Política
Gustavo González: “Misiones sigue tan marginada como siempre”
En junio, el diputado provincial Gustavo González recalentó la interna radical negándose a bajar su postulación al Congreso, cuando la convención del partido nominó a Martín Arjol como candidato a las próximas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) dentro de la alianza Juntos por el Cambio, donde pugnarán otras cuatro listas, contando las del PRO.
Entrevistado por La Voz de Misiones junto a Anita Minder, que lo acompaña en la lista, el dirigente señaló que este es el momento del radicalismo dentro de la coalición opositora, y la oportunidad de la oposición misionera de dar el gran salto.
El optimista
Es más, González se animó incluso con un pronóstico. Aseguró que Juntos por el Cambio no solo va a ganar las legislativas del 14 de noviembre en la provincia, sino que le arrebatará a la Renovación una de las bancas que pone en juego.
“Nosotros vamos a crecer en septiembre y en noviembre vamos a ganar las elecciones en Misiones. Hay tres bancas en juego; la Renovación pone en juego dos de esas bancas, y no va a sostener esa representación”, aseguró.
El legislador le pegó duro al oficialismo misionero. Dijo que “la Renovación y el kirchnerismo son como una secta que se mete en todos lados; se mete en la Justicia, se mete en la independencia de los poderes; socava los valores de la República y están esperando que hable el oráculo, o sea, Cristina (Fernández) a nivel nacional, y en el caso de la provincia, (Carlos) Rovira”.
Puros matices
González negó que las múltiples postulaciones que surgieron en Juntos por el Cambio pudieran estar mostrando una especie de “dispersión” o “atomización” en el macrismo: “Yo creo que las múltiples opciones que hay dentro del frente le ofrecen un abanico amplio de posibilidades al elector”, explicó.
Argumentó que tampoco puede hablarse de que la coalición estuviera atomizada, por cuanto las discrepancias son apenas por “matices” y no por cuestiones centrales, como “el cuidado de las instituciones y asegurar en el Congreso de la Nacional un freno a las políticas del kirchnerismo”.
-¿Cuáles serían esos matices que los diferencian a ustedes de las otras listas?, quiso saber LVM.
González argumentó que su lista “ofrece experiencia y una posición clara de oposición a nivel provincial y a nivel nacional; que no tenga nadie dudas del lugar donde estamos parados”, reafirmó.
“Quizás haya otras expresiones de Juntos por el Cambio que tengan otra mirada respecto del lugar que debe ocupar el frente. Nosotros tenemos muy en claro que hay que fortalecer un espacio opositor en Argentina, y que el espacio del frente en el Congreso se debe incrementar”, señaló.
“Hacía 20 años que no pasaba esto en Argentina; hay un bloque opositor que hace de contención en la política nacional; eso en Misiones no se da, porque hay una mayoría absoluta del oficialismo”, argumentó.
“Yo miro los debates de Buenos aires, admiro ese debate real; acá tenemos una Legislatura ordenadita, prolijita, pero le falta eso; es un daño a la política misionera”, añadió, por su parte, Minder.
Cuestión de papeles
González criticó a los legisladores misioneros en el Congreso. “No los veo desempeñando el papel que tienen que desempeñar”, afirmó.
Agregó que tampoco alcanza con los diputados nacionales para reivindicar los reclamos históricos de Misiones: “Creo que hay que trabajar en bloque regional, como lo hacen las provincias del sur”, señaló.
“Uno ve a los diputados santacruceños, neuquinos, rionegrinos, trabajando en bloque; así lograron una ley de zonas frías que beneficia a las provincias del sur; no lo hemos logrado los diputados misioneros, correntinos, chaqueños y formoseños”, explicó.
¿Macrismo sin Macri?
Ni González, ni Minder quisieron hablar de un “macrismo sin Macri”, pero coincidieron en que Juntos por el Cambio necesita construir nuevos liderazgos, y el radicalismo ocupando el centro de la escena política opositora, incluso planteándose como opción para 2023.
Ambos, incluso cuestionaron “errores” de Mauricio Macri, como aquel famoso DNU nombrando jueces de la Corte Suprema, que en su momento también fue interpretado como un avance sobre la independencia del Poder Judicial, que es una de las cosas que le achacan a sus adversarios kirchneristas y renovadores.
“Fue un tremendo error”, definió González, y agregó: “La UCR fue la voz que se alzó frente al presidente Macri para poner un coto en aquellos principios que no podemos transigir”, agregó Minder.
“Metió la pata y tuvo que retroceder, y pasó lo que tuvo que haber pasado siempre, que los pliegos de los magistrados vayan al Senado, se debatan en audiencia pública, como también pedimos que se haga en Misiones”, afirmó el precandidato radical.
Justicia tomada
Dijo que “aunque parezca extraño desde que está el Consejo de la Magistratura, en la Nación y la Provincia, ha habido un espíritu de selección de los candidatos entre los jueces inferiores, pero no en los miembros del Superior Tribunal de Justicia”.
González y Minder argumentaron que la “reforma judicial es una tarea pendiente, entre muchas otras que tiene nuestra provincia”.
“Creo que hay una deuda pendiente de la política con la sociedad. Si tomamos los 20 años de la historia política argentina, hemos visto un retroceso en vez de un avance”, definió.
“En todos estos años, independientemente de los gobiernos, la pobreza ha crecido; la provincia de Misiones sigue tan marginada en políticas centrales como siempre; me refiero a no tener gas natural, a estar muy lejos del puerto, no explotar los ríos; el precio más caro del combustible, y los salarios más bajos”, enumeró.
