Política
Micaela Gacek trabaja en proyecto de ley que busca tipificar la venta de niños
En las últimas semanas, la referente libertaria y subsecretaria de Coordinación General de Gabinete, Micaela Gacek, viajó a Buenos Aires para trabajar en el proyecto de ley que busca tipificar como delito la venta de niñas y niños en el Código Penal, documento que espera ser tratado en el Congreso.
La iniciativa fue presentada originalmente en 2022 por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Horacio Galaretto, pero había perdido estado parlamentario y hoy volvería a la agenda política en el marco de la presunta venta de niños que disparó la desaparición de Loan en Corrientes.
“La trata con fines de explotación sexual, es la esclavitud del siglo XXI, las desapariciones, los abusos y maltratos, la compra y venta de personas en el mundo entero es un hecho real. Existen hoy en día más seres humanos atrapados en la esclavitud que en cualquier otro momento de la historia, incluso más que cuando eso era legal y millones de esos esclavos son niños”, consideró la funcionaria provincial en diálogo con LVM.
Camino al Congreso
En los últimos días, la referente liberal de Misiones, quien ejerce como abogada desde el año 2019, debatió junto al senador nacional y presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto, sobre la alfabetización funcional que se implementó en el estudio, análisis y debate del proyecto en cuestión.
En diálogo con La Voz de Misiones, afirmó: “Es evidente que cualquier conducta de cosificación de la persona humana menor de edad e instituido como objeto de comercio, constituye un delito de extrema gravedad que debería estar específica y autónomamente tipificado en el Código Penal con una pena acorde al injusto y a la violación severa de los derechos que implica. Esto no solo garantiza una mejor protección de los derechos de los niños, sino también mayor precisión y seguridad jurídica, alineándose con las obligaciones internacionales asumidas por Argentina”.
El proyecto fue tratado a principios de julio pasado en el Senado, cuando resultó aprobado por unanimidad con 63 votos a favor. Sin embargo, la intervención de Pagotto, quien introdujo modificaciones propuestas por él como si fueran parte del texto aprobado, entre las que se encontraba una excepción a los casos de familias “en estado de necesidad”, generó el repudio del bloque Unión por la Patria y el documento volvió a comisión para ser revisado.
Legislación nacional
Gacek recordó que la Argentina adoptó la Convención sobre los Derechos del niño en 1990 y la incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Sin embargo, no fue sino hasta 2005, que el país sancionó una Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (ley nacional 26.061), acorde a los lineamientos de protección integral de la Convención.
De esta manera, el protocolo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía fue aprobado por ley 25.763 en el año 2003 y desde entonces, el Estado argentino se encuentra incumpliendo obligaciones internacionales asumidas respecto de incorporar en su legislación penal la prohibición de compra venta de niños.
Asimismo, el 27/4/2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia condenatoria contra la República Argentina en el caso “Fornerón e hija Vs. Argentina”. Entre otras obligaciones impuestas al Estado, la Corte ordenó que “El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar un niño o niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.
“La modificación que prevé el Proyecto de Reforma del Código Penal 2017 y 2024, tendiente a tipificar el delito de venta de personas menores de edad, resulta sustancial, tanto desde el punto de vista del bien jurídico a proteger como herramienta normativa en la praxis jurisdiccional. Hay que tener el valor cívico de sacar una ley lo más correcta posible, que no tolere el accionar de las mafias. Fuera de la ley…nada”, concluyó la funcionaria provincial.
Caso Kiczka: “Son de una gravedad inmensurable”
Al tratar sobre temas que involucran a niños, la funcionaria no evitó referirse al escándalo que envuelve al diputado misionero de Activar Germán Kiczka, involucrado en una investigación por la presunta posesión de pornografía infantil en aparatos electrónicos incautados en su poder.
“Los hechos que han trascendido en las últimas horas son de una gravedad inmensurable y roza la sensibilidad más extrema de una sociedad porque afecta bienes jurídicos fundamentales tales como la libertad, la integridad personal y la dignidad, resultando de los ataques más graves contra un niño, en el cual un adulto se aprovecha de la condición de vulnerabilidad”, reflexionó Gacek.
Y avanzó también sobre el diputado acusado, al mencionar que “además, como agravante, tienen como protagonistas a personas que no solo dicen representar al pueblo misionero, sino que son los encargados de crear y sancionar leyes que todos los “comunes” debemos cumplir después”.
