Política
El gobierno apelará el fallo que suspendió la reforma laboral del DNU de Milei
El gobierno adelantó que apelará el fallo de este miércoles de la Cámara Nacional del Trabajo que hizo lugar a una medida cautelar de la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la aplicación de las reformas a la legislación dispuestas en el mega DNU del presidente Javier Milei.
La presentación está siendo trabajada por el equipo de la Procuración del Tesoro, encabezado por Rodolfo Barra, el ex ministro de Justicia de Carlos Menem, obligado a renunciar luego de conocerse su activismo juvenil en un grupo neonazi que atacaba sinagogas.
La apelación en curso suma el pedido para que la causa se tramite en el fuero Contencioso Administrativo Federal, en línea con lo dictaminado por el fiscal general Juan Manuel Domínguez.
“El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país. El fiscal (Domínguez) y un juez del mismo tribunal en minoría dijeron lo contrario”, publicó el sitio de noticias Infobae sobre lo comentado por una fuente del entorno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en alusión a la camarista Dora González, que había opinado que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, pero los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, resolvieron hacer lugar a la cautelar pedida por la CGT.
“Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, no tengo dudas de que se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”, reza el fallo firmado por la mayoría del tribunal.
En su voto, Sudera argumentó que “aún en la hipótesis” de que el fuero laboral no fuera el competente, la ley 26.854 establece que tribunales incompetentes pueden dictar medidas cautelares contra el Estado Nacional sólo cuando “se trate de sectores socialmente vulnerables”.
Derecho a defensa
Según el medio porteño, el escrito de la Procuración del Tesoro pide la habilitación de la feria y que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde ya se tramita un amparo colectivo contra el DNU.
“Resulta imperioso que el Estado Nacional ejerza debidamente y con plenitud su derecho de defensa en juicio, a fin de resguardar en lo inmediato los intereses públicos que se tutelan”, dice la presentación, según Infobae, y advierte: “Se corre riesgo que se suspendan las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo Nacional”.
La CGT presentó el 27 de diciembre la cautelar trabajada por un equipo de abogados, juristas y constitucionalistas, entre los que se destaca Ricardo Gil Lavedra, que integró el tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas.
Con organización, unidad y compromiso, desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto en el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidxs.
Envío un fuerte y cálido abrazo a todxs lxs compañerxs que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha. Nos… pic.twitter.com/e2kyZyBCfe
— Héctor Daer (@hectordaer) January 3, 2024
Política
Encuentro Misionero apunta al alivio fiscal y reclama a Nación bajar el IVA
La suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta quedó formalmente reglamentada este martes a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La medida fue una de las primeras discusiones que se dieron tras el surgimiento del espacio político Encuentro Misionero, junto con el planteo de avanzar en un esquema de alivio impositivo más amplio que también incluye reclamos a la Nación para reducir el IVA, Ganancias y otros tributos nacionales.
La iniciativa tuvo un proceso de análisis y consideración entre los distintos sectores que integran el nuevo espacio político misionero, donde se consensuó la necesidad de reducir la carga tributaria sobre la actividad económica, tanto a nivel provincial como nacional. Se trató de uno de los primeros ejes de trabajo en la búsqueda de respuestas a un contexto macroeconómico marcado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo.
La propuesta fue anunciada por el Poder Ejecutivo el viernes 1 de mayo, en la apertura de sesiones ordinarias, y ahora se prevé que el instrumento sea girado a la Legislatura para su tratamiento y validación, en línea con el esquema institucional que rige este tipo de reformas.
En ese marco, la Cámara de Representantes de Misiones se consolidó en los últimos años como un ámbito central de articulación política e institucional. Bajo las presidencias de Carlos Rovira, Oscar Herrera Ahuad y actualmente Sebastián Macías, el cuerpo legislativo mantuvo un rol clave en la construcción de consensos y en la generación de herramientas de gestión para el Poder Ejecutivo. Entre ellas, se destaca la temprana aprobación anual del presupuesto, considerada una pieza central para garantizar previsibilidad en la administración.
En ese esquema institucional, Encuentro Misionero —espacio político con origen en la Legislatura— se consolidó como un ámbito de articulación que no solo canaliza debates internos, sino que también aporta cohesión política al misionerismo y respaldo al Ejecutivo en la definición de medidas económicas. Su dinámica interna permitió que propuestas como la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos encuentren consenso político previo y viabilidad institucional, integrando discusión legislativa, acuerdo político y posterior implementación administrativa.
