La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó este jueves a un paro general de medio día para el próximo 24 de enero, en protesta por el mega DNU y la “ley ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso ayer.

Según informó oficialmente la central obrera, la medida de fuerza comenzará a las 12 del mediodía y terminará a la medianoche del 24 de enero, e incluye una movilización al Congreso que, seguramente, se concretará durante la siesta de la jornada de protesta.

El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT se reunió hoy para analizar los pasos a seguir tras la marcha de ayer a los tribunales federales porteños para la presentación de acciones judiciales contra el mega DNU, que deroga unas 300 leyes y modifica otras 300, entre las que figuran normas laborales.

La reunión se realizó este mediodía y concluyó hace minutos en la  sede cegetista de la calle Azopardo al 800, en la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

La central obrera resolvió el paro parcial para el 24 de enero y una movilización masiva al Poder Legislativo en rechazó del paquete de reformas económicas del gobierno libertario, cuyo proyecto de “ley ómnibus”, de más de 300 páginas y 600 artículos, presentado ayer, ratifica el DNU del 20 de diciembre; y le reserva al Congreso un papel testimonial, transfiriendo todas sus atribuciones al Poder Ejecutivo.

“La ‘ley ómnibus’ es exponencialmente peor que el DNU”, afirmó el secretario general de la CGT, Héctor Daer, luego del encuentro confederal y advirtió: “El DNU es ilegal, inconstitucional; los trabajadores pierden derechos, atenta contra los jubilados, ataca las indemnizaciones, remata las empresas públicas”.

“Este gobierno nos lleva a la Argentina pastoril, por eso el recuerdo de Julio Argentino Roca”, opinó el dirigente sindical.

El paquete

Milei envió el miércoles al Congreso su proyecto de “ley ómnibus”, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, que le entregó el documento en propias manos al titular de Diputados, Martín Menem.

El equipo de comunicación de la Casa Rosada acompañó el operativo desde la preparación del envío, embalado en una caja de cartón envuelta con un moño celeste y blanco, que Menem desató y mostró a las cámaras.

Entre sus puntos principales figuran la declaración de emergencia pública y la delegación de las facultades legislativas al Poder Ejecutivo por al menos dos años, hasta 2025, con la posibilidad de prorrogarla hasta 2027, en que Milei concluye su mandato.

El paquete incluye, también, en el Título X la ratificación del mega DNU 70/23, cuyo tratamiento le corresponde a la Comisión Bicameral del Congreso y después al pleno de ambas cámaras, y que ya recogió múltiples presentaciones de cautelares para suspender su aplicación, incluidas la de la CGT de ayer, y la impulsada por 500 intendentes peronistas de todo el país, encaminada hoy.

También, dispone la privatización 41 empresas públicas, entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; YPF; Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.

Deroga el artículo 107 de la Ley de Fortalecimiento del Deuda Pública, que establece que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras” que supere el porcentaje determinado en la ley de Presupuesto “requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, y le pasa toda la atribución al Poder Ejecutivo.

Modifica también el artículo 194 del Código Penal y endurece las penas a manifestantes presentes, o no, en una protesta, la que además define como “reunión de tres o más personas” en un espacio público.

Eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y establece el sistema de Boleta Única, un proyecto largamente alentado por los sectores macristas agrupados en Juntos por el Cambio (JxC).

Asimismo, modifica la composición de la Cámara de Diputados, reemplazando el sistema de conformación actual (D’Hont, que determina la cantidad de diputados de forma proporcional con la población), por un mecanismo de circunscripciones uninominales, que divide el país en 254 circunscripciones y elige un diputado por cada una.

Elimina la movilidad jubilatoria, dispuesta en la Ley 24.241 y establece una fórmula nueva que queda librada al criterio del Poder Ejecutivo, y otorga al presidente la facultad de decidir sobre la deuda pública del país, entre otras múltiples reformas y desregulaciones económicas.

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