Micaela Gacek apuntó contra Kiczka y Puerta: “Con los niños no”
Política
Rovira presentó Reforma Electoral: Boleta Única y elecciones de enero a mayo
Con el objetivo de “fortalecer la calidad institucional”, “ordenar la oferta electoral” y “mejorar la experiencia del ciudadano”, Encuentro Misionero envió este martes a la Legislatura el proyecto de Reforma Electoral anunciado por el diputado Carlos Rovira en la previa oficialista de la sesión del jueves pasado.
En términos prácticos, la iniciativa del oficialismo provincial modifica la Ley de Lemas, restringiendo a cuatro el número de sublemas por municipio e incorpora la Boleta Única Partidaria, que -si bien- no es la misma BUP utilizada en las últimas elecciones nacionales y que la oposición local quiere para Misiones, cumple al propósito de reducir la cantidad de papeletas en el cuarto oscuro.
“Los lemas pueden ser provinciales o municipales, son lemas provinciales los que están habilitados para nominar candidatos en más de un municipio de la Provincia. Son lemas municipales los que están habilitados para nominar candidatos en un municipio determinado. Los lemas tanto provinciales como municipales, pueden solicitar la inscripción y consecuente reconocimiento de hasta cuatro (4) sublemas en cada municipio”, dice, textualmente, el proyecto.
BUP Misionera
El proyecto establece que cada partido o frente político tendrá una única boleta, dividida en dos grandes secciones: arriba, los cargos provinciales —gobernador, vice y diputados—, y abajo, los cuatro sublemas municipales permitidos.
La reforma modifica también el calendario electoral y establece que las elecciones provinciales se realizarán entre el 31 de enero y el 31 de mayo de cada año electoral, aunque deja abierta la posibilidad de adherir a convocatorias nacionales.
También, deroga el artículo 78 de Ley Electoral vigente, que prohíbe incluir fotografías de los candidatos en las boletas de votación, y encarga al Tribunal Electoral resolver los aspectos técnicos de la implementación de esta BUP a la Misionera.
Política
Pianesi se mete en el reclamo de bancas del PRO: “Es la ley”
El ex diputado provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Ariel Pepe Pianesi, se metió en la discusión por el reclamo que hizo el PRO en el Tribunal Electoral de la Provincia, de las bancas de Miguel Orlando Núñez en la Legislatura, y de seis de sus concejales que en noviembre del año pasado ficharon para La Libertad Avanza (LLA).
En un posteo en su cuenta de X, el ex legislador radical confrontó lo argumentado por el presidente del partido de Javier Milei en la tierra colorada, el abogado y diputado provincial Adrián Nuñez, quien en un comunicado partidario defendió a los ediles del PRO que ahora revistan en las fuerzas del cielo y sostuvo que “no hay sustento jurídico” para reclamar sus bancas de concejales.
“Sobre la discusión de las bancas en misiones, no es una opinión, es la ley”, escribió Pianesi y subió una captura de pantalla de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que regula la constitución, organización, derechos, obligaciones y funcionamiento de todas las agrupaciones políticas y municipales en la provincia.
“La norma XI 7 dice que las bancas pertenecen a los partidos que postularon las candidaturas”, dice el presidente de la UCR Misiones, saldando la discusión y dejando en orsai al referente mileísta misionero.
La ofensiva del macrismo local por las bancas de María Ivis Frontini, de Oberá; Edgard Fernando Montiel, de Eldorado; Javier Melgarejo, de Puerto Piray; Mirta Barrios y Carmen Mottard, ambas de San Javier; y Rodolfo Kuczak, de Garupá, quienes fueron electos por la lista del PRO en 2023 y se pasaron a LLA en noviembre de 2025, sorprendió a los libertarios de Nuñez, que respondió cerrando filas detrás de los ediles que su partido consiguió sin necesidad de elecciones.
Sobre la discusión de las bancas en misiones, no es una opinión, es la ley.
La norma XI 7 dice que las bancas pertenecen a los partidos que postularon las candidaturas.👇 pic.twitter.com/ICMD53afGW— Pepe Pianesi (@pepepianesi) May 19, 2026
Política
Intendentes de 67 municipios reivindican el liderazgo político de Passalacqua
Intendentes de 67 municipios de la provincia, suscribieron este martes en Ruiz de Montoya un Acta Acuerdo “Por la unidad, el compromiso territorial y el futuro de Misiones”, donde reivindicaron el “liderazgo político” del gobernador Hugo Passalacqua y reclamaron “representación real y efectiva” en la toma de decisiones, y “voz y voto en las instancias de negociación”, la “conformación de listas” y la “estrategia electoral” del oficialismo para las elecciones de 2027.
