Política
Presupuesto 2023 incluye zona franca y más recursos para bosques
El Frente de Todos (FdT) consiguió, finalmente esta siesta, emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de los bloques provinciales, para el proyecto de Presupuesto 2023.
El oficialismo aceptó incorporar lo referente a la zona especial aduanera, que era un reclamo de la bancada misionerista, que condicionó a esto el acompañamiento del proyecto.
“Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del Ministerio de Economía pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del código aduanero Ley 22.415”, establece el artículo agregado a último momento a la versión final.
El texto es totalmente distinto al incluido en el Presupuesto 2021, vetado por el presidente Alberto Fernández, y prácticamente idéntico al que figuraba en el proyecto de Presupuesto 2022, que fue rechazado por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), con los votos de sus diputados misioneros.
“Esta vez apelamos a un texto genérico, para que el Poder Ejecutivo lo implemente en las zonas del país que considere”, explicó el diputado renovador Diego Sartori a La Voz de Misiones.
De esta forma, sostuvo el legislador, se reducen las posibilidades de otro veto presidencial.
“La vez anterior era una cláusula muy específica y terminaron acoplándose 19 provincias”, comentó. “Ahora, lo que hacemos es dejar abierta la puerta para un futuro decreto de creación”, agregó.
La zona aduanera especial es, prácticamente, una reivindicación histórica de Misiones, como compensación por las asimetrías con los países vecinos, y por la inequidad de la coparticipación federal, que constituye también otro reclamo histórico.
$1.000 millones más
El proyecto de Presupuesto 2023, incrementa también los recursos asignados en el marco de la Ley de Bosques 26.331, sancionada en noviembre de 2007, que establece el marco para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales a particulares y Estados provinciales.
El proyecto asignó $1.000 millones más, pasando de $8.000 a $9.000 millones. Asimismo, otorgó $1.000 millones al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
“La ley reparte 70/30. El 70% de los recursos va para compensar a los dueños de tierras en las que hay bosques. Y el 30% para las provincias”, explicó el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Martín Arjol, uno de los legisladores de JxC que estuvo detrás de esta ampliación presupuestaria.
“Es un aporte por hectárea y por año, y obliga al propietario a elaborar un plan de manejo de su superficie boscosa”, afirmó a LVM.
Los detalles
El Presupuesto tiene más del 65% de los fondos destinados a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y prioriza los fondos para salud, ciencia y educación.
El proyecto lleva a $320.000 las partidas sociales, establece un piso de $85.000 millones para los subsidios al transporte público en las provincias, y mejoras en el costo de la energía para todo el Norte Grande.
Estima un gasto total de casi $29 billones, con una recaudación aproximada de $22,5 billones y un déficit primario de $6,3 billones.
Además, contempla un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.
En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $1,2 billones, a gastos sociales $18 billones, servicios económicos $4,5 billones y a deuda pública $2,9 billones.
Estima un aumento en las exportaciones de 7,1%, contra un 2% de suba de las importaciones, proyectando un superávit comercial, que pasaría de US$7.700 millones este año, a US$12.300 millones en 2023.
El proyecto incorporó también, a pedido de los legisladores de JxC, una cláusula para que, si la pauta de inflación o de recaudación se ven superadas, pueda gestionarse la ampliación de gastos y recursos.
Otro punto, que la oposición consideró como un abierto desafío al Poder Judicial por parte del oficialismo, es la obligación para todos los magistrados, empleados y funcionarios de la justicia a pagar el impuesto a las ganancias, independientemente de su fecha de nombramiento.
El proyecto bajará a la sesión el martes próximo, y se espera que Diputados le de media sanción el miércoles, de modo que el Senado pueda completar el tratamiento antes del 30 de noviembre.
El bloque Movimiento por lo que Viene presentó en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley que busca modificar el artículo 7 de la Ley de Bioinsumos, el cual fijó un plazo de dos años para erradicar el uso de glifosato de las actividades productivas en toda la provincia.
La iniciativa lleva la firma del diputado que lidera el bloque, Juan José Szychowski, como también de las legisladoras que integran el mismo espacio, Sara Carolina Butvilofsky y Anazul Centeno.
El documento consta de tres artículos, de los cuales, el primero dispone la derogación del artículo 7 de la Ley VIII Nº103, que estableció originalmente la prohibición del uso del glifosato en todo el territorio provincial.
