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Hackearon desde Misiones el celular de un funcionario porteño 

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El teléfono celular del ministro de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, fue hackeado desde la provincia de Misiones, según la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas porteña, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy.  

Según informó ayer el diario La Nación, en un artículo firmado por el periodista Hugo Alconada Mon, la investigación determinó que el o los hackers compraron un chip en la ciudad de Eldorado, y tenían la tecnología necesaria para ocultar sus huellas: “Son expertos en no dejar rastros”, dijeron fuentes judiciales al medio porteño.  

El hackeo del teléfono del actual ministro del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta derivó en la apertura de al menos cuatro investigaciones penales producto del viaje al sur que realizaron el pasado 13 de octubre funcionarios judiciales y políticos, así como directores del diario Clarín, y que explotó al revelarse los chats de D’Alessandro. 

La primera de las denuncias fue radicada en la Justicia porteña; dos en los tribunales federales de Comodoro Py; y la tercera en Bariloche, provincia de Neuquén.    

La pesquisa concluyó que, en la tarde del 19 de octubre, D’Alessandro sufrió desde la tierra colorada un ataque “sim swap”, la duplicación del chip del celular, lo cual es posible a través de distintas técnicas, como la del turno trucho de la vacuna contra el Covid-19, que es la más común. En tanto, el ministro declaró ante la Justicia que pudo recuperar el control de su teléfono inteligente unas 20 horas después.

Los chats filtrados 

El ministro D’Alessandro es integrante de la comitiva de funcionarios judiciales y políticos, un ex espía de la AFI y CEOs del Grupo Clarín que compartieron un viaje a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. 

Precisamente, el hackeo del teléfono del titular de la cartera de Seguridad sacó a la luz conversaciones de Telegram de quienes viajaron a la estancia en Río Negro, en las que hablan de cómo fraguar y ocultar con facturas truchas que el encuentro en el sur fue financiado por el grupo Clarín.   

También, discuten cómo apretar periodistas y funcionarios judiciales de Bariloche, donde se abrió una causa, de cuyo trámite todo el tiempo tuvieron noticias de primera mano, según revelan los mismos chats.  

Asimismo, se conversa de cómo armar causas judiciales a quienes dieron a conocer la documentación aeroportuaria del vuelo que compartieron el pasado 13 de octubre.  

Ahora, la unidad fiscal a cargo de Dupuy no solo investiga el origen del hackeo al teléfono del ministro de Caba, sino también la filtración del contenido, como “difusión no consentida de material privado”.   

En esa investigación, D’Alessandro se negó a entregar al Ministerio Público el acceso total a su celular, necesario para determinar con precisión cómo y cuándo fue hackeado.  

A esa causa se sumaron otras dos en Comodoro Py: una del diputado nacional del PRO Diego Santilli, y otra del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, también por el hackeo de sus teléfonos.

La causa abierta en Bariloche, ante el Juzgado de la jueza federal Silvina Domínguez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos y la supuesta aceptación de dádivas por parte de D’Alessandro y los jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido, es la única que se enfoca en el contenido de los chats.  

Luego de la filtración de los mensajes del grupo de Telegram para ocultar el viaje a la Patagonia, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia para denunciar a los magistrados y fiscales que participaron, y pidió la instrucción de sumarios en el Consejo de la Magistratura. 

“Como en las películas” 

La noticia de que la investigación del caso puso a Eldorado en el mapa del hackeo contra el funcionario porteño no sorprendió al ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez. 

En diálogo con La Voz de Misiones, el funcionario señaló que este tipo de delitos puede realizarse desde cualquier parte del mundo y es, prácticamente, imposible de identificar.  

“Difícilmente, alguien que tenga capacidad de hackear un teléfono sea tan torpe de dejar su IP al hacerlo”, señaló Pérez a LVM.  

“Además, el chip se usa y se tira, como en las películas”, ironizó. 

Política

Klipauka terminó su último año como diputada sin palabras en el Congreso

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Un relevamiento de las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados de la Nación reveló que la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka Lewtak, de La Libertad Avanza (LLA), no pronunció ninguna palabra en el recinto durante todo 2025, período que marcó el último año de su mandato. 

El dato surge de un análisis utilizado para elaborar el Índice de Calidad Legislativa que cada año mide distintos aspectos de la actividad parlamentaria.

Según el informe, Klipauka Lewtak integra el grupo de 17 diputados nacionales que no registraron intervenciones orales en las sesiones del año pasado. 

Entre los representantes misioneros con menos participación se encuentra también el diputado del PRO Emmanuel Bianchetti, quien quedó registrado con una sola palabra pronunciada en 2025. 

Por su parte, los diputados Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, del Frente Renovador Neo, también tuvieron intervenciones mínimas en el recinto. Vancsik emitió 25 palabras durante todo el año, mientras que Ruiz registró 24.

El contraste aparece al comparar los datos con el año anterior. En 2024, Klipauka Lewtak había pronunciado 685 palabras, Ruiz 1.580 y Vancsik 11. Mientras que Bianchetti emitió 1 palabra, manteniendo la misma cantidad por segundo año consecutivo, según los registros taquigráficos.

