Política
En campaña: el PRO y Bárbaro se aliaron para repartir comida que manda Stanley
POSADAS. El PRO y el líder del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor “Cacho” Bárbaro, conformaron en Misiones una novedosa alianza que por ahora está centrada en el reparto de mercaderías que envía la ministra Carolina Stanley desde la Nación, según se supo hoy.
El acuerdo entre los dos sectores, que conviven en buenos términos con el oficialista Frente Renovador de la Concordia, provocó sorpresa en términos de la política partidaria, pero también acerca del manejo de la ayuda que llega a Misiones desde el Ministerio de Desarrollo Social.
La nueva alianza quedó al descubierto por una investigación periodística del diario Primera Edición que se hizo eco de una sospechosa descarga de mercaderías en una propiedad ubicada en la calle La Rioja, Casi Félix de Azara, en Posadas, donde hace tiempo funcionaba el Partido Intransigente (PI).
De acuerdo con la misma publicación durante el operativo, que se realizó en sigilosa, estuvieron presentes el delegado del PAMI-Misiones, Rolando Rubleski, y el delegado local de Desarrollo Social de la Nación, Ricardo Zacarías, quienes encargaron de dirigir las tareas en la siesta del martes pasado.
Al ser consultado acerca del detalle de la carga, origen, destino y responsables, en declaraciones a la radio FM Show, Rubleski atribuyó las sospechas a “cierta animosidad de determinados medios”, nombrando en forma concreta al diario Primera Edición.
Añadió que la carga, consistente en varios miles de kilos de yerba, leche, fideo, aceite, harina, entre otros productos, formaban parte de “convenios con organizaciones nacionales y en todo el país se les provee de módulos alimentarios con camiones que van a las cooperativas y se descarga”.
En el caso específico de la mercadería descargada el martes pasado en Posadas, dijo que fue “a la Cooperativa San Martín, y el mismo camión llevó a Oberá y Dos de Mayo. Yo asistí para controlar. Son organizaciones, no partidos” políticos, remarcó.
Al ser consultado si entre los beneficiarios figuraban organizaciones o cooperativas que maneja el Partido Agrario y Social (PAyS), de Héctor “Cacho” Bárbaro, que quedó en centro de una denuncia por el cobro de un “retorno” a los beneficiarios, Rubleski señaló que “los programas son gratuitos, pero hubo dos denuncias en la fiscalía de Oberá y esto es irregular”.
En cuanto a la responsabilidad del PAMI en el caso, el delegado señaló que “no hay ningún arreglo entre PAMI y Desarrollo Social. Nosotros invitamos a organismos nacionales para que distribuyan”, tras lo cual negó tener competencia en el caso.
En tanto, el delegado de Desarrollo Social en Misiones dijo: “lo que buscamos es que una vez que se realice la entrega, esta llegue a las personas que lo necesitan. Es un convenio que se maneja desde Buenos Aires”, pero desconocía otros detalles como el propietario del lugar de la descarga y las entidades beneficiarias.
Política
Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.
Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.
Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.
“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.
El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.
“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.
El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.
El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.
Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.
En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.
Política
En medio de protestas, se trata la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil
Con la movilización de alrededor de 100 gremios, un corte con incidentes sobre la avenida 9 de Julio y una movilización hacia Plaza Congreso, comenzó la sesión en el Senado de la Nación para debatir la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.
Desde tempranas horas de la mañana, la situación generó caos y tensión en la zona, debido a que la interrupción del tránsito -protagonizada por manifestantes de diferentes agrupaciones- fue sorpresiva y tomó diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad.
Según un informe del Same, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña, un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.
En tanto, entre los manifestantes se observaron personas mayores que sufrieron forcejeos y enfrentamientos con efectivos policiales, tensión que en el transcurso de la mañana se trasladó hasta el edificio del Congreso, donde está previsto que a las 11 inicie la sesión en la que senadores oficialistas y aliados buscarán aprobar ambos proyectos impulsados por Javier Milei.
Tanto el proyecto de reforma laboral como el de régimen penal juvenil, fueron aprobados por la Cámara de Diputados previamente y podrían quedar sancionados este viernes en el Senado.
Las iniciativas cuentan con el respaldo de una coalición heterogénea liderada por La Libertad Avanza (LLA), junto al apoyo clave de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y algunos bloques provinciales.
Arrancó áspera la previa de la reforma laboral. pic.twitter.com/jO18KiVXka
— BLENDER (@estoesblender) February 27, 2026
Con los votos de los misioneros, Diputados aprobó la reforma laboral de Milei
Política
Senado aprobó Ley de Glaciares con los votos de Arce, Rojas Decut y Goerling
Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, el Senado de la Nación aprobó esta noche la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para protección de las reservas estratégicas de agua potable, y achicó el escudo para permitir inversiones mineras y de hidrocarburos en las áreas protegidas.
Los misioneros, Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, acompañaron la media sanción de la ley, que pasa ahora a la Cámara de Diputados.
El pleno convalidó el proyecto del gobierno de Javier Milei, mientras en las redes se viralizaban las fotos de los activistas de Greenpeace y el camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, tirado al piso y golpeado a patadas por efectivos de la Policía Federal.
Ante la ausencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que se encuentra de viaje en Chile, donde participa de la IV Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi), la vocera de la represión en las afueras del Congreso fue la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
“Ya no soy ministra de Seguridad”, se escudó Bullrich, pero informó de un sumario contra el policía que se ensañó con Tedeschini.
Calificó la conducta del agente como “reprochable” y “desmedida”. Afirmó que “hubo una conducta que no fue normal” y que el jefe de la Policía Federal ya había tomado medidas al respecto.
Compatible
En el debate, que se desarrolló por varias horas, luego de que el pleno tratara el acuerdo del Mercosur – Unión Europea, participó la misionera Rojas Decut, quien aseguró que la reforma de la ley de glaciares no compromete el medioambiente.
“Este no es solo el debate de la modificación de una ley, sino de una visión de un país que queremos construir”, dijo Rojas Decut.
“Misiones no tiene glaciares, tiene reconocidos recursos naturales y un reconocido liderazgo en materia climática; Misiones es la provincia con mayor biodiversidad en la Argentina”, alegó.
“Nos hemos posicionado en los mercados de carbono, con una categoría doble A, que solo ha logrado el 0,2 % de programas ambientales en el mundo; lo que legitima la integridad y calidad de la gestión ambiental en Misiones”, señaló.
La parlamentaria misionera argumentó que el proyecto “representa la demostración de que el desarrollo sostenible, cuando se apoya en la institucionalidad es posible”.
“Defendemos la institucionalidad ambiental, creemos en el desarrollo sostenible; estamos convencidos que no podemos hipotecar nuestros recursos estratégicos, pero tampoco podemos condenar a nuestra Argentina a la improductividad”, afirmó.
“Las provincias son dueñas originarias de sus recursos, por lo tanto, deben ejercer sus atribuciones con base científica, evaluaciones y participación ciudadana”, agregó y aseguró que “el tenor de la reforma es compatible con el ‘principio de no regresión ambiental’ del acuerdo de Escazú”, que fue ratificado por el Congreso Nacional en 2020, mediante la Ley 27.566.
“Misiones puede afirmar con absoluta seguridad, porque supo construir todo un ecosistema de leyes de vanguardia, en una provincia que brinda servicios ecosistémicos no solamente en la Argentina”, dijo Rojas Decut.
“Nosotros consideramos que estas reformas no significan una reducción de la protección ambiental; no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental”, afirmó y planteó: “El tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio de no regresión ambiental”.
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