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Ley Ómnibus, primera sesión: 12 horas, incidentes y negociaciones abiertas

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Una sesión de más doce horas, un debate sin dictamen de mayoría, más de 100 oradores, dos invitados expulsados, un gendarme con insignia libertaria, una represión a manifestantes y una votación que podría demorarse hasta el viernes o más. Así se desarrolló hoy la primera jornada de tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación.

El inicio de la discusión legislativa respecto a la aprobación o no de la denominada Ley de Bases impulsada por el presidente Javier Milei cumplió con todo lo que se preveía: maratónica, desorganizada, cargada de acusaciones cruzadas y con incidentes en las afueras del Congreso que amaneció rodeada de elementos pertenecientes a diferentes fuerzas federales.

Tal como había sido pactado de antemano, tras un acuerdo del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, legislador de La Rioja por La Libertad Avanza (LLA), la sesión comenzó a las 10 de la mañana y con 137 diputados presente hubo quórum para iniciar el tratamiento del proyecto.

A partir de allí, se inició un proceso de debate que se extendió hasta exactamente las 21.40, cuando la Cámara baja acordó pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12 del mediodía para reanudar la discusión respecto al paquete de reformas que impulsa el gobierno de LLA y cuya aprobación se mantendrá en expectativa hasta al menos viernes, según estimaron voces especializadas en tratamiento parlamentarios. Quedan 140 oradores pendientes.

Y en las más de doce horas que duró la primera sesión hubo de todo. De entrada, la presidencia de la Cámara anunció el retiro de casi 150 artículos más, entre ellos los capítulos de deuda externa, bioeconomía y parte del de energía, aunque la eliminación de los apartados en cuestión fueron informadas y sin la entregada de un nueva dictamen, ante lo cual varios legisladores denunciaron que el debate se basaba sobre “la nada misma”.

Martín Menem, presidente de la Cámara.

Debate sin dictamen

Y el reclamo se extendió hasta el cierre de la jornada, envuelta también en especulaciones de todo. “Esto es algo inédito”, consideró la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreu al salir del parlamento, mientras que su compañero de bancada Leandro Santoro opinó en la misma sintonía al charlar con la prensa: “El dictamen no está. Quedaron en traerlo a las 16 y no lo trajeron. Se comprometieron a traer el dictamen impreso para saber qué estamos discutiendo pero no está la ley, no sabemos qué estamos discutiendo”.

“Para que la gente entienda el dictamen es la ley con las modificaciones, vos no podés hacer modificaciones en el aire, las tenés que escribir. Nos estamos yendo a esta hora porque no tienen acuerdo en lo fiscal y otras cuestiones que están negociando afuera del Congreso”, agregó Santoro en diálogo con C5N.

Los puntos que todavía siguen controvertidos y sobre los cuales aún no hay acuerdo están vinculados a las privatizaciones, a las facultades delegadas y al capítulo de Seguridad.

Según Infobae, de las doce emergencias y sus consecuentes facultades delegadas, que le permiten a Milei legislar sin pasar por el Congreso en lo referente a esas áreas, el oficialismo terminó bajando a seis: económica, financiera, en seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

Sin embargo, postularon, todavía había diputados que buscan remover la emergencia tarifaria y fundamentar mejor las bases que restringen las facultades delegadas en materia de seguridad.

Echados e incidentes

A pesar de todas estas cuestiones, el debate se desarrolló durante toda la jornada, sin interrupciones, excepto durante algunos minutos en los cuales diputados de la oposición reclamaron insistentemente la expulsión del recinto del empresario invitado Tomás Agote, apuntado por agredir verbalmente a la legisladora Myriam Bregman durante su exposición.

Lo mismo solicitaron para Leo Sosa, detenido por instigación a la violencia e integrante de Revolución Federal, organización apuntada como parte del intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Está tuiteando y amenazando diputados. Entró con una pulsera roja”, lanzó Moreau, antes de pedir la expulsión del militante libertario al considerar que su presencia comprometía la seguridad de los parlamentarios.

