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Legislatura: renovadores pidieron la expulsión del diputado Germán Kiczka

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Germán Kiczka

El bloque del Frente Renovador de la Concordia Social (FR) presentó este mediodía un proyecto de resolución para expulsar de la Cámara de Representantes de la provincia al diputado de Activar Germán Kiczka, actualmente detenido en una celda de la Unidad Penal VIII de Cerro Azul en el marco de una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).

La iniciativa ingresó este martes a la Legislatura y podría ser tratada en la próxima sesión legislativa prevista para el jueves, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

“El presente proyecto de resolución se fundamenta en una serie de hechos y comportamientos que evidencian la grave falta de decoro del diputado Germán Kiczka, cuya permanencia en esta Cámara resulta insostenible debido a la magnitud y gravedad de sus acciones”, introduce el planteo en la parte de los fundamentos esgrimidos para solicitar la expulsión del apostoleño que llegó a la Legislatura por Activar, el partido creado por Pedro Puerta, el hijo del ex gobernador Ramón Puerta.

En la continuidad del texto, se expone la cronología del caso que involucra al diputado ya desaforado, como también se menciona el resultado de las pericias informáticas que detectaron al menos 603 archivos Masi en una notebook de su propiedad y se advierte sobre las acciones realizadas por Kiczka para evadir el accionar de la Justicia.

“La conducta del diputado no solo representa una amenaza directa a la seguridad y bienestar de los jóvenes, sino que también subraya una grave infracción a los principios de protección infantil y dignidad humana, minando la confianza pública en la capacidad de nuestras instituciones para proteger a los más vulnerables”, sostiene el documento.

En el escrito, de tres páginas, consideran que “existe una contundencia probatoria sobre las conductas aberrantes del diputado, con pruebas que ya obran en la causa y que han dado lugar a una serie de nuevas evidencias”.

En ese marco, añaden que “estas nuevas pruebas podrían dar lugar a nuevas acusaciones y afectar a otras personas involucradas, indicando la posibilidad de una red más amplia de conducta delictiva. La gravedad y el impacto de estas pruebas requieren una respuesta firme y contundente para proteger los valores y principios fundamentales de nuestra sociedad y garantizar que tales acciones no queden sin consecuencias”.

Germán Kiczka fue detenido el jueves 29 de agosto, en un camping correntino, tras permanecer una semana prófugo.

También hacen mención a las últimas actitudes evidenciadas por Kiczka durante la visita familiar que recibió el domingo a la mañana cuando aún estaba alojado en una celda de la comisaría Segunda de Apóstoles, donde se lo vio sonriente y distendido al conversar con su padre, una tía y un amigo.

“El comportamiento risueño y burlón del diputado durante su detención no solo demuestra una falta absoluta de arrepentimiento, sino que también refleja un desprecio hacia la gravedad de los cargos que enfrenta. Este comportamiento es completamente incompatible con la dignidad y la responsabilidad que deben caracterizar a un representante del pueblo, y resalta la repugnancia de su conducta hacia los valores que esta Cámara debe preservar”, arguyen los legisladores que piden su expulsión.

En base a estos planteos y amparados en el artículo 90, los diputados renovadores solicitaron el tratamiento legislativo del pedido para avanzar en eyectar a Kiczka de la Legislatura.

Para que el pedido prospere debe tener el acompañamiento de dos tercios del total de los parlamentarios presentes al momento de la votación. 

En la sesión del jueves 22 de agosto la misma Cámara rechazó la renuncia presentada por el legislador detenido, al tiempo que aprobó por unanimidad su desafuero.

“En defensa de la integridad institucional y moral de esta Cámara, se propone la expulsión del diputado Germán Kiczka, considerando que su conducta y acciones han sido claramente incompatibles con las obligaciones y responsabilidades inherentes a su cargo, y que su permanencia en este cuerpo legislativo compromete la confianza pública en la justicia y la ética que deben guiar nuestra labor”, culmina la iniciativa.

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El gobierno retiró el proyecto de Ley de Tierras por falta de votos

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tierras

Sin los votos necesarios y una creciente campaña en contra, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 y retiró el Capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará mañana en el Senado.

La decisión de La Libertad Avanza se produjo luego del rechazo de tres gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saenz, y ante el riesgo de no poder avanzar con las reformas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y de Manejo del Fuego que también incorpora el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La encargada de hacer pública la noticia fue la jefa del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este mediodía se reunió con senadores de la denominada “oposición dialoguista” en el bloque de la UCR, en el segundo piso del Congreso.

Según publicó el diario porteño La Nación, “la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica”.

“Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa”, reseña el diario fundado por Bartolomé Mitre y agrega: “A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)”.

Este último se encuentra impedido de viajar para la sesión de mañana por problemas de salud, y pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

Entre los gobernadores que rechazan la reforma de la Ley de Tierras, se anota también el misionero Hugo Passalacqua, que hace dos semanas convocó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a votar contra el proyecto, que en la provincia contaba con el apoyo del senador del PRO, Martín Goerling.

Arce hizo público este miércoles en sus redes sociales un comunicado con membrete del Senado, donde adelantó que, de votare el jueves el proyecto, iba a rechazar el Capítulo 3, de extranjerización de la tierra.

El parlamentario de Encuentro Misionero no menciona en su comunicado la reunión de hace dos semanas con Passalacqua, pero asegura que “luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.o. 26.737”.

Siempre en tercera persona, el documento sostiene que Arce “reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”.

Capítulo 3

El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del gobierno de La Libertad Avanza consiste en un paquete de reformas para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y promover la inversión.