De acuerdo con el relevamiento, muchas de estas intervenciones mínimas no corresponden a discursos ni exposiciones en el debate parlamentario, sino a respuestas breves obligadas, como cuando un legislador debe informar el sentido de su voto porque el sistema electrónico no lo registró correctamente.

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Política

Norma Gularte asumió la intendencia de Caraguatay, el primer municipio de LLA

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El Concejo Deliberante de Caraguatay aceptó el pedido de licencia solicitado por el intendente Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual, y en paralelo se aprobó también la designación de la concejal Norma Gularte como alcalde interina.

De profesión enfermera, Gularte fue electa concejal al ser primera candidata en una lista del Frente Renovador Neo vinculada al propio intendente Peyer y por esa razón aparecía en la línea de reemplazo, aunque en diciembre del año pasado fue uno de los tantos ediles de la provincia que firmaron su pase a La Libertad Avanza (LLA).

De esta manera, el partido del presidente Javier Milei suma su primer municipio en Misiones y tras su designación Gularte recibió las felicitaciones de varios referentes del partido violenta en la provincia como, por ejemplo, los diputados Samantha Stekler y Osvaldo Manzoni.

A la salida de la sesión extraordinaria que la ungió como jefa comunal, Gularte expresó a los medios presentes: “Estoy muy nerviosa, pido disculpas. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Necesitamos en estos días de mucha lucha, poder pensar y no decir nada que no sea conveniente, ni faltar el respeto a ningún vecino de Caraguatay”.

La flamante intendenta pidió también “respeto para las familias” de los involucrados en la denuncia con Peyer y respecto a su posición como testigo en la causa afirmó que “se trata de una mala información”.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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Proyecto busca que Samsa instale bloqueadores de aire en medidores de agua

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Proyecto busca que Samsa instale bloqueadores de aire en conexiones domiciliarias

El concejal Jair Dib presentó un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo que la Municipalidad de Posadas obligue a la empresa Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) a instalar bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias de agua potable en la capital provincial.

La medida del edil renovador surgió tras los reclamos de vecinos posadeños, quienes el último miércoles se movilizaron contra la proveedora por “irregularidades” y “sobrefacturación”.

También a raíz de que la titular del Ente Provincial de Regulación de Agua y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, reconoció que encontraron, en algunos casos denunciados, sobrefacturación por el ingreso de aire en las cañerías.

En el artículo 3 de la iniciativa de Dib se establece que Samsa “deberá proveer e instalar el bloqueador de aire en cada medidor de agua”, tanto en conexiones existentes como en nuevas.

Además, el documento sostiene que el costo de adquisición e instalación “correrá íntegramente” por cuenta de la compañía prestadora del servicio. “El dispositivo queda incorporado a los equipos de la concesión del servicio público, a cargo de dicha empresa”, puntualiza el proyecto de ordenanza.

Asimismo, el artículo 4 establece que Samsa será “responsable” del “buen funcionamiento” de los bloqueadores de aire y de su “conservación en conjunto con el medidor, asumiendo las tareas de mantenimiento periódico necesario”.

En ese sentido, el proyecto plantea como excepción a la obligación “los casos en que Samsa demuestre imposibilidad técnica manifiesta para la instalación” y ejemplifica situaciones como redes privadas independientes o falta permanente de presión.

“Dichas excepciones sólo procederán previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal, tras emitir informe técnico conjunto de Samsa y del Eprac”, apunta el documento.

Finalmente, la iniciativa autoriza al Ejecutivo, a cargo del intendente Leonardo “Lalo” Stelatto, a fiscalizar y regularizar la prestación del servicio “en interés de la eficiencia y protección del consumidor”.

Bloqueadores de aire

“Un metro cúbico de aire hace correr el medidor de agua como si estuvieses gastando tres metros cúbicos”, sostuvo Jair Dib en conversación con Radio News, al referirse a las averiguaciones que realizó sobre la problemática antes de presentar el proyecto de ordenanza.

En esa línea, el concejal renovador afirmó que los reclamos de los vecinos afectados “son tan genuinos como válidos” y, a raíz de ello, tomó la iniciativa de “presentar una propuesta que apunta a mejorar nuestro sistema de agua y cloacas en la ciudad”.

Dib explicó que, en caso de aprobarse la ordenanza, “se obliga a la empresa Samsa a instalar una válvula de escape o bloqueador de aire en cada uno de los medidores de la ciudad”, con la finalidad de que “sea el usuario quien tenga certeza absoluta de lo que realmente consume a diario en su domicilio y no tengamos este tipo de reclamos o dudas sobre si lo que realmente estoy consumiendo es agua o aire”.

Consultado por el periodista Ariel Sayas sobre quién asumiría el costo de los aparatos, el concejal respondió: “Tiene que ser la empresa que provee el servicio. Producto justamente de todo esto que estamos viendo, es injusto pagar por un consumo que no se realiza”.

Y agregó: “Entonces, llamamos a todos los entes responsables a trabajar en conjunto para que esto se pueda lograr y sea la empresa, en definitiva, la que solucione esta cuestión con una propuesta simple, que es justamente instalar estas válvulas en cada uno de los medidores para que expulsen el aire”.

Proyecto Samsa
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