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Ley Ómnibus, primera sesión: 12 horas, incidentes y negociaciones abiertas

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Una sesión de más doce horas, un debate sin dictamen de mayoría, más de 100 oradores, dos invitados expulsados, un gendarme con insignia libertaria, una represión a manifestantes y una votación que podría demorarse hasta el viernes o más. Así se desarrolló hoy la primera jornada de tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación.

El inicio de la discusión legislativa respecto a la aprobación o no de la denominada Ley de Bases impulsada por el presidente Javier Milei cumplió con todo lo que se preveía: maratónica, desorganizada, cargada de acusaciones cruzadas y con incidentes en las afueras del Congreso que amaneció rodeada de elementos pertenecientes a diferentes fuerzas federales.

Tal como había sido pactado de antemano, tras un acuerdo del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, legislador de La Rioja por La Libertad Avanza (LLA), la sesión comenzó a las 10 de la mañana y con 137 diputados presente hubo quórum para iniciar el tratamiento del proyecto.

A partir de allí, se inició un proceso de debate que se extendió hasta exactamente las 21.40, cuando la Cámara baja acordó pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 12 del mediodía para reanudar la discusión respecto al paquete de reformas que impulsa el gobierno de LLA y cuya aprobación se mantendrá en expectativa hasta al menos viernes, según estimaron voces especializadas en tratamiento parlamentarios. Quedan 140 oradores pendientes.

Y en las más de doce horas que duró la primera sesión hubo de todo. De entrada, la presidencia de la Cámara anunció el retiro de casi 150 artículos más, entre ellos los capítulos de deuda externa, bioeconomía y parte del de energía, aunque la eliminación de los apartados en cuestión fueron informadas y sin la entregada de un nueva dictamen, ante lo cual varios legisladores denunciaron que el debate se basaba sobre “la nada misma”.

Martín Menem, presidente de la Cámara.

Debate sin dictamen

Y el reclamo se extendió hasta el cierre de la jornada, envuelta también en especulaciones de todo. “Esto es algo inédito”, consideró la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreu al salir del parlamento, mientras que su compañero de bancada Leandro Santoro opinó en la misma sintonía al charlar con la prensa: “El dictamen no está. Quedaron en traerlo a las 16 y no lo trajeron. Se comprometieron a traer el dictamen impreso para saber qué estamos discutiendo pero no está la ley, no sabemos qué estamos discutiendo”.

“Para que la gente entienda el dictamen es la ley con las modificaciones, vos no podés hacer modificaciones en el aire, las tenés que escribir. Nos estamos yendo a esta hora porque no tienen acuerdo en lo fiscal y otras cuestiones que están negociando afuera del Congreso”, agregó Santoro en diálogo con C5N.

Los puntos que todavía siguen controvertidos y sobre los cuales aún no hay acuerdo están vinculados a las privatizaciones, a las facultades delegadas y al capítulo de Seguridad.

Según Infobae, de las doce emergencias y sus consecuentes facultades delegadas, que le permiten a Milei legislar sin pasar por el Congreso en lo referente a esas áreas, el oficialismo terminó bajando a seis: económica, financiera, en seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

Sin embargo, postularon, todavía había diputados que buscan remover la emergencia tarifaria y fundamentar mejor las bases que restringen las facultades delegadas en materia de seguridad.

Echados e incidentes

A pesar de todas estas cuestiones, el debate se desarrolló durante toda la jornada, sin interrupciones, excepto durante algunos minutos en los cuales diputados de la oposición reclamaron insistentemente la expulsión del recinto del empresario invitado Tomás Agote, apuntado por agredir verbalmente a la legisladora Myriam Bregman durante su exposición.

Lo mismo solicitaron para Leo Sosa, detenido por instigación a la violencia e integrante de Revolución Federal, organización apuntada como parte del intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Está tuiteando y amenazando diputados. Entró con una pulsera roja”, lanzó Moreau, antes de pedir la expulsión del militante libertario al considerar que su presencia comprometía la seguridad de los parlamentarios.

Mientras todo ello sucedía y las horas transcurrían, en las afueras del Congreso se aglomeraban más y más manifestantes, principalmente de organizaciones de izquierda, hasta que cerca de las 17.30 el clima entró en ebullición cuando el gobierno activó el denominada “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Los incidentes se repitieron en varios momentos de la jornada, incluso después del fin de la sesión.