Mientras todo ello sucedía y las horas transcurrían, en las afueras del Congreso se aglomeraban más y más manifestantes, principalmente de organizaciones de izquierda, hasta que cerca de las 17.30 el clima entró en ebullición cuando el gobierno activó el denominada “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Los incidentes se repitieron en varios momentos de la jornada, incluso después del fin de la sesión.

Primero eran miembros de Gendarmería Nacional Argentina (PFA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), pero luego también se sumaron agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) al imponente operativo para despejar de manifestantes la calle Rivadavia.

Allí hubo empujones, forcejeos y lanzamiento de gases pimienta. En medio de esa tensa situación, Eduardo Belliboni, líder del Partido Oberero, cayó herido y quedó semi inconsciente en el suelo durante varios minutos hasta que se recompuso y en un breve diálogo con los medios denunció haber sido “reprimido” y aseguró que iban a continuar con la manifestación de “manera pacífica, como lo hacemos siempre”.

”Nos gasearon, había periodistas de medios públicos e internacionales. Gasearon a todos, y a los palazos. No hay estado de sitio en Argentina no sé quien se le dijo a Patricia Bullrich. Tenemos derecho a manifestarnos. Los delincuentes están adentro del Congreso”, denunció, por su parte, Patricio Del Corro, legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U), en declaraciones a la prensa.

Imágenes similares se produjeron pocas horas después e incluso cámaras de televisión alcanzaron a captar a un gendarme portante en su uniforme una insignia con el logo bordado de la viborita libertaria, pese a que está prohibido que las fuerzas de seguridad lleven insignias partidarias.

Hasta antes del cierre de la jornada aún había un imponente despliegue de fuerzas federales alrededor del recinto parlamentario y se repetían los avances con escudos hacia las masas que seguían reunidas en las inmediaciones.

Gendarme con insignia libertaria en su uniforme.

“El límite de la Gobernabilidad”

De los legisladores misioneros, quien se expresó respecto a la histórica jornada fue la renovadora Yamila Ruiz, que a través de una extensa publicación en Instagram sostuvo: “Respetando la democracia firmamos en comisión un dictamen favorable PERO CON DISIDENCIA (para alzar la voz en lo que no estamos de acuerdo, en lo que nos afectaba como provincia), para que este Proyecto de Ley baje al recinto donde transparentemente y públicamente, sea debatido por el congreso Nacional, evitando que nos gobiernen por decreto y garantizando que nuestras voces sean escuchadas”.

“Nos encontramos en la posición de, por un lado, respetar la decisión democrática de la mayoría de los argentinos brindándole las herramientas necesarias para gobernar al Sr. Javier Milei y, por el otro y primordial, es DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS MISIONEROS, ese es nuestro mandato como representantes del Pueblo, para eso nos pusieron en estas bancas”, añadió.

Daniel Vancsik captado hoy en el recinto parlamentario por Camila Godoy, fotógrafa de la agencia Télam.

Y, junto a una fotografía con sus compañeros Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel “Colo” Vancsik, remató: “LAS PROVINCIAS SOMOS PREEXISTENTES A LA NACIÓN y la unión de las provincias a través, de nuestro trabajo, de los Gobernadores y de todos los sectores que alzaron la voz, hizo posible que se saquen artículos y capítulos enteros de la “Ley Ómnibus”, que iban a afectar derechos irreparables. El límite de la Gobernabilidad, es la preservación de los derechos”.

Los cuatro legisladores del Frente Renovador de la Concordia Social forman parte del bloque Innovación Federal, junto a colegas de Salta, Río Negro y Neuquén. La diputada salteña Pamela Calleti expuso hoy en la Cámara y adelantó que están dispuestos a dar el debate sobre las propuestas, aunque marcando disidencias y sin negociar los intereses provinciales.

Otro político de la tierra colorada que se expuso su postura fue el diputado provincial y líder del partido Activar, Pedro Puerta, quien además adelantó que la legisladora nacional Florencia Klipauka acompañará la Ley Ómnibus.

