El Frente de Todos (FdT) consiguió, finalmente esta siesta, emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de los bloques provinciales, para el proyecto de Presupuesto 2023.

El oficialismo aceptó incorporar lo referente a la zona especial aduanera, que era un reclamo de la bancada misionerista, que condicionó a esto el acompañamiento del proyecto.

“Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del Ministerio de Economía pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del código aduanero Ley 22.415”, establece el artículo agregado a último momento a la versión final.

El texto es totalmente distinto al incluido en el Presupuesto 2021, vetado por el presidente Alberto Fernández, y prácticamente idéntico al que figuraba en el proyecto de Presupuesto 2022, que fue rechazado por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), con los votos de sus diputados misioneros.

“Esta vez apelamos a un texto genérico, para que el Poder Ejecutivo lo implemente en las zonas del país que considere”, explicó el diputado renovador Diego Sartori a La Voz de Misiones.

De esta forma, sostuvo el legislador, se reducen las posibilidades de otro veto presidencial.

“La vez anterior era una cláusula muy específica y terminaron acoplándose 19 provincias”, comentó. “Ahora, lo que hacemos es dejar abierta la puerta para un futuro decreto de creación”, agregó.

La zona aduanera especial es, prácticamente, una reivindicación histórica de Misiones, como compensación por las asimetrías con los países vecinos, y por la inequidad de la coparticipación federal, que constituye también otro reclamo histórico.

$1.000 millones más

El proyecto de Presupuesto 2023, incrementa también los recursos asignados en el marco de la Ley de Bosques 26.331, sancionada en noviembre de 2007, que establece el marco para la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales a particulares y Estados provinciales.

El proyecto asignó $1.000 millones más, pasando de $8.000 a $9.000 millones. Asimismo, otorgó $1.000 millones al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.

“La ley reparte 70/30. El 70% de los recursos va para compensar a los dueños de tierras en las que hay bosques. Y el 30% para las provincias”, explicó el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Martín Arjol, uno de los legisladores de JxC que estuvo detrás de esta ampliación presupuestaria.

“Es un aporte por hectárea y por año, y obliga al propietario a elaborar un plan de manejo de su superficie boscosa”, afirmó a LVM.

Los detalles

El Presupuesto tiene más del 65% de los fondos destinados a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y prioriza los fondos para salud, ciencia y educación.

El proyecto lleva a $320.000 las partidas sociales, establece un piso de $85.000 millones para los subsidios al transporte público en las provincias, y mejoras en el costo de la energía para todo el Norte Grande.

Estima un gasto total de casi $29 billones, con una recaudación aproximada de $22,5 billones y un déficit primario de $6,3 billones.

Además, contempla un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.

En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $1,2 billones, a gastos sociales $18 billones, servicios económicos $4,5 billones y a deuda pública $2,9 billones.

Estima un aumento en las exportaciones de 7,1%, contra un 2% de suba de las importaciones, proyectando un superávit comercial, que pasaría de US$7.700 millones este año, a US$12.300 millones en 2023.

El proyecto incorporó también, a pedido de los legisladores de JxC, una cláusula para que, si la pauta de inflación o de recaudación se ven superadas, pueda gestionarse la ampliación de gastos y recursos.

Otro punto, que la oposición consideró como un abierto desafío al Poder Judicial por parte del oficialismo, es la obligación para todos los magistrados, empleados y funcionarios de la justicia a pagar el impuesto a las ganancias, independientemente de su fecha de nombramiento.

El proyecto bajará a la sesión el martes próximo, y se espera que Diputados le de media sanción el miércoles, de modo que el Senado pueda completar el tratamiento antes del 30 de noviembre.

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