El Capítulo 3, retirado hoy por Bullrich, abordaba de manera específica la modificación y flexibilización de la Ley de Tierras Rurales 26.737, desmontando las restricciones para que capitales y ciudadanos extranjeros adquieran campos y extensiones territoriales en el país.

Entre los puntos centrales y los cambios más relevantes, se destacaba el aumento del tope vigente, de 15% a 25% la propiedad foránea de la tierra a nivel nacional, provincial y municipal.

Esto ya había sido objeto de cambio por parte del gobierno en su intento por conseguir los votos en el Senado, ya que el proyecto original proponía liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros.

El Capítulo 3 derogaba también los controles locales y los topes a nivel municipal o departamental, habilitando la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras en distritos rurales clave, y remueve la restricción que impedía que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.

Asimismo, ponía fin a los cupos por nacionalidad, que estipulaba que particulares o capitales de un mismo país no podían superar el 30% del total de las tierras permitidas para extranjeros.

Fuego

El resto del paquete de Sturzenegger modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.

Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.

El paquete del gobierno también reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.

En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

 

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Rovira adelantó que votará a favor del Presupuesto 2027 de Passalacqua

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Rovira

El diputado provincial de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, adelantó que votará a favor del proyecto de Presupuesto 2027, enviado a la Legislatura por el gobernador Hugo Passalacqua.

Rovira eligió al portal de noticias MOL para hacer pública su decisión y envió un comunicado a ese medio anticipando su voto afirmativo al ejercicio presupuestario propuesto por el Ejecutivo Provincial para 2027.

“Siempre apoyé la necesidad de otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias para Gobernar, y el Presupuesto es la principal”, escribió el legislador, según MOL, y señaló: “Voy a ser coherente como lo fui siempre”.

El Presupuesto 2027 enviado por Passalacqua a la Cámara de Representantes de Misiones, prevé un total de más de $5,2 billones y destina el 63% a la inversión social y un 14% al desarrollo económico, con énfasis en la reactivación de la obra pública en la provincia.

 

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Herrera Ahuad: “No puedo estar con el que le va a sacar la tierra al colono”

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Herrera Ahuad

El diputado nacional de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, participó este martes en la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, de la Cámara de Diputados de la Nación, donde cuestionó la nueva Ley de Tierras Rurales impulsada por el gobierno de Javier Milei y adelantó su voto negativo si el proyecto, que se tratará el jueves en el Senado, llega a la cámara baja.

“Es muy importante entender las realidades que se dan con este tipo de leyes”, dijo el ex gobernador misionero en el arranque de su alocución en la reunión que tenía como tema “Soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras”.

Flanqueado por su colega de bloque, la diputada Yamila Ruiz, Herrera Ahuad opinó que “muchos seduce el título de la primera parte de la ley, que habla de la ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, porque, claro, a quien le gusta que le intrusen su terreno, su campo”, pero advirtió que “detrás de todo esto hay un proceso que va contra los intereses de las provincias”.

“Tanto Misiones como Santiago del Estero son las provincias con más alta ruralidad de la República Argentina”, afirmó el legislador y precisó que “el 30% de la población” de la tierra colorada “vive en la ruralidad, en la colonia, en la chacra, que no es algo negativo, ya que significa vivir en el lugar donde producen”.

“Estamos hablando de 500.000 habitantes que viven en las chacras misioneras”, puntualizó y señaló que se trata de familias que “viven en minifundios que van de 1 hectárea a 22 hectáreas”.

“Ustedes imagínense el impacto que tiene para nosotros, como economía regional minifundista, una ley con estas características, donde la compra de 20 hectáreas significa llevarse puestos a 20 familias, y donde la compra de 100 hectáreas pone en jaque todo el sistema social de una provincia”, alertó.

“Hay que ser muy cuidadosos cuando tratamos este tipo de leyes”, opinó Herrera Ahuad y sostuvo que la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza “no es aplicable a una provincia donde el índice de ruralidad es tan alto y el índice de la mayor producción de su PBI está dado por la producción, por ejemplo, de yerba mate”.

El ex gobernador de Misiones advirtió que el proyecto, comúnmente llamado de “extranjerización de la tierra”, llega en “el momento en que peor está la economía regional, el momento de la tormenta perfecta, donde las chacras no valen nada, la producción yerbatera cayó, y el sector productivo no puede levantar la cosecha”.

Herrera Ahuad estimó que, de aprobarse la nueva ley, “el daño social, el gasto social, va a ser superior a los U$S15.000 millones que se estipulan pueden entrar al país por la venta de tierras”.

Asimismo, el legislador rechazó el artículo del proyecto de ley que pone en manos de los estados provinciales la decisión final sobre la venta de tierras, ya que “en realidad otorga la potestad a los gobernadores”, es decir que “va a depender de la voluntad de un gobernador”, que “puede meter el papel en el cajón seis meses y se termina vendiendo por falta de respuesta”.

Herrera Ahuad comentó al pleno de la reunión legislativa los pronunciamientos que hubo en las últimas semanas en Misiones en contra del proyecto mileísta y contó: “Hemos tenido manifestaciones, de la Iglesia, campesinos, productores, intendentes, ex intendentes, que nos dijeron que debemos resguardar nuestro patrimonio”.

“A lo largo de los cuatro años que me tocó ser gobernador, los momentos más felices fue cuando pude entregar a un colono el título de propiedad para que sea dueño de su propia tierra”, apuntó Herrera Ahuad y lanzó: “Yo no me permito estar del lado del que se la va a sacar”.

 

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