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Ley Ómnibus, primera sesión: 12 horas, incidentes y negociaciones abiertas

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Una sesión de más doce horas, un debate sin dictamen de mayoría, más de 100 oradores, dos invitados expulsados, un gendarme con insignia libertaria, una represión a manifestantes y una votación que podría demorarse hasta el viernes o más. Así se desarrolló hoy la primera jornada de tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación.

El inicio de la discusión legislativa respecto a la aprobación o no de la denominada Ley de Bases impulsada por el presidente Javier Milei cumplió con todo lo que se preveía: maratónica, desorganizada, cargada de acusaciones cruzadas y con incidentes en las afueras del Congreso que amaneció rodeada de elementos pertenecientes a diferentes fuerzas federales.

Tal como había sido pactado de antemano, tras un acuerdo del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, legislador de La Rioja por La Libertad Avanza (LLA), la sesión comenzó a las 10 de la mañana y con 137 diputados presente hubo quórum para iniciar el tratamiento del proyecto.

A partir de allí, se inició un proceso de debate que se extendió hasta exactamente las 21.40, cuando la Cámara baja acordó pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12 del mediodía para reanudar la discusión respecto al paquete de reformas que impulsa el gobierno de LLA y cuya aprobación se mantendrá en expectativa hasta al menos viernes, según estimaron voces especializadas en tratamiento parlamentarios. Quedan 140 oradores pendientes.

Y en las más de doce horas que duró la primera sesión hubo de todo. De entrada, la presidencia de la Cámara anunció el retiro de casi 150 artículos más, entre ellos los capítulos de deuda externa, bioeconomía y parte del de energía, aunque la eliminación de los apartados en cuestión fueron informadas y sin la entregada de un nueva dictamen, ante lo cual varios legisladores denunciaron que el debate se basaba sobre “la nada misma”.

Martín Menem, presidente de la Cámara.

Debate sin dictamen

Y el reclamo se extendió hasta el cierre de la jornada, envuelta también en especulaciones de todo. “Esto es algo inédito”, consideró la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreu al salir del parlamento, mientras que su compañero de bancada Leandro Santoro opinó en la misma sintonía al charlar con la prensa: “El dictamen no está. Quedaron en traerlo a las 16 y no lo trajeron. Se comprometieron a traer el dictamen impreso para saber qué estamos discutiendo pero no está la ley, no sabemos qué estamos discutiendo”.

“Para que la gente entienda el dictamen es la ley con las modificaciones, vos no podés hacer modificaciones en el aire, las tenés que escribir. Nos estamos yendo a esta hora porque no tienen acuerdo en lo fiscal y otras cuestiones que están negociando afuera del Congreso”, agregó Santoro en diálogo con C5N.

Los puntos que todavía siguen controvertidos y sobre los cuales aún no hay acuerdo están vinculados a las privatizaciones, a las facultades delegadas y al capítulo de Seguridad.

Según Infobae, de las doce emergencias y sus consecuentes facultades delegadas, que le permiten a Milei legislar sin pasar por el Congreso en lo referente a esas áreas, el oficialismo terminó bajando a seis: económica, financiera, en seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

Sin embargo, postularon, todavía había diputados que buscan remover la emergencia tarifaria y fundamentar mejor las bases que restringen las facultades delegadas en materia de seguridad.

Echados e incidentes

A pesar de todas estas cuestiones, el debate se desarrolló durante toda la jornada, sin interrupciones, excepto durante algunos minutos en los cuales diputados de la oposición reclamaron insistentemente la expulsión del recinto del empresario invitado Tomás Agote, apuntado por agredir verbalmente a la legisladora Myriam Bregman durante su exposición.

Lo mismo solicitaron para Leo Sosa, detenido por instigación a la violencia e integrante de Revolución Federal, organización apuntada como parte del intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Está tuiteando y amenazando diputados. Entró con una pulsera roja”, lanzó Moreau, antes de pedir la expulsión del militante libertario al considerar que su presencia comprometía la seguridad de los parlamentarios.