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Proponen asistencia económica a pacientes con patologías graves sin ingresos

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El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Cacho Bárbaro, propuso esta tarde en la sesión de la Legislatura la creación, a través de una ley, de un régimen de asistencia económica a pacientes oncológicos y de otras patologías graves que no cuenten con ingresos.

La iniciativa busca la creación del Régimen Provincial de Asistencia Económica para Personas con Enfermedades Oncológicas y Otras Enfermedades Graves de Alto Costo, destinado a garantizar un ingreso mínimo a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a fin de asegurar la continuidad y dignidad de los tratamientos.

“Yo sé que a los libertarios esto no les gusta, no les cae bien”, dijo Bárbaro en su alocución de esta tarde en la Cámara.

“Me acuerdo en un acto de (Javier) Milei, donde dijo ‘venimos a terminar con el verso de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque aumenta el gasto público”, agregó el legislador del PAyS y preguntó: “¿Qué hacemos con esa gente humilde? ¿El Estado tiene que estar ausente?”.

Bárbaro ponderó la “profesionalidad” y la “calidad de la atención del Parque de la Salud” de Misiones, y sostuvo que la demora en los turnos obedece al deterioro social provocado por “el modelo económico” que “destruyó el tejido social”.

“No hay que quejarse de las autoridades del Parque de la Salud, de los médicos, de las enfermeras; hay que quejarse del gobierno de Milei; del gobierno de Karina 3%; del gobierno de Adorni y su cascada”, disparó.

“Misiones hoy tiene 10 mil trabajadores que quedaron sin trabajo desde que asumió Milei. Familias que quedaron sin obra social, que absorbe el hospital público; los gendarmes, el Ejército; el empleado púbico que no tiene para pagar el plus y va al Parque de la Salud; ni hablar de los jubilados, que antes se operaban en clínicas privadas”, afirmó.

“Hay tantos casos de gente muy humilde, pobre, de Pozo Azul, San Pedro, que tienen que venir un día antes, y no tienen un mango en el bolsillo para sostenerse, ni para comer”, describió Bárbaro y planteó: “Mi proyecto apunta a crear una herramienta del Estado provincial para que podamos ayudar a esa gente humilde”.

El diputado del PAyS reconoció que su proyecto, que propone otorgar a los beneficiarios una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil, “genera erogaciones al Estado provincial” y estimó en “unas 500 familias” el universo de destinatarios.

“Sabemos que la provincia atraviesa una crisis de recursos de la Nación, recortes de coparticipación”, dijo Bárbaro y pidió: “Espero que busquemos la forma de concretarlo”.

“Vos le escuchas al gobierno diciendo que no hay plata, pero vemos cómo le sacan impuestos a los bienes de lujo y a los pobres no le dan para tratar su enfermedad”, se quejó.

LEY AYUDA ECONOMICA A PACIENTES ONCOLOGICOS

 

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Proponen disolver el EPRAC y crear una Defensoría del Agua

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Proponen disolver el EPRAC y crear una Defensoría del Agua

El diputado provincial Santiago Koch (Unión Cívica Radical) presentó un proyecto de ley que propone la disolución del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y la creación de una nueva Defensoría del Usuario del Agua (DUA), dependiente del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

“Con este proyecto vamos a ser claros: le decimos chau al EPRAC, y no solamente porque es una cuestión administrativa, sino porque consideramos que Misiones tiene un ente que cobra una tasa, que tiene un directorio y vocalías, pero cuando un usuario abre la canilla y no sale agua, ese ente no está o actúa demasiado tarde”, apuntó Koch en su primera alocución como diputado este jueves en la Legislatura misionera.

En esa línea, el legislador radical cuestionó el presupuesto asignado al organismo, presidido por Soledad Balán, y señaló que, tras una ampliación presupuestaria otorgada meses atrás, el EPRAC contará este año con casi 700 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, sostuvo que esos recursos “realmente no se verifican en el accionar de este ente”.

Asimismo, Koch planteó que la iniciativa no solo propone la eliminación del EPRAC y la supresión de su directorio y estructura política, sino también quitar la tasa que actualmente pagan los usuarios para financiar el organismo. “El ciudadano debe dejar de pagar por un organismo que no lo defiende”, expresó durante su exposición en la Cámara de Representantes.