Rige desde el 1 de julio
En ese contexto, el Ministerio de Hacienda de Misiones publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 329 que reglamenta la suspensión del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en controles fiscales en ruta. La medida, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, define el alcance del régimen especial. Además, establece qué contribuyentes quedarán excluidos y detalla los nuevos procedimientos administrativos.
La resolución se enmarca en el Decreto N° 713/2026 y en las facultades otorgadas por la Ley VII – N° 107. En ese sentido, la Provincia avanzó en la implementación de un régimen excepcional y temporal, que apunta a reducir la carga operativa tanto para los contribuyentes como para la Agencia Tributaria Misiones (ATM), en un contexto de inestabilidad económica.
En concreto, se dispuso la suspensión parcial de varios artículos de la Resolución General N° 056/2007, vinculada al pago a cuenta en controles de mercadería, mientras que la Resolución General N° 044/2021 continuará vigente, salvo en los aspectos específicamente modificados. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con prórroga automática durante el primer semestre de 2027.
El 95% de contribuyentes excluidos
Uno de los puntos centrales es la exclusión automática de contribuyentes que, durante el ejercicio fiscal anterior, hayan registrado pagos a cuenta por un monto igual o inferior a 10 millones de pesos. Este universo que alcanza al 95% del total quedará exceptuado del régimen y no deberá abonar anticipos, aunque sí tendrá que cumplir con obligaciones informativas mínimas en los puestos de control.
Además, estos contribuyentes estarán liberados de presentar la declaración jurada informativa mensual (SR-343), pero deberán exhibir el formulario SR-341 con carácter informativo junto con la documentación respaldatoria de las operaciones.
Por otro lado, quienes superen el umbral de los 10 millones de pesos continuarán dentro del régimen, aunque con modificaciones. En estos casos, el pago a cuenta se realizará bajo un sistema global equivalente al 75% del impuesto determinado en el anteúltimo mes, con vencimiento el día 25 del mes correspondiente.
La resolución también contempla situaciones particulares. Por ejemplo, los nuevos contribuyentes quedarán excluidos del régimen durante los primeros tres meses desde su inscripción. Luego, la ATM evaluará su comportamiento fiscal para determinar si continúan fuera del sistema o deben incorporarse.
En paralelo, se estableció un mecanismo de regularización para contribuyentes no inscriptos detectados en controles en ruta. Si regularizan su situación, serán considerados como nuevos contribuyentes y podrán acceder a los beneficios del régimen.
Otro aspecto relevante es la creación de padrones actualizados mensualmente, donde se clasificará a los contribuyentes como incluidos, excluidos o nuevos. Esta segmentación será clave para definir las obligaciones en cada caso.
En cuanto a los controles, el transportista deberá presentar la documentación correspondiente según la categoría del contribuyente. Esto incluye comprobantes de pago, formularios informativos y respaldos de las operaciones. La responsabilidad de proveer esta documentación recaerá en quien contrate el servicio de transporte.
Asimismo, la normativa endurece las sanciones por incumplimiento. La falta de presentación o la adulteración de formularios podrá derivar en multas e incluso en la reincorporación automática al régimen general, perdiendo los beneficios de simplificación.
Finalmente, desde el Ministerio de Hacienda remarcaron que la medida no elimina los regímenes vigentes, sino que los flexibiliza de manera temporal. El objetivo, indicaron, es aliviar costos, reducir burocracia y fomentar la actividad económica sin modificar la estructura tributaria de fondo.
Encuentro Misionero tuvo su lanzamiento oficial: “Es un equipo fuerte”
Política
UCR sobre ordenanza por SAMSA: “Jair Dib miente, ni los suyos lo respaldaron”
Luego de que el concejal Jair Dib (Encuentro Misionero) responsabilizara a Judith Salom (Unión Cívica Radical) y a Pablo Argañaraz (La Libertad Avanza) por el fracaso de su proyecto de ordenanza, tratado en la sesión ordinaria del último jueves, que tenía como objetivo exigir a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) la instalación de bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias, el Comité Posadas del partido centenario salió al cruce y lo calificó de “irresponsable” y “cobarde”.