Primero eran miembros de Gendarmería Nacional Argentina (PFA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), pero luego también se sumaron agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) al imponente operativo para despejar de manifestantes la calle Rivadavia.

Allí hubo empujones, forcejeos y lanzamiento de gases pimienta. En medio de esa tensa situación, Eduardo Belliboni, líder del Partido Oberero, cayó herido y quedó semi inconsciente en el suelo durante varios minutos hasta que se recompuso y en un breve diálogo con los medios denunció haber sido “reprimido” y aseguró que iban a continuar con la manifestación de “manera pacífica, como lo hacemos siempre”.

”Nos gasearon, había periodistas de medios públicos e internacionales. Gasearon a todos, y a los palazos. No hay estado de sitio en Argentina no sé quien se le dijo a Patricia Bullrich. Tenemos derecho a manifestarnos. Los delincuentes están adentro del Congreso”, denunció, por su parte, Patricio Del Corro, legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U), en declaraciones a la prensa.

Imágenes similares se produjeron pocas horas después e incluso cámaras de televisión alcanzaron a captar a un gendarme portante en su uniforme una insignia con el logo bordado de la viborita libertaria, pese a que está prohibido que las fuerzas de seguridad lleven insignias partidarias.

Hasta antes del cierre de la jornada aún había un imponente despliegue de fuerzas federales alrededor del recinto parlamentario y se repetían los avances con escudos hacia las masas que seguían reunidas en las inmediaciones.

Gendarme con insignia libertaria en su uniforme.

“El límite de la Gobernabilidad”

De los legisladores misioneros, quien se expresó respecto a la histórica jornada fue la renovadora Yamila Ruiz, que a través de una extensa publicación en Instagram sostuvo: “Respetando la democracia firmamos en comisión un dictamen favorable PERO CON DISIDENCIA (para alzar la voz en lo que no estamos de acuerdo, en lo que nos afectaba como provincia), para que este Proyecto de Ley baje al recinto donde transparentemente y públicamente, sea debatido por el congreso Nacional, evitando que nos gobiernen por decreto y garantizando que nuestras voces sean escuchadas”.

“Nos encontramos en la posición de, por un lado, respetar la decisión democrática de la mayoría de los argentinos brindándole las herramientas necesarias para gobernar al Sr. Javier Milei y, por el otro y primordial, es DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS MISIONEROS, ese es nuestro mandato como representantes del Pueblo, para eso nos pusieron en estas bancas”, añadió.

Daniel Vancsik captado hoy en el recinto parlamentario por Camila Godoy, fotógrafa de la agencia Télam.

Y, junto a una fotografía con sus compañeros Carlos Fernández, Alberto Arrúa y Daniel “Colo” Vancsik, remató: “LAS PROVINCIAS SOMOS PREEXISTENTES A LA NACIÓN y la unión de las provincias a través, de nuestro trabajo, de los Gobernadores y de todos los sectores que alzaron la voz, hizo posible que se saquen artículos y capítulos enteros de la “Ley Ómnibus”, que iban a afectar derechos irreparables. El límite de la Gobernabilidad, es la preservación de los derechos”.

Los cuatro legisladores del Frente Renovador de la Concordia Social forman parte del bloque Innovación Federal, junto a colegas de Salta, Río Negro y Neuquén. La diputada salteña Pamela Calleti expuso hoy en la Cámara y adelantó que están dispuestos a dar el debate sobre las propuestas, aunque marcando disidencias y sin negociar los intereses provinciales.

Otro político de la tierra colorada que se expuso su postura fue el diputado provincial y líder del partido Activar, Pedro Puerta, quien además adelantó que la legisladora nacional Florencia Klipauka acompañará la Ley Ómnibus.

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Santiago Koch y las fotos con el PAyS y Amarilla: “Por ahora, es trabajo legislativo”

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Koch

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Santiago Koch, habló sobre las frecuentes reuniones con sus pares del Partido Agrario y Social (PAyS) y del bloque Algo Nuevo, del ex policía Ramón Amarilla, y aclaró que las fotografías que se vienen viralizando en las redes sociales no deben interpretarse como un incipiente armado electoral, sino que son “solo una forma de trabajar legislativamente todos juntos”.