En paralelo, afirmó que el proyecto prevé que los recursos liberados sean destinados a la reparación de redes de agua y cloacas, además de atender eventuales emergencias hídricas.

En ese marco, propuso la creación de una Defensoría del Usuario del Agua, con una “estructura mínima y técnica” dependiente de un ministerio, que tenga entre sus funciones recibir reclamos, intervenir y sancionar a empresas prestatarias que incumplan con el servicio.

Sometido a votación, el proyecto de ley del diputado radical obtuvo 38 votos afirmativos y fue girado a la comisión correspondiente para continuar con su tratamiento legislativo.

Problemática del agua

El proyecto impulsado por Koch se da luego de una serie de reclamos vecinales por presuntas irregularidades en la facturación del servicio de agua potable por parte de la empresa Servicios de Aguas de Misiones S. A. (SAMSA).

En marzo pasado, durante una reunión en el Concejo Deliberante de Posadas, la titular del EPRAC, Soledad Balán, reconoció que en algunos casos “hubo aire en las cañerías” y que eso derivó en un aumento del consumo registrado en las boletas, lo que motivó pedidos de refacturación para usuarios afectados.

En paralelo, el Concejo capitalino debatió un proyecto para obligar a la prestataria a instalar válvulas o bloqueadores de aire en los medidores domiciliarios, con el objetivo de evitar que los usuarios paguen por aire acumulado en las cañerías tras cortes del servicio. La iniciativa, presentada por el concejal Jair Dib, finalmente fue rechazada en el recinto a fines de abril, pese a que había obtenido dictamen favorable en comisión.

PROYECTO DE LEY ELIMINACION DEL EPRAC
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LLA impulsa enmienda para extender período de sesiones de la Legislatura

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El bloque de La Libertad Avanza (LLA) Misiones presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 96 de la Carta Magna misionera, referente al período de sesiones de la Legislatura provincial.

El partido que encabeza el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero de la Cámara, hizo pública la iniciativa en sus redes sociales, mediante un video de la legisladora Samantha Stekler.

“Actualmente, la legislatura sesiona de mayo a octubre; seis meses de actividad ordinaria”, comenta Stekler en el spot, grabado en el frente a la sede legislativa de Villa Sarita.

“A nivel nacional, el Congreso trabaja de marzo a noviembre; y varias provincias adoptaron calendarios similares o más amplios, con mayor continuidad institucional”, agrega.

De hecho, solo Misiones, Santa Fe, Catamarca y Mendoza comienzan sus periodos legislativos el 1º de mayo de cada año. De las cuatro, la tierra colorada es la única que tiene un sistema unicameral; y junto a Santa Fe comparte el mismo calendario legislativo. En Mendoza, el período concluye el 30 de septiembre, y en Catamarca el 30 de noviembre.

“Esto no se trata solo de dictar leyes, el Poder Legislativo cumple funciones de control, seguimiento de políticas públicas y análisis del gasto público”, señala Stekler.

La legisladora argumenta que un periodo de sesiones “acotado” como el misionero, “limita” al Poder Legislativo “para pedir informes, supervisar la ejecución del presupuesto; y en materia de justicia, retrasa los acuerdos para que los nuevos jueces, fiscales y defensores, puedan asumir el cargo”.

“Por ello, desde el bloque de LLA presentamos un proyecto de enmienda constitucional para ampliar el período de sesiones legislativas desde el 1º de marzo al 30 de noviembre, en línea con el esquema nacional”, informa Stekler.

“El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional y mejorar las capacidades de control del Estado”, finaliza.

Mayoría calificada

La figura de la enmienda constitucional está reglamentada en el artículo 178 de la Carta Magna misionera, que establece como requisito el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y la aprobación popular en un referéndum.

El artículo 179, establece que para que “el referéndum se considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan sobrepasado el 50% de los electores inscriptos en el Registro Cívico de la Provincia”.

La Constitución misionera también establece que las reformas o enmiendas “no podrán llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años”.

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