El bloque del Frente Renovador de la Concordia Social (FR) presentó este mediodía un proyecto de resolución para expulsar de la Cámara de Representantes de la provincia al diputado de Activar Germán Kiczka, actualmente detenido en una celda de la Unidad Penal VIII de Cerro Azul en el marco de una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).

La iniciativa ingresó este martes a la Legislatura y podría ser tratada en la próxima sesión legislativa prevista para el jueves, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

“El presente proyecto de resolución se fundamenta en una serie de hechos y comportamientos que evidencian la grave falta de decoro del diputado Germán Kiczka, cuya permanencia en esta Cámara resulta insostenible debido a la magnitud y gravedad de sus acciones”, introduce el planteo en la parte de los fundamentos esgrimidos para solicitar la expulsión del apostoleño que llegó a la Legislatura por Activar, el partido creado por Pedro Puerta, el hijo del ex gobernador Ramón Puerta.

En la continuidad del texto, se expone la cronología del caso que involucra al diputado ya desaforado, como también se menciona el resultado de las pericias informáticas que detectaron al menos 603 archivos Masi en una notebook de su propiedad y se advierte sobre las acciones realizadas por Kiczka para evadir el accionar de la Justicia.

“La conducta del diputado no solo representa una amenaza directa a la seguridad y bienestar de los jóvenes, sino que también subraya una grave infracción a los principios de protección infantil y dignidad humana, minando la confianza pública en la capacidad de nuestras instituciones para proteger a los más vulnerables”, sostiene el documento.

En el escrito, de tres páginas, consideran que “existe una contundencia probatoria sobre las conductas aberrantes del diputado, con pruebas que ya obran en la causa y que han dado lugar a una serie de nuevas evidencias”.

En ese marco, añaden que “estas nuevas pruebas podrían dar lugar a nuevas acusaciones y afectar a otras personas involucradas, indicando la posibilidad de una red más amplia de conducta delictiva. La gravedad y el impacto de estas pruebas requieren una respuesta firme y contundente para proteger los valores y principios fundamentales de nuestra sociedad y garantizar que tales acciones no queden sin consecuencias”.

Germán Kiczka fue detenido el jueves 29 de agosto, en un camping correntino, tras permanecer una semana prófugo.

También hacen mención a las últimas actitudes evidenciadas por Kiczka durante la visita familiar que recibió el domingo a la mañana cuando aún estaba alojado en una celda de la comisaría Segunda de Apóstoles, donde se lo vio sonriente y distendido al conversar con su padre, una tía y un amigo.

“El comportamiento risueño y burlón del diputado durante su detención no solo demuestra una falta absoluta de arrepentimiento, sino que también refleja un desprecio hacia la gravedad de los cargos que enfrenta. Este comportamiento es completamente incompatible con la dignidad y la responsabilidad que deben caracterizar a un representante del pueblo, y resalta la repugnancia de su conducta hacia los valores que esta Cámara debe preservar”, arguyen los legisladores que piden su expulsión.

En base a estos planteos y amparados en el artículo 90, los diputados renovadores solicitaron el tratamiento legislativo del pedido para avanzar en eyectar a Kiczka de la Legislatura.

Para que el pedido prospere debe tener el acompañamiento de dos tercios del total de los parlamentarios presentes al momento de la votación. 

En la sesión del jueves 22 de agosto la misma Cámara rechazó la renuncia presentada por el legislador detenido, al tiempo que aprobó por unanimidad su desafuero.

“En defensa de la integridad institucional y moral de esta Cámara, se propone la expulsión del diputado Germán Kiczka, considerando que su conducta y acciones han sido claramente incompatibles con las obligaciones y responsabilidades inherentes a su cargo, y que su permanencia en este cuerpo legislativo compromete la confianza pública en la justicia y la ética que deben guiar nuestra labor”, culmina la iniciativa.

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