Política
El gobierno denunció sedición y cobrará daños a los impulsores de la protesta
Trascurridas más de 36 horas desde el inicio de la protesta policial que se desarrolla frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas y que concita la atención del país, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez salió a la escena para expresarse sobre el conflicto e informar medidas alcanzadas tras la primera reunión del comité de crisis conformado anoche mediante la intervención de Nación, entre las cuales se destaca la presentación de denuncias por delitos de sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión.
A través de un mensaje grabado, Pérez informó que el comité de crisis se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua a la cabeza y la presencia tanto del vice, Lucas Romero Spinelli, como así también varios miembros del gabinete y de los jefes tanto de la Policía provincial, Sandro Martínez, como de las diferentes fuerzas federales.
En ese marco, el ministro de Gobierno enumeró que “ayer hemos realizado las denuncias penales pertinentes contra aquellas personas con estado policial que han cometido, entre otros delitos, robos y hurtos calificados, sedición, incitación a la violencia, interrupción de comunicaciones y transporte”.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la primera reunión del comité de crisis conformado anoche con intervención del gobierno nacional.
A su vez, Pérez confirmó que el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, ordenó la restitución de los patrulleros y móviles oficiales tomados para la protesta como así también “el despeje” de la avenida Uruguay donde desde el viernes a la madrugada se concentran los manifestantes.
En la continuidad del mensaje, el funcionario de alta línea calificó a los protestantes como un “pequeño grupo” y sostuvo que los bienes del Estado tomados para la medida de fuerza “han sido adquiridos con el dinero del pueblo misionero”.
También, y en sintonía con el protocolo antipiquete instaurado por el ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, Marcelo Pérez aseguró que se ordenó “una evaluación y cuantificación del daño para cobrárselo a aquellos que han encabezado y participado de la protesta”.
Respecto al reclamo salarial, sostuvo que “el gobierno en cinco meses ha otorgado tres aumentos que superan el índice de inflación” y como ejemplo de ello repasó que “un suboficial mayor de Posadas en enero cobraba $489.895 y en mayo cobró $818.175”.
Para culminar, agradeció a Bullrich por ponerse a disposición del asunto y hasta se apropió de un lema made in La Libertad Avanza: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada”.

La protesta policial comenzó el viernes a la madrugada y se desarrolla frente al Comando I, sobre avenida Uruguay.
El Poder Judicial llama a la reflexión y el orden constitucional
Prácticamente en paralelo al comunicado del gobierno de Misiones, el máximo órgano judicial de la provincia también se pronunció sobre el conflicto.
A través de una resolución extraordinaria, el Superior Tribunal de Justicia consideró como “actos de sedición” los hechos cometidos por parte del personal policial que lleva adelante la protesta iniciada el viernes a la madrugada.
En la disposición presentada bajo número de expediente 65370/2024, el STJ “llama a la reflexión y al mantenimiento del orden constitucional, el respeto de la Ley y de las Instituciones como así también al cumplimiento de las resoluciones judiciales que se dicten en consecuencia, dando cumplimiento al servicio público esencial como es la seguridad de todos los misioneros”.
Y añade que desde las autoridades del Poder Judicial destacan que “existen los canales abiertos a los fines de resolver las cuestiones planteadas en el entendimiento de que el dialogo y el respeto es la única vía para dirimir los reclamos en un estado de derecho”.

Referentes de la protesta calculan que unas 5.000 personas amanecieron hoy frente al Comando.
Política
Con los votos de los misioneros, Diputados aprobó la reforma laboral de Milei
Con los votos de los siete legisladores de Misiones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves, por 135 votos afirmativos, 115 negativos y cero abstenciones, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que ahora debe regresar al Senado debido a la modificación del proyecto original, que había obtenido la media sanción de la cámara alta la semana pasada.
Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones, sumaron a la mayoría que respaldó el proyecto.
Los diputados misioneristas y sus colegas del bloque de Innovación Federal, que la Renovación integra con un legislador de San Luis, otro de Formosa, y tres legisladores salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz; más los diputados que reportan a los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca, fueron determinantes para que el oficialismo reuniera el quorum mínimo para una sesión que, desde el principio, transcurrió con sobresaltos, cruces, gritos y acusaciones entre los parlamentarios.