Afirmó que “esas son deudas pendientes de Mauricio Macri, Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández)”. Por eso -dijo-, “las voces de los diputados misioneros en el Congreso, más allá de lo partidario, tienen que representar realmente a los misioneros, porque hemos sido oficialistas, hemos sido misioneristas, pero la realidad es muy distinta al discurso”.
El bloque Movimiento por lo que Viene presentó en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley que busca modificar el artículo 7 de la Ley de Bioinsumos, el cual fijó un plazo de dos años para erradicar el uso de glifosato de las actividades productivas en toda la provincia.
La iniciativa lleva la firma del diputado que lidera el bloque, Juan José Szychowski, como también de las legisladoras que integran el mismo espacio, Sara Carolina Butvilofsky y Anazul Centeno.
El documento consta de tres artículos, de los cuales, el primero dispone la derogación del artículo 7 de la Ley VIII Nº103, que estableció originalmente la prohibición del uso del glifosato en todo el territorio provincial.
El segundo artículo incorpora el artículo 7, pero elimina toda referencia expresa al glifosato y establece que la utilización de bioinsumos será exigible en Misiones cuando los organismos competentes del orden nacional o las autoridades de los países de destino de las exportaciones provinciales hayan autorizado fitosanitarios amigables con el ambiente.
Al mismo tiempo, faculta al Poder Ejecutivo provincial la determinación de los plazos, condiciones y requisitos que tendrá ese proceso de transición progresiva.
En sus fundamentos, la iniciativa expresa: “La provincia necesita buscar un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos provinciales, debemos brindar al sector agropecuario un marco temporal adecuado para la adopción de bioinsumos, que sean aprobados por las autoridades nacionales competentes y/o estén aprobados en los países donde exportamos nuestros productos, no solo en defensa de nuestro ambiente sino también para fortalecer y proteger el motor productivo y económico de nuestra/ provincia y por ello pido a mis pares su acompañamiento con el voto afirmativo”.
La prohibición del uso de glifosato en Misiones fue establecida en el año 2023 mediante la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, una iniciativa impulsada por Carlos Rovira, actual referente de Encuentro Misionero.
Tras su aprobación, la medida generó cuestionamientos por parte de pequeños y medianos productores, como también de organizaciones rurales, cooperativas y empresas exportadoras, ante la ausencia de productos sustitutos aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y con las condiciones impuestas por los compradores internacionales.
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El proyecto de ley impulsado por el diputado nacional misionero Oscar Herrera Ahuad, que busca reducir del 21% al 10,5% el IVA para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca, logró media sanción con 231 votos afirmativos y ningún voto negativo en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ahora se encamina al Senado, busca equiparar el tratamiento tributario de los derivados industrializados de la mandioca con el que ya tienen otros productos alimenticios, como la harina de trigo.
Actualmente, la mandioca comercializada como hortaliza tributa una alícuota reducida del 10,5%, mientras que cuando es procesada para obtener fécula, harina o fariña alcanza el 21%.
En este sentido, la propuesta apunta a corregir una diferencia dentro de la estructura tributaria y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de competitividad de una cadena productiva concentrada principalmente en Misiones, donde conviven alrededor de 10.000 productores de mandioca y la totalidad de las industrias productoras de fécula del país.
Según indicó el legislador, mientras que el 75% de la producción se destina al consumo fresco, el resto se utiliza como materia prima para la elaboración de fécula, harina, fariña y otros derivados. En tanto, la producción industrial anual ronda las 18.000 toneladas.
Durante el debate, Herrera Ahuad planteó que la modificación tributaria podría tener un impacto fiscal acotado para las cuentas nacionales, pero generar un efecto mayor sobre una economía regional integrada por pequeños productores y establecimientos que agregan valor en origen.
También, vinculó la iniciativa con el precio de los alimentos destinados a personas que no pueden consumir gluten. Según los datos que presentó durante la sesión, un kilo de pan tradicional cuesta entre $3.000 y $4.000, mientras que el mismo volumen de pan sin TACC puede alcanzar entre $19.000 y $32.000.
De esta manera, la propuesta busca reducir la carga tributaria sobre insumos utilizados para elaborar panificados, pastas, galletitas, productos de pastelería y otros alimentos destinados a ese segmento.
De aprobarse definitivamente, el beneficio alcanzaría a una variedad de productos que utilizan derivados de mandioca como materia prima, ya que el objetivo es que la reducción de la alícuota no quede limitada a la etapa industrial, sino que pueda trasladarse también a productos que llegan al consumidor.
Logramos la media sanción para reducir del 21% al 10,5% el IVA de la harina y la fécula de mandioca.
Un paso importante para nuestros productores y para quienes necesitan acceder a alimentos libres de gluten.#ArgentinaFederal 🇦🇷 pic.twitter.com/X7pvlotseK— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) August 27, 2026
Passalacqua pidió a Nación bajar el IVA al 10,5% para la harina de mandioca
El gobierno de Javier Milei logró este miércoles la media sanción, en la Cámara de Diputados, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.
El proyecto fue acompañado por los diputados misioneros Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Emmanuel Bianchetti, del PRO; Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, el bloque presentado este mediodía y presidido por el ex gobernador, que aglutina también a legisladores de Salta, San Luis y Formosa.
El oficialismo obtuvo también el apoyo de sus aliados de la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, y los bloques provinciales de Producción y Trabajo, Independencia y La Neuquinidad.
Entre los que se abstuvieron, se cuenta a un sector de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica; mientras que en contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y los diputados Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
La iniciativa prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, blinda al directorio del organismo, y acota su misión a “la preservación del valor de la moneda nacional”, eliminando los objetivos múltiples que fueron introducidos en la reforma de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
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