Política
El gobierno denunció sedición y cobrará daños a los impulsores de la protesta
Trascurridas más de 36 horas desde el inicio de la protesta policial que se desarrolla frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas y que concita la atención del país, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez salió a la escena para expresarse sobre el conflicto e informar medidas alcanzadas tras la primera reunión del comité de crisis conformado anoche mediante la intervención de Nación, entre las cuales se destaca la presentación de denuncias por delitos de sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión.
A través de un mensaje grabado, Pérez informó que el comité de crisis se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua a la cabeza y la presencia tanto del vice, Lucas Romero Spinelli, como así también varios miembros del gabinete y de los jefes tanto de la Policía provincial, Sandro Martínez, como de las diferentes fuerzas federales.
En ese marco, el ministro de Gobierno enumeró que “ayer hemos realizado las denuncias penales pertinentes contra aquellas personas con estado policial que han cometido, entre otros delitos, robos y hurtos calificados, sedición, incitación a la violencia, interrupción de comunicaciones y transporte”.
El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la primera reunión del comité de crisis conformado anoche con intervención del gobierno nacional.
A su vez, Pérez confirmó que el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, ordenó la restitución de los patrulleros y móviles oficiales tomados para la protesta como así también “el despeje” de la avenida Uruguay donde desde el viernes a la madrugada se concentran los manifestantes.
En la continuidad del mensaje, el funcionario de alta línea calificó a los protestantes como un “pequeño grupo” y sostuvo que los bienes del Estado tomados para la medida de fuerza “han sido adquiridos con el dinero del pueblo misionero”.
También, y en sintonía con el protocolo antipiquete instaurado por el ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, Marcelo Pérez aseguró que se ordenó “una evaluación y cuantificación del daño para cobrárselo a aquellos que han encabezado y participado de la protesta”.
Respecto al reclamo salarial, sostuvo que “el gobierno en cinco meses ha otorgado tres aumentos que superan el índice de inflación” y como ejemplo de ello repasó que “un suboficial mayor de Posadas en enero cobraba $489.895 y en mayo cobró $818.175”.
Para culminar, agradeció a Bullrich por ponerse a disposición del asunto y hasta se apropió de un lema made in La Libertad Avanza: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada”.
La protesta policial comenzó el viernes a la madrugada y se desarrolla frente al Comando I, sobre avenida Uruguay.
El Poder Judicial llama a la reflexión y el orden constitucional
Prácticamente en paralelo al comunicado del gobierno de Misiones, el máximo órgano judicial de la provincia también se pronunció sobre el conflicto.
A través de una resolución extraordinaria, el Superior Tribunal de Justicia consideró como “actos de sedición” los hechos cometidos por parte del personal policial que lleva adelante la protesta iniciada el viernes a la madrugada.
En la disposición presentada bajo número de expediente 65370/2024, el STJ “llama a la reflexión y al mantenimiento del orden constitucional, el respeto de la Ley y de las Instituciones como así también al cumplimiento de las resoluciones judiciales que se dicten en consecuencia, dando cumplimiento al servicio público esencial como es la seguridad de todos los misioneros”.
Y añade que desde las autoridades del Poder Judicial destacan que “existen los canales abiertos a los fines de resolver las cuestiones planteadas en el entendimiento de que el dialogo y el respeto es la única vía para dirimir los reclamos en un estado de derecho”.
Referentes de la protesta calculan que unas 5.000 personas amanecieron hoy frente al Comando.
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
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La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso
Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), provenientes de organismos provinciales, municipales y delegaciones nacionales en Misiones, marcharon desde el Mástil de Uruguay y Mitre hacia la Plaza 9 de Julio en rechazo a la Reforma Laboral Regresiva que propone el Gobierno Nacional, entre otros reclamos afines.
La concentración inició a las 9 en la sede de ATE, ubicada en calle Salta 2362 de la capital provincial, y se masificó minutos más tarde en el Mástil, donde confluyeron distintas organizaciones sociales y políticas.
La columna de manifestantes sostuvo durante su recorrido un pasacalle sobre el que plasmaron: “No a la reforma laboral. Unidad del pueblo trabajador. Fuera Milei”.
Al petitorio incorporaron la urgente apertura de paritarias y convocatoria a mesas sectoriales, como también el cumplimiento de los acuerdos pactados en mesas: contratos, recategorizaciones y pases a plantas.
En la Plaza 9 de Julio también estuvieron presentes los estudiantes, egresados y docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), sector que también exige mejoras laborales y salariales en defensa del Conicet.
Jornada de movilización y protesta
En horas de la tarde, los trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) harán lo propio con una concentración que iniciará a las 15 en el Mástil de Uruguay y Mitre.
Allí estarán presentes los referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otras organizaciones sociales y políticas provenientes de la izquierda, quienes sostendrán el mismo reclamo.
En tanto, la mayor movilización se realizará de manera simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las CTA, la CGT, piqueteros, agrupaciones de izquierda y sectores del Partido Justicialista (PJ) llevarán el reclamo con una marcha hacia el Congreso de la Nación.
El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero
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