El segundo artículo incorpora el artículo 7, pero elimina toda referencia expresa al glifosato y establece que la utilización de bioinsumos será exigible en Misiones cuando los organismos competentes del orden nacional o las autoridades de los países de destino de las exportaciones provinciales hayan autorizado fitosanitarios amigables con el ambiente.
Al mismo tiempo, faculta al Poder Ejecutivo provincial la determinación de los plazos, condiciones y requisitos que tendrá ese proceso de transición progresiva.
En sus fundamentos, la iniciativa expresa: “La provincia necesita buscar un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos provinciales, debemos brindar al sector agropecuario un marco temporal adecuado para la adopción de bioinsumos, que sean aprobados por las autoridades nacionales competentes y/o estén aprobados en los países donde exportamos nuestros productos, no solo en defensa de nuestro ambiente sino también para fortalecer y proteger el motor productivo y económico de nuestra/ provincia y por ello pido a mis pares su acompañamiento con el voto afirmativo”.
La prohibición del uso de glifosato en Misiones fue establecida en el año 2023 mediante la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, una iniciativa impulsada por Carlos Rovira, actual referente de Encuentro Misionero.
Tras su aprobación, la medida generó cuestionamientos por parte de pequeños y medianos productores, como también de organizaciones rurales, cooperativas y empresas exportadoras, ante la ausencia de productos sustitutos aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y con las condiciones impuestas por los compradores internacionales.
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El proyecto de ley impulsado por el diputado nacional misionero Oscar Herrera Ahuad, que busca reducir del 21% al 10,5% el IVA para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca, logró media sanción con 231 votos afirmativos y ningún voto negativo en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ahora se encamina al Senado, busca equiparar el tratamiento tributario de los derivados industrializados de la mandioca con el que ya tienen otros productos alimenticios, como la harina de trigo.
Actualmente, la mandioca comercializada como hortaliza tributa una alícuota reducida del 10,5%, mientras que cuando es procesada para obtener fécula, harina o fariña alcanza el 21%.
En este sentido, la propuesta apunta a corregir una diferencia dentro de la estructura tributaria y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de competitividad de una cadena productiva concentrada principalmente en Misiones, donde conviven alrededor de 10.000 productores de mandioca y la totalidad de las industrias productoras de fécula del país.
Según indicó el legislador, mientras que el 75% de la producción se destina al consumo fresco, el resto se utiliza como materia prima para la elaboración de fécula, harina, fariña y otros derivados. En tanto, la producción industrial anual ronda las 18.000 toneladas.
Durante el debate, Herrera Ahuad planteó que la modificación tributaria podría tener un impacto fiscal acotado para las cuentas nacionales, pero generar un efecto mayor sobre una economía regional integrada por pequeños productores y establecimientos que agregan valor en origen.
También, vinculó la iniciativa con el precio de los alimentos destinados a personas que no pueden consumir gluten. Según los datos que presentó durante la sesión, un kilo de pan tradicional cuesta entre $3.000 y $4.000, mientras que el mismo volumen de pan sin TACC puede alcanzar entre $19.000 y $32.000.
De esta manera, la propuesta busca reducir la carga tributaria sobre insumos utilizados para elaborar panificados, pastas, galletitas, productos de pastelería y otros alimentos destinados a ese segmento.
De aprobarse definitivamente, el beneficio alcanzaría a una variedad de productos que utilizan derivados de mandioca como materia prima, ya que el objetivo es que la reducción de la alícuota no quede limitada a la etapa industrial, sino que pueda trasladarse también a productos que llegan al consumidor.
Logramos la media sanción para reducir del 21% al 10,5% el IVA de la harina y la fécula de mandioca.
Un paso importante para nuestros productores y para quienes necesitan acceder a alimentos libres de gluten.#ArgentinaFederal 🇦🇷 pic.twitter.com/X7pvlotseK— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) August 27, 2026
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El gobierno de Javier Milei logró este miércoles la media sanción, en la Cámara de Diputados, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.
El proyecto fue acompañado por los diputados misioneros Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Emmanuel Bianchetti, del PRO; Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, el bloque presentado este mediodía y presidido por el ex gobernador, que aglutina también a legisladores de Salta, San Luis y Formosa.
El oficialismo obtuvo también el apoyo de sus aliados de la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, y los bloques provinciales de Producción y Trabajo, Independencia y La Neuquinidad.
Entre los que se abstuvieron, se cuenta a un sector de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica; mientras que en contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y los diputados Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
La iniciativa prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, blinda al directorio del organismo, y acota su misión a “la preservación del valor de la moneda nacional”, eliminando los objetivos múltiples que fueron introducidos en la reforma de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
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