Política
Legisladores misioneros eligieron autoridades de comisiones del Congreso
Los diputados del Frente Renovador de la Concordia Social (FRCS) y el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Martín Arjol, participaron de las reuniones constitutivas de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, de la Cámara de Diputados de la Nación, que se realizó este jueves en el anexo del Congreso.
Tanto los legisladores misioneristas como el radical Arjol acompañaron con su voto afirmativo las listas de autoridades propuestas por el oficialismo de La Libertad Alianza (LLA) y sus aliados de Juntos por el Cambio (JxC) en sus respectivas comisiones.
La renovadora Yamila Ruíz en la Comisión de Asuntos Constitucionales; su colega de Oberá y jefe del bloque misionerista, Carlos Fernández, en Presupuesto; y el radical Arjol en Legislación General.
Estas tres comisiones y la cuarta, de Relaciones Exteriores y Culto, que se conformó más tarde, entenderán en el estudio del paquete conocido como Ley Ómnibus, que el Poder Ejecutivo envió a Diputados a fines de diciembre.
Los nominados
Con 19 votos a favor y 14 en contra, y luego de una larga discusión, la presidencia de Asuntos Constitucionales quedó a cargo de Nicolás Mayoraz (LLA), la vicepresidencia primera a cargo de María Eugenia Vidal (PRO) y la vicepresidencia segunda quedó reservada para UxP.
En cuanto a las secretarías, la primera fue asignada a Karina Banfi (UCR), la segunda a UxP, la tercera a Silvia Lospennato (PRO), y la cuarta a Juan López (Hacemos Coalición Federal).
La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en tanto, quedó a cargo de Fernando Iglesias (PRO), la vicepresidencia primera quedó para UxP y la vicepresidencia segunda para Juliana Santillán (LLA).
La secretaría primera fue asignada a la UCR, la segunda a Margarita Stolbizer (Partido Gen), la tercera a UxP y la cuarta a Nadia Judith Márquez (LLA).
En la Comisión de Legislación General, con votos 19 afirmativos y 11 negativos, la presidencia fue para Gabriel Bornoroni (LLA), la vicepresidencia primera para Carla Carrizo (UCR) y la vicepresidencia segunda para UxP.
En las secretarías se designaron a Florencia De Sensi (PRO), Lorena Villaverde (LLA), UxP y Agustín Domingo (Innovación Federal).
Cruces y tensiones
El armado de las comisiones registró momentos de tensión, con cruces entre los legisladores afines al oficialismo y los opositores, que incluyó acusaciones, insultos y abruptos cortes de micrófono a los diputados de Unión por la Patria (UxP), que impugnaban las listas de las autoridades que estaban siendo proclamadas, por cuanto el procedimiento no se ajustaba al reglamento de la cámara.
Los mayores niveles de tensión se produjeron en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, donde el diputado de JxC, José Luis Espert, fue designado como presidente; y en Asuntos Constitucionales.
El trámite en Presupuesto y Hacienda fue rápido: 18 minutos y 40 segundos. La mitad del tiempo la ocupan Espert y el resto de los representantes del gobierno en la mesa directiva.
La reunión fue por momentos caótica. La votación fue a mano alzada, en el vivo de la sesión el momento se presta para la confusión. No se entiende la votación y de inmediato Espert sube al estrado y se ubica. Hablaba en ese momento el diputado del frente de izquierda, Cristian Castillo.
“Señor diputado Castillo”, bramó Espert y sentenció: “Usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde, así que siga expresándose como quiera”. El legislador del FIT-U gritaba desde el fondo de la mesa, ya le habían cortado el micrófono y era inaudible.
“¡No fue votado Espert! ¡No fue votado!, y además yo lo quiero impugnar porque el diputado Espert acusó, difamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Myriam Bregman y el diputado Nicolás Del Caño. No tiene la mínima propiedad, siendo aparte un monobloque y no le correspondería estar si se aplica el sistema d’hont; pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados”, estaba diciendo Castillo cuando su audio fue silenciado y Espert se sentó en la silla más grande del salón.
La referencia de Castillo sobre el sistema d’hont para el reparto de los lugares en la mesa directiva de la comisión estuvo presente en las tres reuniones de hoy, y fue el argumento principal de la oposición de izquierda y el kirchnerismo para cuestionar el procedimiento.
En Presupuesto, lo mencionó el diputado de UxP, Germán Martínez, que fue el primero en impugnar los nombres y la mecánica con que se repartieron los lugares.
Martínez recordó la resolución 4850/2023, de la sesión preparatoria de la cámara del 7 de diciembre pasado, donde se estableció el criterio de la conformación de las comisiones a partir del sistema proporcional d’hont.
“Fue algo acordado por todos los bloques”, advirtió el diputado de UxP y recordó, asimismo, gestiones de su bloque para que se avanzara en la conformación de las comisiones a partir de aquella resolución.
La intervención de Martínez también fue accidentada. El legislador fue interrumpido varias veces, y también le cortaron el micrófono en algún momento.