Mientras todo ello sucedía y las horas transcurrían, en las afueras del Congreso se aglomeraban más y más manifestantes, principalmente de organizaciones de izquierda, hasta que cerca de las 17.30 el clima entró en ebullición cuando el gobierno activó el denominada “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Los incidentes se repitieron en varios momentos de la jornada, incluso después del fin de la sesión.

Primero eran miembros de Gendarmería Nacional Argentina (PFA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), pero luego también se sumaron agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) al imponente operativo para despejar de manifestantes la calle Rivadavia.

Allí hubo empujones, forcejeos y lanzamiento de gases pimienta. En medio de esa tensa situación, Eduardo Belliboni, líder del Partido Oberero, cayó herido y quedó semi inconsciente en el suelo durante varios minutos hasta que se recompuso y en un breve diálogo con los medios denunció haber sido “reprimido” y aseguró que iban a continuar con la manifestación de “manera pacífica, como lo hacemos siempre”.

”Nos gasearon, había periodistas de medios públicos e internacionales. Gasearon a todos, y a los palazos. No hay estado de sitio en Argentina no sé quien se le dijo a Patricia Bullrich. Tenemos derecho a manifestarnos. Los delincuentes están adentro del Congreso”, denunció, por su parte, Patricio Del Corro, legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U), en declaraciones a la prensa.

Imágenes similares se produjeron pocas horas después e incluso cámaras de televisión alcanzaron a captar a un gendarme portante en su uniforme una insignia con el logo bordado de la viborita libertaria, pese a que está prohibido que las fuerzas de seguridad lleven insignias partidarias.

Hasta antes del cierre de la jornada aún había un imponente despliegue de fuerzas federales alrededor del recinto parlamentario y se repetían los avances con escudos hacia las masas que seguían reunidas en las inmediaciones.

Gendarme con insignia libertaria en su uniforme.

“El límite de la Gobernabilidad”

De los legisladores misioneros, quien se expresó respecto a la histórica jornada fue la renovadora Yamila Ruiz, que a través de una extensa publicación en Instagram sostuvo: “Respetando la democracia firmamos en comisión un dictamen favorable PERO CON DISIDENCIA (para alzar la voz en lo que no estamos de acuerdo, en lo que nos afectaba como provincia), para que este Proyecto de Ley baje al recinto donde transparentemente y públicamente, sea debatido por el congreso Nacional, evitando que nos gobiernen por decreto y garantizando que nuestras voces sean escuchadas”.

“Nos encontramos en la posición de, por un lado, respetar la decisión democrática de la mayoría de los argentinos brindándole las herramientas necesarias para gobernar al Sr. Javier Milei y, por el otro y primordial, es DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS MISIONEROS, ese es nuestro mandato como representantes del Pueblo, para eso nos pusieron en estas bancas”, añadió.

Daniel Vancsik captado hoy en el recinto parlamentario por Camila Godoy, fotógrafa de la agencia Télam.

Y, junto a una fotografía con sus compañeros Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel “Colo” Vancsik, remató: “LAS PROVINCIAS SOMOS PREEXISTENTES A LA NACIÓN y la unión de las provincias a través, de nuestro trabajo, de los Gobernadores y de todos los sectores que alzaron la voz, hizo posible que se saquen artículos y capítulos enteros de la “Ley Ómnibus”, que iban a afectar derechos irreparables. El límite de la Gobernabilidad, es la preservación de los derechos”.

Los cuatro legisladores del Frente Renovador de la Concordia Social forman parte del bloque Innovación Federal, junto a colegas de Salta, Río Negro y Neuquén. La diputada salteña Pamela Calleti expuso hoy en la Cámara y adelantó que están dispuestos a dar el debate sobre las propuestas, aunque marcando disidencias y sin negociar los intereses provinciales.

Otro político de la tierra colorada que se expuso su postura fue el diputado provincial y líder del partido Activar, Pedro Puerta, quien además adelantó que la legisladora nacional Florencia Klipauka acompañará la Ley Ómnibus.

