El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Candelaria derogó la Ordenanza N.º 18/2019, mediante la cual se creó el Banco Municipal de Tierras y se facultó al intendente, Carlos Flores, a “incorporar tierras y/o lotes” al patrimonio de la comuna, con el objetivo de generar “recursos genuinos” destinados principalmente a atender la demanda habitacional de personas sin recursos y al “desarrollo Habitacional y Asentamientos Industriales”.

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales dejaron sin efecto, a través de la Ordenanza N.º 12/2026, la norma impulsada por el Ejecutivo municipal en 2019, durante la gestión del actual intendente Flores.

La derogación de la norma fue presentada por el presidente del HCD de Candelaria, Daniel Gauto, quien señaló entre los considerandos del proyecto que la medida responde a la falta de respuestas del Ejecutivo a los pedidos realizados desde 2023, a la ausencia del original de la normativa en el archivo recibido por la actual gestión y a la falta de remisión de una copia certificada, solicitada formalmente por el cuerpo legislativo.

Por otra parte, el proyecto alude a la existencia de “controversias de orden público” vinculadas con el Banco Municipal de Tierras y plantea que, ante la falta de respuestas a los requerimientos formulados por los concejales, la derogación constituye una “necesidad Institucional y la obligación republicana”.

Según pudo saber La Voz de Misiones, actualmente existe un conflicto entre el Ejecutivo comandado por Flores y el cuerpo legislativo, vinculado a la falta de un Digesto Jurídico en Candelaria y al desconocimiento de las ordenanzas utilizadas por el gobierno comunal, entre otras cuestiones. En este caso, la disputa surgió a raíz de la donación de lotes al empresario Roberto Lagier, para la cual se invocó como respaldo la normativa ahora derogada.

Cabe mencionar que, para elaborar el proyecto de derogación de la normativa municipal, el concejal Gauto tuvo que recurrir al Libro de Actas del Concejo Deliberante, donde quedó registrada la Sesión Especial N.º 02/2019, en la que se trató y aprobó la creación del Banco Municipal de Tierras, con la presencia del intendente Flores.

Derogación

La nueva ordenanza establece que, desde su promulgación, cesarán las incorporaciones, adjudicaciones, transferencias, cesiones o cualquier otro acto administrativo que pretenda fundarse exclusivamente en la norma de 2019.

Al mismo tiempo, aclara que esto “no importará, por sí misma, declaración de nulidad ni revocación automática” de los actos particulares realizados durante su vigencia, que deberán ser analizados de manera individual.

Entre las principales medidas, el Ejecutivo Municipal deberá remitir al HCD, en un plazo de diez días hábiles, la documentación vinculada con el funcionamiento del Banco Municipal de Tierras. El informe deberá detallar los inmuebles incorporados, su situación jurídica, los beneficiarios y los actos administrativos mediante los cuales fueron adjudicados, cedidos o transferidos.

La norma también ordena realizar un “Inventario General” de los inmuebles que hayan integrado el Banco y establece que, hasta completar ese relevamiento, el Ejecutivo deberá abstenerse de disponer de esos bienes. Además, prohíbe la “destrucción, eliminación, alteración, sustitución” de la documentación relacionada con el régimen.

Por último, se establece que cualquier futuro Banco Municipal de Tierras, programa de acceso al suelo o plan habitacional deberá contar con una nueva ordenanza que determine expresamente sus mecanismos de adjudicación, criterios de selección de beneficiarios, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y control legislativo.

El proyecto fue sometido a votación durante la sesión ordinaria del último martes y resultó aprobado con los votos de los ediles Nélida Tassi, Nélida Yolanda Villalba y Verónica Suomela, del presidente del cuerpo, Daniel Gauto, y del concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Claudio Ponce. En contra votaron los concejales Rufina Antonia Rodríguez y Aldo Silva, alineados con el intendente Flores.

---

---

---

---

---

---

---

El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, convocó representantes de los sectores turístico, hotelero, gastronómico, comercial y empresarial de Puerto Iguazú, Brasil y Paraguay, a participar de un Encuentro sobre Integración Fronteriza en el Senado de la Nación.

El evento, que abordará la realidad de fronteriza y, particularmente, el paso internacional entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, tendrá lugar a las 15:30 y contará con la participación de autoridades y organismos nacionales competentes en materia fronteriza.

