Las cámaras empresariales de Puerto Iguazú reclamaron en el Senado de la Nación, una solución a la problemática del paso fronterizo en la cabecera argentina del puente Tancredo Neves, que comunica la ciudad con su vecina brasileña de Foz de Iguazú.

Los planteos de los gremios empresariales tuvieron lugar en el Encuentro sobre Integración Fronteriza que reunió, ayer en el Congreso, a hoteleros, gastronómicos y operadores turísticos de Puerto Iguazú, con funcionarios de todos los organismos públicos con injerencia en el tema.

En el evento, organizado por el senador del PRO Misiones, Martín Goerling, que se extendió por varias horas, volvieron a escucharse las quejas históricas del empresariado y el comercio de la ciudad de las cataratas por las demoras para el ingreso a Iguazú del flujo turístico proveniente de Brasil.

El empresario gastronómico, Juan Pablo Bauza, secretario de la Cámara de Turismo de Iguazú, explicó que el reclamo “es que se agilice, se modernice el paso; pedimos que se invierta en cuestiones necesarias, porque muchos años que venimos pidiendo y siempre el tema queda estancado”.

“Somos los mayores generadores de empleo en Iguazú; fuera de los empleos estatales, no existe otra actividad, la industria es el turismo”, afirmó y urgió una “flexibilización para que la dinámica de la frontera haga que se potencie la visita a nuestro destino”.

En la misma sintonía se expresó el presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Blanco, quien remarcó la “urgencia” del reclamo y precisó que Iguazú “depende en más de un 90% de la actividad turística y estamos ante un problema grave”.

“Muchas veces nos dicen los viajeros: ‘Cómo puede ser que de San Pablo a Foz tardemos una hora y media, y cruzar el puente a Puerto Iguazú nos lleve dos horas’”, comentó, por su parte, Patricia Durán Vaca, titular del Iguazú Convention Bureau (ICB).

“Necesitamos resolver ese problema, para beneficio de Misiones y Puerto Iguazú; eso le estamos pidiendo a los políticos”, argumentó.

Doble mano

El senador Goerling, anfitrión del evento, destacó la importancia de sentar a una misma mesa al empresariado y a los actores públicos, en cuyas manos está la solución del problema.

“Fue una buena reunión”, calificó y aseguró a La Voz de Misiones que “la voluntad política de resolver la situación, está” y que, por eso, “fue que los organismos se movilizaron”.

Goerling no quiso precisar, empero, conclusiones y habló, puntualmente, de la existencia de “un plan de trabajo que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, con Brasil”, cuyas “novedades” se revisarán “en otra reunión en 30 días, en Iguazú”.

“Se mencionaron varias herramientas que están en proceso de instrumentación, como la digitalización de Migraciones y la modernización de todo el sistema informático”, y también de las tratativas de Cancillería para “aprovechar el centro de frontera brasileños, que están haciendo algo muy grande”.

“La idea -dijo Goerling- es que el lado argentino sea solo el egreso, y poner todo el ingreso del lado brasilero”.

Encuentro sobre Integración Fronteriza, se tituló la convocatoria del senador del PRO Misiones, Martín Goerling.

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El proyecto de Presupuesto 2027, enviado anoche al Congreso por el gobierno de Javier Milei, profundiza el ajuste en discapacidad, universidades y ciencia, y recorta en un 20% las transferencias de capital -obra pública e inversiones- a las provincias.

En lo que hace a Misiones, el proyecto de Presupuesto del gobierno le asigna a la tierra colorada unos $3,43 billones, pero apenas el 1% de ese total – unos $13.383 millones – está destinado a gastos de capital y proyectos de inversión en obra pública.

El grueso de los recursos – $9 de cada $10 pesos – corresponden a seguridad social (58%) y transferencias corrientes (32%), lo que ubica a Misiones última entre las provincias del NEA, por debajo de Chaco, Corrientes y Formosa.

Caída

El proyecto presupuestario muestra un aumento real del 3,9% en los recursos nacionales ejecutados en territorio misionero, pero el desglose de los fondos revela fuertes restricciones, donde la mayor caída se visualiza en las partidas destinadas a la inversión en infraestructura.

Entre las obras contempladas, aparecen distintos proyectos en las rutas nacionales 12 y 105, mantenimiento vial, infraestructura aeroportuaria, y labores de saneamiento y viviendas.

Para la autovía de la ruta nacional 105, entre la rotonda de la 12 y la conexión con la 14, se proyectan $2.732 millones; para los desagües cloacales de Aristóbulo del Valle se prevén $2.200 millones; y para el tramo incompleto de autopista de la ruta 12, entre Posadas y San Ignacio, se destinan $848 millones.

