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En las últimas semanas, la referente libertaria y subsecretaria de Coordinación General de Gabinete, Micaela Gacek, viajó a Buenos Aires para trabajar en el proyecto de ley que busca tipificar como delito la venta de niñas y niños en el Código Penal, documento que espera ser tratado en el Congreso.
La iniciativa fue presentada originalmente en 2022 por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Horacio Galaretto, pero había perdido estado parlamentario y hoy volvería a la agenda política en el marco de la presunta venta de niños que disparó la desaparición de Loan en Corrientes.
"La trata con fines de explotación sexual, es la esclavitud del siglo XXI, las desapariciones, los abusos y maltratos, la compra y venta de personas en el mundo entero es un hecho real. Existen hoy en día más seres humanos atrapados en la esclavitud que en cualquier otro momento de la historia, incluso más que cuando eso era legal y millones de esos esclavos son niños", consideró la funcionaria provincial en diálogo con LVM.
En los últimos días, la referente liberal de Misiones, quien ejerce como abogada desde el año 2019, debatió junto al senador nacional y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto, sobre la alfabetización funcional que se implementó en el estudio, análisis y debate del proyecto en cuestión.
En diálogo con La Voz de Misiones, afirmó: “Es evidente que cualquier conducta de cosificación de la persona humana menor de edad e instituido como objeto de comercio, constituye un delito de extrema gravedad que debería estar específica y autónomamente tipificado en el Código Penal con una pena acorde al injusto y a la violación severa de los derechos que implica. Esto no solo garantiza una mejor protección de los derechos de los niños, sino también mayor precisión y seguridad jurídica, alineándose con las obligaciones internacionales asumidas por Argentina”.
El proyecto fue tratado a principios de julio pasado en el Senado, cuando resultó aprobado por unanimidad con 63 votos a favor. Sin embargo, la intervención de Pagotto, quien introdujo modificaciones propuestas por él como si fueran parte del texto aprobado, entre las que se encontraba una excepción a los casos de familias “en estado de necesidad”, generó el repudio del bloque Unión por la Patria y el documento volvió a comisión para ser revisado.
Gacek recordó que la Argentina adoptó la Convención sobre los Derechos del niño en 1990 y la incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Sin embargo, no fue sino hasta 2005, que el país sancionó una Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley nacional 26.061), acorde a los lineamientos de protección integral de la Convención.
De esta manera, el protocolo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía fue aprobado por ley 25.763 en el año 2003 y desde entonces, el Estado argentino se encuentra incumpliendo obligaciones internacionales asumidas respecto de incorporar en su legislación penal la prohibición de compra venta de niños.
Asimismo, el 27/4/2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia condenatoria contra la República Argentina en el caso "Fornerón e hija Vs. Argentina". Entre otras obligaciones impuestas al Estado, la Corte ordenó que “El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.
“La modificación que prevé el Proyecto de Reforma del Código Penal 2017 y 2024, tendiente a tipificar el delito de venta de personas menores de edad, resulta sustancial, tanto desde el punto de vista del bien jurídico a proteger como herramienta normativa en la praxis jurisdiccional. Hay que tener el valor cívico de sacar una ley lo más correcta posible, que no tolere el accionar de las mafias. Fuera de la ley…nada”, concluyó la funcionaria provincial.
Al tratar sobre temas que involucran a niños, la funcionaria no evitó referirse al escándalo que envuelve al diputado misionero de Activar Germán Kiczka, involucrado en una investigación por la presunta posesión de pornografía infantil en aparatos electrónicos incautados en su poder.
"Los hechos que han trascendido en las últimas horas son de una gravedad inmensurable y roza la sensibilidad más extrema de una sociedad porque afecta bienes jurídicos fundamentales tales como la libertad, la integridad personal y la dignidad, resultando de los ataques más graves contra un niño, en el cual un adulto se aprovecha de la condición de vulnerabilidad", reflexionó Gacek.
Y avanzó también sobre el diputado acusado, al mencionar que "además, como agravante, tienen como protagonistas a personas que no solo dicen representar al pueblo misionero, sino que son los encargados de crear y sancionar leyes que todos los “comunes” debemos cumplir después".