Con el voto de los tres senadores de Misiones, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el macrista Martín Goerling, del PRO Misiones, el Senado de la Nación rechazó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, que había sido sancionada por el Congreso en julio pasado.

La insistencia de la ley obtuvo 63 votos, 16 más que la mayoría requerida de dos tercios, y registró 7 votos en contra, y su aprobación provocó festejo entre los familiares de discapacitados que seguían la sesión frente al palacio legislativo.

La emergencia en discapacidad había sido sancionada por el Senado el 10 de julio, con 55 votos a favor, que incluyó a Arce y Rojas Decut, y 17 parlamentarios ausentes, entre los que se anotó el macrista Goerling.

Hace dos semanas, el 20 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el primero de los dos rechazos requeridos para hacer caer el veto presidencial, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

En la ocasión, los diputados de la Renovación Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, sumaron a los dos tercios necesarios para el rechazo del veto.

En tanto, el radical peluca Martín Arjol, de La Liga del Interior, y el macrista Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones, votaron a favor del veto de Milei; mientras que la puertista Florencia Klipauka, que revista en el bloque de La Libertad Avanza, estuvo ausente.

En verde los senadores que votaron contra el veto de Milei.

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que Misiones presentó un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el inmediato restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez y demás beneficios que fueron “suspendidas de manera ilegítima” por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

A través de sus redes sociales, el primer mandatario confirmó que el Fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, avanzó este miércoles con la presentación contra la Andis ante el máximo órgano judicial de la Nación, medida que había anticipado la semana pasada el vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

“La presentación judicial incluye además el reclamo del pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia y la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, precisó Passalacqua.

Hace una semana, la Andis comenzó a auditar las pensiones no contributivas en la provincia y, desde entonces, los beneficiarios vienen denunciando irregularidades, entre ellas certificados falsos y entrevistas realizadas por personas que no serían médicos profesionales.

He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo en el marco del expediente Nº 2128/2025, “MISIONES PROVINCIA DE C/ESTADO NACIONAL Y OTRO S/AMPARO”, solicitando al Poder Judicial el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por… pic.twitter.com/e5tTLKWoWY

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 3, 2025

Andis en Irigoyen: citaron pensionados a un hotel y ni siquiera había reserva

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El gobierno presidido por Javier Milei presentó este lunes una denuncia por “operación de inteligencia” en la que pidió allanamientos en los domicilios de los periodistas que filtraron los audios que hicieron estallar el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a la par que obtuvo un dictamen judicial favorable a un pedido para frenar la difusión de más grabaciones que involucren a la secretaria general de la presidencia y hermana del primer mandatario Karina Milei.

La presentación judicial lleva la firma de Fernando Soto, quien actúa en representación del ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, y fue realizada ante el Juzgado Federal 10 de Julián Ercolini, apuntando una “operación de inteligencia” destinada a “desestabilizar el país en plena campaña electoral”.

Desde el gobierno sostienen que los hechos denunciados constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520” y entienden que la maniobra busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

En el escrito, además, solicitan una serie de medidas, entre ellas el allanamiento al canal de streaming Carnaval, como así también a los domicilios de productores vinculados al medio y a los propios periodistas encargados de revelar los audios que sacuden al gobierno Jorge Rial y Mauro Federico.

El pedido, que rápidamente fue criticado y considerado como un ataque al libre ejercicio de prensa, debe ser analizado y resuelto por el juez Ercolini, quien quedó a cargo de la causa.

🚨CARNAVAL NO SE CALLA🔥

El Gobierno de Javier Milei busca silenciar al periodismo que investiga y cuenta la verdad de lo que les pasa a los argentinos y argentinas.

Mauro Federico reafirmó la decisión de las autoridades y el equipo de Carnaval Stream de seguir haciendo… pic.twitter.com/LUolCb7fNs

— Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 1, 2025

En paralelo, apenas unos minutos después de conocerse la denuncia presentada por el gobierno, también se supo de una medida cautelar dictada por la Justicia que dio lugar a otro pedido del Ejecutivo para frenar la difusión de los audios que salpican a la hermana del presidente Milei.

La resolución fue emitida desde el Juzgado Civil y Comercial a cargo del magistrado Alejandro Marianello -que afronta causas en su contra, cinco por acoso sexual- y ordena el “cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto del 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, que en su cuenta de X publicó una parte de resolución y escribió que “la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

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