sacaron la beca. Estoy acá por la posibilidad de continuar mis estudios y para que muchos más estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, habitar la educación pública y no las calles”, expresó.

“Alguien no nos está escuchando y por eso tenemos la obligación de salir a las calles para hacernos oír”, dijo Jeremías, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades.

Ana Lucía, colombiana radicada hace diez años en Misiones y tesista de la Licenciatura en Trabajo Social, también participó de la movilización.

“Hay que defender la universidad pública y este derecho”, declaró.

Además, sostuvo que en un contexto regional atravesado por el avance de políticas de derecha no se pueden perder las conquistas alcanzadas por los pueblos.

“En Colombia estudié en una universidad privada y, aunque soy profesional, no pude homologar mis estudios. En la universidad pública fue una experiencia totalmente distinta: te da otra visión, te hace mirar el contexto y, como inmigrante, acceder a este derecho es un gran logro que no debe ser quitado”, expresó.

Milei y Adorni fueron los principales apuntados en los carteles de los manifestantes.

Entre los principales puntos, el memorándum advirtió sobre la caída real del presupuesto universitario, que según el informe del CEPA alcanzó el 41,6% respecto de 2023, además de la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, cuyos salarios acumulan una caída superior al 34% desde noviembre de 2023.

También se remarcó que gran parte de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y que el proyecto impulsado por el gobierno nacional no recompone las pérdidas acumuladas frente a la inflación.

Por su parte, el vicerrector de la Unam, Sergio Edgardo Katogui, presente en la marcha, expresó que la masiva convocatoria refleja el acompañamiento de toda la comunidad universitaria y de gran parte de la sociedad al reclamo del sector.

“Elevamos este reclamo desde el sistema universitario pidiendo algo tan simple como el cumplimiento de una ley que lleva más de 200 días sancionada y cuya aplicación sigue siendo dilatada sistemáticamente”, señaló.

Además, remarcó la fuerte pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios, junto con la falta de recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades.

Para Katogui, resultó “casi una provocación” que un día antes de la marcha el gobierno nacional anunciara nuevas medidas de recorte al sistema universitario y que recién después de la movilización convocara a una reunión.

Y sostuvo que este marco de ajuste impacta en toda la sociedad pero “pese a eso, hemos tenido la mayor cantidad de inscriptos en toda la historia de la universidad. Por eso entendemos que la universidad pública sigue siendo la esperanza de los jóvenes y que la sociedad continúa depositando su confianza en la educación pública. Eso redobla nuestro compromiso para seguir luchando y defender la universidad pública como esperanza del pueblo”, concluyó Katogui.

Universitarios vuelven a las calles para exigir el cumplimiento de la ley

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El intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, consideró que en estos momentos la municipalización de Moconá “no está en la agenda porque no es prioridad”, mientras que vecinos del paraje La Barra formularon una nota en rechazo al proyecto de ley y la presentarán en los próximos días ante la Legislatura provincial.

Este mes ingresó a la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto que propone la creación del municipio de Moconá, una jurisdicción de más de 21.000 habitantes que sería dividida del actual territorio de El Soberbio en caso de aprobarse. 

La iniciativa presentada por la diputada del Frente Encuentro Misionero, María del Carmen Méndez Azón, se inscribe en el proceso de municipalización que avanza en Misiones para “mejorar servicios del Estado en zonas alejadas”, como fue el caso de Fracrán en octubre del año 2022.

Entrevistado por Radio República, el mandatario local expresó su disconformidad con el proyecto. “Hoy por hoy, como estamos, no es necesario”, afirmó, aunque no descartó dar el paso en un futuro “cuando tengamos una economía más fuerte y quizás en esos lugares la instalación de otras instituciones que hacen al servicio de la comunidad. Ahí podría entrar dentro de la lógica, hoy no es prioridad”.

Al mismo tiempo, señaló: “Hoy tenemos un municipio ordenado, brindamos todo tipo de servicios en cada una de las picadas así que no estamos para eso, más en esta situación de crisis, necesitamos seguir brindando estos servicios”.

Para el intendente, quienes apoyan la municipalización de Moconá integran un grupo reducido de vecinos: “Una diputada justicialista estuvo juntando adherentes y de ahí viene el planteo de cuatro, cinco personas, de hacer un municipio nuevo. Entonces encararon con notas, hicieron firmar a los vecinos, algunos tenían muchas dudas, incluso me preguntaban, y yo les dije que lo hagan, pero para nosotros no es una prioridad en este momento porque estamos abocados a otras cuestiones”.

“Tenemos distintos grupos políticos, los que están en las colonias están totalmente en desacuerdo con esto. Los de La Barra hicieron notas para mostrar su repudio porque no quieren perder su identidad como soberbianos. Seguramente la enviarán a la Cámara en los próximos días”, concluyó.

El proyecto se alinea con la creación de nuevos municipios, tal como ocurrió con Dos Hermanas, Fracrán, Salto Encantado y Pozo Azul, con el objetivo de “acercar el Estado a las colonias más alejadas de los centros urbanos”. 

El Soberbio: comerciantes juntan firmas para declarar emergencia en seguridad

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