En diálogo con La Voz de Misiones, el legislador radical afirmó que su cercanía con el bloque de Amarilla con el ex PRO, Miguel Núñez; y el que encabeza el docente Cristian Castro, con el líder agrario Héctor Cacho Bárbaro, y la trabajadora social Elvani Goring, se corresponde con la intención de “articular algunas cuestiones legislativas”.

Koch no descartó, sin embargo, que la sintonía que trasmiten las fotografías de las reuniones más recientes, con la excusa de afinar la puntería en temas clave de la agenda parlamentaria misionera, como Ficha Limpia y la Ley de Lemas, pueda traducirse en una plataforma electoral conjunta para las elecciones de 2027.

“Yo creo que, naturalmente, si este laburo que estamos haciendo prospera, que por momentos está bueno; podría, cómo no, llegar a decantar en un armado electoral”, barajó el legislador radical y, enseguida, aclaró: “Por el momento, es solo una forma de trabajar legislativamente todos juntos”.

Frío

El diputado de la UCR Misiones, que hace poco sorprendió la escena política hablando de una posible alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) de su colega y vicepresidente primero de la Cámara, Adrián Nuñez, diferenció la relación que mantiene con el bloque que lidera el abogado tributario, de la que tiene con las bancadas del PAyS y de Amarilla.

“El contacto es un poco más frío”, describió Koch, aunque después le subió la temperatura al comentario y presentó el vínculo con su par mileísta como “formal, protocolar”, circunscripto a intercambios sobre los temas de la agenda legislativa.

Caliente

La “frialdad” en el trato con el doctor Nuñez y su bloque, se contrapone con la complicidad que sugieren las fotografías viralizadas de los encuentros con el PAyS y Amarilla, donde se ve a todos sonrientes y tomando mate.

“En materia productiva, sin dudas, estamos muy cerca del PAyS, que es un desprendimiento del radicalismo también, que supieron captar todos esos votos que antes eran, históricamente, radicales”, argumentó Koch.

“Yo soy un tipo muy coherente: Si las cosas están bien, si las decisiones están bien, las voy a apoyar”, señaló y sostuvo que “hay cosas” que comparte del gobierno de Javier Milei y “otras que no”. “La mayoría, no”, aclaró Koch.

“Yo levanto siempre las banderas del radicalismo”, afirmó el diputado provincial. “Como radicales, somos reformistas y creemos que el Estado constantemente necesita reformas”, argumentó.

Nefasto

El legislador radical cargó contra el gobierno de Milei, por el impacto social de muchas de sus políticas económicas y la “indiferencia” del presidente y su equipo con la pérdida de empleos y cierre de comercios y empresas.

“No comulgo con la insensibilidad que ellos tienen en la manera de gobernar”, criticó Koch y lanzó: “Creo en el déficit cero, pero con un sentido; ajustar por ajustar no tiene beneficios”.

“Lo que pasa con la educación pública, ni hablar; la investigación, la ciencia, que estamos dejando de lado”, se indignó y atacó: “Hay cosas que me parecen nefastas”.

 

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Goerling y la interpelación a Adorni: “No puede estar un día más en el cargo”

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Adorni

El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, volvió a cargar contra el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, luego de que la Casa Rosada consiguiera desactivar la sesión de este jueves del Senado, donde la oposición había reunido los votos para destituirlo.

Goerling, jefe del bloque del PRO en la cámara alta, participó de la reunión de labor parlamentaria de ayer a la tarde con la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde se decidió darle al oficialismo una semana de tregua y se acordó un nuevo cronograma para la interpelación al jefe de Gabinete de Milei: sesión el 25 de junio e interpelación el 2 de julio.

El parlamentario misionero fue el encargado de oficializar lo resuelto en la reunión de jefes de bloque con Villarruel, en la que la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, fue la encargada de negociar la tregua con las bancadas más afines al gobierno, que habían adelantado que acompañarán la moción de censura impulsada por el peronismo, de la que no existen antecedentes desde su aparición en la reforma constitucional de 1994.

“Adorni perdió la credibilidad para administrar el Estado, pero el gobierno está empecinado en sostenerlo”, afirmó Goerling en diálogo con los periodistas acreditados en el Congreso y advirtió que “llegado el caso y con mucho pesar, el PRO va a acompañar” la destitución por el mecanismo establecido en el artículo 101 de la Constitución.