“El concejal posadeño Jair Dib miente y busca culpables donde no los hay”, expresó el Comité de la UCR en el comunicado publicado este martes en sus redes oficiales, donde además señaló que el edil oficialista acusó a la concejal Salom por una ordenanza “que ni su propio bloque acompañó”.
En otra línea, el radicalismo posadeño remarcó que “ni los suyos lo respaldaron” y agregó que “lo cierto es que el propio concejal Dib no contó con el acompañamiento de su bloque, ya que los concejales –Héctor- Cardozo, –Samira- Almirón, –Laura- Traid, –Luciana- Scromeda, –Malena-Mazal y -Daniel- Vigo no apoyaron la iniciativa”.
De esta manera, el Comité afirmó que la acusación del ex presidente del Concejo Deliberante capitalino “no solo es falsa”, sino que además “busca desviar la atención de un problema estructural que venimos señalando desde hace años”.
Tras respaldar a la concejal Salom, que estuvo presente en el recinto el último jueves, aunque se ausento de su banca al momento de la votación del proyecto sobre SAMSA, la UCR sostuvo que el partido “ha denunciado” de manera “sostenida” los “abusos” en las prestaciones de servicios públicos “desde el inicio del actual modelo de gestión renovador”.
Por último, el Comité exigió “dejar de lado las acciones con claros fines electoralistas” para trabajar con “seriedad, responsabilidad y compromiso en los problemas de la gente”.
La iniciativa de Jair Dib fue rechazada en la última sesión ordinaria, tras cosechar seis abstenciones del bloque oficialista y cinco votos afirmativos de la oposición. El concejal de Encuentro Misionero responsabilizó a Salom y Argañaraz por el resultado y pidió sanciones en sus dietas, ya que ninguno de los dos estuvo presente al momento de la votación.
En cuanto a Argañaraz, se retiró del recinto minutos antes de que se tratara el proyecto sobre SAMSA, luego de un cruce con la concejal Luciana Scromeda en torno a la aprobación del Balance Municipal 2025.
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Política
Martín Goerling: “Nosotros estamos en contra de la eliminación de las PASO”
El senador nacional del PRO Misiones Martín Goerling confirmó que votará en contra del proyecto del Poder Ejecutivo que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco de la reforma electoral que será debatida en el Congreso.
“Nosotros estamos en contra de la eliminación de las PASO”, afirmó el legislador en declaraciones a AM Radio Del Plata. Al mismo tiempo, el jefe del bloque del PRO en el Senado planteó que su espacio está dispuesto a discutir cambios en el sistema: “Creemos que hay que hacer algunos cambios, modernizarlo y mejorar la herramienta, pero no eliminarla”.
En la entrevista, Goerling sostuvo que sin las PASO “el que tiene más recursos gana automáticamente” y advirtió que los partidos pequeños y los candidatos alternativos quedarían fuera de competencia antes de ser conocidos por el electorado.
En ese sentido, el senador señaló que las primarias permiten ordenar la competencia interna: “Las PASO fuerzan una competencia real dentro de cada espacio político. Todos en iguales condiciones. Todos con chance de que la gente los vea y elija”.
El legislador también planteó la necesidad de introducir cambios en el sistema electoral. Entre sus propuestas mencionó elevar los pisos de participación para los partidos, reducir la cantidad de estructuras políticas, revisar el financiamiento, discutir los espacios publicitarios gratuitos y analizar la obligatoriedad del sistema.
“Hay que terminar con la cantidad de sellos. Hay que discutir el financiamiento, los espacios publicitarios gratuitos y la obligatoriedad, pero hay que dejar la herramienta para poder dirimir en los espacios políticos las ofertas electorales”, sostuvo.
Reforma Electoral
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas en 2009 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se implementaron por primera vez en 2011. Permiten definir las candidaturas dentro de cada fuerza política antes de las elecciones generales y se caracterizan por ser abiertas, simultáneas y obligatorias.
El proyecto del oficialismo denominado Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral incluye, además de la eliminación de las PASO, una reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y cambios en el financiamiento electoral, con el objetivo de modificar el esquema de participación y organización de los partidos.
Para avanzar con la iniciativa, el gobierno necesita mayoría absoluta en ambas Cámaras: 37 senadores y 129 diputados. En ese escenario, distintos bloques ya expresaron posiciones contrarias.
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