Afuera, frente al Congreso, la multitudinaria manifestación de gremios y espacios políticos contrarios al gobierno, acompañaba el espeso clima que se vivía al mismo tiempo en el recinto.
Y, mientras en la calle los manifestantes enfrentaban la receta represiva de hidrantes y gases; adentro, Menem y el mendocino Luis Petri se alternaban en la presidencia y se esforzaban por no perder el control de una sesión que, por momentos, pareció írsele de las manos y que zozobró cerca de las 21,30, cuando el quórum se volvió intermitente y la confusión se apoderó del pleno.
En el interín, el gobierno y sus aliados rechazó a mano alzada la moción opositora de devolver el proyecto a comisión y aprobó la propuesta de la macrista Silvana Giudici, de limitar a 30 minutos el resto del debate y proceder a la votación en general de la ley, que después la misma legisladora porteña retiró en nombre “de la pacificación y la continuación de la sesión”.
Con todo, tras más de 12 horas de debate, el oficialismo consiguió la aprobación del proyecto, luego de la controversia que obligó al gobierno a dar marcha atrás y eliminar el artículo 44 de las licencias médicas, que recortaba la remuneración salarial de los trabajadores con permisos por accidentes o enfermedad, y le hizo perder a la ley la media sanción lograda en el Senado.
Enchufes
En esta ocasión, y tal como hizo con el Presupuesto 2026, el oficialismo consiguió imponer la votación por capítulos y no por artículos, como pretendía la oposición, en una decisión a mano alzada que provocó uno de los primeros incidentes de la jornada, con los diputados de Unión por la Patria (UxP) increpando en grupo a Menem y la kirchnerista Florencia Carignano desenchufando un manojo de cables del sonido del recinto.
El episodio de los enchufes hizo que, minutos después, Menem interrumpiera al correntino Lisandro Almirón, para reclamar al kirchnerismo por haber dejado sin audio al misionero Herrera Ahuad.
“Hay un diputado que no puede escuchar porque tiene una discapacidad. Y hace unos minutos una diputada le cortó los cables y ahora no puede escuchar”, avisó el riojano. “Por favor, tengan un poco de empatía con el diputado Herrera Ahuad”, pidió Menem, en medio de un barullo generalizado.
Por lo demás, la sesión se debatió entre el apoyo incondicional al proyecto del oficialismo y sus aliados, y el rechazo, que convocó no solo al kirchnerismo de UxP y la izquierda, sino también a diputados otrora propios, como Marcela Pagano; otrora dialoguistas, como Miguel Angel Pichetto y el radical Martín Lousteau; y de bloques federales, como Provincias Unidas, Primero San Luis y La Neuquenidad.
Pichetto cuestionó que el proyecto fuera presentado como una “modernización” de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) de 1974, y que no introduzca cambios que realmente actualicen la legislación.
“La ley tiene un enmascaramiento: se la presenta como modernización, pero no hay ningún elemento que indique que realmente modernice”, afirmó Pichetto y mencionó la Ley 27.555, de teletrabajo, que resulta derogada, en la práctica, por el proyecto de reforma laboral del gobierno.
También, cuestionó que “la ley siempre se ponga del lado del empresario” y que autorice el uso de la caja previsional para la creación de un fondo de despidos para el pago de indemnizaciones.
“Esta modalidad daña gravemente el sistema jubilatorio”, advirtió Pichetto y afirmó: “Es una reforma estructural que deja de lado el sistema de protección del trabajador”.
Lousteau dividió sus críticas en tres ejes. Primero, las costas judiciales de los litigios por despido, que el proyecto de ley traslada a los trabajadores, y que, según el diputado radical, “está diseñado para desalentar las demandas laborales”; la “indemnización condicionada”, y la situación de los trabajadores de plataformas, que “están completamente excluidos del texto”.
La voz de la bonaerense Pagano, del bloque Coherencia, resonó entre los otrora libertarios arrepentidos de Milei, quien fustigó el proyecto, trató al gobierno y sus aliados de “casta” y vaticinó: “Nos vamos al tacho, muchachos”.
Cadenas
Las críticas más contundentes de la jornada legislativa se escucharon de parte del kirchnerismo, a través de figuras como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Horacio Pietragalla y Juan Grabois, entre otros; y la izquierda, que hizo punta con los diputados del FIT, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola.
“Esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud”, lanzó Pietragalla y, dirigiéndose a Martín Menem, avisó: “Te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley, hoy”.
El legislador kirchnerista opinó que la reforma laboral del gobierno “es claramente un retroceso para nuestros derechos laborales, para nuestros derechos históricos y para nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores”.
Acto seguido, Pietragalla dejó su banca y caminó en dirección al escritorio de Menem. “Usted no puede traerme nada, diputado”, atinó a decir el riojano, segundos antes de que el legislador de UxP depositara frente a él una cadena enrollada.
El reciente cierre de Fate, la histórica fabricante de neumáticos del país, que dejó a un millar de trabajadores desempleados, sobrevoló la sesión y se hizo bandera de la izquierda del FIT, con Pitrola como su más ferviente vocero.
Con un cartel frente a su banca, el diputado del Partido Obrero (PO) se refirió varias veces a la situación de la empresa y sus operarios, y convocó a “resistir y enfrentar en la calle esta reforma laboral y al gobierno entreguista de Milei”.
La oposición apuntó de lleno contra puntos del proyecto, como la eliminación del concepto de Ultraactividad, que alarga la vigencia de los contratos colectivos de trabajo vencidos; el banco de horas, que pone fin al pago de las horas extras; y los cambios en el régimen de vacaciones.
Esteban Paulón, fue otra de las voces del kirchnerismo en cargar contra el proyecto mileísta, al que tachó de “reforma antilaburante” y aseguró que busca “desorganizar la vida de trabajadores y trabajadoras”, con mecanismos como el banco de horas, que “deja el tiempo libre del trabajador en manos del empleador”.
“Con esta ley, Sturzenegger se recibe de señor basura”, disparó, por su parte, Carignano. “El objetivo es hacer plata y negocios”, afirmó y aseguró que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que administrará las indemnizaciones con recursos previsionales, “es el gran negocio, quedarse con el 3% que antes iban a la Anses para que todos los argentinos podamos jubilarnos”.
“Cuando salga esta ley, va a ir a los sectores financieros, a los amigos de todos ustedes, a la timba financiera”, arremetió la diputada santafesina.
“El modelo económico les va a explotar en la cara; puede tardar más o menos, pero la historia nos demuestra que todo sigue su cauce”, apuntó Carignano y lanzó: “Van a terminar presos”.
Política
El gobierno desplazó a funcionaria por video en Cancún: “Fuera pobres”
El Gobierno de la provincia dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo. La medida fue dispuesta mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026 y a partir de la fecha deja sin efecto el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024.
Acosta, se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo – Unidad de Organización 01, Unidad Superior.
El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social.
La norma lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo.
Karina Acosta conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no existe), así como en sus diversas redes sociales, se presenta como creadora digital de Posadas y “counching Profesional”.
El gobierno decidió apartarla luego de la viralización de un video suyo en el que se la ve practicando parapente y afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres”. Luego esboza risas junto a quienes la acompañan y continúa con la frase: “Fuera, pobres”.
Además, en su cuenta de Facebook se presenta como presidenta de una asociación llamada Comunidad Solidaria y su última actividad publicada en redes sociales fue el 1 de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.
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Política
El gobernador Passalacqua congeló su sueldo hasta el 31 de diciembre
Mediante el Decreto N.° 232, publicado hoy en el Boletín Oficial, el gobernador de Misiones, Mario Hugo Passalacqua, dispuso que los aumentos salariales que se establezcan para la administración pública durante todo el año no sean aplicables a sus haberes.
En los considerandos del documento oficial, el gobierno sostiene que “se mantienen las circustancias expresadas” en decretos anteriores sobre la situación económica nacional y provincial, que imponen la necesidad de “adoptar” medidas para reducir el gasto público.
En base a ello, se estableció en el primer artículo de la medida que, “a partir de la fecha de publicación y hasta el 31 de diciembre de 2026, los aumentos de haberes que se dispongan para el personal dependiente de la Administración Pública Central, no serán aplicables para los haberes que perciba el señor gobernador“.
El decreto lleva la firma del gobernador Passalacqua, así como también la del ministro de Gabinete, Héctor Safrán, y del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

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