La idea, según publicó el parlamentario misionero, es el abordaje de “las principales problemáticas planteadas por los distintos sectores y avanzar, de manera conjunta, en propuestas y acciones concretas que permitan agilizar el tránsito, reducir las demoras y mejorar el funcionamiento del paso fronterizo, fortaleciendo el turismo, el comercio y la integración regional”.

Entre los representantes del sector privado de la Ciudad de las Cataratas, confirmaron su presencia Rodrigo Blanco, del Consejo de Desarrollo Económico, Social y Ambiental de Puerto Iguazú (CODESPI); Darío Dell’Era, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Iguazú   (ADAVI); Marisol Solange Lerea, titular de la  Asociación de Hoteles y Turismo Filial Iguazú (AHT) y vicepresidenta de la Iguazú Convention Bureau (ICB); Patricia Durán Vaca, presidente de la ICB; Jorge Antonio, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú (AHGAI); Michelle Jeannine Nouche, presidente de la Asociación de Atractivos Turísticos de Iguazú (ACATI); Pablo Bauza, secretario de la Cámara de Turismo; y los empresarios hoteleros Néstor Gustavo Mandel y Carlos Santa Cruz.

Asimismo, por el sector público estarán el secretario del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Seguridad, Martin Ferlauto; el director de Migraciones, Sebastián Seoane; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Fernanda Antonijevich; el director de Fronteras, Enzo Casia; y Santiago Villalba y Natalia Gunski, por la Cancillería.

---

---

---

---

---

---

---

El diputado nacional de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, afirmó que, hoy, el sobreendeudamiento afecta a más argentinos que el Covid durante la pandemia de hace seis años.

“En la pandemia, el 22% de los argentinos estuvieron enfermos, según las estadísticas de la cantidad de Covid”, aseguró el legislador misionero y precisó que “hoy, el 26,9 % de los argentinos está afectado por el virus financiero”.

“Esta es una pandemia macroeconómica y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de resolver por el bienestar de todos los argentinos”, afirmó Herrera Ahuad, este martes, en la reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, de la Cámara de Diputados de la Nación.

En la ocasión, el diputado de Argentina Federal defendió su proyecto para atender la situación de los millones de argentinos que tomaron deudas impagables para enfrentar la crisis económica derivada del ajuste del gobierno.

“Lo que proponemos es un programa nacional destinado a ser una herramienta concreta de restauración y cancelación de deudas”, presentó Herrera Ahuad, en una reunión de la que también participó el diputado de LLA Misiones, Diego Hartfield, y una docena de panelistas invitados, entre consultores, banqueros y economistas.

“Tomo el tema que decía la gente de los bancos, de que hay cerca de 500.000 argentinos que se acercaron a las ventanillas para refinanciar sus deudas, pero parece que el Banco Central no se enteró, porque siguen creciendo los deudores mes a mes”, señaló.

“Los datos oficiales del Banco Central muestran con claridad la evolución reciente de este fenómeno”, indicó Herrera Ahuad y alertó: “La morosidad de las financieras destinadas a las familias alcanzó el 10,6% en enero, el 11,11% en febrero, el 11,5% en marzo, el 12,5% en abril, y el 12,8% en mayo”.

“La irregularidad de las familias se incrementó de manera sostenida y alcanzó niveles que requieren una respuesta institucional urgente”, afirmó y sostuvo que “de acuerdo con los indicadores consolidados de la Central de Deudores del BCRA, el 26,9% de los usuarios del sistema financiero registran atrasos superiores a los 90 días, existiendo lugares del país donde la morosidad alcanza marcas del 30,5%”.

Herrera Ahuad opinó que, contrariamente a lo que sostienen el presidente Javier Milei y su equipo económico, “estos indicadores permiten afirmar que el sobreendeudamiento de los hogares no constituye un problema individual o derivado de una deficiente administración de las finanzas personales”.

“Cuando la carga de las cuotas absorbe una proporción desmedida de los ingresos familiares, el crédito desvirtúa su función de herramienta de fomento y comienza a comprometer, de manera directa, la capacidad de subsistencia de las familias para afrontar los gastos esenciales, como alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud”, argumentó.

Sentido común

El diputado misionero destacó medidas provinciales, como el decreto del gobernador Hugo Passalacqua de un tope del 30% para el descuento a estatales por créditos impagos, pero sostuvo que “estas respuestas locales resultan aisladas e insuficientes ante una crisis de endeudamiento que es de naturaleza general y macroeconómica”.