El Presupuesto 2027 de Milei, incluye obras, pero dispone mínimos recursos de financiamiento. Así, mientras en el papel figuran proyectos faraónicos, como el soterramiento de la ruta 12 en Posadas, entre Las Heras y Tomás Guido, cuya inversión asciende a $27.947 millones, la partida asignada real es de apenas unos $322 millones.

Motosierra

En líneas generales, y a contramano de todas las proyecciones de consultoras especializadas, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) espera un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación interanual del 18% y un dólar a $1.847,6 para fin de año.

Tal como lo hicieron notar este miércoles en la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, además del recorte a las obras públicas, el Presupuesto 2027 de la Casa Rosada profundiza el ajuste en Discapacidad, ciencia y universidades.

El texto enviado al Congreso deroga las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, que el gobierno de Milei jamás cumplió, pese a los múltiples fallos judiciales.

La eliminación del nomenclador único de prestaciones y la actualización mensual por IPC, es “fatal” para la tierra colorada, según advierten los prestadores misioneros, porque la provincia no recibe el adicional del 20% por zona desfavorable que tiene la Patagonia, lo que arriesga la continuidad de los servicios “si los aranceles locales quedan rezagados”.

En lo que hace al financiamiento universitario, el Presupuesto de Milei, asigna $7,3 billones para el funcionamiento, inversión y programas especiales, muy por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de $11 billones para 2027.

La UNAM es una de las universidades nacionales que se verá afectada por el ajuste, ya que opera en base a costos de 2025, que no se condicen con los incrementos inflacionarios reales, ni lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo sigue sin cumplir.

Además, el porcentaje de actualización del 20% en gastos de funcionamiento que se había acordado, nunca se aplicó para las sedes de Posadas, Oberá, Eldorado y Apóstoles.

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El diputado nacional de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, cuestionó el ajuste a la Discapacidad que plantea el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto 2027, enviado anoche, a última hora, al Congreso.

La crítica del legislador misionero se dio en la reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados de la Nación, por la prorroga de la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Así, como nos hacen creer en la inocencia fiscal, tenemos creer en la inocencia legislativa”, disparó Herrera Ahuad.

“Tenemos que creer que el Presupuesto General de la República Argentina, que sentencia a la discapacidad, a la desaparición de los derechos de las personas con discapacidad, nos enteramos todos juntos a las once y media de la noche, oficialistas, opositores, y todos los que estamos acá”, cargó.

“Si no estamos acuerdo con ese presupuesto, yo propongo que hagamos un dictamen unificado, derogando eso, y que el dictamen que saque esta comisión sea la mandante de la Ley de Presupuesto de la República Argentina”, lanzó el ex gobernador de Misiones.

Según pudo saber La Voz de Misiones, Herrera Ahuad llegó “muy molesto” a la reunión de este mediodía, por el “contrasentido” de discutir la extensión de la emergencia, cuando el gobierno envía al Congreso un proyecto de Presupuesto que profundiza el ajuste del sector destinatario de la prórroga.

En efecto, el Presupuesto 2027, de la Casa Rosada, elimina la actualización obligatoria, mensual y automática, de los pagos a prestadores de acuerdo con el IPC del INDEC, y la reemplaza por una pauta trimestral discrecional; a la vez que elimina el Certificado Único de Discapacidad como herramienta para el acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector formal, tanto en empleos en relación de dependencia como monotributo hasta dos salarios mínimos.

La reunión conjunta de las comisiones, que se realizó en cumplimiento del emplazamiento del pleno de Diputados el día 9 de septiembre pasado, se extendió por más de cuatro horas y contó con la presencia de más de veinte invitados, entre funcionarios de discapacidad de varias provincias, como y referentes de organizaciones privadas del sector.

Desmantelamiento

Entre los expositores invitados, se encontraba Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, que advirtió por demoras en medicamentos, ayudas técnicas y pagos a prestadores, y también cuestionó el ajuste del sector en el proyecto de Presupuesto del gobierno.

Antúnez desmintió que el Consejo Federal de Discapacidad haya prestado acuerdo al ajuste presupuestario del sector, porque durante el año el organismo “fue convocado solo en dos oportunidades”.

“Les aseguro que como representantes del Consejo Federal jamás, jamás hemos votado ni apoyado ninguna medida de la SENADIS que haya ido en contra de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó.

Antúnez precisó que en Misiones hay unas 36.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y unas 48.000 afiliadas al Programa Federal Incluir Salud; y remarcó que la mayoría de esa población vive en zonas rurales y periurbanas, lo que suma dificultades de acceso a los servicios de salud, rehabilitación y medios de transporte.

La funcionaria misionera denunció la falta de envío de medicamentos de alto costo a través de Incluir Salud, como los destinados a pacientes con hemofilia y ELA; y advirtió que en la provincia hay 316 personas que esperan desde mayo una respuesta vinculada con sus tratamientos.

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