“El DNU se lleva puesto el artículo 99, inciso c, de la Constitución Nacional; la Ley Ómnibus es seis veces las ‘Ley Dromi’: 107 artículos tenía la ‘Ley Dromi’”, indicó Martínez, comparando el último paquete de reformas enviado por el gobierno al Congreso con una iniciativa similar del ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, durante el gobierno de Carlos Menem, en los años ’90.
“Constituyeron las comisiones sin consultarnos a nosotros. No respetaron la conformación por el sistema d’hont. Resolvieron unilateralmente y se sientan acá y parece que no hubiera pasado nada”, acusó.
El secretario obligó a Martínez a concluir. El diputado siguió advirtiendo que había otros legisladores pidiendo la palabra. Lo ignoraron. Se votó y se anunció que iba a asumir Espert.
El flamante presidente presentó uno a uno a su equipo, prometió “poner todo el esfuerzo y el trabajo” y adelantó que durante la semana próxima daría a conocer la agenda de reuniones para el tratamiento del paquete de reformas que quiere el gobierno.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, arribará el lunes 11 de mayo a las 10:30 al Escuadrón 12 de Bernardo de Irigoyen, ubicado sobre ruta 14, chacra 15 de la mencionada localidad fronteriza, donde su cartera implementa el Plan Guacurarí, lanzado por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, y que involucra el tráfico fronterizo con Brasil.
El objetivo de su visita a la provincia misionera será presentar el “Desafío Táctico Femenino 2026”, el cual se desarrollará del 11 al 15 de mayo en la Unidad de Operaciones Especiales en Monte de la Gendarmería Nacional en Misiones.
En esta primera edición destacarán destrezas individuales y grupales, incluyendo eventos acuáticos, pruebas de esfuerzo físico, marchas forzadas, eventos combinados, de tiro y pasaje de pista de obstáculos.
Desde la organización, detallaron que estas actividades “no se orientan exclusivamente al desempeño táctico, sino también al intercambio de experiencias, saberes operativos y valores profesionales entre mujeres que integran las distintas Fuerzas”.
Durante el evento, participarán representantes de los países limítrofes de la República Argentina y las Fuerzas de Seguridad Federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.
La visa de Monteoliva se anota en el Plan Guacurarí, oficializado en mayo de 2025 con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera seca entre Misiones y Brasil, en la zona de Bernardo de Irigoyen, localidad limítrofe con Dionisio Cerqueira y Barracao, pertenecientes a los estados de Santa Catarina y Paraná, respectivamente.
La medida fue dispuesta mediante la resolución 625/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Nación, con la firma de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo documento consigna que el punto caliente se da “en una frontera seca sin barreras naturales que se extiende por más de 25 kilómetros lineales”.
Y añadió que “la región enfrenta múltiples desafíos vinculados con actividades ilícitas como el contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, los cuales se ven agravados por pasos clandestinos que facilitan el flujo irregular de personas y mercancías”.
Invitación compartida por el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez
Se oficializó el Plan Guacurarí para reforzar la seguridad en la frontera seca
En el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial.
La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.
La medida, establecida por decreto, alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal superior de la administración central, e incluye además a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado provincial y sociedades con participación estatal mayoritaria.
Asimismo, se extiende a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública. En todos los casos, se dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales.
Quienes se encuentren en ejercicio de sus cargos deberán someterse al examen “de manera anual y aleatoria para asegurar la coherencia en el tiempo y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, informó el mandatario provincial.
Según el artículo 4 del Decreto N° 776, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la elaboración del procedimiento y de la normativa complementaria, pudiendo hacerlo en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática así lo requiera.
Además, el decreto establece que, ante la detección de sustancias psicotrópicas ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente. También dispone que se garanticen instrumentos de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria para las personas alcanzadas por la medida.
La normativa fija además principios rectores para la implementación de los exámenes, entre ellos la confidencialidad, la privacidad, la no discriminación, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la preservación del interés público.
“Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, sostuvo Passalacqua finalmente.
En el marco del “Año de la prevención de consumos problemáticos”, he firmado el Decreto N° 776 para implementar la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en la función pública. Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la… pic.twitter.com/llgamvP7Zc
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 8, 2026
El Partido Justicialista distrito Misiones confirmó el acompañamiento a la cuarta marcha federal universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo a las 14, desde el Mástil de avenidas Uruguay casi Mitre hacia la plaza 9 de Julio de Posadas.
“Acompañamos la marcha federal universitaria en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo”, expresó el partido político mediante un flyer difundido a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Al mismo tiempo, citaron una frase de Juan Domingo Perón: “La conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros”.
“Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra Patria. Es garantizar igualdad de oportunidades, es apostar al conocimiento como motor de desarrollo y justicia social. Como pueblo y como peronistas, tenemos la obligación histórica de estar del lado de quienes estudian, enseñan, investigan y trabajan por una Argentina más libre, más justa y más soberana”, concluyeron.
La movilización fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente.
Uno de los principales reclamos es que las transferencias cayeron un 45,6% desde 2023 y que la pérdida salarial de los docentes alcanza el 50%. Por este motivo, reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional y reiterada por la Justicia.
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