“Adorni no puede estar más en su cargo. Lo dijo el partido, lo dijo el presidente Macri, lo decimos nosotros”, arremetió Goerling y cargó: “Yo pensé que, a esta altura, el presidente hubiera ya tomado la decisión de correrlo del cargo, porque claramente le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”.

“Creo que no da para más, creo que (Adorni) está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos, porque estamos todos en este barco”, afirmó el senador del PRO Misiones, sobre la situación del jefe de Gabinete, imputado por enriquecimiento ilícito en una causa que investiga el origen del dinero con el que pagó viajes de lujo y varias propiedades.

 

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Cacho Bárbaro propone transparentar declaraciones juradas en Misiones

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El diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro del Partido Agrario y Social (Pays), con acompañamiento de su bloque y de otros bloques legislativos, presentó un proyecto de ley para establecer la publicidad plena de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos de Misiones, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre quienes ejercen cargos en el Estado.

La iniciativa propone modificar la actual Ley IV N° 21, que mantiene bajo reserva las declaraciones juradas de gobernadores, ministros, diputados, intendentes y demás funcionarios provinciales, permitiendo su acceso únicamente en casos excepcionales. Con el nuevo proyecto, toda la información patrimonial de los funcionarios pasaría a ser pública y estaría disponible para consulta libre y gratuita a través de internet.

“Los misioneros tienen derecho a saber cómo evoluciona el patrimonio de quienes administran los recursos de todos. La transparencia no puede depender de la buena voluntad de un funcionario ni de una orden judicial. Debe ser una obligación permanente del Estado”, sostuvo Bárbaro.

El legislador recordó que actualmente existe una contradicción difícil de explicar: mientras cualquier ciudadano puede consultar las declaraciones juradas de funcionarios nacionales, en Misiones esa información permanece oculta.

“Hoy un diputado nacional por Misiones tiene su patrimonio publicado y accesible para toda la sociedad. En cambio, un ministro provincial, un diputado provincial o un intendente pueden mantener esa información reservada. No hay ninguna razón ética ni republicana que justifique semejante diferencia”, afirmó.

El proyecto también establece que las declaraciones juradas deberán presentarse al asumir el cargo, actualizarse todos los años y volver a presentarse al finalizar la función pública. Además, obliga a la Provincia a crear un portal web específico donde esa información quede publicada y permanentemente actualizada. Una vez presentada, antes de la fecha límite, el organismo competente tendrá un plazo de 30 días para hacer pública cada declaración

Bárbaro remarcó que el espíritu de la iniciativa es prevenir conflictos de intereses, detectar incrementos patrimoniales injustificados y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Sostuvo que la publicidad de las declaraciones juradas es una herramienta clave para evitar situaciones como las que en los últimos meses protagonizaron funcionarios nacionales obligados a dar explicaciones sobre fuertes aumentos patrimoniales.

En ese sentido, cuestionó el caso del ministro de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien atribuyó parte de su crecimiento patrimonial a la aparición de un supuesto pendrive con criptomonedas adquirido años atrás. “Cuando las declaraciones juradas son públicas, la sociedad puede controlar, preguntar y exigir explicaciones. Cuando son secretas, ese control desaparece y la transparencia queda librada a la voluntad del funcionario de turno”, afirmó.

La propuesta contempla además la protección de la privacidad de los familiares de los funcionarios. Los datos sensibles correspondientes a cónyuges, convivientes e hijos menores quedarán resguardados en un anexo reservado al que solo podrán acceder la Justicia y los organismos de control competentes.

“El objetivo es garantizar transparencia sin poner en riesgo la seguridad de personas que no eligieron ocupar cargos públicos. Lo que debe ser público es el patrimonio del funcionario, no la intimidad de su familia”, explicó.

Bárbaro recordó además que ya había impulsado una iniciativa similar hace más de una década y consideró que el debate sigue siendo una deuda pendiente de la política misionera.

Para que no haya más Adorni, ni funcionarios que deban dar explicaciones después de abandonar sus cargos, las declaraciones juradas tienen que ser públicas mientras ejercen la función pública y también cuando la dejan”, concluyó.

Abrir el cofre de las declaraciones juradas

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