El cónclave de los jefes comunales, nucleados en la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM) y en la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), resultó en una suerte de manifiesto político, en un momento en que el oficialismo se reorganiza de cara al año electoral en ciernes y busca marcarle la cancha al gobierno de Javier Milei.
En el Acta Acuerdo de Ruiz de Montoya, los intendentes reafirman su “compromiso con la unidad política, la gobernabilidad provincial y el fortalecimiento de los municipios como base territorial del desarrollo, la representación democrática y la transformación social”.
“Conscientes de los desafíos sociales, económicos e institucionales, que atraviesan la Provincia y la Nación, sostenemos la necesidad de consolidar una articulación política e institucional permanente entre los Gobiernos Locales y el Gobierno Provincial, basada en la responsabilidad compartida, la organización territorial y la defensa irrestricta de los intereses del pueblo misionero”, manifiesta el escrito.
En el documento, de seis puntos, los jefes comunales firmantes anuncian la conformación de “una Mesa Política y Técnica en sesión permanente”, integrada por dos intendentes de cada una de las entidades firmantes, con “el objetivo de coordinar políticas públicas, fortalecer la articulación institucional y optimizar la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial”.
Informan que la misma servirá para “canalizar las demandas de los municipios, ante el Gobierno Provincial y Nacional”, “defender la autonomía de los gobiernos locales, ante imposiciones respecto al cobro de tasas y recortes de fondos coparticipables y/o transferencias nacionales/provinciales”, y “promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión que fortalezcan la eficiencia administrativa, la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y la cercanía permanente con los vecinos”.
Los puntos tercero y cuarto del documento son los de mayor voltaje político, por cuanto expresa el alineamiento de los intendentes firmantes con Passalacqua y reclama “voz y voto” en las decisiones de Encuentro Misionero y el armado electoral para 2027.
“Reconocemos, la figura del gobernador, Lic. Hugo Mario Passalacqua, como máxima autoridad política del Estado y articulador estratégico del vínculo permanente entre la Provincia y los municipios”, reza el punto tres.
“Destacamos esta impronta de gestión cercana al territorio, con capacidad de escucha, vocación de respuesta y presencia efectiva del Estado en cada rincón de Misiones”, continúa y destaca: “Es precisamente ese equilibrio entre prudencia política y celeridad ejecutiva lo que dinamiza los procesos de la administración pública, traduciéndose de manera directa en respuestas ágiles, concretas y efectivas para las demandas de nuestras comunidades”.
En el punto cuatro, los intendentes firmantes solicitan “una representación real y efectiva de los municipios en los ámbitos de decisión política y partidaria de la Provincia, asegurando voz y voto en las instancias de negociación, en la conformación de listas y en la definición de la estrategia electoral correspondiente al período 2026/2027”.
“Como intendentes, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de políticas públicas y respuestas concretas de gestión, sustentadas en la experiencia territorial y el contacto directo con nuestras comunidades”, declaman.
Los puntos quinto y sexto refuerzan los dos anteriores, y vuelven a reivindicar el papel de los intendentes en el armado político del oficialismo.
“Promovemos, un federalismo con justicia territorial, que reconozca a los municipios como actores centrales del desarrollo provincial y garantice un Estado presente en cada barrio, colonia, paraje y comunidad de la tierra colorada”, manifiesta el quinto punto.
“Entendemos que la cercanía con la ciudadanía, la equidad territorial y la respuesta concreta a las necesidades sociales, deben ocupar un lugar prioritario en la agenda política provincial”, señala.
En el punto seis, los intendentes se juramentan “sostener la cohesión política e institucional del espacio aquí constituido”, alegando que el futuro de Misiones “sólo puede construirse desde la unidad organizada, la responsabilidad institucional y el trabajo articulado entre la Provincia y los municipios”.
“En ese marco, los abajo firmantes se comprometen a no suscribir acuerdos individuales ni adoptar definiciones políticas que contradigan los consensos alcanzados en la Mesa aquí conformada, garantizando la cohesión y la fortaleza colectiva”, finaliza el documento.

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