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La ministra de Seguridad visitará Bernardo de Irigoyen el lunes

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, arribará el lunes 11 de mayo a las 10:30 al Escuadrón 12 de Bernardo de Irigoyen, ubicado sobre ruta 14, chacra 15 de la mencionada localidad fronteriza, donde su cartera implementa el Plan Guacurarí, lanzado por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, y que involucra el tráfico fronterizo con Brasil.

El objetivo de su visita a la provincia misionera será presentar el “Desafío Táctico Femenino 2026”, el cual se desarrollará del 11 al 15 de mayo en la Unidad de Operaciones Especiales en Monte de la Gendarmería Nacional en Misiones.

En esta primera edición destacarán destrezas individuales y grupales, incluyendo eventos acuáticos, pruebas de esfuerzo físico, marchas forzadas, eventos combinados, de tiro y pasaje de pista de obstáculos.

Desde la organización, detallaron que estas actividades “no se orientan exclusivamente al desempeño táctico, sino también al intercambio de experiencias, saberes operativos y valores profesionales entre mujeres que integran las distintas Fuerzas”.

Durante el evento, participarán representantes de los países limítrofes de la República Argentina y las Fuerzas de Seguridad Federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.

La visa de Monteoliva se anota en el Plan Guacurarí, oficializado en mayo de 2025 con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera seca entre Misiones y Brasil, en la zona de Bernardo de Irigoyen, localidad limítrofe con Dionisio Cerqueira y Barracao, pertenecientes a los estados de Santa Catarina y Paraná, respectivamente.

La medida fue dispuesta mediante la resolución 625/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con la firma de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo documento consigna que el punto caliente se da “en una frontera seca sin barreras naturales que se extiende por más de 25 kilómetros lineales”.

Y añadió que “la región enfrenta múltiples desafíos vinculados con actividades ilícitas como el contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, los cuales se ven agravados por pasos clandestinos que facilitan el flujo irregular de personas y mercancías”.

Invitación compartida por el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez

Se oficializó el Plan Guacurarí para reforzar la seguridad en la frontera seca

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Narcotest obligatorio: Passalacqua dispone examen para todo su gabinete

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En el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial.

La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

La medida, establecida por decreto, alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal superior de la administración central, e incluye además a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado provincial y sociedades con participación estatal mayoritaria.

Asimismo, se extiende a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública. En todos los casos, se dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales.

Quienes se encuentren en ejercicio de sus cargos deberán someterse al examen “de manera anual y aleatoria para asegurar la coherencia en el tiempo y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, informó el mandatario provincial. 

Según el artículo 4 del Decreto N° 776, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la elaboración del procedimiento y de la normativa complementaria, pudiendo hacerlo en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática así lo requiera.

Además, el decreto establece que, ante la detección de sustancias psicotrópicas ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente. También dispone que se garanticen instrumentos de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria para las personas alcanzadas por la medida.

La normativa fija además principios rectores para la implementación de los exámenes, entre ellos la confidencialidad, la privacidad, la no discriminación, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la preservación del interés público.

Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, sostuvo Passalacqua finalmente.

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El PJ Misiones se suma a la cuarta marcha federal universitaria

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El Partido Justicialista distrito Misiones confirmó el acompañamiento a la cuarta marcha federal universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo a las 14, desde el Mástil de avenidas Uruguay casi Mitre hacia la plaza 9 de Julio de Posadas. 

“Acompañamos la marcha federal universitaria en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo”, expresó el partido político mediante un flyer difundido a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería. 

Al mismo tiempo, citaron una frase de Juan Domingo Perón: “La conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros”. 

“Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra Patria. Es garantizar igualdad de oportunidades, es apostar al conocimiento como motor de desarrollo y justicia social. Como pueblo y como peronistas, tenemos la obligación histórica de estar del lado de quienes estudian, enseñan, investigan y trabajan por una Argentina más libre, más justa y más soberana”, concluyeron.

La movilización fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente.

Uno de los principales reclamos es que las transferencias cayeron un 45,6% desde 2023 y que la pérdida salarial de los docentes alcanza el 50%. Por este motivo, reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional y reiterada por la Justicia. 

La Unam se suma a la cuarta marcha federal universitaria el 12 de mayo

 

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