“La existencia de estas medidas en las provincias, constituye un reconocimiento concreto de la problemática y demuestra la necesidad de avanzar hacia una política legislativa”, reclamó.

Explicó que su proyecto propone “generar una herramienta que permita recuperar la capacidad de pago y reducir la carga financiera de los hogares argentinos”.

“El Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, propone que las personas que cumplan determinados requisitos puedan consolidar y refinanciar obligaciones provenientes de préstamos personales, tarjetas de crédito, financieras, mutuales, cooperativas y otros proveedores de crédito habilitados”, detalló.

Aclaró, asimismo, que “los créditos otorgados no estarán destinados a generar nuevo consumo, ni entregar dinero para nuevos gastos”, sino que “su finalidad será canjear, refinanciar o sustituir obligaciones existentes”.

“El programa prevé también la cancelación directa, por lo que los fondos destinados a la cancelación podrán ser transferidos directamente a los acreedores, evitando que el usuario utilice para objetivos distintos”, añadió.

“La transparencia constituye otro de los pilares de la iniciativa, toda operación deberá informar previamente el capital refinanciado, la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual, el costo financiero total; el número y valor de las cuotas y el sistema de amortización; los intereses totales, el importe final a pagar, y todos los gastos asociados”, abundó.

Herrera Ahuad señaló que la iniciativa de su autoría “no pretende eliminar el crédito, ni desalentar el financiamiento, sino recuperar su función social para que resuelva necesidades sin comprometer la subsistencia familiar”.

“El sobre endeudamiento exige una respuesta institucional, que combine protección del ingreso, transparencia y condiciones sostenibles de pago”, remarcó y aseguró que la propuesta de su bloque propone “cambiar el enfoque estrictamente financiero y macroeconómico, por una economía basada en lo institucional, derechos del consumidor y correcciones de las fallas del mercado”.

Sostuvo que el argumento del gobierno, de que se trata de “un acuerdo entre privados”, tal las palabras de Milei, “omite que los contratos de financieros no son acuerdos simétricos entre iguales, sino contratos de adhesión con asimetrías de información estructural”.

“Cuando un evento macroeconómico destruye la capacidad de pago, el Estado no está violando la seguridad jurídica, sino que está aplicando la teoría de la imprevisión y el principio constitucional de defensa del consumidor, establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional”, afirmó.

Advirtió que “si el Estado no interviene ante una crisis de sobre endeudamiento masivo, la consecuencia real es una ola masiva de incobrabilidad estructural y ejecución en juicio, destruyendo el consumo interno y congelando la economía”.

“Regular de forma extraordinaria restablece el equilibrio del mercado y previene una crisis sistemática de morosidad, que afectará aún más al sistema financiero”, argumentó.

En igual medida, se pronunció contra los críticos de poner un límite a las tasas de interés, y sostuvo que tales argumentos “ignoran la existencia de la usura institucionalizada y las ganancias extraordinarias que no se condicen con el riesgo real, sino con posiciones oligopólicas del sistema financiero”.

“Fijar una tasa máxima, basada en el Banco Nación, no es fijar un precio de forma artificial, sino establecer un ancla de competencia justa en un mercado concentrado, donde las comisiones ocultas y los costos financieros totales duplican y triplican la tasa de inflación”, explicó.

Afirmó que “un tope regulado de las tasas obliga a los bancos a eficientizar sus estructuras de costos, reducir márgenes de ganancias usurarios y canalizar el excedente de liquidez hacia el crédito productivo y de consumo real, en lugar de la especulación financiera de corto plazo”.

“El crédito se sanea, se presta sobre la base de la capacidad real de pago del trabajador, y no sobre el estrangulamiento financiero del deudor”, disparó.

“Al sanear las carteras de los deudores, hasta 10 salarios mínimos vital y móvil, se reinyecta capacidad de consumo a la economía real de forma inmediata, por lo que el Estado puede recaudar más por impuestos directos, como indirectos”, señaló.

“Yo soy médico, entiendo poco de las cuestiones que hacen a los movimientos macroeconómicos”, dijo Herrera Ahuad y aclaró: “Hablo, ahora, desde sentido común”.

---

---

---

---

---

---

---